Aunque existe una persecución clara contra las mujeres que deciden abortar, hasta el momento no hay averiguaciones previas que motiven el encarcelamiento, así lo informó la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, quien en marzo de 2009 se opuso a las modificaciones a la constitución -propuestas por su partido- para fincar acción penal contra aquellas que interrumpan su embarazo.
“No tenemos ese problema hasta este momento por fortuna, los casos que se han comentado en ese sentido, no tienen todavía integrada ninguna averiguación derivado de que no hay pruebas que sustenten que estas mujeres lo hayan provocado, sino que en todos los casos la probanza justa es que fueron interrupciones espontaneas”, abundó.
En entrevista, negó que hasta la fecha haya procesos penales contra aquellas que optan por deshacerse del producto, pero sí delató que existe marcaje personal para aplicar la ley si es que cometen este delito.
“Seguramente que sí (hay persecución) porque los hospitales han dado cuenta cuando llega un caso de esta naturaleza al ministerio público, eso es persecución pero la ventaja que tenemos es que no han podido comprobar que hayan sido abortos inducidos”, sostuvo.
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