Puebla podría convertirse en otro Guanajuato, alertan

PUEBLA

Debido a que la entidad no ha despenalizado el aborto, 30 mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por realizar dicha práctica, dijo la diputada priísta Rocío García Olmedo.

Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra mujeres que han abortado involuntariamente, producto de complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.

Anunció que como legisladora y principal promotora del “derecho a decidir” brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia.

“Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente”, explicó.

Anunció que desde marzo del año 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto.

Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual Legislatura, ya que tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada “Ley de la Familia” o “Ley Bailleres”, con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.

Explicó que para revertir esta norma es necesario que 33% de los diputados del Congreso le otorgue una firma para interponer la inconstitucionalidad.

Sin embargo, advirtió, los diputados electos, quienes legislarán los próximos tres años a partir de febrero próximo, son en su mayoría emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla —integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia—, por lo que consideró que sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay.

Exhortó a los legisladores, incluidos sus correligionarios, a conscientizar sobre la necesidad de privilegiar una agenda legislativa equitativa, ya que de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato, en referencia a los procesos judiciales en contra de media docena de mujeres acusadas de aborto.

“No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva… esperemos que no se presente ninguna persecución”.

Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad.

Del total, cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que están en espera de una sentencia.