La Jornada de Oriente OPINION Las “buenas conciencias”: entre la homofobia legalizada y la preferencia homosexual penalizada

WULFRANO TORRES PÉREZ* Si la simple preferencia sexual nos hiciera mejores o peores personas, ¿qué sentido tendría “la educación, la religión, la ética y la misma psicología? ¿Qué de racional, profesional, moral y legal tiene clasificar y sancionar a las personas por la elección de su objeto amoroso? ¿La elección no convencional del compañero sexual entre adultos justifica la violación de sus derechos?, en esta absurda lógica ¿cuál debería ser la sanción para aquéllos y aquéllas que se niegan a tener un compañero sexual? ¿Si éstos tienen derecho a hacer uso de esta libertad, por qué aquéllos no? El cardenal Rivera, el mismo que protegió al cura pederasta que oficiaba en la diócesis de Tehuacán cuando él era su obispo y que ni siquiera se ruborizó por los abusos cometidos por el señor Maciel, ahora exhorta a los católicos a desobedecer a las leyes de los hombres (refiriéndose a aquéllas que legalizan el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo aprobadas recientemente en el Distrito Federal) si se contraponen a las leyes de dios (¿al diablo con sus instituciones?); el señor Calderón, como buen feligrés y atendiendo a las palabras de su pastor, utiliza a la PGR para condenar y promover la controversia en contra de este tipo de matrimonios y de la posibilidad de adopción. En su confusión (¿o ignorancia?) Calderón recurre a “razones” jurídicas con el argumento de que la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer. Con todo respeto, señor Calderón, ¿no será que este argumento lo leyó usted en algún libro de religión y no en nuestra Carta Magna?, ¿o usted como abogado cree que la Constitución contenga mandatos que avalen la discriminación de las personas motivada por las preferencias, las opiniones, el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas? ¿Desde cuándo la derecha, el alto clero, los partidos políticos y el mismo gobierno federal y sus pares locales se han preocupado realmente por la suerte de millones de niños que viven en la pobreza?; ¿alguna vez estas conciencias han mostrado atención y conocen los requisitos que deberían considerarse para asegurar los intereses del niño en un proceso de adopción?, su moral sólo les alcanza para hacer leyes que castiguen a la mujer que aborta y para prohibir que una pareja homosexual pueda adoptar a un niño, como si el ser heterosexual garantizara la calidad humana para hacerse cargo de la crianza de un niño(a). ¿Qué han hecho estas falsas conciencias para castigar la pederastia, el comercio sexual infantil del que son objeto nuestros niños (junto con Brasil ocupamos los vergonzosos primeros lugares en este rubro en América Latina); nunca alzaron la voz para indignarse y menos para hacer justicia a los niños (y sus padres) que murieron en la guardería ABC en Coahuila. Son los mismos panistas los que se oponen a crear leyes que prohíban la venta en las escuelas de comida chatarra y que regulen su publicidad en los medios a pesar de que dichos productos contribuyen a que a nivel mundial ocupamos el segundo lugar con niños obesos y con sobrepeso; un gobierno que es capaz de poner la educación de millones de niños en manos de una mafia sindical que recibe como pago por sus servicios prestados en el paso fraude electoral de 2006. La doble moral de estas “buenas conciencias” sólo les alcanza para vigilar y castigar lo que ellas deciden que así sea; se sienten con el “derecho divino” de imponer su moral al resto de los mortales; suelen ser severos e intolerantes hacia el ejercicio libremente adulto de la sexualidad, pero suelen ser complacientes, promotores y hasta protagonistas de la discriminación, la injusticia, la corrupción, de los negocios privados y turbios a costa de los bienes públicos; son indiferentes ante la pobreza de millones de compatriotas, ante la violencia y la inmoral publicidad en los medios y ejercen el poder de manera arbitraria. Hacer respetar la preferencia sexual adulta de las personas es una obligación que debe garantizar el Estado; en términos de salud mental ha dejado de ser catalogada por los especialistas como señal de una anormalidad, mucho menos debería ser una justificación para discriminar y atentar en contra de los derechos de nadie. *Profesor–investigador, Facultad de Psicología, UAP