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viernes, 3 de septiembre de 2010

Persiste pena de cárcel para mujeres por aborto en Guanajuato

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 1 sep 10 (CIMAC).- Aún con las modificaciones al artículo 156 del Código Penal de Guanajuato para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco de seis mujeres presas por sufrir un aborto espontáneo, “el problema de fondo no se resuelve”, porque otras mujeres, seguirán siendo perseguidas y encarceladas por el mismo delito, consideró Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la organización Las Libres

En entrevista con Cimacnoticias, Verónica Cruz Sánchez, quien documentó esto casos; subrayó que la decisión del Ejecutivo local de reducir las penas no resuelve el problema de fondo porque no se declara la inocencia de las mujeres, por el contrario sólo se busca liberarlas. En promedio, las mujeres, que no son culpables, tienen seis años en prisión, con lo que “les quedan a deber, una lleva ocho años en la cárcel”.

Recordó que el dictamen propuesto por el Ejecutivo local se planteó después de que se denunciaron los hechos violatorios de los derechos humanos en los casos de las seis mujeres sentenciadas con penas de hasta 35 años de prisión.

El Pleno del Congreso local aprobó ayer modificaciones al artículo 156 del Código Penal para el estado de Guanajuato, con las que se reduce la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco que ahora serán de tres a ocho años; y que antes iban de 25 a 35 años.

En opinión de la activista, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, optó por la proporcionalidad de las penas, es decir reducirlas y seguir afirmando que las acusadas cometieron un delito, cuando no es así.

Esto queda evidenciado en el texto, que precisa que la reforma aplica para “la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial”.


Verónica Cruz informó que se prevé que entre hoy y mañana se publique la reforma, la cual entrará en vigor cuatro días después. Hasta hoy, el Diario Oficial del gobierno del Estado no ha publicado nada respecto al tema.

Es así que las seis mujeres presas y acusadas de este delito, cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, podrían recuperar su libertad la próxima semana aunque saldrán siendo culpables, pues habrán pagado sus sentencias debido a la “retroactividad de la ley”.

En su opinión, la propuesta fue una “reforma a modo” porque se hizo expresamente para liberar a las mujeres presas y así acabar con la presión mediática y social.

Explicó que es necesario que se reconozca la inocencia de las mujeres para que puedan reconstruir su vida, por ahora las y los legisladores mostraron que tienen la capacidad de consensuar reformas, así que deberían de aprobar una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no hay en la entidad, concluyó.


10/AGM/LR/LGL

Repudian ONG de 9 países masacre de migrantes en Tamaulipas

Por la redacción

México, DF. 1 sep 10 (CIMAC).- Organismos defensores de Derechos Humanos (DH) de 9 países, repudiaron la reciente masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México y externaron su preocupación por la permanencia y el aumento de violaciones a los DH en el país, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral.

En un comunicado, las organizaciones participantes en el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de DH de migrantes de manera integral”, expresaron que luego de analizar la situación que viven las personas migrantes y sus familias, así como defensores de DH en la región, concluyen que el  crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa, y un gobierno insensible.

Un ejemplo de toda esta situación es el aumento de las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno para el establecimiento de mecanismos de registro y de investigación del paradero de cerca de cientos de mujeres y hombres.

Otra situación preocupante es que se usen términos despectivos que denigran la dignidad humana y ubican la presencia de las y los migrantes como una amenaza para la comunidad receptora y de tránsito.

Los términos son: “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades”, “delincuentes”, entre otros. Ello en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general.

Las organizaciones exigieron al gobierno que se castigue a los responsables materiales de los asesinatos en Tamaulipas y a las   autoridades que por comisión u omisión han permitido actuar libremente al crimen organizado.

Conminaron al Estado mexicano a que brinde a las y los migrantes y a sus familias, pleno acceso a la impartición de justicia y en su caso puedan tener una defensa integral realizada por la sociedad civil o por personal de sus embajadas.

Exhortaron a México a que agilice los procedimientos de respuesta de peticiones realizadas por familiares de migrantes fallecidos o desaparecidos.

También pidieron a los gobiernos de Centroamérica que emprendan  acciones conjuntas y contundentes que atiendan el tema migratorio desde una perspectiva de DH, considerando las causas y consecuencias estructurales de la migración.

Las organizaciones firmantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, señalaron que las acciones de los distintos gobiernos de la región están muy lejos de beneficiar y respetar a la población en sus derechos fundamentales.

Ya que, dicen, promueven la criminalización, violencia, discriminación y abusos, todo en un marco de impunidad y discrecionalidad de las autoridades.

Recordaron finalmente, las obligaciones contraídas a través de la ratificación de instrumentos internacionales y regionales de protección a los Derechos Humanos.


10/GM/LR

Alerta de Género en Guanajuato, pide la permanente a la SG

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 31 ago 10 (CIMAC).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, emitir una alerta de género en Guanajuato, mientras que la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó ayer una reforma al artículo 156 de su Código Penal para reducir las penas por el delito de homicidio en razón de parentesco.

La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura estatal, aprobó por unanimidad modificar el artículo 156 del Código Penal y así reducir la pena por homicidio en razón de parentesco, cuando éste “se realice por parte de la madre durante las primeras 24 horas del alumbramiento y haya sido cometido bajo motivaciones de carácter psicosocial”.

Este dictamen fue puesto hoy a disposición del pleno, y de aprobarse, las seis mujeres presas y acusadas de este delito, cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, podrían recuperar la libertad pero no se les reconocería su inocencia.

De acuerdo con el Código Penal, las sanciones por homicidio en razón de parentesco van de 25 a 35 años de cárcel, pero con la propuesta de reforma estas penas se reducirían de tres a ocho años.

Dicho dictamen se sometió hoy al Pleno para su aprobación, de haber consenso, el Ejecutivo local lo publicará en el Diario Oficial para que entre en vigor.

En opinión de Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización Las Libres, es muy posible que este dictamen sea aprobado porque lo promovió el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien es militante del Partido Acción Nacional, y la mayoría del Congreso es panista; no obstante recuerda que esto no significa que las mujeres presas sean inocentes, ni que se reconozca su derecho a decidir.

PIDEN ALERTA DE GÉNERO

Mientras tanto en la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hizo un llamado al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, emita una alerta de género en ese estado donde las mujeres no pueden decidir de manera libre, informada y responsable el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

Esta es la segunda vez que se solicita la alerta de género por “agravio comparado” para Guanajuato.

La primera fue el 6 de mayo de 2009 por 65 organizaciones civiles, luego de las reformas constitucionales que prohíben en su totalidad el aborto y que dan un trato diferente a las mujeres de esa entidad, misma que no prosperó ya que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) determinó que “era improcedente”.

De igual manera, las y los legisladores instaron al gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, a instruir al procurador de Justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, a realizar una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el Ministerio Público imputa a las mujeres el delito de homicidio por razones de parentesco, esto a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.

En la última sesión de la Comisión Permanente, se hizo un llamado para que  los poderes del estado de Guanajuato brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU, y se cumplan los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato, entre ellos revisar la figura de “homicidio en razón de parentesco”.

En tribuna, el vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles Conejo, dijo que la Permanente “solamente está siendo congruente con una situación que es grave” y exhortó a la legislatura de la entidad, a “derogar o suprimir del Código Penal del estado de Guanajuato, el tipo penal homicidio en razón de parentesco”.

Estas resoluciones fueron resultado de las proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por los diputados del PRD Leticia Quezada Contreras y del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdés; además de la presentada por los senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, ambos priistas.

10/AGM/LR/LGL

Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 31 ago 10 (CIMAC).- Hasta el momento, no existe evidencia suficiente de que el Estado mexicano cumple con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio del caso “Campo Algodonero, y así será informado a las instancias internacionales, aseguró la Comisión Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados.

Las integrantes de la Comisión Especial, encabezada por la diputada Teresa Incháustegui, precisaron que el estado que guarda la sentencia emitida en diciembre de 2009, será notificado también al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Durante la presentación del primer  informe sobre las acciones del gobierno para cumplir con la sentencia “Campo Algodonero”, a raíz de las reuniones que sostuvieron en junio y julio pasado con funcionarias y funcionarios de las instituciones responsables de cumplir y hacer cumplir la sentencia, las diputadas concluyeron que aunque se advierte el trabajo de algunas instituciones, “hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte.

Obstáculos que se originan tanto en la descoordinación entre instancias federales, como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal”.

Un ejemplo particular es el proceso penal en torno a las investigaciones del feminicidio y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, que competen al ámbito estatal, y en los que el gobierno Federal no quiere incidir.

Otro punto, es el resolutivo que establece que el Estado deberá pagar por concepto de daño material y moral a las tres familias de las víctimas, una indemnización y reintegro de costas y gastos por un monto de 851 mil dólares.

De acuerdo con la sentencia, las indemnizaciones deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra y en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.

Hasta el momento, afirmaron las diputadas, no se ha realizado el pago, a pesar de que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando se trate de un Estado constituido como federal, “al gobierno nacional le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”.

Las integrantes de la Comisión Especial, afirmaron que durante las reuniones, las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia refirieron “insistentemente”, la ausencia de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento exhaustivo y puntual a la misma.

Por lo que argumentaron que es necesaria la creación de un Fondo económico, y una Ley que establezca el marco jurídico para la ejecución de las resoluciones, o sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.

Las instancias que comparecieron ante las integrantes de la Comisión de Feminicidios son: la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Procuradora del Gobierno de Estado de Chihuahua y el Presidente Municipal de Ciudad Juárez.

El informe presentado por las legisladoras, que será enviado a las instancias internacionales mencionadas, también fue realizado con información proporcionada por las y los familiares de las víctimas.

El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Las legisladoras consideraron que el acatamiento de la misma es fundamental para que los gobiernos de los estados de la República Mexicana garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y se vean alentados a asumir lo establecido por la CoIDH, en materia de búsqueda, investigación, tratamiento y atención de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio.

Agregaron que sería inaceptable el incumplimiento del Estado Mexicano de esta sentencia, la cual consideraron como histórica para los derechos humanos de las mujeres y para su acceso a una vida libre de violencia no sólo del país sino de la región.


10/GTR/LR/LGL

Por la defensa y el avance de los derechos de las mujeres

Por  Yunuhen Rangel Medina

Zacatecas, Zac. 30 ago 10 (CIMAC).- Con la demanda de libertad para las seis mujeres presas por aborto en Guanajuato, y el apoyo absoluto para las mujeres indígenas de la comunidad triqui en San Juan Copala, Oaxaca, concluyó el Encuentro Nacional Feminista (ENF), que reunió aquí a más de dos mil 400 mujeres del país, luego de 18 años de no hacerlo.

Durante tres días, reconocidas feministas, y las jóvenes generaciones confirmaron la agenda política actual, el rumbo y los retos para el movimiento con la certeza de que “el feminismo es una alternativa imprescindible que contribuye a construir el país que queremos”.

Recolectaron firmas de apoyo para demandar la libertad de las mujeres en Guanajuato, un estado de la república que incluye en su Código Penal la  criminalización del aborto y el único que no cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Para las mujeres, niñas y niños de San Juan Copala, Oaxaca, las feministas externaron su apoyo absoluto, exigieron el cese a la violencia, y a los ataques cometidos contra esta comunidad que se encuentra en resistencia.

Demandaron a las autoridades una respuesta pronta y positiva para que las mujeres y sus hijas e hijos, que se encuentran en plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, puedan volver a su comunidad en condiciones de seguridad, acceso a la educación y a una vida digna que el Estado esta obligado a garantizar.

Al dar lectura al pronunciamiento base, cuya redacción final está en proceso, subrayaron que la guerra desatada desde el gobierno ha permitido y propiciado la militarización del país.

Dicha situación criminaliza la protesta social e incrementa la persecución  de defensoras de los derechos humanos, “justificando la subordinación de todo el sistema de seguridad nacional a los intereses de Estados Unidos”.

Por ello, dijeron, ratifican su repudio a todas las formas de militarización del país y reconocen los aportes de las feministas de Chihuahua para erradicar la violencia estructural contra las mujeres, el feminicidio en primer lugar.

El pronunciamiento feminista también destaca el compromiso para la defensa y el avance de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia para las mujeres. La no militarización, lucha contra la pobreza y por el derecho a decidir, entre otros.

Consideraron fundamental la rearticulación del movimiento feminista para permitir el avance de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Sobre la posibilidad de un próximo encuentro, hubo propuestas de las compañeras de Jalisco, Veracruz y Sinaloa para llevar a cabo encuentros previos y/o regionales. No hubo una definición para el próximo encuentro y tomaron como fecha probable el 2012.

Hubo un gran reconocimiento para el comité promotor del encuentro y un agradecimiento para las anfitrionas de Zacatecas, “Vamos caminando por el conocimiento y apropiación de todos los derechos enunciados y por enunciar, en la formación de un mundo diferente”, precisa el pronunciamiento.


10/YR/LR/LGL

Visitan padres de activista finlandés plantón de triquis en Oaxaca

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax. 30 ago.10 (CIMAC).- A cuatro meses del asesinato de la maestra Beatriz Alberta Cariño y el ciudadano finlandés Jiry Jaakkola, cuando en una caravana intentaban llevar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Copala, las mujeres triquis en resistencia se reunieron con Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista, en el zócalo de esta ciudad, donde mantienen un plantón indefinido para exigir justicia por éstos y otros 20 asesinatos más.

“Nuestro hijo estaba aquí, queremos solamente estar con la gente con quien él estaba”, dijo ayer brevemente Eve, la madre de Jiry, quien aclaró que no tienen previsto reunirse con autoridades locales, como ocurrió en la capital del país, donde se encontraron con personal de la Procuraduría General de la República, instancia que atrajo la investigación.

Unas 20 mujeres, que desde el pasado 7 de agosto mantienen un plantón indefinido frente al edificio que antes funcionaba como Palacio de Gobierno, marcharon ayer en el zócalo oaxaqueño para volver a exigir al gobierno del estado su intervención, tanto para esclarecer los asesinatos, como para mejorar las condiciones de vida de unas 50 familias en San Juan Copala.

“Autonomía y resistencia triqui”, era el lema que se leía en una manta blanca que al frente de la marcha sostenía una pareja de niños originarios de San Juan Copala.
Otro niño, sostenía una cartulina azul en la que se leía: “La autonomía de los pueblos es el único futuro con dignidad”. Un mensaje similar estaba en otra cartulina del mismo color: “La autonomía es el grado más alto de conciencia en el ser humano”.

Desde enero del 2007, la agencia de San Juan Copala, perteneciente al municipio mixteco de Santiago Juxtlahuaca, se declaró municipio autónomo y se deslindaron del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) creando otra organización independiente (MULTI), que junto con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), son las agrupaciones sociales que se disputan el control de la zona.

Las mujeres de San Juan Copala señalaron nuevamente a los integrantes de la UBISORT y el MULT, como los responsables de que en su comunidad no haya servicios básicos ni profesores para iniciar el ciclo escolar 2010-2011 y de que el 21 de agosto hayan asesinado a tres de los organizadores de la caravana que hace una semana planeaba salir rumbo a la ciudad de México.

“Por ese dolor y la rabia que sentimos suspendimos la caravana que es muy arriesgado que siga, vamos a mantener el plantón, hasta que se haga justicia”, dijo Mariana Flores, una joven triqui que se ha convertido en la vocera de las mujeres en resistencia.

Las indígenas triquis han denunciado también que han visto que gente del MULT y la UBISORT las vigilan pero “no les tenemos miedo, lo que ellos quieren es que abandonemos el plantón y dejemos de exigir”.

Con una flor y una veladora en la mano, o con sus hijos en brazos, las mujeres marcharon en el zócalo y luego realizaron un rosario en su campamento como una especie de novenario por los tres organizadores de la caravana que fueron asesinados hace nueve días, cuyos nombres fueron escritos en los tapetes con figuras religiosas que instalaron en el suelo, rodeados de veladoras.

“El MULT y UBISORT que atacó a nuestros compañeros que fueron heridos… son financiados por el gobierno del estado, quien no ha dado ninguna respuesta a pesar de que saben quiénes son  los asesinos de los activistas y hasta ahorita no tenemos a ningún responsable”, denunció Mariana Flores.

Dijo que las autoridades estatales ponen como pretexto que no pueden seguir investigando porque los testigos no acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado a declarar.

“Es otro pretexto del gobierno porque no quiere detener a los asesinos, porque protege a los asesinos”, dijo antes de indicar que en San Juan Copala las balaceras se presentan todos los días y las 50 familias que aún viven ahí no pueden salir.

La situación en la que viven los pobladores de San Juan Copala fue la razón para que una primera caravana intentara ingresar el 27 de abril pasado para llevarles víveres, pero unos cuatro kilómetros antes de llegar fueron atacados y murió Bety Cariño, junto con el activista finlandés.

Posteriormente, el 8 de junio, un grupo de diputados federales encabezó una segunda caravana que tampoco pudo ingresar a San Juan  Copala porque integrantes de la UBISORT, principalmente mujeres y niños, bloquearon el acceso a esa comunidad. Las 30 toneladas de alimentos recolectados se quedaron en Huajuapan de León.

10/NAD/LR/LGL

martes, 31 de agosto de 2010

Por la defensa y el avance de los derechos de las mujeres

Por  Yunuhen Rangel Medina

Zacatecas, Zac. 30 ago 10 (CIMAC).- Con la demanda de libertad para las seis mujeres presas por aborto en Guanajuato, y el apoyo absoluto para las mujeres indígenas de la comunidad triqui en San Juan Copala, Oaxaca, concluyó el Encuentro Nacional Feminista (ENF), que reunió aquí a más de dos mil 400 mujeres del país, luego de 18 años de no hacerlo.

Durante tres días, reconocidas feministas, y las jóvenes generaciones confirmaron la agenda política actual, el rumbo y los retos para el movimiento con la certeza de que “el feminismo es una alternativa imprescindible que contribuye a construir el país que queremos”.

Recolectaron firmas de apoyo para demandar la libertad de las mujeres en Guanajuato, un estado de la república que incluye en su Código Penal la  criminalización del aborto y el único que no cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Para las mujeres, niñas y niños de San Juan Copala, Oaxaca, las feministas externaron su apoyo absoluto, exigieron el cese a la violencia, y a los ataques cometidos contra esta comunidad que se encuentra en resistencia.

Demandaron a las autoridades una respuesta pronta y positiva para que las mujeres y sus hijas e hijos, que se encuentran en plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, puedan volver a su comunidad en condiciones de seguridad, acceso a la educación y a una vida digna que el Estado esta obligado a garantizar.

Al dar lectura al pronunciamiento base, cuya redacción final está en proceso, subrayaron que la guerra desatada desde el gobierno ha permitido y propiciado la militarización del país.

Dicha situación criminaliza la protesta social e incrementa la persecución  de defensoras de los derechos humanos, “justificando la subordinación de todo el sistema de seguridad nacional a los intereses de Estados Unidos”.

Por ello, dijeron, ratifican su repudio a todas las formas de militarización del país y reconocen los aportes de las feministas de Chihuahua para erradicar la violencia estructural contra las mujeres, el feminicidio en primer lugar.

El pronunciamiento feminista también destaca el compromiso para la defensa y el avance de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia para las mujeres. La no militarización, lucha contra la pobreza y por el derecho a decidir, entre otros.

Consideraron fundamental la rearticulación del movimiento feminista para permitir el avance de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Sobre la posibilidad de un próximo encuentro, hubo propuestas de las compañeras de Jalisco, Veracruz y Sinaloa para llevar a cabo encuentros previos y/o regionales. No hubo una definición para el próximo encuentro y tomaron como fecha probable el 2012.

Hubo un gran reconocimiento para el comité promotor del encuentro y un agradecimiento para las anfitrionas de Zacatecas, “Vamos caminando por el conocimiento y apropiación de todos los derechos enunciados y por enunciar, en la formación de un mundo diferente”, precisa el pronunciamiento.


10/YR/LR/LGL

Puebla es el cuarto estado con más problemas de control natal: Conapo

AMÉRICA FARÍAS OCAMPO


Puebla es la cuarta entidad con mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; es decir, con un número de mujeres en edad fértil que desean espaciar o limitar su descendencia, pero que no utilizan ningún método de control natal para lograr uno u otro fin, revela el informe La Situación Actual de los Jóvenes en México, publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en el presente año.

La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos refleja los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer una sexualidad libre de consecuencias no esperadas ni deseadas. Entre esas dificultades resaltan la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, la imposibilidad del acceso a los mismos o el temor a efectos colaterales, miedo que frecuentemente se nutre de información que no está basada en evidencia científica.

El informe también señala que la entidad poblana, junto con Baja California Sur, tiene el octavo nivel más alto de mortalidad en la población juvenil, pero lo más grave, subraya, es que fallecen por exponerse a actividades de alto riesgo, que requieren de políticas preventivas y sanitarias muy específicas.

En Puebla, el índice de mujeres jóvenes que viven unidas y que no hacen uso de algún método anticonceptivo es de 26.4 por ciento, mientras que la media nacional se ubica en 19.7 por ciento.

El Conapo resalta que las entidades con mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos son las mismas que representan históricamente las más altas tasas de mortalidad materna: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, estados donde también se concentran los municipios con las peores condiciones en salud.

De acuerdo con la gráfica que presenta el informe del Conapo, Chiapas es el estado donde existe la mayor demanda insatisfecha de mujeres jóvenes unidas en edad fértil, con 38.6 por ciento; después le sigue Oaxaca, con 29 por ciento; Guerrero, con 28.9 por ciento, y Puebla, con 26.4 por ciento.

En cambio, Sonora es el estado que tiene el índice más bajo en demanda insatisfecha, con 9.6 por ciento, seguido de Nuevo León, Colima y Nayarit.

El informe resalta que “las deficiencias en el servicio que brindan las instituciones públicas de salud en cuanto a repartición de métodos de planificación familiar e información, ha forzado a la población a ejercer un gasto para el que existe presupuesto público, dado que constituye un derecho del cual el Estado es garante”.

Agrega que “las deficiencias en el sector salud en cuanto a abastecimiento de métodos anticonceptivos resultan críticas, pues la persistencia de las barreras institucionales en el acceso a atención, métodos de planificación familiar y cuidado de la salud sexual orientan a los jóvenes hacia proveedores privados para los que requieren un poder adquisitivo que frecuentemente no tienen, y en el peor de los escenarios, las dificultades experimentadas inhiben la anticoncepción en la actividad sexual”.

A nivel local, no existe un fondo especial en el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para la adquisición de métodos anticonceptivos. Se obtienen a través de la partida 2505, que corresponde al material de curación.

A través de la solicitud de información PUE–2009–000481, la Secretaría de Salud local informó a La Jornada de Oriente que las jurisdicciones sanitarias no cuentan con condones para repartir a la población, y que dicho insumo llega a ellas de “manera temporal”.

Indicó que la Ssa envía métodos anticonceptivos a todas las unidades médicas del estado de acuerdo al número de población que existe en la región que se ubica, así como al historial de la demanda de éstos.

Usuarias de métodos
anticonceptivos

El informe sobre la situación actual de los jóvenes en México indica que Puebla está casi cinco puntos abajo del promedio nacional en el índice de mujeres jóvenes usuarias de métodos anticonceptivos, mientras a nivel nacional el uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil es de 57.8 por ciento, en Puebla el índice apenas es de 53.1 por ciento.

Del total de mujeres unidas que sí utiliza algún método anticonceptivo una de cada tres utiliza el dispositivo intrauterino para regular la fecundidad y sólo dos de cada 10 utiliza condón para también protegerse de infecciones de transmisión sexual.

El estudio enfatiza que “para las mujeres unidas es relativamente natural no utilizar condón en sus relaciones sexuales porque actúan bajo el ‘supuesto’ de que se trata de relaciones monogámicas entre personas sanas. Sin embargo, mientras no usen preservativos, siguen expuestas al contagio de enfermedades de tipo sexual”.

Mortalidad

La entidad poblana, junto con Baja California Sur, refiere el informe, tiene el octavo índice más alto de mortalidad en la población joven. En ambas entidades el porcentaje de fallecimientos en este grupo es de 3.2 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 2.6 por ciento.

Los hombres, destaca el Conapo, tienen mayor riesgo de fallecer en la etapa juvenil que las mujeres, ello debido a que se exponen con mayor frecuencia a actividades de alto riesgo.

Los accidentes y lesiones son las principales causas de muerte en este grupo de la población, es decir, puntualiza el documento, se trata de muertes prevenibles que requieren de políticas preventivas y sanitarias muy específicas.

A nivel nacional, las defunciones en la población joven pasaron de 3.3 por ciento en 1970 a 2.6 por ciento en 2010. Sin embargo, los niveles de mortalidad en este grupo se han reducido a un ritmo menor en comparación con el descenso en los índices de fallecimientos en los infantes, que pasó de 43.6 por ciento en 1970 a 6 por ciento en 2010.

Población joven

En este indicador, Puebla se ubica arriba de la media nacional, pues mientras el promedio de proporción de jóvenes en México es de 18.7 por ciento, en la entidad el porcentaje es de 19.6 por ciento.

Según el Consejo Nacional de Población en este 2010 la entidad registra una tasa de crecimiento de población joven de 0.54 por ciento, ello debido a que enfrenta transiciones demográficas menos avanzadas, tiene bajos niveles de desarrollo social y presenta importantes movimientos migratorios.

También se ubica en la lista de las 10 entidades federativas que presentan mayor proporción de jóvenes indígenas, con porcentajes entre 23 y 20 por ciento.

lunes, 30 de agosto de 2010

Planteará el PRD reformas para que el Ejecutivo sea sujeto de juicio político

En su agenda legislativa propondrá que en la Constitución sea explícito que México es Estado laico
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 29 de agosto de 2010, p. 13

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados impulsará una agenda estratégica de reformas constitucionales y leyes que fomenten el desarrollo de la democracia, el equilibrio de poderes y políticas laboral, educativa, en ciencia, tecnología y cultura, además de cambios sustantivos en los ámbitos fiscal y económico.

Mañana, durante su reunión plenaria, el sol azteca elaborará su agenda legislativa, la cual pretende instaurar un nuevo régimen orientado al desarrollo con justicia social; igualdad de derechos y oportunidades, libre de prácticas discriminatorias; transparencia en el manejo de información y recursos públicos, así como rendición de cuentas de servidores públicos y representantes populares.

En el ámbito de la delimitación de los poderes del Estado, los perredistas propondrán un cambio a la
Constitución para explicitar que México es un Estado laico e incluyente. En la actualidad se encuentra seriamente amenazado por una derecha que pretende destruir este principio histórico, trasgrediendo las leyes y embistiendo los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y criminalizando su albedrío en más de la mitad de los estados del país.

Nuevo reglamento para la Cámara de Diputados

En lo particular, la agenda perredista incluirá que se expida un nuevo reglamento de gobierno interior de la Cámara de Diputados, con el propósito de facultarla para que participe en la ratificación de tratados internacionales; expedir la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de derecho de réplica, así como modificarlo para establecer la libertad informativa en todas sus formas y manifestaciones, pues es un derecho fundamental inherente a todas las personas.

El Congreso de la Unión –señala– también debería ratificar y revocar los nombramientos de los miembros del gabinete, convertir al presidente de la República en sujeto de juicio político, aplicar sanciones penales a los individuos que siendo convocados a comparecer ante el Legislativo incumplan con esa obligación. Otra reforma constitucional contemplaría los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, concediendo al Congreso la facultad para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.

En el terreno electoral, los cambios que impulsarán los perredistas buscan establecer sanciones a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que no transmitan los mensajes comiciales conforme a las pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral, que alteren o distorsionen los mensajes o que denigren a partidos, candidatos o instituciones. Asimismo, contempla que se creen nuevas causales de nulidad por medio de la Ley General de Medios de Impugnación que sancione conductas como la intervención del presidente de la República, el rebase de los topes de campaña y la utilización indebida de recursos públicos o privados en éstas. También prevé la creación del instituto nacional electoral y de participación ciudadana, una procuraduría electoral y una nueva ley de partidos y organizaciones políticas.

Respecto a garantías fundamentales, equidad, justicia y seguridad pública, el PRD pretende la ciudadanización y el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, impulsar las leyes de protección a activistas en la materia y la de ejecución de sanciones penales, así como una ley federal de amnistía.

En materia fiscal y económica, la propuesta contempla elaborar un censo nacional de contribuyentes, promover una reforma hacendaria y modificar la ley de coordinación fiscal para incrementar los apoyos a los municipios del país, por medio de un fondo especial, con mecanismos de rendición de cuentas; revisar los criterios del fondo de aportaciones para la educación básica, incluyendo el criterio de marginalidad o de desarrollo en las entidades para evitar asimetrías; revisar la estructura del gasto público e impulsar el presupuesto con enfoque de género, entre otros temas.