Por la Redacción
México, DF, 4 jun10 (CIMAC).- En México, un promedio de tres mujeres pierden la vida al día, por causas que tienen que ver con la maternidad. Ante esta realidad, Cimac elaboró la Web 2.0 que servirá como vínculo entre expertas, expertos, periodistas, organizaciones y la sociedad civil para generar información, a favor de los derechos de las mujeres.
Durante la presentación de la página Web 2.0 El Rostro de la Mortalidad Materna, que se realiza gracias al apoyo de John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, en el Centro Cultural España, Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC, recordó que desde su fundación, esta institución se ha interesado por evidenciar en los medios de comunicación, la condición en la que viven las mujeres.
“Nuestra misión es generar y publicar información noticiosa, promover que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano en los medios, como una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades y propuestas”, dijo Lagunes Huerta.
En este sentido, dijo, se creó la Web 2.0, como un espacio para todas y todos, en el que confluyan opiniones de las organizaciones y personas expertas, así como de quienes trabajan en legislar, e investigar a favor de los derechos de las mujeres.
La página, dijo Lagunes Huerta, servirá como un vínculo entre todos los sectores de la sociedad, periodistas y público en general, para acompañar la maternidad voluntaria, informar y visibilizar los problemas en torno a ésta, así como a realizar acciones conjuntas a favor de mejores condiciones para las mujeres.
La presentación de la Web 2.0 estuvo a cargo de Yunhuen Rangel, en representación de Erika Cervantes, coordinadora de las redes de periodistas que trabajan con CIMAC, quien habló sobre la importancia de democratizar a los medios de comunicación y visibilizar la condición social de las mujeres, en especial, el derecho a la maternidad y a la salud reproductiva.
El rostro de la mortalidad materna no son únicamente mujeres embarazadas o números de una estadística, sino seres humanos, de ahí la importancia de alimentar la página para seguir trabajando en favor de los derechos de las mujeres y dejen de morir al ejercer su derecho a la maternidad.
La Web 2.0 El Rostro de la Mortalidad Materna estará en línea a partir de este 4 de junio en el link http://www.elrostrodelamortalidadmaterna.cimac.org.mx
10/CCO/LGL
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jueves, 10 de junio de 2010
Anuncian proyecto para empoderar a las mujeres en las TIC
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 8 jun 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil (OSC), implementarán en México el proyecto denominado: “ODM3, Dominemos la Tecnología, para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas”, a fin de vigorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para combatir la violencia de género.
El documento del proyecto elaborado por Beatriz Cavazos, directora de la organización Modemmujer, señala que con este plan se busca la creación de una comunidad global de mujeres, adolescentes y niñas, que sean críticas frente a las herramientas que son manipuladas para fomentar la violencia y perpetuar la desigualdad de género.
Ante ello el ODM3, plantea la realización de investigaciones y análisis sobre las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la TIC, así como su incidencia en la creación de las mismas con un especial interés en profundizar sobre el tema de la violencia de género ejercida contra niñas, jóvenes y mujeres desde el uso de estas nuevas tecnologías.
Uno de los objetivos del proyecto, que se centra en los contextos nacionales, es impulsar el diálogo y desarrollo de soluciones colectivas entre las participantes, con el fin de fortalecer las redes a nivel nacional, regional e internacional para que puedan realizar acciones y contrarrestar la violencia contra las mujeres creando conciencia sobre esta gran problemática.
Este proyecto se aplica en 12 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, en esta región los países en los que se aplica son: Colombia, Argentina, Brasil y ahora México donde durará tres años.
En el documento, se indica que el plan reconoce que hay una brecha digital debido a las desigualdades de género, que son indispensables acotar, toda vez que las mujeres deben acceder a sus derechos a las nuevas tecnologías, a adquirir conocimientos y desarrollar habilidades.
Tales como “participar en la toma de decisiones, obtener la información que necesiten, comunicarse y movilizarse con otras organizaciones en aras de sus demandas fomentando su empoderamiento”.
Las participantes a nivel mundial, afirman estar comprometidas en incorporar la perspectiva de género y utilizar las TIC, como una herramienta para garantizar el empoderamiento de las mujeres y su participación en todas las esferas de la sociedad incluyendo la de la información.
El programa ODM3, realizará un intercambio tecnológico feminista; apoyará y dará seguimiento a organizaciones que contribuyan a la prevención, atención, sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres y considere el vínculo con las TIC, además de que impulsará para que más organizaciones se involucren en el tema.
El proyecto esta financiado por el gobierno holandés, por el fondo “Objetivos del Milenio3”, y por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Red mundial de organizaciones de la sociedad civil fundada en 1990.
La misión de APC, es empoderar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y a la ciudadanía en general en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En materia de derechos de las mujeres APC, realiza su trabajo a través del programa de Apoyo a las Redes de Mujeres, red internacional que desde 1993 promueve el trabajo en red por el cambio social de las mujeres, y su empoderamiento.
10/GTR/LR/LGL
México, DF, 8 jun 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil (OSC), implementarán en México el proyecto denominado: “ODM3, Dominemos la Tecnología, para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas”, a fin de vigorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para combatir la violencia de género.
El documento del proyecto elaborado por Beatriz Cavazos, directora de la organización Modemmujer, señala que con este plan se busca la creación de una comunidad global de mujeres, adolescentes y niñas, que sean críticas frente a las herramientas que son manipuladas para fomentar la violencia y perpetuar la desigualdad de género.
Ante ello el ODM3, plantea la realización de investigaciones y análisis sobre las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la TIC, así como su incidencia en la creación de las mismas con un especial interés en profundizar sobre el tema de la violencia de género ejercida contra niñas, jóvenes y mujeres desde el uso de estas nuevas tecnologías.
Uno de los objetivos del proyecto, que se centra en los contextos nacionales, es impulsar el diálogo y desarrollo de soluciones colectivas entre las participantes, con el fin de fortalecer las redes a nivel nacional, regional e internacional para que puedan realizar acciones y contrarrestar la violencia contra las mujeres creando conciencia sobre esta gran problemática.
Este proyecto se aplica en 12 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, en esta región los países en los que se aplica son: Colombia, Argentina, Brasil y ahora México donde durará tres años.
En el documento, se indica que el plan reconoce que hay una brecha digital debido a las desigualdades de género, que son indispensables acotar, toda vez que las mujeres deben acceder a sus derechos a las nuevas tecnologías, a adquirir conocimientos y desarrollar habilidades.
Tales como “participar en la toma de decisiones, obtener la información que necesiten, comunicarse y movilizarse con otras organizaciones en aras de sus demandas fomentando su empoderamiento”.
Las participantes a nivel mundial, afirman estar comprometidas en incorporar la perspectiva de género y utilizar las TIC, como una herramienta para garantizar el empoderamiento de las mujeres y su participación en todas las esferas de la sociedad incluyendo la de la información.
El programa ODM3, realizará un intercambio tecnológico feminista; apoyará y dará seguimiento a organizaciones que contribuyan a la prevención, atención, sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres y considere el vínculo con las TIC, además de que impulsará para que más organizaciones se involucren en el tema.
El proyecto esta financiado por el gobierno holandés, por el fondo “Objetivos del Milenio3”, y por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Red mundial de organizaciones de la sociedad civil fundada en 1990.
La misión de APC, es empoderar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y a la ciudadanía en general en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En materia de derechos de las mujeres APC, realiza su trabajo a través del programa de Apoyo a las Redes de Mujeres, red internacional que desde 1993 promueve el trabajo en red por el cambio social de las mujeres, y su empoderamiento.
10/GTR/LR/LGL
BC es ejemplo de intolerancia hacia derechos femeninos: Laura Gutiérrez
Por Lourdes Maldonado, corresponsal
Tijuana, B.C 9 jun 10 (CIMAC).- Baja California es el mejor ejemplo de la intolerancia hacia los derechos de las mujeres, y desde hace más de 20 años, que gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), sus autoridades han ido en contra de la Ley, como sucedió en 1999 con Paulina, una niña violada que fue obligada a dar a luz, aunque existía la orden de un juez para practicarle un aborto.
Así se manifestó aquí la directora de la organización “Mujeres Unidas”, Laura Gutiérrez, al celebrar la puesta en marcha de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, impulsada en forma simultánea en 9 estados del país por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) para informar a las mujeres sobre lo que dice al respecto la norma interna de la iglesia católica.
Añadió que a la fecha, en la entidad hay 596 mujeres en la cárcel por haber abortado por distintas causas y a la mayoría se les imputa el delito de homicidio culposo. Desde el 26 de diciembre del 2008 se reformó el Código Penal que respeta la vida desde la concepción y con ello, se reforzó la tendencia de criminalizar el aborto.
A su vez, la coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de CDD, Aidé García, sostuvo que la tendencia de los gobiernos de ultraderecha a criminalizar el aborto, ha provocado que surjan “confusiones” en los 17 estados del país, donde se reconoce la vida desde la concepción.
Ello porque después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la NOM 046, y se ordenó a las autoridades de salud del país, que las víctimas de violación deben recibir información clara y oportuna sobre la anticoncepción de emergencia, y si así lo deciden, tener acceso a la misma, esto será posible “
Con la campaña, dijo, buscamos dar a conocer a la población católica, la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan, que están establecidas en el Código de Derecho Canónico, que es la norma interna de la iglesia.
La campaña, que se lleva a cabo en Baja California, al igual que en 9 estados más, incluye la colocación de mensajes espectaculares en las vías de circulación más importantes.
Igualmente, durante todo el mes se transmitirán cápsulas de radio en dos estaciones de FM. Para mayores informes acudir a la página oficial de la organización www.catolicasmexico.org o marcar al número gratuito 018008373730.
10/LM/LR
Tijuana, B.C 9 jun 10 (CIMAC).- Baja California es el mejor ejemplo de la intolerancia hacia los derechos de las mujeres, y desde hace más de 20 años, que gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), sus autoridades han ido en contra de la Ley, como sucedió en 1999 con Paulina, una niña violada que fue obligada a dar a luz, aunque existía la orden de un juez para practicarle un aborto.
Así se manifestó aquí la directora de la organización “Mujeres Unidas”, Laura Gutiérrez, al celebrar la puesta en marcha de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, impulsada en forma simultánea en 9 estados del país por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) para informar a las mujeres sobre lo que dice al respecto la norma interna de la iglesia católica.
Añadió que a la fecha, en la entidad hay 596 mujeres en la cárcel por haber abortado por distintas causas y a la mayoría se les imputa el delito de homicidio culposo. Desde el 26 de diciembre del 2008 se reformó el Código Penal que respeta la vida desde la concepción y con ello, se reforzó la tendencia de criminalizar el aborto.
A su vez, la coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de CDD, Aidé García, sostuvo que la tendencia de los gobiernos de ultraderecha a criminalizar el aborto, ha provocado que surjan “confusiones” en los 17 estados del país, donde se reconoce la vida desde la concepción.
Ello porque después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la NOM 046, y se ordenó a las autoridades de salud del país, que las víctimas de violación deben recibir información clara y oportuna sobre la anticoncepción de emergencia, y si así lo deciden, tener acceso a la misma, esto será posible “
Con la campaña, dijo, buscamos dar a conocer a la población católica, la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan, que están establecidas en el Código de Derecho Canónico, que es la norma interna de la iglesia.
La campaña, que se lleva a cabo en Baja California, al igual que en 9 estados más, incluye la colocación de mensajes espectaculares en las vías de circulación más importantes.
Igualmente, durante todo el mes se transmitirán cápsulas de radio en dos estaciones de FM. Para mayores informes acudir a la página oficial de la organización www.catolicasmexico.org o marcar al número gratuito 018008373730.
10/LM/LR
Divulgan derechos de las mujeres en papel para tortillas
Luis A. Boffil Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 36
Mérida, Yuc., 9 de junio. El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) imprimió en pliegos de papel que se utilizan para envolver tortillas o masa los derechos humanos y legales de las mujeres indígenas para facilitarles que los conozcan, informó Abigail Uc Canché, directora de ese organismo del gobierno del estado.
Recordó que esta propuesta se canalizó a finales del año pasado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual autorizó al Indemaya la impresión de los derechos de la mujer en dicho material en lengua maya y en español.
El 18 de mayo comenzó la distribución de los impresos en los municipios rurales de Oxkutzcab y Tekax, localizados en el sur de la entidad.
Uc Canché señaló que se hizo una lista de 17 prerrogativas de las mujeres indígenas, como salud, educación, defensa de los derechos humanos, evitar la discriminación y la posibilidad de abortar si existen condiciones de riesgo para la salud, entre otros.
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 36
Mérida, Yuc., 9 de junio. El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) imprimió en pliegos de papel que se utilizan para envolver tortillas o masa los derechos humanos y legales de las mujeres indígenas para facilitarles que los conozcan, informó Abigail Uc Canché, directora de ese organismo del gobierno del estado.
Recordó que esta propuesta se canalizó a finales del año pasado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual autorizó al Indemaya la impresión de los derechos de la mujer en dicho material en lengua maya y en español.
El 18 de mayo comenzó la distribución de los impresos en los municipios rurales de Oxkutzcab y Tekax, localizados en el sur de la entidad.
Uc Canché señaló que se hizo una lista de 17 prerrogativas de las mujeres indígenas, como salud, educación, defensa de los derechos humanos, evitar la discriminación y la posibilidad de abortar si existen condiciones de riesgo para la salud, entre otros.
miércoles, 9 de junio de 2010
Ninguna creencia debe ser el eje de políticas públicas: Católicas
Por Mayra Flores Velasco, corresponsal
León, Gto. 2 jun 10 (CIMAC).- La ley que en el estado de Guanajuato establece la vida desde el momento de la concepción, es discriminatoria porque institucionaliza la violencia contra las mujeres, denunció Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.
Al participar en el arranque de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, impulsada por la organización “Católicas por el derecho a decidir en la entidad, López García dijo que es de suma importancia informar a la población de que ninguna de las creencias debe prevalecer y ser el eje de las políticas públicas como sucede en Guanajuato.
Como parte de las acciones del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y a tres años de haberse aprobado la ley del Distrito Federal que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, Católicas por el Derecho a Decidir informará a las mujeres sus derechos durante un mes en nueve estados del país.
Con presencia simultánea en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Querétaro, la campaña dará a conocer la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan, establecidas en el Código de Derecho Canónico, norma interna de la Iglesia católica.
Se trata, de difundir argumentos de la tradición católica que reconocen la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones en libertad de conciencia, que les permiten disentir de las enseñanzas morales de la jerarquía eclesiástica, precisa la organización de Católicas.
Durante el acto, el fraile Julián Cruz Alta de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir explicó que la campaña tendrá la intención de explicar la tradición católica en dilemas éticos pero respetando la libertad de conciencia.
Aclaró que la intención de Católicas por el Derecho a Decidir no es la de promover el aborto, sino de que las mujeres conozcan que tienen derecho a decidir y a tener información.
La campaña, apoyada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, difundirá las excluyentes a la pena de excomunión para las mujeres que abortan que son las siguientes:
Cuando la mujer es menor de 16 años, cuando actuó presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, si actuó para evitar un grave daño, cuando ignoraba que infringía una ley, si actuó en legítima defensa, si actuó por violencia o de manera accidental, cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental.
Por las razones anteriores, se puede afirmar que la jerarquía católica atenta contra la tradición y contra el Evangelio cuando condena a todas las mujeres que abortan sin considerar estas excluyentes, y cuando influye en las políticas públicas para penalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.
La campaña incluye mensajes en espectaculares y la transmisión de un spot de radio, así como información en la página Web de Católicas por el Derecho a Decidir (www.catolicasmexico.org) y de la línea telefónica 01800 837 3730, para conocer más a fondo los argumentos de la tradición católica que respaldan el derecho a decidir de las mujeres.
10/MFV/LR/LGL
León, Gto. 2 jun 10 (CIMAC).- La ley que en el estado de Guanajuato establece la vida desde el momento de la concepción, es discriminatoria porque institucionaliza la violencia contra las mujeres, denunció Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.
Al participar en el arranque de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, impulsada por la organización “Católicas por el derecho a decidir en la entidad, López García dijo que es de suma importancia informar a la población de que ninguna de las creencias debe prevalecer y ser el eje de las políticas públicas como sucede en Guanajuato.
Como parte de las acciones del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y a tres años de haberse aprobado la ley del Distrito Federal que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, Católicas por el Derecho a Decidir informará a las mujeres sus derechos durante un mes en nueve estados del país.
Con presencia simultánea en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Querétaro, la campaña dará a conocer la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan, establecidas en el Código de Derecho Canónico, norma interna de la Iglesia católica.
Se trata, de difundir argumentos de la tradición católica que reconocen la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones en libertad de conciencia, que les permiten disentir de las enseñanzas morales de la jerarquía eclesiástica, precisa la organización de Católicas.
Durante el acto, el fraile Julián Cruz Alta de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir explicó que la campaña tendrá la intención de explicar la tradición católica en dilemas éticos pero respetando la libertad de conciencia.
Aclaró que la intención de Católicas por el Derecho a Decidir no es la de promover el aborto, sino de que las mujeres conozcan que tienen derecho a decidir y a tener información.
La campaña, apoyada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, difundirá las excluyentes a la pena de excomunión para las mujeres que abortan que son las siguientes:
Cuando la mujer es menor de 16 años, cuando actuó presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, si actuó para evitar un grave daño, cuando ignoraba que infringía una ley, si actuó en legítima defensa, si actuó por violencia o de manera accidental, cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental.
Por las razones anteriores, se puede afirmar que la jerarquía católica atenta contra la tradición y contra el Evangelio cuando condena a todas las mujeres que abortan sin considerar estas excluyentes, y cuando influye en las políticas públicas para penalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.
La campaña incluye mensajes en espectaculares y la transmisión de un spot de radio, así como información en la página Web de Católicas por el Derecho a Decidir (www.catolicasmexico.org) y de la línea telefónica 01800 837 3730, para conocer más a fondo los argumentos de la tradición católica que respaldan el derecho a decidir de las mujeres.
10/MFV/LR/LGL
Secularización sexual
Gabriela Rodríguez
L
a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo ser más oportuna: en plena celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres los ministros declararon la constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que obliga a clínicas y hospitales, públicos y privados, a ofrecer la píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación para evitar que queden embarazadas. Se trata de un acto que reafirma el Estado laico y que muestra la secularización sexual de la sociedad mexicana.
Porque la laicidad del Estado implica una dimensión subjetiva en cada representante del Estado, quien tiene que separar su función pública de sus creencias personales, a fin de que estas últimas no interfieran con el derecho a la libertad de culto de la ciudadanía. No sé cuántos de los 11 magistrados son religiosos, pero los 10 que confirmaron la constitucionalidad de la NOM-046 afirmaron esa laicidad al evitar recurrir a principios religiosos y argumentar su dictamen con base en las evidencias científicas que demuestran que la anticoncepción de emergencia no es abortiva.
Tal como ocurrió hace tres años, en que la SCJN confirmó la constitucionalidad de la reforma al Código Penal que autorizó la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal, estos avances se apoyan en la secularización sexual de la sociedad. El término fue acuñado por el historiador inglés Jeffrey Weeks: "la secularización sexual es la distancia progresiva entre vida sexual y valores religiosos, que ocurre aun entre creyentes" (Sexualidad, Paidós/UNAM, México, 1998).
Hoy contamos con duros indicadores del grado de secularización sexual de nuestra sociedad: 3 por ciento se declara no creyente en el censo, cerca de 5 por ciento como cristiano y 5 en "otras", 87 como católico; este último grupo, aunque mayoritario, tiene diversas formas de vivir su adscripción religiosa. Es ilustrativa la Encuesta de Opinión Católica realizada el año pasado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que se aplicó a una muestra representativa en las 32 entidades del país: casi la mitad de la feligresía católica considera que la Iglesia debería promover el castigo penal cuando se comprueba que un sacerdote abusó sexualmente de un menor; 59 por ciento no quiere que se modifique la Constitución para impartir clases de religión en escuelas públicas. La pluralidad se expresa hasta en el valor asignado a las creencias y en el apego a los ritos: para una tercera parte la característica más sobresaliente de una persona católica es estar bautizada, creer en Dios lo es para 24 por ciento, cumplir con los 10 mandamientos para 22 por ciento y solamente 13 por ciento considera que ir a misa es una característica de identidad católica. La libertad no ocupa un lugar prioritario: los valores católicos señalados son el amor (27 por ciento), el perdón (20 por ciento), el respeto (19 por ciento) y la libertad (12 por ciento). Más de 70 por ciento apoyaría a la jerarquía si admitiera que se utilice cualquier método anticonceptivo y el uso del condón. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, 83 por ciento opina que los servicios de salud del Estado deberían ofrecerla a las víctimas de una violación y a quienes tuvieron relaciones sexuales sin protección (70 por ciento). Dos terceras partes consideran que los adolescentes deben tener acceso a servicios de orientación y a métodos anticonceptivos, apoyan que los libros de texto aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto así como el derecho de todas las personas a vivir su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales. El 57 por ciento está de acuerdo con que debe permitirse el aborto en algunas circunstancias, y una cuarta parte cuando la mujer así lo decide (24 por ciento), tal como se autoriza en la ciudad de México, aunque muchas mujeres de la provincia ignoran que pueden venir a esta metrópoli para acceder a la ILE antes de las 12 semanas de gestación.
En este contexto CDD lanzó la campaña La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, para dar a conocer la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan establecida en el Código de Derecho Canónico: cuando la mujer es menor de 16 años, si actuó presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, si actuó para evitar un grave daño, si ignoraba que infringía una ley o actuó en legítima defensa, por violencia o de manera accidental, y cuando la mujer sufre alguna deficiencia mental.
Todo parece indicar que los cambios legales contribuyen a la legitimación de diversas prácticas sexuales y a su secularización, de ahí la altísima aceptación de los anticonceptivos modernos a tres décadas de su autorización legal, a pesar de que se mantenga la condena católica. El cambio cultural reciente es ante la ILE por decisión de la mujer, como demuestran tres encuestas realizadas en el DF por el Population Council: en 2007 (en que la reforma autorizó la ILE) 38 por ciento estaba a favor de la ILE, en 2008 la opinión favorable se incrementó a 63 por ciento, y en 2009 alcanzó 73 por ciento. La reforma legal y el dictamen de su constitucionalidad por parte la SCJN podrían explicar este cambio tan significativo. Con lo cual se demuestra que a veces, y por desgracia, sólo a veces, la elite política puede romper la distancia y regular de acuerdo con las percepciones y necesidades del pueblo.
gabriela.afluentes@gmail.com
L
a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo ser más oportuna: en plena celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres los ministros declararon la constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que obliga a clínicas y hospitales, públicos y privados, a ofrecer la píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación para evitar que queden embarazadas. Se trata de un acto que reafirma el Estado laico y que muestra la secularización sexual de la sociedad mexicana.
Porque la laicidad del Estado implica una dimensión subjetiva en cada representante del Estado, quien tiene que separar su función pública de sus creencias personales, a fin de que estas últimas no interfieran con el derecho a la libertad de culto de la ciudadanía. No sé cuántos de los 11 magistrados son religiosos, pero los 10 que confirmaron la constitucionalidad de la NOM-046 afirmaron esa laicidad al evitar recurrir a principios religiosos y argumentar su dictamen con base en las evidencias científicas que demuestran que la anticoncepción de emergencia no es abortiva.
Tal como ocurrió hace tres años, en que la SCJN confirmó la constitucionalidad de la reforma al Código Penal que autorizó la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal, estos avances se apoyan en la secularización sexual de la sociedad. El término fue acuñado por el historiador inglés Jeffrey Weeks: "la secularización sexual es la distancia progresiva entre vida sexual y valores religiosos, que ocurre aun entre creyentes" (Sexualidad, Paidós/UNAM, México, 1998).
Hoy contamos con duros indicadores del grado de secularización sexual de nuestra sociedad: 3 por ciento se declara no creyente en el censo, cerca de 5 por ciento como cristiano y 5 en "otras", 87 como católico; este último grupo, aunque mayoritario, tiene diversas formas de vivir su adscripción religiosa. Es ilustrativa la Encuesta de Opinión Católica realizada el año pasado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que se aplicó a una muestra representativa en las 32 entidades del país: casi la mitad de la feligresía católica considera que la Iglesia debería promover el castigo penal cuando se comprueba que un sacerdote abusó sexualmente de un menor; 59 por ciento no quiere que se modifique la Constitución para impartir clases de religión en escuelas públicas. La pluralidad se expresa hasta en el valor asignado a las creencias y en el apego a los ritos: para una tercera parte la característica más sobresaliente de una persona católica es estar bautizada, creer en Dios lo es para 24 por ciento, cumplir con los 10 mandamientos para 22 por ciento y solamente 13 por ciento considera que ir a misa es una característica de identidad católica. La libertad no ocupa un lugar prioritario: los valores católicos señalados son el amor (27 por ciento), el perdón (20 por ciento), el respeto (19 por ciento) y la libertad (12 por ciento). Más de 70 por ciento apoyaría a la jerarquía si admitiera que se utilice cualquier método anticonceptivo y el uso del condón. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, 83 por ciento opina que los servicios de salud del Estado deberían ofrecerla a las víctimas de una violación y a quienes tuvieron relaciones sexuales sin protección (70 por ciento). Dos terceras partes consideran que los adolescentes deben tener acceso a servicios de orientación y a métodos anticonceptivos, apoyan que los libros de texto aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto así como el derecho de todas las personas a vivir su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales. El 57 por ciento está de acuerdo con que debe permitirse el aborto en algunas circunstancias, y una cuarta parte cuando la mujer así lo decide (24 por ciento), tal como se autoriza en la ciudad de México, aunque muchas mujeres de la provincia ignoran que pueden venir a esta metrópoli para acceder a la ILE antes de las 12 semanas de gestación.
En este contexto CDD lanzó la campaña La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, para dar a conocer la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan establecida en el Código de Derecho Canónico: cuando la mujer es menor de 16 años, si actuó presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, si actuó para evitar un grave daño, si ignoraba que infringía una ley o actuó en legítima defensa, por violencia o de manera accidental, y cuando la mujer sufre alguna deficiencia mental.
Todo parece indicar que los cambios legales contribuyen a la legitimación de diversas prácticas sexuales y a su secularización, de ahí la altísima aceptación de los anticonceptivos modernos a tres décadas de su autorización legal, a pesar de que se mantenga la condena católica. El cambio cultural reciente es ante la ILE por decisión de la mujer, como demuestran tres encuestas realizadas en el DF por el Population Council: en 2007 (en que la reforma autorizó la ILE) 38 por ciento estaba a favor de la ILE, en 2008 la opinión favorable se incrementó a 63 por ciento, y en 2009 alcanzó 73 por ciento. La reforma legal y el dictamen de su constitucionalidad por parte la SCJN podrían explicar este cambio tan significativo. Con lo cual se demuestra que a veces, y por desgracia, sólo a veces, la elite política puede romper la distancia y regular de acuerdo con las percepciones y necesidades del pueblo.
gabriela.afluentes@gmail.com
Manejo discrecional de recursos impide reducir la Muerte Materna
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 31 may 10 (CIMAC).- Pese a que los gobiernos en turno destinan los recursos para reducir la Muerte Materna (MM), la opacidad y la discrecionalidad con la que son manejados, continúa siendo uno de los principales nudos para lograr ese objetivo.
Sin presupuesto etiquetado desde la federación, los 32 estados del país, deciden cómo y en qué gastar los recursos destinados a salud, ya que normativamente no están obligados a cumplir con los programas “Arranque Parejo”, “100 x 100”, “Embarazo Saludable”, y “Urgencias Obstétricas”, creados por la Secretaría de Salud (SS) y la Presidencia de la república para reducir la MM.
Por ello, todos los programas de salud sexual y reproductiva se debilitan, aseguró Daniela Díaz, responsable del proyecto de MM y presupuesto público de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
De las acciones emprendidas por el gobierno federal para reducir la MM, sólo en 2003 “Arranque Parejo” tuvo presupuesto etiquetado. A partir de 2004, los recursos se canalizan a través del Seguro Popular.
Este hecho, “se presta a la discrecionalidad” del ejercicio del presupuesto y de las acciones de los programas que se llevan a cabo en los estados para reducir la MM, donde no sólo no se ha reducido, sino que aumentó de 55.6 en 2007 a 57.2 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en 2008, según datos de la SS.
A decir de Graciela Freyermuth, secretaria técnica del Comité por una maternidad sin riesgos, la Cámara de Diputados debe de monitorear el ejercicio de los recursos estatales dedicados a salud sexual y reproductiva.
La también investigadora del Centro de investigación y estudios superiores en antropología social (CIESAS), en Chiapas, refirió que el manejo de los recursos es uno de los nudos, que impiden la disminución de la MM en México.
Si los recursos no se invierten en los servicios de salud sexual y reproductiva, las deficiencias en el sistema de salud continúan: “no hay cambios consistentes que permitan dar atención”.
Ello se refleja en que la mayoría de los hospitales carece de medicamentos, quirófanos, bancos de sangre, y personal capacitado para atender un parto, y reconocer una urgencia obstétrica.
Además, recordó que éste es un servicio pagado por las embarazadas pues a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular, se les pide una cuota de recuperación, refirió Freyermuth.
Otro de los obstáculos que impiden reducir la MM es la deficiente atención en técnica y trato hacia las embarazadas, señaló Paola Sesia, integrante del Comité por una maternidad sin riesgos e investigadora del CIESAS, en Oaxaca.
Esta circunstancia se agudiza en los estados del sur, donde la razón de muerte materna casi duplica el promedio nacional, muestra de ello es que durante 2008, en Oaxaca se registraron 99 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en Chiapas 97, y en Guerrero 96.5 por igual número de nacimientos.
Principalmente en esas entidades, se requiere que el servicio médico para las embarazadas, se brinde desde el primer nivel de atención, en los centros de salud, en los que hasta ahora no hay personal médico capacitado para atender un parto e identificar una emergencia obstétrica.
Este hecho, disminuiría la “sobresaturación” en los hospitales, llamados de segunda atención, en los cuales se han centrado las estrategias gubernamentales, sin que a la fecha se haya roto la inercia de “sostener los mínimos de atención”, que no garantizan una disminución de la muerte materna.
La sobredemanda de servicios también existe en las zonas urbanas, debido a que en ellas se concentra 75 por ciento de la población, es por ello, que entidades como el Distrito Federal y el Estado de Médico, registran más casos de MM. En la capital durante 2007 se registraron 89 casos y en el estado mexiquense 144.
A decir de las especialistas, la MM sólo podrá disminuir si se construye una política de salud materna con un presupuesto definido, que integre también un monitoreo efectivo de las acciones estatales. Así como el acceso universal y gratuito a la planificación familiar.
En ese último aspecto, México ha retrocedido desde 2001, primer año de la administración del Partido Acción Nacional, al frente del país, pues en lugar de que la cobertura de métodos anticonceptivos se ampliara conforme al aumento de la población, ésta ha disminuido.
Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2006, la cobertura anticonceptiva disminuyó 3.6 por ciento de 2003 a 2006, citó Paola Sesia.
A decir de la integrante del Comité por una maternidad sin riesgos, la planificación familiar no puede desatenderse porque es una forma de prevenir la MM, al evitar embarazos no deseados y demasiados embarazos.
Por ello, es preciso que el gobierno federal traduzca su voluntad política en recursos que hagan efectivas sus estrategias, pues, de lo contrario la mortalidad materna no disminuirá. Y el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consiste en la reducción de 75 por ciento de muertes maternas, se alcanzará en 2040 y no en 2015, como se comprometió el país hace una década, advirtió Ipas México.
10/GC/LR/LGL
México, DF, 31 may 10 (CIMAC).- Pese a que los gobiernos en turno destinan los recursos para reducir la Muerte Materna (MM), la opacidad y la discrecionalidad con la que son manejados, continúa siendo uno de los principales nudos para lograr ese objetivo.
Sin presupuesto etiquetado desde la federación, los 32 estados del país, deciden cómo y en qué gastar los recursos destinados a salud, ya que normativamente no están obligados a cumplir con los programas “Arranque Parejo”, “100 x 100”, “Embarazo Saludable”, y “Urgencias Obstétricas”, creados por la Secretaría de Salud (SS) y la Presidencia de la república para reducir la MM.
Por ello, todos los programas de salud sexual y reproductiva se debilitan, aseguró Daniela Díaz, responsable del proyecto de MM y presupuesto público de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
De las acciones emprendidas por el gobierno federal para reducir la MM, sólo en 2003 “Arranque Parejo” tuvo presupuesto etiquetado. A partir de 2004, los recursos se canalizan a través del Seguro Popular.
Este hecho, “se presta a la discrecionalidad” del ejercicio del presupuesto y de las acciones de los programas que se llevan a cabo en los estados para reducir la MM, donde no sólo no se ha reducido, sino que aumentó de 55.6 en 2007 a 57.2 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en 2008, según datos de la SS.
A decir de Graciela Freyermuth, secretaria técnica del Comité por una maternidad sin riesgos, la Cámara de Diputados debe de monitorear el ejercicio de los recursos estatales dedicados a salud sexual y reproductiva.
La también investigadora del Centro de investigación y estudios superiores en antropología social (CIESAS), en Chiapas, refirió que el manejo de los recursos es uno de los nudos, que impiden la disminución de la MM en México.
Si los recursos no se invierten en los servicios de salud sexual y reproductiva, las deficiencias en el sistema de salud continúan: “no hay cambios consistentes que permitan dar atención”.
Ello se refleja en que la mayoría de los hospitales carece de medicamentos, quirófanos, bancos de sangre, y personal capacitado para atender un parto, y reconocer una urgencia obstétrica.
Además, recordó que éste es un servicio pagado por las embarazadas pues a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular, se les pide una cuota de recuperación, refirió Freyermuth.
Otro de los obstáculos que impiden reducir la MM es la deficiente atención en técnica y trato hacia las embarazadas, señaló Paola Sesia, integrante del Comité por una maternidad sin riesgos e investigadora del CIESAS, en Oaxaca.
Esta circunstancia se agudiza en los estados del sur, donde la razón de muerte materna casi duplica el promedio nacional, muestra de ello es que durante 2008, en Oaxaca se registraron 99 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en Chiapas 97, y en Guerrero 96.5 por igual número de nacimientos.
Principalmente en esas entidades, se requiere que el servicio médico para las embarazadas, se brinde desde el primer nivel de atención, en los centros de salud, en los que hasta ahora no hay personal médico capacitado para atender un parto e identificar una emergencia obstétrica.
Este hecho, disminuiría la “sobresaturación” en los hospitales, llamados de segunda atención, en los cuales se han centrado las estrategias gubernamentales, sin que a la fecha se haya roto la inercia de “sostener los mínimos de atención”, que no garantizan una disminución de la muerte materna.
La sobredemanda de servicios también existe en las zonas urbanas, debido a que en ellas se concentra 75 por ciento de la población, es por ello, que entidades como el Distrito Federal y el Estado de Médico, registran más casos de MM. En la capital durante 2007 se registraron 89 casos y en el estado mexiquense 144.
A decir de las especialistas, la MM sólo podrá disminuir si se construye una política de salud materna con un presupuesto definido, que integre también un monitoreo efectivo de las acciones estatales. Así como el acceso universal y gratuito a la planificación familiar.
En ese último aspecto, México ha retrocedido desde 2001, primer año de la administración del Partido Acción Nacional, al frente del país, pues en lugar de que la cobertura de métodos anticonceptivos se ampliara conforme al aumento de la población, ésta ha disminuido.
Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2006, la cobertura anticonceptiva disminuyó 3.6 por ciento de 2003 a 2006, citó Paola Sesia.
A decir de la integrante del Comité por una maternidad sin riesgos, la planificación familiar no puede desatenderse porque es una forma de prevenir la MM, al evitar embarazos no deseados y demasiados embarazos.
Por ello, es preciso que el gobierno federal traduzca su voluntad política en recursos que hagan efectivas sus estrategias, pues, de lo contrario la mortalidad materna no disminuirá. Y el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consiste en la reducción de 75 por ciento de muertes maternas, se alcanzará en 2040 y no en 2015, como se comprometió el país hace una década, advirtió Ipas México.
10/GC/LR/LGL
Salvar la vida de las mujeres propicia el desarrollo económico
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 31 may 2010 (CIMAC).- Invertir en mejorar la salud materna para salvar la vida de las mujeres, es una decisión que se traduce en beneficios sociales y económicos para sus familias, y sus comunidades, debido a que tan sólo el trabajo no remunerado que ellas realizan, representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB).
Este es uno de los puntos que analizaron 70 mujeres líderes de América latina y el Caribe, durante la Conferencia Regional de Mujeres Líderes, que se celebró en Perú, los días 27 y 28 de mayo pasados, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
En el encuentro de las líderes de Bolivia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras Haití, México, Paraguay y Perú, el Grupo de Trabajo Regional para la reducción de la mortalidad materna presentó un documento en el cual aseguran que salvaguardar la vida de las mujeres, además de ser un derecho permite un mayor desarrollo económico.
Para lograrlo, señala el documento, es necesario invertir en acciones efectivas, como la planificación familiar.
Así como la atención calificada para las madres y sus bebés antes, durante y después del parto, incluyendo la atención obstétrica de emergencia.
Se deben mejorar los servicios de salud pública mediante el desarrollo de sistemas de salud sólidos y accesibles.
Otra acción es garantizar los servicios seguros y oportunos de aborto donde éste es legal. Fortalecer los sistemas nacionales de salud que atienden a las mujeres.
En los países de América Latina y el Caribe, se les debe dar prioridad a los servicios para la juventud, a las poblaciones indígenas, las afrodescendientes y a los grupos rurales, debido a la situación de desventaja en la que se encuentran estos grupos.
Muestra de ello, es que las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres jóvenes de la región, y las tasas de embarazo adolescente son más altas que el promedio mundial.
Cada año, entre 10 y 15 millones de mujeres sufren enfermedades o discapacidades severas o permanentes debido a complicaciones ocurridas durante el embarazo o el parto.
Cerca de 20 millones de mujeres tienen abortos en condiciones de riesgo. América Latina es la región del mundo cuya proporción de muertes maternas atribuibles al aborto inseguro es más alta.
Esa realidad está vinculada con que 215 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan aún un método efectivo de anticoncepción.
Ante este escenario, las naciones de América Latina y el Caribe deben invertir en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Para lograr cubrir las necesidades de esta prioridad de salud pública, se requiere de una inversión 50 por ciento mayor a la inversión nacional e internacional actual.
10/GC/LR
México, DF, 31 may 2010 (CIMAC).- Invertir en mejorar la salud materna para salvar la vida de las mujeres, es una decisión que se traduce en beneficios sociales y económicos para sus familias, y sus comunidades, debido a que tan sólo el trabajo no remunerado que ellas realizan, representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB).
Este es uno de los puntos que analizaron 70 mujeres líderes de América latina y el Caribe, durante la Conferencia Regional de Mujeres Líderes, que se celebró en Perú, los días 27 y 28 de mayo pasados, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
En el encuentro de las líderes de Bolivia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras Haití, México, Paraguay y Perú, el Grupo de Trabajo Regional para la reducción de la mortalidad materna presentó un documento en el cual aseguran que salvaguardar la vida de las mujeres, además de ser un derecho permite un mayor desarrollo económico.
Para lograrlo, señala el documento, es necesario invertir en acciones efectivas, como la planificación familiar.
Así como la atención calificada para las madres y sus bebés antes, durante y después del parto, incluyendo la atención obstétrica de emergencia.
Se deben mejorar los servicios de salud pública mediante el desarrollo de sistemas de salud sólidos y accesibles.
Otra acción es garantizar los servicios seguros y oportunos de aborto donde éste es legal. Fortalecer los sistemas nacionales de salud que atienden a las mujeres.
En los países de América Latina y el Caribe, se les debe dar prioridad a los servicios para la juventud, a las poblaciones indígenas, las afrodescendientes y a los grupos rurales, debido a la situación de desventaja en la que se encuentran estos grupos.
Muestra de ello, es que las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres jóvenes de la región, y las tasas de embarazo adolescente son más altas que el promedio mundial.
Cada año, entre 10 y 15 millones de mujeres sufren enfermedades o discapacidades severas o permanentes debido a complicaciones ocurridas durante el embarazo o el parto.
Cerca de 20 millones de mujeres tienen abortos en condiciones de riesgo. América Latina es la región del mundo cuya proporción de muertes maternas atribuibles al aborto inseguro es más alta.
Esa realidad está vinculada con que 215 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan aún un método efectivo de anticoncepción.
Ante este escenario, las naciones de América Latina y el Caribe deben invertir en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Para lograr cubrir las necesidades de esta prioridad de salud pública, se requiere de una inversión 50 por ciento mayor a la inversión nacional e internacional actual.
10/GC/LR
CDH del DF pide en Puebla tolerancia a comunidad gay
Domingo, 30 de Mayo de 2010 20:47
Noticias - Destacadas, Actualidad
Para Marcia Bullen, Titular de la CDHE-Puebla, la homofobia constituye una discriminación que se opone al derecho de igualdad.
Puebla, Puebla.- Ante más de 250 personas reunidas en el auditorio de la Casa de la Juventud Poblana, Luis González Plascencia, ombudsman capitalino se pronunció por una apertura ideológica y social a las diferentes manifestaciones culturales que coexisten en nuestra sociedad, particularmente a los grupos lésbico-gays, quienes frecuentemente son motivo de discriminación y vejaciones a sus más elementales derechos.
Durante la segunda conferencia del foro en “Derechos Humanos 2010; Actualización y vigencia” organizado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, González Plascencia agregó; “Es importante mencionar que todos y todas tenemos prejuicios, no obstante es imprescindible que eliminemos todo paradigma que contravenga al respeto de su dignidad, pues debemos abrirnos hacia diferentes expresiones sociales que se están dando, ya que es parte del constante cambio en la que está sumergida la sociedad”.
Asimismo subrayó que aunque se puedan generar políticas públicas en pro de estos grupos, la solución está en la cultura, ya que cualquier acto a favor o en contra se materializa en las relaciones cotidianas, mismas que dan la pauta para forjar el cambio, de igual forma remarcó que es un gran compromiso para los líderes de opinión emitir comentarios con responsabilidad, ya que su palabra penetra a grandes sectores de la población.
“Los líderes de opinión, deben asumir que su palabra tiene un efecto, y que lo que dicen desde una curul, ministerio, secretaria o pulpito puede alimentar los prejuicios, la discriminación o fobias, que desencadenan en algo absolutamente reprobable como son los discursos de odio, que impiden la plena integración de estos grupos”.
En este sentido, Marcia Maritza Bullen Navarro, Presidenta de la Institución Pública Defensora de los Derechos Fundamentales en Puebla, indicó que “bajo la visión de los derechos humanos, universalmente reconocidos, la homofobia constituye una forma de discriminación que se opone al principio de igualdad entre todas las personas, por lo que sus causas y efectos deben tomarse con toda seriedad”.
Cabe destacar que en el evento, se contó con la presencia de Carolina O` Farril Tapia, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Claudia Rivadeneira Torija, Consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado y Representante del Gobernador, así como con Rocío García Olmedo, Diputada Local.
Noticias - Destacadas, Actualidad
Para Marcia Bullen, Titular de la CDHE-Puebla, la homofobia constituye una discriminación que se opone al derecho de igualdad.
Puebla, Puebla.- Ante más de 250 personas reunidas en el auditorio de la Casa de la Juventud Poblana, Luis González Plascencia, ombudsman capitalino se pronunció por una apertura ideológica y social a las diferentes manifestaciones culturales que coexisten en nuestra sociedad, particularmente a los grupos lésbico-gays, quienes frecuentemente son motivo de discriminación y vejaciones a sus más elementales derechos.
Durante la segunda conferencia del foro en “Derechos Humanos 2010; Actualización y vigencia” organizado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, González Plascencia agregó; “Es importante mencionar que todos y todas tenemos prejuicios, no obstante es imprescindible que eliminemos todo paradigma que contravenga al respeto de su dignidad, pues debemos abrirnos hacia diferentes expresiones sociales que se están dando, ya que es parte del constante cambio en la que está sumergida la sociedad”.
Asimismo subrayó que aunque se puedan generar políticas públicas en pro de estos grupos, la solución está en la cultura, ya que cualquier acto a favor o en contra se materializa en las relaciones cotidianas, mismas que dan la pauta para forjar el cambio, de igual forma remarcó que es un gran compromiso para los líderes de opinión emitir comentarios con responsabilidad, ya que su palabra penetra a grandes sectores de la población.
“Los líderes de opinión, deben asumir que su palabra tiene un efecto, y que lo que dicen desde una curul, ministerio, secretaria o pulpito puede alimentar los prejuicios, la discriminación o fobias, que desencadenan en algo absolutamente reprobable como son los discursos de odio, que impiden la plena integración de estos grupos”.
En este sentido, Marcia Maritza Bullen Navarro, Presidenta de la Institución Pública Defensora de los Derechos Fundamentales en Puebla, indicó que “bajo la visión de los derechos humanos, universalmente reconocidos, la homofobia constituye una forma de discriminación que se opone al principio de igualdad entre todas las personas, por lo que sus causas y efectos deben tomarse con toda seriedad”.
Cabe destacar que en el evento, se contó con la presencia de Carolina O` Farril Tapia, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Claudia Rivadeneira Torija, Consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado y Representante del Gobernador, así como con Rocío García Olmedo, Diputada Local.
Jalisco acatará fallo de la Suprema Corte
Juan Carlos García Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 38
Guadalajara, Jal., 28 de mayo. El gobierno panista señaló que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a las entidades federativas a repartir la "píldora de emergencia" en los centros de salud en caso de violación.
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que el recurso que interpuso la administración estatal tenía todos los fundamentos para obligar a los ministros a discutirla, porque se basaba en que Jalisco es una entidad que está en favor de la vida y solicitaba no entregar la píldora por considerarla abortiva.
"El tema fundamental de la Constitución de Jalisco es que protege la vida desde la fecundación hasta la muerte. Una norma técnica no puede estar arriba de una Constitución de un estado", dijo Guzmán. Sin embargo, afirmó que se acatará la decisión pese a que no se coincida con lo decidido.
El jueves, antes de que se conociera la resolución de la Corte, el gobernador Emilio González Márquez –quien promovió la controversia– señaló que "la Secretaría de Salud federal no puede dictar normas que estén por encima de la Constitución de Jalisco; los funcionarios de esa dependencia no pueden decidir por encima de lo que decidan los legisladores de Jalisco", afirmó, aunque también dijo que se acataría lo que resolviera el máximo tribunal del país.
Este viernes, el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, dijo que la píldora ha estado a disposición de las mujeres que lo requieran en los casos especiales, antes, durante y después de la controversia ante la SCJN.
"La píldora de emergencia está disponible, con base en el cumplimiento que establece la propia Norma Oficial Mexicana", aseguró Petersen.
Se congratulan feministas
Organizaciones feministas y de mujeres universitarias se congratularon por el fallo emitido por la SCJN al confirmar la constitucionalidad de la NOM-046, que obliga a los servicios de salud pública a proporcionar la píldora de emergencia a mujeres víctima de violación. Sin embargo advirtieron que se mantendrán vigilantes de que la resolución de la Corte se acate en todos los estados de la República.
"Para nosotras es muy importante este fallo porque representa la culminación de una larga lucha que veníamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil desde el año 2005, cuando se redactó la norma y esperábamos su aprobación", afirmó Leticia Cuevas Rosette, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México.
No obstante, advirtió que, en un contexto en donde 18 estados han aprobado reformas constitucionales para considerar la vida desde el momento de la concepción, las agrupaciones feministas realizarán seguimientos para que esta norma sea acatada en todos los centros de salud del país siempre que una mujer requiera los servicios que en ella se incluyen (atención en caso de violencia física, sicológica y sexual).
Por su parte, Patricia Galeana Herrera, presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, calificó la resolución de la SCJN como "histórica" en el ámbito de los derechos de las mujeres.
"Me parece un fallo importante desde el punto de vista histórico porque las mujeres en México hemos estado sufriendo violación a nuestros derechos; es más, en este último año ha habido una regresión considerable con la penalización del aborto en varios estados".
Mariana Norandi
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 38
Guadalajara, Jal., 28 de mayo. El gobierno panista señaló que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a las entidades federativas a repartir la "píldora de emergencia" en los centros de salud en caso de violación.
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que el recurso que interpuso la administración estatal tenía todos los fundamentos para obligar a los ministros a discutirla, porque se basaba en que Jalisco es una entidad que está en favor de la vida y solicitaba no entregar la píldora por considerarla abortiva.
"El tema fundamental de la Constitución de Jalisco es que protege la vida desde la fecundación hasta la muerte. Una norma técnica no puede estar arriba de una Constitución de un estado", dijo Guzmán. Sin embargo, afirmó que se acatará la decisión pese a que no se coincida con lo decidido.
El jueves, antes de que se conociera la resolución de la Corte, el gobernador Emilio González Márquez –quien promovió la controversia– señaló que "la Secretaría de Salud federal no puede dictar normas que estén por encima de la Constitución de Jalisco; los funcionarios de esa dependencia no pueden decidir por encima de lo que decidan los legisladores de Jalisco", afirmó, aunque también dijo que se acataría lo que resolviera el máximo tribunal del país.
Este viernes, el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, dijo que la píldora ha estado a disposición de las mujeres que lo requieran en los casos especiales, antes, durante y después de la controversia ante la SCJN.
"La píldora de emergencia está disponible, con base en el cumplimiento que establece la propia Norma Oficial Mexicana", aseguró Petersen.
Se congratulan feministas
Organizaciones feministas y de mujeres universitarias se congratularon por el fallo emitido por la SCJN al confirmar la constitucionalidad de la NOM-046, que obliga a los servicios de salud pública a proporcionar la píldora de emergencia a mujeres víctima de violación. Sin embargo advirtieron que se mantendrán vigilantes de que la resolución de la Corte se acate en todos los estados de la República.
"Para nosotras es muy importante este fallo porque representa la culminación de una larga lucha que veníamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil desde el año 2005, cuando se redactó la norma y esperábamos su aprobación", afirmó Leticia Cuevas Rosette, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México.
No obstante, advirtió que, en un contexto en donde 18 estados han aprobado reformas constitucionales para considerar la vida desde el momento de la concepción, las agrupaciones feministas realizarán seguimientos para que esta norma sea acatada en todos los centros de salud del país siempre que una mujer requiera los servicios que en ella se incluyen (atención en caso de violencia física, sicológica y sexual).
Por su parte, Patricia Galeana Herrera, presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, calificó la resolución de la SCJN como "histórica" en el ámbito de los derechos de las mujeres.
"Me parece un fallo importante desde el punto de vista histórico porque las mujeres en México hemos estado sufriendo violación a nuestros derechos; es más, en este último año ha habido una regresión considerable con la penalización del aborto en varios estados".
Mariana Norandi
“Decisión emblemática”, el fallo de la Corte sobre la píldora de emergencia: Human Rights Watch
“Decisión emblemática”, el fallo de la Corte sobre la píldora de emergencia: Human Rights Watch
Justicia, Noticias
México.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que la decisión que adoptó este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, protege a víctimas de violación sexual, informa DPA; HRW consideró como “una decisión emblemática” el fallo de la SCJN y señaló que reivindica el derecho de las mujeres a la salud y a la vida, al permitir que las víctimas de violaciones eviten llevar a término embarazos forzados.
“La decisión de la Suprema Corte protege los derechos de las mujeres”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“El estado -agregó- no debería obligar a las víctimas de violaciones a sufrir embarazos no deseados”.
La SCJN declaró constitucionalmente válida la Norma Oficial Mexicana que emitió la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 2009, para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual, y que obliga a todas las clínicas y hospitales de todo el país, públicos y privados, a recomendar la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación para evitar embarazos no deseados.
La norma, identificada como NOM-046-SSA2-2005 fue impugnada ante la Corte, mediante un juicio de controversia constitucional, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien alegó, entre otras cosas, que era violatoria de la Constitución porque la pastilla “del día siguiente”, en su opinión, es abortiva.
HRW recordó en un comunicado que en su informe publicado en el 2006, Víctimas por partida doble, documentó el grave sufrimiento psíquico padecido por mujeres y niñas embarazadas como resultado de una violación.
Según el informe, este padecimiento se agravaba debido a que muchas de las víctimas no recibían el apoyo necesario para su difícil situación en los sistemas de salud y justicia.
:)
Información relacionada
* La Suprema Corte aplaza de nuevo la decisión sobre la píldora de emergencia
* Human Rights Watch pide a Barack Obama cuestionar a Felipe Calderón sobre derechos humanos
* El Ejército viola los derechos en México, dice Human Rights Watch
* Las evidencias contradicen a Calderón, replica Human Rights Watch
* La Suprema Corte declara constitucional el uso de la píldora de emergencia
Justicia, Noticias
México.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que la decisión que adoptó este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, protege a víctimas de violación sexual, informa DPA; HRW consideró como “una decisión emblemática” el fallo de la SCJN y señaló que reivindica el derecho de las mujeres a la salud y a la vida, al permitir que las víctimas de violaciones eviten llevar a término embarazos forzados.
“La decisión de la Suprema Corte protege los derechos de las mujeres”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“El estado -agregó- no debería obligar a las víctimas de violaciones a sufrir embarazos no deseados”.
La SCJN declaró constitucionalmente válida la Norma Oficial Mexicana que emitió la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 2009, para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual, y que obliga a todas las clínicas y hospitales de todo el país, públicos y privados, a recomendar la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación para evitar embarazos no deseados.
La norma, identificada como NOM-046-SSA2-2005 fue impugnada ante la Corte, mediante un juicio de controversia constitucional, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien alegó, entre otras cosas, que era violatoria de la Constitución porque la pastilla “del día siguiente”, en su opinión, es abortiva.
HRW recordó en un comunicado que en su informe publicado en el 2006, Víctimas por partida doble, documentó el grave sufrimiento psíquico padecido por mujeres y niñas embarazadas como resultado de una violación.
Según el informe, este padecimiento se agravaba debido a que muchas de las víctimas no recibían el apoyo necesario para su difícil situación en los sistemas de salud y justicia.
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lunes, 7 de junio de 2010
Aprobación legal para quererse, pide la comunidad gay
| Por Álvaro Ramírez Velasco | |||
| sábado, 29 de mayo de 2010 | |||
| Para dar la lucha contra la homofobia hay que ser "muy cabrón", fue una de las frases más representativas en la Marcha del Orgullo Gay que este sábado tomó por unas horas calles del Centro Histórico, para exigir respeto a la diversidad sexual, reconocimiento jurídico a las uniones entre personas del mismo sexo, y la tipificación penal para los crímenes y discriminación contra homosexuales. Bajo el lema: "Que mi derecho a querer la ley lo haga valer", unas dos mil personas caminaron del Parque Juárez al Zócalo, en una fiesta con dos caras de expresión: una con plumas, lentejuelas, maquillaje, baile, caricias, sudor, besos, banderas de arcoíris y celebración "en tangas y a lo loco", y otra serena y con consignas argumentadas por la defensa de los derechos fundamentales. "Ya volvimos a salir" La Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) salió de estas dos maneras a demandar respeto, mientras los ojos -azorados de algunos y tolerantes de otros- de los poblanos veían pasar la marcha por las calles de la capital, al ritmo de música tecno y voces entusiasmadas que al unísono proclamaban el orgullo de ser "diferentes". "Si Sor Juana viviera, con nosotros estuviera"; "Orgullo unido jamás será vencido"; "De noche y de día, que viva la putería"; "Que no, que sí, ya volvimos a salir". Decenas de mantas también expresaban el sentir de esta comunidad y de grupos que caminaron a su lado en solidaridad: "Padres y madres que buscan la igualdad y respetan la diversidad", "Una madre que ama no discrimina", por ejemplo. Asimismo, también hubo consignas duras con claros mensajes a los grupos y partidos políticos conservadores: "Si el feto que tú deseas salvar es homosexual, ¿seguirías luchando por sus derechos"; "Cabrón que coge con cabrón es doblemente cabrón"; "Ni clero opresor ni Estado conservador". La intoleranciaEn medio de la manifestación pacífica, también hubo incongruencia de un grupo muy específico e identificado, que desde un templete móvil lanzó frases de resentimiento a los transeúntes, al paso por las calles del Centro Histórico. "Ese bigotón también es maricón", "Ese es gay, ese es gay", "eres niña, eres niña", recetaban a algunos peatones que incluso iban acompañados de sus familias. Los más los ignoraban, mientras otros con sonrisas nerviosas levantaban la mano para saludarlos. Esta actitud fue justificada por Onán Vázquez Chávez, del Comité de Orgullo Puebla, quien consideró que las expresiones se dan en un ánimo de hacer sentir a las personas lo que viven los homosexuales al ser discriminados. Una especie de resentimiento, de revancha que calificó de "catártica". Al lado de los activistas, decenas de antros gay de la ciudad de Puebla y de las Cholulas aprovecharon para hacerse propaganda con repartición de tarjetas, perifoneo y el ofrecimiento de descuentos en las "chelas". Labor socialAl frente del contingente, en una camioneta descubierta, presidió la marcha la actriz y cantante Regina Orozco. Al llegar al Zócalo, la manifestación continuó su ánimo festivo para transformarse en un mitin y espectáculo, con artistas de la Comunidad LGBT. Las banderas gay o banderas de arcoíris ondearon desde el escenario y en la explanada, para continuar con las proclamas y la celebración. Atuendos que hacían una alusión irónica a las "misses" de los concursos de belleza, a súper héroes, vedetes, pavorreales y ángeles blancos y negros, inundaron el lugar, mientras familias de poblanos disfrutaban el espectáculo, sin matices de intolerancia. Como parte de la manifestación pacífica, hubo carpas de Organizaciones No Gubernamentales que ofrecieron pruebas gratuitas de detección del VIH y obsequio de condones, por parte de la Secretaría de Salud. La Consejería y Orientación para el VIH (COVIH) impartió conversaciones personalizadas sobre SIDA y 250 pruebas gratuitas de detección. COVIH es una organización sin fines de lucro, financiada por Aids Healthcare Foundation, que ofrece los exámenes INSTI –fabricados en Canadá- de detección, 99 por ciento seguros, que son entregados en 20 minutos. Su teléfono de contacto es el 4024256. La organización civil ofrece el apoyo a grupos y a particulares, detallaron Margarita Valdez e Israel González, quienes realizaron este sábado las pruebas. Asimismo, el Programa Estatal para la Prevención y Control del VIH-SIDA obsequió condones a los asistentes. Las amenazasLa marcha, de acuerdo con los organizadores, no estuvo exenta de amenazas. De acuerdo con Onán Vázquez Chávez, del Comité de Orgullo Puebla, hubo señalamientos específicos de que el perredista Armando Méndez, quien se opone a la alianza Compromiso por Puebla, enviaría un grupo de choque para generar descontrol en el mitin, para sacar raja política y denostar al candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas. La comunidad LGBT de Puebla se vacunó contra esas amenazas, al repartir con antelación volantes pidiendo que las manifestaciones fueran pacíficas. Afortunadamente, no hubo tal irrupción y el acto transcurrió en calma. Participaron, entre otras organizaciones Comité por una Vida Plena, Demysex, Lebósfera, Erósfera, Ddeser, Asociación Jurídica Juvenil, Fuerza de diversidad sexual y Grupo Arcoíris. De cualquier modo, aparecieron algunas calcomanías, muy pocas, en que se pedía respeto a la familia y a la sociedad, que fueron colocadas en el mobiliario urbano. Totalmente poblanaCon el atardecer, los bailes se multiplicaron en el Zócalo capitalino, al lado de las expresiones en contra de la discriminación. Mientras una pareja de muchachos se besaba y magreaba con cariño, en el escenario se realizaba la presentación de un trío de danza contemporánea, mientras se preparaba la presentación estelar de Regina Orozco, quien cerraría el espectáculo. Antes, para calentar más el ambiente, un cantante con atuendo de China Poblana enardecía el ánimo y arrancaba los aplausos con una canción que manifestaba con rudeza el orgullo gay: "Soy totalmente poblana, si vieras cómo me gusta tu macana…", cantaba generando el alarido y risas de los presentes. | |||
En Puebla, 9% de las jóvenes han abortado: Secretaría de Salud
Continuar con sus estudios, la razón para interrumpir el embarazo.
El nueve por ciento de las mujeres en edad joven en el municipio de Puebla, ha tenido alguna vez un aborto y sólo una cuarta parte de esos procedimientos se realiza en alguna clínica de la Secretaría de Salud, revela un informe del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Entre las principales causas de aborto, destaca el estudio, se encuentran en condiciones espontáneas el 92.3 por ciento y el 7.7 por ciento utiliza otro procedimiento para interrumpir el embarazo.
Además, se indica que de las mujeres jóvenes que alguna vez se practicaron un aborto, 84.6 por ciento recurrió a un médico y el 15.4 por ciento acudió con un auxiliar de salud, partera o comadrona.
Del total de las mujeres que han dado a luz, el 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años y el 64.9 por ciento mujeres jóvenes de 20 a 24 años de edad.
Con relación a las causas de aborto, el Consejo Estatal de Población determinó que el 92 por ciento de los abortos ocurrieron por causas naturales y/o espontáneas, y el 8 por ciento restante tuvo que recurrir a algún otro procedimiento para frenar el proceso de gestación.
Este 8 por ciento de mujeres que interrumpen su embarazo recurren a una comadrona o partera para ejecutar dicho procedimiento.
Finalmente se observa que en promedio, sólo una cuarta parte de los abortos son practicados en alguna clínica de la Secretaría de Salud; 69 por ciento ocurre en algún consultorio privado a menudo clandestino y riesgoso, donde las mujeres son atendidas en condiciones poco higiénicas y peligrosas.
Otra minoría, equivalente a 7.7 por ciento, prefiere realizar abortos en su propia casa.
Puebla • Claudia Aguilar
Entre las principales causas de aborto, destaca el estudio, se encuentran en condiciones espontáneas el 92.3 por ciento y el 7.7 por ciento utiliza otro procedimiento para interrumpir el embarazo.
Además, se indica que de las mujeres jóvenes que alguna vez se practicaron un aborto, 84.6 por ciento recurrió a un médico y el 15.4 por ciento acudió con un auxiliar de salud, partera o comadrona.
Del total de las mujeres que han dado a luz, el 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años y el 64.9 por ciento mujeres jóvenes de 20 a 24 años de edad.
Con relación a las causas de aborto, el Consejo Estatal de Población determinó que el 92 por ciento de los abortos ocurrieron por causas naturales y/o espontáneas, y el 8 por ciento restante tuvo que recurrir a algún otro procedimiento para frenar el proceso de gestación.
Este 8 por ciento de mujeres que interrumpen su embarazo recurren a una comadrona o partera para ejecutar dicho procedimiento.
Finalmente se observa que en promedio, sólo una cuarta parte de los abortos son practicados en alguna clínica de la Secretaría de Salud; 69 por ciento ocurre en algún consultorio privado a menudo clandestino y riesgoso, donde las mujeres son atendidas en condiciones poco higiénicas y peligrosas.
Otra minoría, equivalente a 7.7 por ciento, prefiere realizar abortos en su propia casa.
Evaden obligación de garantizar derecho a la salud prevista en la NOM 046 Niegan en Morelos ILE para mujeres víctimas de violación
Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F 26 may 10 (CIMAC).- La Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos (PGJM), y los Servicios de Salud en la entidad, reportan que de 2008 a la fecha sólo han recurrido a una interrupción legal del embarazo, a pesar de que tan sólo en 18 meses se han denunciado 445 violaciones, 196 de ellas contra menores de 18 años, “todas con un riesgo latente de embarazo”.
Esto es un ejemplo claro de la violación a los derechos humanos de las mujeres en la entidad, dijo a Cimacnoticias Nadxieelii Carranco Lechuga, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser).
En entrevista telefónica, la activista dijo que en las instancias de Morelos no se está aplicando la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046), misma que establece medidas para que las niñas y mujeres violadas puedan acceder, en las instituciones de salud, a la interrupción legal del embarazo (ILE) y a la anticoncepción de emergencia.
Si bien es cierto que la Norma se encuentra a debate en la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), “esto no significa que esté suspendida. Mientras no haya una sentencia de la Corte, desde el 16 de abril del 2009 (día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación), los estados tienen la obligación de aplicarla”, subrayó.
La NOM 046 garantiza el derecho a la salud de las víctimas de violencia familiar y sexual, y debe ser aplicada en todo el país y los gobiernos locales están obligados a brindar los servicios que estipula.
Sobre la anticoncepción de emergencia, la activista señaló que a mediados de 2008, Ddeser realizó una fiscalización en la que encontró que el acceso de las y los jóvenes a este tipo de anticoncepción es escaso y en ocasiones nulo.
“A las jóvenes se les condiciona la entrega de la píldora, es decir se les solicita que vayan con sus padres, en otros casos se les brinda toda la información, pero se les dice que esta agotada, y en otras definitivamente se les niega”.
Carranco Lechuga, refirió que el programa de violencia familiar que es el responsable de aplicar la NOM-046, sí entrega la píldora a las mujeres que lo soliciten sin embargo, este programa sólo esta en las cabeceras municipales es decir Cuernavaca, Cuautla, y Jojutla, lo que deja fuera a muchas mujeres del estado.
La Norma aclara que los anticonceptivos de emergencia “no tienen efectos abortivos, sino que previenen embarazos no deseados”, con lo que se evita que la víctima de una violación tenga que someterse a un aborto. A pesar de ello, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se han creado retrocesos en materia de salud de las mujeres.
El Congreso de Morelos aprobó, en noviembre de 2008, la modificación de la Constitución local, promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), con la que se reforma el primer párrafo al Artículo 2 y se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Estas modificaciones contravienen el Código Penal vigente que en el Artículo 119, permite el aborto por violación, cuando la vida de la madre está en peligro y por malformaciones congénitas del producto.
Al respecto, la Coordinadora de Ddeser Morelos, señaló que además de la NOM-046, el Código Penal, permite la interrupción del embarazo en casos de violación, “por ello solicitamos a la PGJM nos informara sobre el estado actual de estos casos. El reporte precisa que de enero de 2008 a julio de 2009 se denunciaron 445 violaciones a mujeres, 196 fueron niñas menores de 18 años.
Sin embargo, al solicitar información al Sistema INFOMEX sobre el número de abortos legales autorizados por la PGJ y los SSM, “no ha habido respuesta. La última información que se reporta y fue dada ayer en la noche, nuevamente, equivale a una sola interrupción, misma que se realizó en marzo del 2008”, enfatizó.
“Esta realidad confirma que el Gobierno esta negando a las mujeres víctimas de violación: información, acceso a la justicia, reparación del daño y atención médica de urgencia, todos estos derechos universales garantizados por la Constitución Federal de éste país y por la NOM 046”, enfatizó Carranco Lechuga.
10/GTR/LR/LGL
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