México DF, septiembre 10 de 2010.
Las autoridades de la Cruz Roja de Puebla, de septiembre de 2009 a junio de este año, denunciaron penalmente ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a tres mujeres que interrumpieron su embarazo de manera voluntaria.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el subdirector médico de dicha institución, Miguel Ángel García Martínez, explicó que los casos que se notificaron a la PGJ fueron de mujeres de entre 16 y 23 años en los que existieron evidencias de aborto inducido, ya que se les encontró tabletas intramusculares que se utilizan para un legrado, y se comprobó que una de ellas se realizó maniobras con un gancho de ropa.
Dichos casos se reportaron debido a que después de las reformas constitucionales que se aprobaron en marzo de 2009 en el Congreso local para impedir la despenalización del aborto, todas las instituciones de salud están obligadas a notificar a la Procuraduría General de Justicia los casos de pacientes que se hayan provocado un legrado de forma voluntaria.
El funcionario confirmó que las autoridades de la PGJ sí iniciaron procedimientos penales contra esas mujeres. Sin embargo, dijo ignorar el avance de éstos o si ya se concluyeron, pues ellos sólo dan atención hospitalaria.
Detalló que en una de las pacientes se provocó el legrado al consumir pastillas de Misoprostol, medicamento que sirve para atender problemas del aparato digestivo como gastritis, úlceras y agruras, pero que en los últimos años se ha popularizado como un fármaco abortivo debido a que aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones de la matriz, mientras que otra paciente ingirió una medicina restringida en las farmacias.
El año pasado, esta misma institución fue la primera en dar aviso a la PGJ sobre el caso de una mujer de 20 años que se provocó un aborto. Ello dos meses después de que entraron en vigor las modificaciones constitucionales para defender la vida desde la procreación.
Al día de hoy se desconoce el número de averiguaciones previas y consignaciones que la Procuraduría General de Justicia ha iniciado contra mujeres que han interrumpido su embarazo en lo que va de 2010.
De acuerdo con información de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Ddser), en 2009 dicha dependencia estatal inició 30 averiguaciones previas contra mujeres que se provocaron un aborto. Del total, nueve fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado.
De las nueve mujeres que fueron consignadas, tres eran originarias del municipio de Puebla; dos de Tehuacán, una de Tepexi de Rodríguez y Teziutlán, respectivamente, y en dos casos se desconoce el lugar de residencia.
El 26 de enero de 2010, durante su comparecencia ante el Congreso local, el procurador del estado, Rodolfo Igor Archundia, informó que las 30 averiguaciones que inició la dependencia que dirige contra mujeres que abortaron fueron casos que llegaron a los hospitales con hemorragias o complicaciones similares después de haberse practicado un legrado.
*Nota elaborada por América Farías y publicada en La Jornada de Oriente el pasado martes 29 de junio
