Seis de las siete mujeres sentenciadas hace más de tres años pueden salir libres.
Guanajuato y México.- El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, presentó ayer una iniciativa ante el Congreso estatal para disminuir las penas de homicidio en razón de parentesco, que de aprobarse facilitará la liberación de las mujeres que ya hayan purgado parte de su pena.
De las siete internas presas por ese delito, seis pueden salir en libertad pues fueron sentenciadas hace más de tres años, siempre y cuando su caso se relacione con las nuevas tipificaciones que propone el mandatario estatal para el Código Penal local.
Oliva explicó que el número de años en prisión puede ser de entre tres y ocho, cuando el código actual señala un castigo de 25 a 35.
Sin embargo, las penas se reducirán solo en los casos en que se asegure que la madre fue la autora material del homicidio y cuya conducta se deba a razones sociales y culturales.
Por ello, el gobernador consideró que el Código Penal actual es inadecuado “al penalizarlas con exceso”.
Además, comentó que la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal después de una investigación, concluyó que en Guanajuato no existen mujeres procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto, y que las garantías de las mismas fueron salvaguardadas y no se advirtieron elementos de criminalización.
Reiteró la firma de un convenio con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en su oficina de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría de Derechos Humanos, mismo que forma parte de los compromisos del gobierno estatal de mejorar las condiciones legales de las mujeres.
Finalmente, anunció la creación de una iniciativa que garantice y amplíe los derechos de las mujeres, bajo el marco legal existente.
Recomendaciones
El procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, envió las recomendaciones a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo para la adecuación al
Código Penal estatal, donde pide penas menores al homicidio en razón de parentesco.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, advirtió que hay un problema de género en los procesos de encarcelamiento que se llevan a cabo en Guanajuato sobre mujeres que han abortado, además de la prostitución que hay en las cárceles.
“Lo que estamos viendo en Guanajuato es una muestra de cómo se puede utilizar al derecho para evitar que las mujeres decididan sobre su cuerpo, aunque hay una decisión moral y jurídica en todo el país sobre este tema”, señaló.
Aseguró que esas mujeres están siendo victimizadas y que sufren de una triple penalización, pues a pesar de que en Guanajuato el aborto es ilegal, a ellas se les acusa de homicidio en relación de parentesco, que es un delito aún más grave.
De las siete internas presas por ese delito, seis pueden salir en libertad pues fueron sentenciadas hace más de tres años, siempre y cuando su caso se relacione con las nuevas tipificaciones que propone el mandatario estatal para el Código Penal local.
Oliva explicó que el número de años en prisión puede ser de entre tres y ocho, cuando el código actual señala un castigo de 25 a 35.
Sin embargo, las penas se reducirán solo en los casos en que se asegure que la madre fue la autora material del homicidio y cuya conducta se deba a razones sociales y culturales.
Por ello, el gobernador consideró que el Código Penal actual es inadecuado “al penalizarlas con exceso”.
Además, comentó que la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal después de una investigación, concluyó que en Guanajuato no existen mujeres procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto, y que las garantías de las mismas fueron salvaguardadas y no se advirtieron elementos de criminalización.
Reiteró la firma de un convenio con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en su oficina de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría de Derechos Humanos, mismo que forma parte de los compromisos del gobierno estatal de mejorar las condiciones legales de las mujeres.
Finalmente, anunció la creación de una iniciativa que garantice y amplíe los derechos de las mujeres, bajo el marco legal existente.
Recomendaciones
El procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, envió las recomendaciones a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo para la adecuación al
Código Penal estatal, donde pide penas menores al homicidio en razón de parentesco.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, advirtió que hay un problema de género en los procesos de encarcelamiento que se llevan a cabo en Guanajuato sobre mujeres que han abortado, además de la prostitución que hay en las cárceles.
“Lo que estamos viendo en Guanajuato es una muestra de cómo se puede utilizar al derecho para evitar que las mujeres decididan sobre su cuerpo, aunque hay una decisión moral y jurídica en todo el país sobre este tema”, señaló.
Aseguró que esas mujeres están siendo victimizadas y que sufren de una triple penalización, pues a pesar de que en Guanajuato el aborto es ilegal, a ellas se les acusa de homicidio en relación de parentesco, que es un delito aún más grave.
Pedro Domínguez y Enrique Huerta
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