Desde que se modificó la Constitución para defender la vida desde la concepción, la creencia generalizada en el estado es que el aborto está prohibido. Autoridades judiciales han iniciado 30 averiguaciones contra mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos intencionalmente, mientras el personal de salud evita realizar abortos aún en los casos previstos por la ley. Sin embargo, visos positivos surgen de la situación: el tema está en la mesa de discusión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha atraído la revisión de 115 juicios de amparo contra la norma poblana.
La vida de María de la Paz corre peligro. Ha tenido dos cesáreas en menos de dos años y está embarazada otra vez. Una tercera intervención la expone a perder la matriz o a una hemorragia que podría llevarla hasta la muerte, le ha dicho su médico. Vive en Puebla, uno de los 17 estados que incluyeron en su Constitución la defensa de la vida desde la concepción, sin embargo, no dudó en solicitar un aborto, el cual le fue negado.
A sus 23 años, se resiste a la idea de morir en su siguiente parto y dejar solos a sus hijos. Su relación de pareja se fracturó, el hombre con el que vivía en unión libre la dejó con sus suegros y la visita cada semana para darle unos 300 pesos, que obtiene de su trabajo como plomero y electricista. Con ese dinero mantiene a sus dos hijos, un niño de un año y medio y una niña de cinco meses.
A raíz de las modificaciones al artículo 26 de la Constitución de Puebla, que indican que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”, la desinformación y el miedo se han diseminado por la entidad; la idea popular es que el aborto está prohibido por completo.
Según Marco Moreno, abogado de la Red Nacional de Abogad@s por la Defensa de la Reproducción Elegida, Radar 4°, antes de marzo de 2009, cuando se modificó la ley estatal, se abría en promedio una averiguación al año por el delito de aborto. Pero durante 2009 se iniciaron 30 averiguaciones previas, según lo informó el Procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, durante la glosa del último informe del gobierno del priísta Mario Marín, al inicio de este año. En la mayoría de los casos, dijo el funcionario, las mujeres fueron denunciadas cuando llegaron a hospitales por complicaciones relacionadas con el aborto. De las 30 indagatorias, nueve han sido consignadas ante un juez y se ecuentran en curso.
Marco legal, letra muerta
En Puebla existen cuatro causales de aborto legal, puesto que el texto constitucional protege la vida desde la concepción “salvo los casos previstos en las leyes”. Así, el aborto no está penado cuando sea causado por imprudencia de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando la mujer corra peligro de muerte y cuando el producto tenga malformaciones genéticas graves. En estos dos últimos casos se requiere que dos médicos autoricen el procedimiento, siempre que la demora no sea peligrosa para la mujer.
A María de la Paz la vieron tres médicos. Dos reconocieron que en su situación era mejor interrumpir el embarazo, pero no quisieron asumir la responsabilidad del procedimiento ni enfrentarse a sus superiores. Uno más le dijo que es especialista en embarazos de alto riesgo y aunque es posible que en el momento del parto “el bebé salga con todo y matriz”, él estaría pendiente de toda la preñez.
Según sus cálculos, María tiene tres meses de gestación. Los médicos le dicen que ya lleva cinco. Apelar a las causales de aborto en Puebla es una carrera contra el tiempo, dice el abogado Marco Moreno. “(Como mujer) yo lo puedo pedir, si no me lo dan me voy al amparo, para cuando me resuelven el amparo ya estoy en el bautizo”, ironiza. El aborto en Puebla se sanciona con uno a cinco años de prisión para la mujer que lo provoque o para un tercero que contribuya. No obstante, hay atenuantes que, si están todas presentes, harán que la mujer sólo purgue de seis meses a un año de prisión, a saber: “que no tenga mala fama”, “que haya logrado ocultar su embarazo” y “que éste no sea fruto de matrimonio”.
Aparato estatal “defiende la vida”
En su momento, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) rechazó impugnar la reforma constitucional, pues no encontró en ella ninguna violación a los derechos de las mujeres.
Entrevistado en sus oficinas, el primer visitador del organismo, Alejandro Necoechea, refirió que “no tenemos registrado algún asunto donde se haya sancionado a alguna mujer que haya abortado fuera de los casos (en los que) no es penalmente responsable”. Al mencionarle que el procurador informó de la existencia de 30 averiguaciones previas por aborto, reiteró que no se ha iniciado queja alguna al respecto, pero con el sólo hecho de haberse dado a conocer a los medios de comunicación la CDH ya podría haber iniciado una queja de oficio. Aunque no ha sido así, “siendo un asunto tan delicado, júrelo que estaríamos al pendiente para que no se vayan a vulnerar los derechos humanos de ninguna persona”.
Letra S solicitó entrevistas a la Procuraduría de Justicia y a los Servicios de Salud Pública de Puebla. En la instancia judicial se informó que tanto el procurador como el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez, se encontraban de gira por el estado. En los Servicios de Salud, al solicitar una cita para hablar sobre los procedimientos médicos y administrativos que implica un aborto legal, personal de comunicación social afirmó que no se podía dar información sobre “eso”. Al insistir, la respuesta fue: “aquí en Puebla no se hace”, y al cuestionar sobre las mujeres víctimas de violación, el área aseguró que investigaría quién podía hablar sobre ello y ofreció devolver la llamada, lo cual no sucedió hasta el cierre de esta edición.
“Sabemos que en el sector salud, cuando se llega a practicar, se hace con legrado”, refiere Natali Hernández, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ddeser-Puebla. “Incluso a mujeres con embarazos de pocas semanas les han hecho legrados, lo cual es sumamente peligroso para ellas y se podría evitar usando otro tipo de procedimientos”. En el Distrito Federal, por ejemplo, se usa con más frecuencia un medicamento por vía oral para la interrupción legal del embarazo (ILE).
Si María de la Paz hubiera tenido dinero e información suficientes, habría terminado su embarazo en el DF, durante las 12 primeras semanas, como lo hicieron 72 poblanas entre abril de 2007 y marzo de 2009, colocando a su estado en el segundo lugar de las entidades con mayor número de ILE, sólo después del estado de México, según datos de la Secretaría de Salud del DF.
Pero las malas decisiones de los médicos por cuyas manos pasó María abonaron a la situación que enfrenta hoy. Después de su segunda cesárea pidió un método anticonceptivo. Su médico le colocó un DIU. A los dos meses tuvo un fuerte sangrado y expulsó el dispositivo. El siguiente mes notó que su menstruación no había llegado, pero su ciclo siempre había sido irregular. Acudió a solicitar otro método, pero como estaba amamantando a su hija, le dijeron que no podían darle píldoras ni inyecciones. “¿Cómo que no me puede dar nada?, le dije. Necesito que me dé algo, yo no quiero ya tener más hijos”, exigió. Salió de la clínica con una dotación de condones.
María asegura que vigilaba que su pareja se pusiera el condón, pues no quería “por nada del mundo” embarazarse, “pero ya ve, de todas maneras aquí estoy de nuevo”. Decidió no discutir esto con los médicos y soportó los regaños. “¿Qué no te dijeron que no debías embarazarte otra vez?”, “¿Por qué no te cuidabas?”.
En Puebla, Ddeser ha detectado “un rechazo completo, institucional”, hacia la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley.
115 mujeres a juicio de amparo
A dos meses de entrar en vigor la reforma a la Constitución estatal, la Cruz Roja fue la primera instancia en denunciar a una joven de 20 años que sufrió complicaciones por un aborto provocado. En entrevista con La Jornada de Oriente (29 de junio de 2010), el subdirector médico de la institución, Miguel Ángel García Martínez, declaró que entre septiembre de 2009 y junio de este año, la Cruz Roja había denunciado a tres mujeres que interrumpieron su embarazo. Entre 16 y 23 años de edad, dos de ellas utilizaron medicamentos y una más realizó maniobras con un gancho de ropa.
En estos casos, “¿dónde queda la confidencialidad?”, pregunta Marco Moreno. “Existe un derecho a la privacidad que está siendo violado con ese tipo de actuar”. Es decir, la mujer decide sobre su cuerpo y sobre hechos que tuvieron que ver con su intimidad.
Este y otros argumentos se integraron en los juicios de amparo intepuestos por 115 mujeres poblanas, los cuales fueron declarados sobreseídos por un juzgado de distrito y atraídos para revisión en mayo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las y los integrantes de Radar 4° plantean que la reforma a la Constitución local viola el derecho a la salud de las mujeres; su derecho a la ciudadanía, puesto que ellas son personas nacidas y con identidad jurídica; y los derechos sociales y económicos, dado que hace más vulnerables a las mujeres más pobres, quienes a falta de recursos no pueden acceder al aborto seguro. También se plantean posibles contraposiciones en lo enunciado en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 26 se menciona, en el numeral III, que toda persona tiene derecho a decidir sobre su reproducción, y en el numeral siguiente se protege a la vida desde la concepción.
“Los derechos ya no son los que eran”
La voz de María de la Paz se escucha jovial al otro lado del teléfono. Le gusta bromear y ser optimista, aunque reconoce que su situación es desesperada.
Pero al contar cómo se siente respecto a su deseo de interrumpir el embarazo, su timbre se agrava. Narra que ella es hija adoptiva y no lleva una buena relación con su madre, así que no pudo recurrir a ella en busca de apoyo. “Para mí no es fácil tomar esta decisión, yo fui adoptada, a mí no me lo hicieron y sí me siento mal de ahora hacérselo a mi hijo, pero entiéndame, no puedo arriesgarme a dejar tres niños huérfanos”.
Al preguntarle si quiere utilizar un seudónimo para la entrevista, lo rechaza. “Cuando una va a hacer algo, no importa lo que se venga. Sé que está mal lo que me están haciendo (negarle el aborto) y no quiero que se lo hagan a alguien más”. Marco Moreno y Natali Hernández coinciden en que la reforma en Puebla tuvo una arista positiva: la discusión está en la mesa. Un tema que antes ni siquiera se mencionaba, ahora se debate.
Moreno sabe que seguirá habiendo violaciones a los derechos humanos; habrá que documentarlas y actuar jurídicamente “para hacer ver que los derechos ya no son los que eran antes”.
Mientras la Suprema Corte delibera, mientras la sociedad civil organizada lucha por exigir procedimientos claros de aborto no punible, para María de la Paz el tiempo se agota. “Yo sé que está mal (abortar), siempre he pensado que uno no decide quién vive y quién no. Este proceso ha sido muy difícil y sé que si lo llego a hacer, lo voy a cargar toda mi vida”, susurra, con la voz entrecortada.
*Publicado en el número 170 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 2 de septiembre de 2010
