El parlamentario que recientemente presentó la iniciativa de ley ante el Congreso del estado de Puebla para legalizar el sexoservicio como un comercio más, garantizó que la medida extinguiría la corrupción, extorsión y explotación sexual infantil.
No obstante, lamentó que la propuesta se haya enviado ‘a la congeladora' al ser turnada a las comisiones de Equidad y Género; así como a la de Gobernación para su análisis.
‘Estas propuestas son difíciles porque las cúpulas del poder en el estado de Puebla son conservadoras o sea es la Iglesia católica, las cúpulas del PRI, del PAN, los organismos empresariales, la agrupación de Padres de Familia, todos, son de corte conservador y religiosos, pero la sociedad es mucho más liberal, necesitamos poner en una caja de cristal todo lo que ahora está en tinieblas', comentó.
Detalló que, de aprobarse la iniciativa, las casas de citas, prostíbulos y table dances pagarían impuestos, serían inspeccionados por los ayuntamientos para verificar que no cohabitan infantes en los inmuebles y se someterían a una revisión sanitaria minuciosa.
Además los sexoservidores -de cualquier género- se empadronarían para obtener una tarjeta que avale su oficio con datos como su nombre, fotografía, domicilio particular, domicilio de la empresa para la que trabajan y diagnóstico médico, éste último para impedir contagio de enfermedades venéreas.
Al preguntarle si la licitud de la prostitución incrementaría el reclutamiento de menores de edad o la explotación sexual, rechazó tajante la posibilidad, al decir que resulta obvio que legalizar la actividad transparentaría su origen y alcances.
Recalcó además que las administraciones estatal y municipal reúnen cientos de millones de pesos mensualmente por sobornos, situación que también acabaría con la legalización.
Defendió la iniciativa al decir que como cualquier otro sujeto económicamente activo los prostitutos tienen derecho de acceder a seguridad social, créditos para la vivienda, pensiones, aguinaldo y todo tipo de prestación laboral.
Los requisitos para el ejercicio de la prostitución, explicó, es que sean personas conscientes, mayores de edad, sin ningún déficit mental y que por decisión propia deseen brindar servicios sexuales.
mtr/ sgf
No obstante, lamentó que la propuesta se haya enviado ‘a la congeladora' al ser turnada a las comisiones de Equidad y Género; así como a la de Gobernación para su análisis.
‘Estas propuestas son difíciles porque las cúpulas del poder en el estado de Puebla son conservadoras o sea es la Iglesia católica, las cúpulas del PRI, del PAN, los organismos empresariales, la agrupación de Padres de Familia, todos, son de corte conservador y religiosos, pero la sociedad es mucho más liberal, necesitamos poner en una caja de cristal todo lo que ahora está en tinieblas', comentó.
Detalló que, de aprobarse la iniciativa, las casas de citas, prostíbulos y table dances pagarían impuestos, serían inspeccionados por los ayuntamientos para verificar que no cohabitan infantes en los inmuebles y se someterían a una revisión sanitaria minuciosa.
Además los sexoservidores -de cualquier género- se empadronarían para obtener una tarjeta que avale su oficio con datos como su nombre, fotografía, domicilio particular, domicilio de la empresa para la que trabajan y diagnóstico médico, éste último para impedir contagio de enfermedades venéreas.
Al preguntarle si la licitud de la prostitución incrementaría el reclutamiento de menores de edad o la explotación sexual, rechazó tajante la posibilidad, al decir que resulta obvio que legalizar la actividad transparentaría su origen y alcances.
Recalcó además que las administraciones estatal y municipal reúnen cientos de millones de pesos mensualmente por sobornos, situación que también acabaría con la legalización.
Defendió la iniciativa al decir que como cualquier otro sujeto económicamente activo los prostitutos tienen derecho de acceder a seguridad social, créditos para la vivienda, pensiones, aguinaldo y todo tipo de prestación laboral.
Los requisitos para el ejercicio de la prostitución, explicó, es que sean personas conscientes, mayores de edad, sin ningún déficit mental y que por decisión propia deseen brindar servicios sexuales.
mtr/ sgf
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