En México hay más mujeres analfabetas que profesionistas, aseguró la experta de México para el seguimiento de la Convención para Prevenir y sancionar la violencia contra la mujer de la Organización de Estados Americanos.
En México hay más mujeres analfabetas que profesionistas, aseguró la experta de México para el seguimiento de la Convención para Prevenir y sancionar la violencia contra la mujer de la Organización de Estados Americanos, Patricia Olamendi Torres.
Destacó que la participación política de este sector en los municipios mexicanos es de aproximadamente 4 por ciento, lo cual es mínimo comparado con 96 por ciento que ocupa el hombre.
Estas cifras son, entre otras, las razones por las que nuestro país se encuentra tan mal calificado a nivel internacional en materia de equidad de género, ya que se consideran violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres.
“Como nunca, México enfrenta recomendaciones severas y señalamientos por violaciones graves a los derechos de las mujeres”.
La especialista asegura que ya ha quedado demostrado que cuando se beneficia a las mujeres, se le hace un bien a la familia y a la sociedad.
Olamendi llamó a los distintos órdenes de gobierno a generar políticas que conlleven cambios radicales en materia de equidad de género, a efecto de reconocer la participación activa de todos.
“Se trata de reconocer la igualdad y prohibir la discriminación y también lograr tejer un escudo contra la impunidad, porque si se es igual en la ley, también se es igual en la vida”.
Son urgentes los cambios jurídicos en la legislación civil, penal, administrativa y laboral que permitan al sector femenino un mayor ejercicio de sus derechos.
“Queda claro, porque en el Estado de México ya ocurre, que sí es posible que las leyes laborales sancionen el hostigamiento sexual y la discriminación”.
Dijo que en la entidad ya se reformaron varias disposiciones legales para erradicar la violencia familiar, el cual será sancionado con cárcel; además, el agresor será obligado a recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico o de reeducación con perspectiva de género.
Otra de las medidas busca evitar que las víctimas de rapto, violación y violencia sean obligadas a casarse con su agresor; en este caso, la reforma considera que el rapto se equipara con los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro y violación, según sea el caso. Además se modificó el modo de sancionar el rapto, y ahora se consideran penas de hasta 60 años de cárcel.
Horacio López
No hay comentarios:
Publicar un comentario