Por razones culturales, sociales e incluso morales, el VIH-SIDA crece entre las mujeres, la mayoría amas de casa.
Puebla, Puebla.- Hoy, después de más de 30 años que apareció el SIDA en el mundo, ya la pandemia ha evolucionado así como los contagiados-infectados, los cuales en su mayoría ya son mujeres, pues se clasificó a hombres homosexuales, mujeres sexoservidoras y personas adictas a las drogas con el uso de agujas particularmente, la población de más alto riesgo y la única que portaba y contagiaba el mortal virus.
Hoy en día, las estadísticas reflejan una realidad diferente donde las mujeres son quienes están resultando las más afectadas y eventualmente sus hijas e hijos, tanto los ya nacidos como los que se encuentran en proceso de gestación.
En Puebla, según las estadísticas del Centro Ambulatorio para la Prevención del SIDA del Estado, se tiene una relación de 3 hombres por cada mujer infectada, mientras que a nivel nacional el recuento es menor con casi 5 hombres por cada mujer, explicó la titular del CAPASITS, Indiana Torres Escobar, al ofrecer una plática en el Instituto Poblano de las Mujeres.
Además de las características físico-biológicas de las mujeres, son las desiguales relaciones de poder las que las colocan a ellas en desventaja con relación a los hombres, pues culturalmente ellas no se consideran sujetos de riesgo, principalmente porque en la mayoría de casos diagnosticados y tratados, son amas de casa; es decir, fueron sus esposos (parejas formales) quienes las contagiaron y de quienes nunca se imaginaron que podrían estar en peligro de ser contagiadas.
La cultura de predominio masculino hace imposible para las mujeres la negociación del uso del condón con sus esposos, pues corren el riesgo de vivir mayores manifestaciones de violencia e incluso ven en riesgo la “estabilidad” familiar, por lo que ni siquiera se atreven a tocar el tema, aunado la discriminación que padecen quienes viven con este mal, por ello es que hoy en día, 9 de cada 10 personas no saben que son portadoras del virus.
Otro segmento de población de riesgo y contagio importante son mujeres que viven en el sector rural donde la información es aún mucho menor y la percepción de riesgo en consecuencia, también es muy reducida.
Las esposas y/o parejas de migrantes, también es un foco rojo de alto riesgo, pues el 11 por ciento de las mujeres atendidas hoy por la Secretaría de Salud, tiene antecedentes de migración y no solo extranjera, sino de movilidad interna, ya sea en el mismo estado o en el territorio nacional.
Las mujeres embarazadas son también un grupo con urgencia de atenderse, pues si se detectan y diagnostican antes de las 14 semanas, se reduce hasta en un 98% el riesgo de que los bebés nazcan infectados, pues esta es otra de las vías importantísimas de contagio, después de las relaciones sexuales de riesgo.
Otro problema al que se enfrentan las mujeres que son contagiadas por sus parejas, es que es a ellos a quienes se les destina la mayor atención y cuidado, es decir, si hay algún recurso para pagar el pasaje e ir al médico, es para los hombres y ellas no se atienden, incluso en ocasiones se niegan a que se les hagan las pruebas necesarias para garantizar una oportuna intervención, pues son las mujeres las que se convierten en cuidadoras de sus esposos y de sus hijas e hijos, y, como ocurre en otras situaciones de sus vidas, son ellas las que se quedan al último.
Sin embargo, lo importante es saber que hoy en día, en Puebla y en el país en general, se encuentran con los medicamentos que se utilizan en el resto del mundo para controlar la enfermedad, mismos que permiten una esperanza de vida de hasta 49 años si es que el tratamiento se toma de manera puntual y sin suspenderlos un solo día, además de diagnosticarse a tiempo.
En esto radica la trascendencia de realizarse la práctica a tiempo si es que sospechan que sus parejas puedan tener otra relación o bien, que las mujeres mismas hayan tenido alguna relación de riesgo, pues de la oportuna detección depende el éxito del tratamiento, el cual, por cierto, es gratuito en Puebla.
Recordemos pues que ante todo, las mujeres deben cuidar y procurar su salud, pues de lo contrario no se podrán desarrollar de manera plena.
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viernes, 3 de diciembre de 2010
jueves, 2 de diciembre de 2010
Es ilegal la denuncia de hospitales a mujeres que deciden abortar
María del Socorro Cabrera Salgado, responsable estatal de Prevención de la Mortalidad Materna de la Secretaría de Salud, sostuvo que las mujeres que han sido denunciadas por los médicos ante la justicia local por provocarse un aborto podrían contrademandar, debido a la violación del secreto médico.
Uno de cada cuatro embarazos culmina en aborto: SSEP
Muertes Maternas
"Las denuncias hechas por los hospitales violan los derechos de la paciente y el secreto médico. Como médico no tengo permitido denunciarla, se haya tomado lo que se haya tomado, salvo que ponga en peligro su vida, en ese caso sólo es para que los familiares estén al tanto y se deslinden responsabilidades", fustigó la especialista en ginecología.
Puntualizó que al menos seis mujeres, durante 2010, fueron denunciadas en Puebla y Tehuacán.
Cabe señalar que entre 2003 y 2008, en Puebla se registraron 42 mil 635 abortos por diversas causas y más de 148 muertes maternas en los hospitales del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISSSTEP, SSEP y Universitarios, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información en Salud.
Los más de 42 mil abortos forman parte de los reportes oficiales, sin tomar en cuenta las clínicas y hospitales particulares o clandestinos que realizan este tipo de intervenciones.
Uno de cada cuatro embarazos culmina en aborto: SSEP
Uno de cada cuatro embarazos que se registran en la entidad termina en aborto, y aunque no es posible determinar con certeza cuántos legrados son intencionales, se estima que el 98 por ciento se deben a causas naturales, informó María del Socorro Cabrera.
Incompatibilidades en cromosomas y genes son las causas más comunes por las que en 2009 se registraron 5 mil 113 abortos y 4 mil 060 más hasta septiembre de 2010.
Para María del Socorro Cabrera las cifras no resultan alarmantes porque se encuentran dentro de la media nacional.
El uso de ácido fólico, estudios de sangre y una adecuada atención preconcepcional ayudarán a que las féminas puedan lograr concluir con su embarazo, sin embargo disminuir las cifras de abortos espontáneos será difícil, señaló Cabrera Salgado.
Muertes Maternas
En 2009 se presentó un alza en las muertes maternas al registrar 78 decesos, a decir de la funcionaria se debió a la epidemia de influenza -que se presentó en todo el país-, pues 32 fallecimientos se asociaron con afectaciones pulmonares.
Los números al corte de septiembre de este año señalaron 42 muertes maternas, según lo explicó durante una entrevista telefónica.
Para disminuir las muertes maternas la especialista refiere que amen de la mejora hospitalaria, se debe pugnar por una verdadera equidad de género, comenzando por los servidores públicos y que se le de mayor importancia a los aspectos de salud de la mujer para que los fallecimientos: "no se considere como un hecho que tenía que ocurrir".
Puebla suma en seis años más de 42 mil abortos y 148 muertes maternas
| Por Ana Jennifer de la Fuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puebla, lunes 29 noviembre 2010 - 21:01 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre 2003 y 2008, en Puebla se registraron 42 mil 635 abortos y más de 148 muertes maternas en los hospitales del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISSSTEP, SSEP y Universitarios, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información en Salud. Es necesario tomar en cuentas que los más de 42 mil abortos forman parte de los reportes oficiales, sin tomar en cuenta las clínicas y hospitales particulares o clandestinos que realizan este tipo de intervenciones. De acuerdo con el reporte de Salud reproductiva y de la Mujer, cada año, en promedio, se registraron en Puebla más de 7 mil 100 casos, es decir a razón de 20 por día. En 2003 se contabilizaron 6 mil 220 abortos, sin embargo para 2008 –último año consignado por el sistema de información federal- la cifra se elevó a 7 mil 892, que es la más alta del periodo.
El mayor número de abortos se registra en las unidades adscritas a la Secretaría de Salud del estado y a las del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en un segundo término se ubican el ISSSTEP y el ISSSTE y en un tercer nivel en inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo que toca a las muertes maternas, éstas se redujeron en los seis años de referencia, puesto que pasaron de 43 a 18 entre 2003 y 2008. De nueva cuenta, es en los hospitales estatales y del IMSS donde se concentran los fallecimientos. Sigue la PGJ 30 averiguaciones contra mujeres Pese a ello la LVII legislatura -de mayoría priísta- se negó a legislar sobre el legrado y aprobó, el 12 de marzo de 2009, la llamada Ley de la Familia que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo bajo la premisa de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Como resultado de esta ley, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició 30 averiguaciones previas y consignó a nueve mujeres, entre ellas, tres capitalinas y dos tehuacanenses, informó el procurador Rodolfo Igor Archundia, el pasado 26 de enero durante su comparecencia ante el Congreso local. Entre las mujeres consignadas por aborto destaca el caso de una menor de 12 años, residente del municipio de Izúcar de Matamoros, siendo la mujer más joven de la lista. De acuerdo con información de la dependencia estatal, Tehuacán encabeza la lista con ocho averiguaciones previas, seguido por Puebla con siete menciones. Mientras que los municipios de Acatlán de Osorio, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Oriental presentaron dos averiguaciones previas cada uno. La lista de las 30 averiguaciones previas iniciadas en contra de mujeres por aborto la cierran los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Tehuitzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán, con una participación en cada región. Es importante precisar que en el primer mes posterior a la aprobación de la reforma constitucional -de marzo de 2009 al 20 de abril- la PGJ inició 17 averiguaciones previas y consignó 4 de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólo en discursos, se reconocen los derechos de las mujeres
Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F 29 nov 10 (CIMAC).- México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas.
En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- “se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres”.
“Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia”, afirmó la experta al hacer un balance de la Ley.
Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007. Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma.
Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos –como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley.
Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta.
Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley General, las legisladoras se plantearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos.
Sin embargo, el tema se pospuso con los procesos y las investigaciones. Optaron por la creación de una herramienta para trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia: “la Ley General”. Ahora a casi 4 años de su publicación una de sus creadoras considera urgente tipificar el delito de feminicidio.
RECURSOS SIN ACCIONES
Para el caso del Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desde 2007 también se asignaron recursos a la Conavim para que lo realice, sin embargo hasta el momento no se ha publicado.
La ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirmó que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.
De acuerdo con la SG, en 2008 se avanzó sólo la mitad del Diagnóstico, por lo que en 2009, se destinaron 9 millones de pesos, para concluirlo. Este año, la SG informó que ya esta hecho, “solo que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, contratada para dicho fin y según la SG “no ha cumplido satisfactoriamente con esa tarea”.
Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios en San Lázaro, afirmó que esperan que en 2011 los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General ya que “nuevamente” se asignaron recursos para la creación del Diagnóstico y para que la AVG se pueda aplicar de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares en el país, cada minuto se registran tres actos de violencia contra las mujeres. Mientras que el 84 por ciento de las y los encuestados consideran la violencia como algo natural y un asunto privado “concerniente a la pareja”, cuando se trata de un matrimonio o unión de cualquier tipo.
Lagarde y de los Ríos, señaló que el desinterés para cumplir con la Norma se mostró desde el retraso de su publicación y la de su reglamento, así como en el incumplimiento de sus artículos transitorios, y la falta de programas o acciones para atender lo que establece.
La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento se publicó un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F 29 nov 10 (CIMAC).- México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas.
En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- “se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres”.
“Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia”, afirmó la experta al hacer un balance de la Ley.
Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007. Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma.
Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos –como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley.
Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta.
Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley General, las legisladoras se plantearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos.
Sin embargo, el tema se pospuso con los procesos y las investigaciones. Optaron por la creación de una herramienta para trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia: “la Ley General”. Ahora a casi 4 años de su publicación una de sus creadoras considera urgente tipificar el delito de feminicidio.
RECURSOS SIN ACCIONES
Para el caso del Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desde 2007 también se asignaron recursos a la Conavim para que lo realice, sin embargo hasta el momento no se ha publicado.
La ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirmó que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.
De acuerdo con la SG, en 2008 se avanzó sólo la mitad del Diagnóstico, por lo que en 2009, se destinaron 9 millones de pesos, para concluirlo. Este año, la SG informó que ya esta hecho, “solo que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, contratada para dicho fin y según la SG “no ha cumplido satisfactoriamente con esa tarea”.
Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios en San Lázaro, afirmó que esperan que en 2011 los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General ya que “nuevamente” se asignaron recursos para la creación del Diagnóstico y para que la AVG se pueda aplicar de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares en el país, cada minuto se registran tres actos de violencia contra las mujeres. Mientras que el 84 por ciento de las y los encuestados consideran la violencia como algo natural y un asunto privado “concerniente a la pareja”, cuando se trata de un matrimonio o unión de cualquier tipo.
Lagarde y de los Ríos, señaló que el desinterés para cumplir con la Norma se mostró desde el retraso de su publicación y la de su reglamento, así como en el incumplimiento de sus artículos transitorios, y la falta de programas o acciones para atender lo que establece.
La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento se publicó un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
domingo, 28 de noviembre de 2010
Exigen esclarecer la desaparición de más de 3 mil mujeres en Puebla
Cristina Juárez González/Foto Agencia Enfoque
En el estado de Puebla, sólo 3 de cada 10 mujeres escapan a cualquiera de las dinámicas de violencia que se generan principalmente en el seno de las familias y bajo el régimen de la fuerza del hombre, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la entidad diversos organismos sociales y gubernamentales realizan actos para generar conciencia y erradicar la problemática a la que se enfrenta el 70 por ciento de la población de mujeres en la entidad.
Las nuevas autoridades en voz de la próxima presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Martha Erika Alonso de Moreno Valle, plantean el empoderamiento de las mujeres como una estrategia para erradicar la violencia en sus hogares o en el trabajo.
“La violencia se presenta o se tolera en la medida de que una mujer no se quiere a si misma”, señaló la esposa del gobernador electo de Puebla, al recordar que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionan oportunidades de desarrollo de las mujeres para fortalecer su identidad y eliminar la tolerancia a cualquier forma de violencia.
EL ANTECEDENTE
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de Diciembre de 1999, y se celebra anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal.
La propuesta para que se celebrara en esta fecha la realizó República Dominicana, con el apoyo de 60 Países. De esta forma la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema y reflejar en este día exigencias a nivel internacional.
En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta condición, tratar sus causas, investigar, enjuiciar y castigar a los agresores, a través de leyes como la existente en México: “Ley para la igualdad entre Hombres y Mujeres”.
LAS ALARMANTES CIFRAS
Las estadísticas del INEGI revelan la gravedad del problema en pleno siglo XXI y que son similares a las actualizadas por diversos organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y organizaciones sociales.
El último estudio realizado en 2006, revela que de las poblanas de 15 años y más, el 70 por ciento han vivido incidentes de violencia por parte de la pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.
Además, la violencia más frecuente contra mujeres es la de pareja; el 47.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación, mientras 39 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida. Y el de las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, el 49.8 por ciento sufre violencia laboral.
La representante en Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Natalí Hernández Arias, compartió los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), de 2006, que refleja los cambios en el comportamiento de la situación de las mujeres que aún se enfrentan a la violencia en distintos ámbitos.
La violencia comunitaria se entiende como una expresión de poder para someter o intimidar sexual o físicamente a la mujer por personas conocidas o desconocidas en cualquier espacio público (calle, cines, deportivos, etc.) o privado (casas ajenas e incluso la propia).
EXIGEN ESCLARECER DESAPARICIÓN DE MUJERES
Según registros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, de 2005 al 2009 fueron reportadas como desaparecidas 3 mil 323 mujeres. De acuerdo con estos datos de la PGJ de Puebla, en 2005 se registraron 61 desapariciones de mujeres y en el 2006 fueron abiertos 137 expedientes, reveló la representante de Ddeser, Natalí Hernández.
Las cifras se dispararon en 2007 con 1 mil 402 casos, para el 2008 1 mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres, destacan en este registro, jóvenes de entre 13 y 29 años, por lo que exigió el esclarecimiento de estos casos.
Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres, ya que de 2000 a 2006 ocurrieron 423. Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.
Las lesiones que dejan las riñas en el hogar van desde una simple gastritis, hasta embolias, derrames cerebrales por la presión arterial por el estado nervioso, lesiones en el corazón, problemas renales, entre otros.
La organización no gubernamental exigió además que se homologue la aplicación de la NOM 046 en todo el país. “Demandamos a los gobiernos estatales la publicación de los procedimientos de aborto por violación”, y anunció un acto simbólico este jueves en el Zócalo de la ciudad de Puebla con la participación de poblanos que encenderán una luz blanca en recuerdo de las mujeres desaparecidas.
LA IGLESIA DEFINE A “CONCIENCIA” SI LA VIOLENCIA ES CAUSA PARA DISOLVER UN MATRIMONIO
La decisión que toma la iglesia católica para considerar la violencia como una causa elemental para la disolución de un matrimonio, es a “conciencia”, reconoció el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien aseguró que la Casa de la Familia da atención a las mujeres que son víctimas de atropellos por parte de sus esposos.
Existe un Tribunal Eclesiástico ante quien se presentan los casos que deben ser analizados para determinar una separación matrimonial, misma que a decir del líder de la grey católica es bajo el régimen de “conciencia” de los sacerdotes que conforman dicho organismo.
Antes de que las personas recurran al tribunal, deben acudir con el sacerdote o párroco de su iglesia para exponer su situación familiar, y recibir orientación si se decide presentar el caso ante las autoridades máximas de la iglesia en cada estado o Arquidiócesis.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la iglesia católico exhortó a las autoridades gubernamentales, instituciones y a la sociedad en general, a tomar conciencia de la dignidad de toda mujer, además de luchar contra el gran mal de la violencia que afecta a miles de ellas en todo el mundo.
“Esa situación es deplorable, porque también lesiona al resto de la sociedad”, expresó el arzobispo de Puebla, quien reconoció el papel fundamental de las mujeres y exigió ejercer el respeto que se merecen, denunciando cualquier forma de violencia contra ellas.
En el estado de Puebla, sólo 3 de cada 10 mujeres escapan a cualquiera de las dinámicas de violencia que se generan principalmente en el seno de las familias y bajo el régimen de la fuerza del hombre, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la entidad diversos organismos sociales y gubernamentales realizan actos para generar conciencia y erradicar la problemática a la que se enfrenta el 70 por ciento de la población de mujeres en la entidad.
Las nuevas autoridades en voz de la próxima presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Martha Erika Alonso de Moreno Valle, plantean el empoderamiento de las mujeres como una estrategia para erradicar la violencia en sus hogares o en el trabajo.
“La violencia se presenta o se tolera en la medida de que una mujer no se quiere a si misma”, señaló la esposa del gobernador electo de Puebla, al recordar que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionan oportunidades de desarrollo de las mujeres para fortalecer su identidad y eliminar la tolerancia a cualquier forma de violencia.
EL ANTECEDENTE
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de Diciembre de 1999, y se celebra anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal.
La propuesta para que se celebrara en esta fecha la realizó República Dominicana, con el apoyo de 60 Países. De esta forma la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema y reflejar en este día exigencias a nivel internacional.
En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta condición, tratar sus causas, investigar, enjuiciar y castigar a los agresores, a través de leyes como la existente en México: “Ley para la igualdad entre Hombres y Mujeres”.
LAS ALARMANTES CIFRAS
Las estadísticas del INEGI revelan la gravedad del problema en pleno siglo XXI y que son similares a las actualizadas por diversos organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y organizaciones sociales.
El último estudio realizado en 2006, revela que de las poblanas de 15 años y más, el 70 por ciento han vivido incidentes de violencia por parte de la pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.
Además, la violencia más frecuente contra mujeres es la de pareja; el 47.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación, mientras 39 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida. Y el de las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, el 49.8 por ciento sufre violencia laboral.
La representante en Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Natalí Hernández Arias, compartió los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), de 2006, que refleja los cambios en el comportamiento de la situación de las mujeres que aún se enfrentan a la violencia en distintos ámbitos.
La violencia comunitaria se entiende como una expresión de poder para someter o intimidar sexual o físicamente a la mujer por personas conocidas o desconocidas en cualquier espacio público (calle, cines, deportivos, etc.) o privado (casas ajenas e incluso la propia).
EXIGEN ESCLARECER DESAPARICIÓN DE MUJERES
Según registros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, de 2005 al 2009 fueron reportadas como desaparecidas 3 mil 323 mujeres. De acuerdo con estos datos de la PGJ de Puebla, en 2005 se registraron 61 desapariciones de mujeres y en el 2006 fueron abiertos 137 expedientes, reveló la representante de Ddeser, Natalí Hernández.
Las cifras se dispararon en 2007 con 1 mil 402 casos, para el 2008 1 mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres, destacan en este registro, jóvenes de entre 13 y 29 años, por lo que exigió el esclarecimiento de estos casos.
Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres, ya que de 2000 a 2006 ocurrieron 423. Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.
Las lesiones que dejan las riñas en el hogar van desde una simple gastritis, hasta embolias, derrames cerebrales por la presión arterial por el estado nervioso, lesiones en el corazón, problemas renales, entre otros.
La organización no gubernamental exigió además que se homologue la aplicación de la NOM 046 en todo el país. “Demandamos a los gobiernos estatales la publicación de los procedimientos de aborto por violación”, y anunció un acto simbólico este jueves en el Zócalo de la ciudad de Puebla con la participación de poblanos que encenderán una luz blanca en recuerdo de las mujeres desaparecidas.
LA IGLESIA DEFINE A “CONCIENCIA” SI LA VIOLENCIA ES CAUSA PARA DISOLVER UN MATRIMONIO
La decisión que toma la iglesia católica para considerar la violencia como una causa elemental para la disolución de un matrimonio, es a “conciencia”, reconoció el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien aseguró que la Casa de la Familia da atención a las mujeres que son víctimas de atropellos por parte de sus esposos.
Existe un Tribunal Eclesiástico ante quien se presentan los casos que deben ser analizados para determinar una separación matrimonial, misma que a decir del líder de la grey católica es bajo el régimen de “conciencia” de los sacerdotes que conforman dicho organismo.
Antes de que las personas recurran al tribunal, deben acudir con el sacerdote o párroco de su iglesia para exponer su situación familiar, y recibir orientación si se decide presentar el caso ante las autoridades máximas de la iglesia en cada estado o Arquidiócesis.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la iglesia católico exhortó a las autoridades gubernamentales, instituciones y a la sociedad en general, a tomar conciencia de la dignidad de toda mujer, además de luchar contra el gran mal de la violencia que afecta a miles de ellas en todo el mundo.
“Esa situación es deplorable, porque también lesiona al resto de la sociedad”, expresó el arzobispo de Puebla, quien reconoció el papel fundamental de las mujeres y exigió ejercer el respeto que se merecen, denunciando cualquier forma de violencia contra ellas.
ONGs exigen la ciudadanización del IPM para cumplir con la protección de los derechos de las mujeres
Cristina Juárez González
Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres para el estado de Puebla, que contiene una exigencia clara para que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) ya que coincidieron en que hasta ahora no ha cumplido con la labor de vigilar y promover la aplicación de los derechos humanos de este sector de la población.
Al revelar que ninguna mujer indígena en el estado se salva de la violencia generada en sus hogares y en manos de sus parejas, quienes encabezaron la conferencia de medios en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) expresaron las demandas de las mujeres que habitan en la Sierra Norte, Negra y la Mixteca poblana, consideradas en la agenda.
“El gobierno poblano tiene una gran deuda con las mujeres, quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos, queremos acciones concretas”, sentenció María de Lourdes Pérez Oseguera, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) creado por la institución de educación superior.
En el documento que hicieron público contiene diversas demandas de las mujeres poblanas, además de la exigencia para el gobierno saliente de explicar las acciones que ha promovido en favor de la protección de los derechos de este sector; y solicitaron una audiencia al gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar esta agenda.
La Agenda Ciudadana de Mujeres fue diseñado bajo 3 temas primordiales: Representatividad Ciudadana en el Instituto Poblano de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, y Derechos sexuales y reproductivos.
En su oportunidad, Catalina Pérez Osorio, integrante de Mujeres por la Democracia, urgió al gobierno entrante atenderlas para exponer las propuestas; al legislativo para que asuma y promueva las acciones presentadas; a todas las organizaciones civiles que trababan para las mujeres, desde la perspectiva de género a suscribirse a la propuesta; y a los ciudadanos a sumarse a la red de trabajo.
Las principales demandas:
- Solicitamos mecanismos de consulta democrática para la elección de la nueva titular del Instituto Poblano de las Mujeres, en tanto al no existir una convocatoria abierta a la ciudadanía, la titularidad recae en una persona impuesta.
-Retornar la ciudadanía al Instituto Poblano de las Mujeres significa devolver el carácter estratégico del organismo, que cumpla su función de impulsar y planear las políticas públicas, como se estipula en el Artículo 4, fracción XI del decreto del H. Congreso del Estado.
-Que se transparenten las formas de sesionar de los órganos de gobierno que incluye la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.
-Solicitamos al gobierno entrante que la Junta de Gobierno del IPM realice un diagnóstico de las acciones promovidas en las regiones del estado de Puebla, en específico de las instancias donde predomine la población indígena.
-Al Ejecutivo en funciones, que presente un diagnóstico de atención sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Puebla.
Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres para el estado de Puebla, que contiene una exigencia clara para que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) ya que coincidieron en que hasta ahora no ha cumplido con la labor de vigilar y promover la aplicación de los derechos humanos de este sector de la población.
Al revelar que ninguna mujer indígena en el estado se salva de la violencia generada en sus hogares y en manos de sus parejas, quienes encabezaron la conferencia de medios en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) expresaron las demandas de las mujeres que habitan en la Sierra Norte, Negra y la Mixteca poblana, consideradas en la agenda.
“El gobierno poblano tiene una gran deuda con las mujeres, quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos, queremos acciones concretas”, sentenció María de Lourdes Pérez Oseguera, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) creado por la institución de educación superior.
En el documento que hicieron público contiene diversas demandas de las mujeres poblanas, además de la exigencia para el gobierno saliente de explicar las acciones que ha promovido en favor de la protección de los derechos de este sector; y solicitaron una audiencia al gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar esta agenda.
La Agenda Ciudadana de Mujeres fue diseñado bajo 3 temas primordiales: Representatividad Ciudadana en el Instituto Poblano de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, y Derechos sexuales y reproductivos.
En su oportunidad, Catalina Pérez Osorio, integrante de Mujeres por la Democracia, urgió al gobierno entrante atenderlas para exponer las propuestas; al legislativo para que asuma y promueva las acciones presentadas; a todas las organizaciones civiles que trababan para las mujeres, desde la perspectiva de género a suscribirse a la propuesta; y a los ciudadanos a sumarse a la red de trabajo.
Las principales demandas:
- Solicitamos mecanismos de consulta democrática para la elección de la nueva titular del Instituto Poblano de las Mujeres, en tanto al no existir una convocatoria abierta a la ciudadanía, la titularidad recae en una persona impuesta.
-Retornar la ciudadanía al Instituto Poblano de las Mujeres significa devolver el carácter estratégico del organismo, que cumpla su función de impulsar y planear las políticas públicas, como se estipula en el Artículo 4, fracción XI del decreto del H. Congreso del Estado.
-Que se transparenten las formas de sesionar de los órganos de gobierno que incluye la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.
-Solicitamos al gobierno entrante que la Junta de Gobierno del IPM realice un diagnóstico de las acciones promovidas en las regiones del estado de Puebla, en específico de las instancias donde predomine la población indígena.
-Al Ejecutivo en funciones, que presente un diagnóstico de atención sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Puebla.
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