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viernes, 30 de abril de 2010

Palabras del Lic. Ricardo Bucio Mújica, Presidente CONAPRED (I parte)

CIUDAD DE MEXICO, 27/04/2010 (Texto y fotos Agustin Villalpando © Enkidu Magazine):
Siguió el turno del Lic. Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):
“Le agradezco a la Lic. Paty Santini, que a través de la traducción al lenguaje de señas mexicano, propiamente hace puentes y derriba muros. La importancia de la firma del Convenio Marco entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el CONAPRED radica en la trascendencia que para los ciudadanos y las ciudadanas tiene la igualdad y la no discriminación. El principio de igualdad se encuentra estrechamente relacionado con la obligación, tanto del Estado como de los particulares, de dar un trato sin discriminación a todas las personas.
“Sin duda, el derecho a la igualdad y a la no discriminación han ido evolucionando a través de la historia, siempre como resultado de demandas de grupos sociales que han estado en situación de desventaja y que han ido logrando el reconocimiento legal a su aspiración y derecho de ser tratados como iguales, es decir, sin distinciones irrazonables que los discriminen.
“El derecho ha podido erradicar la mayoría, aunque faltan muchas todavía, de las diferenciaciones entre personas a causa de las cuales se conforman privilegios, o simples distinciones, que separan y excluyen, evitando también la homogeneización de las diferencias que no toman en cuenta las particularidades.
“Hoy día, el derecho debe reconocer y utilizar aquellos factores que, basados en prejuicios, provocan desventajas sociales y establecen privilegios en favor de colectivos que por su situación de desventaja merecen recibir un trato específico para conseguir una igualdad real.
“La concepción moderna del derecho a la igualdad ha derivado de la comprensión de las propias dinámicas sociales. La discriminación histórica en contra de personas que por el simple hecho de ser mujeres, o motivada por su origen étnico o nacional, su condición social, su salud, su situación de discapacidad, su preferencia sexual, su edad, su apariencia, su religión o cualquier otra razón, ha provocado que las normas expresamente prohíban toda distinción que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es evidente que al no reconocer los derechos de quienes se consideran diferentes a un determinado paradigma de sujeto social, construido culturalmente, se atenta contra la dignidad humana y tiene como consecuencia la creación de subclases de personas que quedan excluidas de una serie de beneficios de los que goza el resto de la población.
“El extremo de esta discriminación y exclusión, como nos lo ha enseñado la historia en repetidas ocasiones, desgraciadamente, es la comisión de crímenes como el genocidio, la imposición de sistemas segregacionistas o los crímenes de odio, todo ello alimentado siempre por el miedo irracional hacia la diversidad. Miedo y sinrazón están en la base del machismo, de la misoginia, de la homofobia, del antisemitismo, del autoritarismo, de la intolerancia religiosa, de la xenofobia, del racismo y de todas las fobias a lo diverso.
“Por ello, la lucha contra cualquier forma de discriminación no sólo es una lucha por la igualdad sino por la libertad y contra el miedo, como lo ha expresado el catedrático español Javier de Lucas. En cierto modo, podría decirse que la lucha contra la discriminación es idéntica a la lucha contra el miedo. Miedo frente la diversidad, miedo a la incertidumbre que provoca la diferencia, a la evidencia de que no hay verdades intocables, ni ordenes sociales predeterminados, miedo a lo que nos es ajeno. Miedo, en suma, a la libertad.
“Como una tendencia global, al miedo a la diversidad se está sumando el miedo a la inseguridad, que provoca la tentación de poner muros de todo tipo, de dividir; de crear espacios sociales y económicos exclusivos; de legislar contra las personas, como es el caso de la ley SB 1070 del estado de Arizona; y de renunciar a libertades y derechos a cambio de la seguridad.
“Todo ello es campo fértil para la discriminación, para la exclusión y la negación del reconocimiento del otro como igual y, en especial, afecta el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En todas las sociedades del mundo y en la nuestra no es excepción, la negación del acceso a libertades y derechos fundamentales contra las mujeres sigue siendo práctica ordinaria, sigue siendo condición transversal de desventaja.
“Con o sin intención, hemos construido un país pensado en masculino. Un país donde los hombres accedemos al poder en todas sus expresiones y desde ahí abrimos pequeños espacios a las mujeres, donde los hombres tenemos mayor acceso a la justicia, a los servicios, al ingreso, a la seguridad, a la protección social, a las prestaciones laborales, a la educación y un largo etcétera.

martes, 27 de abril de 2010

Pide Patricia Mercado frente común contra Ley Arizona

De visita en Puebla, la ex candidata presidencial calificó de correcta la postura del jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, y manifestó que es necesario hacer un frente común entre gobernadores, alcaldes y ciudadanos
Fuente: Notimex/Síntesis
27 de Abril de 2010
Patricia Mercado, presidenta del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, llamó a la clase política a hacer un frente común contra la ley antiinmigrante, promulgada en Arizona. De visita en Puebla, la ex candidata presidencial calificó de correcta la postura del jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, y manifestó que es necesario hacer un frente común entre gobernadores, alcaldes y ciudadanos, y que no se convierta en un tema con tintes políticos.
En entrevista, refirió que a la postura del presidente de México, se debe sumar un trabajo coordinado con Estados Unidos, de manera que el presidente Barack Obama y el Congreso estadunidense presenten una controversia constitucional para echar abajo la ley de Arizona.
Agregó que esta iniciativa es a todas luces racista, un tema que ya está condenado por toda la comunidad internacional, por lo que las voces en contra no debe hacerse esperar.
Por otra parte, Mercado también se refirió a las alianzas entre partidos, de cara a las elecciones del próximo 4 de julio, y de las cuales dijo son un recurso legal y que se volvieron parte de la política nacional.
'Las alianzas son válidas cuando se justifican y se explican, las de dos partidos que son muy distintos en muchas cosas e ideologías, son viables porque están encaminadas a lograr acuerdos que tiene que ver con dos conceptos sumamente importantes, democracia y justicia social', destacó.
Manifestó que para el estado, al cual describió como una de las entidades más pobres y más desiguales del país, se necesita de una agenda inteligente que ataque de manera fuerte la desigualdad social, para que esté justificada la alianza.
Resaltó que la postura del PRI en contra de las alianzas es entendible, porque sabe de los riesgos que corre como partido, ya que ellos veían que nuevamente podían recuperar la Presidencia de la República, pero con las alianzas se vuelve un tema delicado.
'Yo siempre le apuesto a la alternancia, a la pluralidad, la competencia política siempre será mejor, porque cuando la hay, se generan mejores liderazgos y la participación de los ciudadanos', manifestó.
Mercado asistió a la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde participó en el Foro por la Salud, la Vida y los Derechos de las Mujeres.
En su ponencia habló sobre el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Confió en que en las próximas elecciones, con la renovación del Congreso del estado, en Puebla los ciudadanos se manifiesten en contra de la ley antiaborto y se permita esta práctica, como ocurre ya en el Distrito Federal desde hace tres años.
 

Hay que revertir reformas que reducen derechos de las mujeres: Académicos A 3 años de la ILE en DF, avanza conservadurismo en estados

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 27 abr 10 (CIMAC).- A pesar de que en abril de 2007 se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, las mujeres aún enfrentan grandes retos frente a la ola de conservadurismo en 17 estados del país que criminalizan a quienes deciden sobre su cuerpo.

En el Seminario Latinoamericano por el Derecho a Decidir de las Mujeres que se realizó hoy -en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- feministas, académicos y juristas reflexionaron sobre los retos y perspectivas pendientes a tres años de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal.

La despenalización del aborto es un cambio progresista, que cumple con la agenda de las libertades y el derecho a la salud; sin embargo, hoy en día debemos enfrentar una nueva batalla, afirmó Pedro Salazar Ugarte, investigador y académico de la UNAM.

El nuevo reto, político y social, es demostrar que las reformas de 17 estados que penalizan el aborto y criminalizan a las mujeres por interrumpir un embarazo no deseado, son inconstitucionales porque fracturan el principio de igualdad ante la ley y reducen los derechos de las mujeres, enfatizó Salazar Ugarte.

De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud local que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el 24 de abril de 2007, garantiza que las solicitudes de ILE sean atendidas en los centros de salud del gobierno local, en forma gratuita y sin anular la objeción de conciencia del médico.

Además reconoce la autoridad moral de las mexicanas, es decir, su autonomía y autodeterminación para asumir la responsabilidad de sus propias decisiones en ejercicio de su libertad de conciencia en asuntos de moral personal; y reconoce los derechos fundamentales de las mujeres a decidir sobre su reproducción, establecidos en el artículo cuarto constitucional.

ILE, UNA OPCIÓN

En el seminario, organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), los especialistas coincidieron en que el aborto es un tema de salud pública que salva vidas. Las cifras muestran que no se está obligando a las mujeres a abortar, señaló Martha Lucía Micher Camarena, directora del instituto.

Explicó que las mujeres pueden optar por la ILE o continuar con su embarazo, como ha sucedido. Datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal indican que hasta el 19 de abril de 2010, dicha institución recibió 65 mil 150 solicitudes de información sobre ILE y de estas poco más de la mitad, 39 mil 177 decidieron, realizar el procedimiento.

El 53 por ciento de las mujeres que decidieron de forma libre son solteras, el  25.9 por ciento viven en unión libre y el 17.7 por ciento son casadas, informó la Secretaria de Salud local.

Otro derecho que garantiza la reforma de 2007 es que cada mujer que acude a este servicio obtenga un método anticonceptivo después del procedimiento, siendo el más común el DIU, debido a que  41.9 por ciento de las mujeres que se practicaron la ILE optaron por este método.

Aunque también puede elegir otros métodos como el condón, pastillas, inyectables o métodos permanentes como el OTB (ligadura de trompas). En este sentido, Martha Lucía Micher Camarena destacó que uno de los retos es garantizar los derechos sexuales y reproductivos y por ende la demanda de anticonceptivos.

El 47.4 por ciento de las mujeres que accedieron a la ILE oscilan entre los 18 y 24 años de edad y el 21.8 por ciento entre 25 a 29 años; aunque la mayoría de las mujeres que solicitan este servicio de salud residen en el Distrito Federal, 29 mil 736 son capitalinas, es decir, un 78 por ciento del total de mujeres, también hay quienes deciden viajar a la ciudad de México a solicitar este servicio.

El Estado de México es la entidad de donde vienen más mujeres con 8 mil 267 casos, es decir el 20 por ciento, mientras que sólo el dos por ciento proviene de otros estados, con mil 114 casos registrados. 

A su vez, Leticia Bonifaz Alfonzo, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, afirmó que en este momento es necesario seguir los casos de las mujeres que son encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado y atender “el mensaje político y simbólico” de las reformas estatales que penalizan el aborto.

10/AGM/LR/LGL

En las aulas se libra otra batalla por el aborto

Natalia Gómez Quintero
26-04-2010

Escuelas privadas enseñan que la cancelación del embarazo es un crimen; en la UNAM dicen que es un derecho de la mujer.
Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase ante sus alumnos de impecable bata blanca.
Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”.
“Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-cristiana, el respeto a la vida humana es esencial”, dice Pedro Argüelles Domenzain, director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.
Provida desde la academia
Los lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.
Es a través de las materias de bioética y ética médica, donde los profesores llevan este planteamiento a los alumnos. “Está comprobado que la vida humana empieza desde la concepción. Estudios importantes en biología molecular hechos apenas hace cinco años dicen que el cigoto es un individuo que funciona en forma inicial. Esta afirmación puede que no sea muy comprensible para quienes no están en la ciencia”, dice María de la Luz Casas, jefa de bioética de la escuela de medicina de la UP.
La también consejera de la Comisión Nacional de Bioética deja claro que ella no impone razones morales en sus clases, sino argumentos científicos.
Para Nubia Andrea Ramírez, de 22 años, estudiante del octavo semestre de medicina en la UP, no hay dilema, pues la dignidad humana debe estar ante todo. “Estoy en contra del aborto pero no porque asista a una escuela de inspiración católica. Así pensaba incluso antes de entrar a la carrera”.
El riesgo, caer en el adoctrinamiento
Lo cierto es que en algunas ocasiones las creencias o posiciones personales del profesor pueden privilegiar que unos temas sean prioridad sobre otros durante la jornada estudiantil.
“Es un riesgo y un reto como profesores tener suficiente madurez moral para que por encima de nuestras convicciones y ante dilemas como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos capaces de ir más allá, pensando en que no estamos adoctrinando a los futuros médicos sino presentando un panorama sobre el cuál tenemos que reflexionar”, dice Joaquín Ocampo, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Leonardo Ortiz, de 22 años y estudiante del sexto semestre de esta carrera en La Salle, reconoce que sus maestros “abarcan aspectos éticos y filosóficos cargados a favor del derecho a la vida”.
Ocampo advierte que la propia naturaleza de las escuelas de inspiración religiosa, provoca que temas como la cancelación del embarazo no sea tratado de una manera imparcial. “Ellos están en su derecho de hacerlo y somos respetuosos de esas posturas”.
María de la Luz Casas dice: “Nosotros sólo decimos lo que apunta la deontología médica, desde Hipócrates hasta las últimas declaraciones, que se orientan a proteger al embrión en el sentido que la vida humana es preciosa. No se les induce a una forma de pensamiento o de acto. Ante la situación de aborto cada quien actuará como su conciencia le dicte”.
Andrea Tello, Guillermo Mondragón y Ramón Mora, los tres de 20 años y estudiantes de La Salle, no han debatido en clase el tema del aborto, pero adelantan su posición: “Siempre había dicho que sí al aborto pero ahora veo que el embarazo precoz es cuestión de irresponsabilidad”, dice Andrea. “El aborto no es natural y rechazarlo no es asunto que tenga que ver con la religión”, señala Ramón.
“Más allá de que la escuela donde estudio tenga relación con la Iglesia católica; considero que cada caso en situación de aborto debe ser analizado. Yo estaría dispuesto a colaborar sólo en caso de violación o que la vida de la madre esté en riesgo”, comenta Guillermo.
Argüelles Domenzain explica que en La Salle existen dos materias que contemplan estos temas, la de ética médica en cuarto semestre, vista desde una perspectiva inspirada en una filosofía católico cristiana, con una ética personalista y el respeto a la vida humana. La otra, bioética, en octavo semestre donde además de subrayar la importancia de la vida se analizan los derechos de los médicos para oponerse a realizar un aborto.
La objeción de conciencia
Jorge Aranda lo tiene claro. Si el estudiante de octavo semestre de la UP tuviera que atender la solicitud de aborto de una mujer embarazada, se negaría a realizarlo porque va contra sus preceptos morales. “Por eso vine a esta universidad, porque sus valores coinciden con mi forma de ver la vida”, dice.
En las escuelas de inspiración cristiana se subraya de manera especial la negativa que por ley un médico puede objetar para no interrumpir el aborto. “Consideramos importante que los alumnos comprendan cuales son las aplicaciones y los límites de la objeción de conciencia, derecho reconocido en los códigos de ética de la Secretaría Salud del Distrito Federal”, dice Casas.
La UNAM contempla también en sus clases la objeción de conciencia a favor del aborto. “Si hay una ley que dice que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, por razones de conciencia el médico puede justificar que accedería a participar en este aborto, por ejemplo en casos de violación. El problema surge cuando no está permitida la objeción de conciencia por la ley”, explica Ocampo.
Argüelles aclara que el primer planteamiento de los médicos es preservar la vida, pero, nunca influirán sobre la decisión personal. “Las mujeres pueden solicitar interrupción y uno puede negarse sin agredir o tratar de convencer”.
A partir de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquier médico al que le llegaran a solicitar un aborto debe plantear otras opciones a esta intervención.
En la UP existe una clase llamada alternativas al aborto, donde les piden a los alumnos un plus en su vocación de servicio. Además de decirle a la joven que está embarazada, le deben plantear caminos a su situación, desde la atención psicológica y trabajo social hasta oportunidades de adopción con el fin de que no tomen una decisión bajo estrés.
Imparcialidad desde las aulas
Todas las universidades abordan la ley en el Distrito Federal y aquellas que protegen la vida desde el momento de su concepción en 18 estados de República. No obstante, los matices surgen. En la UNAM se enseña que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolla en un estado laico. “Se ve desde una perspectiva general, abierto, sin ángulos específicos, subrayamos el respeto a otras posturas y evitar satanizar a los que piensan diferente”, dice Ocampo.
Mauricio Osorio, ginecólogo egresado de la UNAM (1992-1996), recuerda que antes del 24 de abril de 2007, fecha en la que se aprobó la ley en el DF que permite a una mujer abortar hasta antes de las 12 semanas de embarazo, si una chica llegaba con un aborto inducido se le atendía, pero daban aviso al Ministerio Público.
Por ser una institución de gobierno federal, el Instituto Nacional de Perinatología donde labora, no interrumpe embarazos a petición de la paciente.
Desde su posición de especialista en reproducción asistida dice: “Sería contradictorio anular la vida de un ser vivo, siendo que me dedico al auxilio de las mujeres que quieren embarazarse. Esta actitud va más allá de mis creencias religiosas, es una cuestión ética, que muchos médicos obvian ante la generosa ganancia que en poco tiempo representa hacer un aborto”

Soslayan 12 legislaturas discutir sobre el aborto

Diputados temen politización del caso por las elecciones del 4 de julio en varias entidades

Corresponsales
El Universal
Lunes 26 de abril de 2010



Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.
En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.
Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.
El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.
De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.
En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.
Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.
“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.
Tema evadido
Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.
En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.
En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.
En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Politizar el debate
Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.
“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.
En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.
Nada en la agenda
En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.
El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.
En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.
En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida. (Con información de Luigi Rivera, Gladys Rodríguez, Hilda Fernández, Juan Cervantes, Dinorath Mota, Javier Cabrera, Roberto Aguilar e Irma Mejía)