En lo que va de 2010, la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ) ha iniciado 12 averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas y ha detectado a 40 personas implicadas con las redes criminales que utilizan a la gente para explotación sexual o laboral, informó la diputada local Malinalli García Ruiz.
Señaló que en la primera sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del Congreso local se presentará ante el pleno el dictamen de la iniciativa de Ley contra la Trata de Personas para que se someta a votación su aprobación.
La miembro de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del estado indicó que mediante esta iniciativa que propuso en marzo del presente año se buscará que la pena que se imponga a aquellas personas que comercialicen con menores de 18 y mayores de 60 años pase de cuatro a 18 años de prisión, y se castigue con mayor severidad a las personas que soliciten servicios sexuales con las mujeres que son utilizadas para explotación sexual.
En la entidad sólo se sanciona con una pena de cuatro a nueve años de prisión a una persona que trafica con humanos, es decir, la condena es tres veces menor que la pena máxima considerada para prevenir y sancionar este delito, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que a nivel nacional sólo se ha realizado una sentencia condenatoria contra la trata de personas.
Refirió que está iniciativa de ley ya fue consensuada con miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Nacional de Migración, el área de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, Organizaciones no gubernamentales y el área jurídica del Congreso local, por ser las instituciones que intervienen en los casos de tráfico de personas, ya sea para atención a las víctimas o para investigar y castigar a los miembros de las redes criminales.
Abundó que a nivel estatal no se tiene una base de datos “confiable” que indique la situación real sobre la trata de personas.
Sin embargo, refirió que de acuerdo a datos de un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS), Puebla es un punto de cruce de dos rutas que utilizan bandas dedicadas al tráfico de personas para la prostitución.
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