Sólo en discursos, se reconocen los derechos de las mujeres

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 29 nov 10 (CIMAC).- México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas.

En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.

Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- “se ha cumplido con una cabalidad relativa,  porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres”.

“Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia”, afirmó la experta al hacer un balance de la Ley.

Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007. Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad  y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma.

Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos –como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional  para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley.

Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.

Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).

En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta.

Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley General, las legisladoras se plantearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos.

Sin embargo, el tema se pospuso con los procesos y las investigaciones. Optaron por la creación de una herramienta para trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia: “la Ley General”. Ahora a casi 4 años de su publicación una de sus creadoras considera urgente tipificar el delito de feminicidio.

RECURSOS SIN ACCIONES

Para el caso del Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desde 2007 también se asignaron recursos a la Conavim para que lo realice, sin embargo hasta el momento no se ha publicado.

La ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirmó que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.

De acuerdo con la SG, en 2008 se avanzó sólo la mitad del Diagnóstico, por lo que en 2009, se destinaron 9 millones de pesos, para concluirlo. Este año, la SG informó que ya esta hecho, “solo que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, contratada para dicho fin y según la SG “no ha cumplido satisfactoriamente con esa tarea”.

Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios en San Lázaro, afirmó que esperan que en 2011 los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General ya que “nuevamente” se asignaron recursos para la creación del Diagnóstico y para que la AVG se pueda aplicar de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares en el país, cada minuto se registran tres actos de violencia contra las mujeres. Mientras que el 84 por ciento de las y los encuestados consideran la violencia como algo natural y un asunto privado “concerniente a la pareja”, cuando se trata de un matrimonio o unión de cualquier tipo.

Lagarde y de los Ríos, señaló que el desinterés para cumplir con la Norma se mostró desde el retraso de su publicación y la de su reglamento, así como en el incumplimiento de sus artículos transitorios, y la falta de programas o acciones para atender lo que establece.

La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento se publicó un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.

ONGs exigen la ciudadanización del IPM para cumplir con la protección de los derechos de las mujeres

Cristina Juárez González

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres para el estado de Puebla, que contiene una exigencia clara para que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) ya que coincidieron en que hasta ahora no ha cumplido con la labor de vigilar y promover la aplicación de los derechos humanos de este sector de la población.

Al revelar que ninguna mujer indígena en el estado se salva de la violencia generada en sus hogares y en manos de sus parejas, quienes encabezaron la conferencia de medios en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) expresaron las demandas de las mujeres que habitan en la Sierra Norte, Negra y la Mixteca poblana, consideradas en la agenda.

“El gobierno poblano tiene una gran deuda con las mujeres, quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos, queremos acciones concretas”, sentenció María de Lourdes Pérez Oseguera, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) creado por la institución de educación superior.

En el documento que hicieron público contiene diversas demandas de las mujeres poblanas, además de la exigencia para el gobierno saliente de explicar las acciones que ha promovido en favor de la protección de los derechos de este sector; y solicitaron una audiencia al gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar esta agenda.

La Agenda Ciudadana de Mujeres fue diseñado bajo 3 temas primordiales: Representatividad Ciudadana en el Instituto Poblano de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, y Derechos sexuales y reproductivos.

En su oportunidad, Catalina Pérez Osorio, integrante de Mujeres por la Democracia, urgió al gobierno entrante atenderlas para exponer las propuestas; al legislativo para que asuma y promueva las acciones presentadas; a todas las organizaciones civiles que trababan para las mujeres, desde la perspectiva de género a suscribirse a la propuesta; y a los ciudadanos a sumarse a la red de trabajo.

Las principales demandas:

- Solicitamos mecanismos de consulta democrática para la elección de la nueva titular del Instituto Poblano de las Mujeres, en tanto al no existir una convocatoria abierta a la ciudadanía, la titularidad recae en una persona impuesta.

-Retornar la ciudadanía al Instituto Poblano de las Mujeres significa devolver el carácter estratégico del organismo, que cumpla su función de impulsar y planear las políticas públicas, como se estipula en el Artículo 4, fracción XI del decreto del H. Congreso del Estado.

-Que se transparenten las formas de sesionar de los órganos de gobierno que incluye la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.

-Solicitamos al gobierno entrante que la Junta de Gobierno del IPM realice un diagnóstico de las acciones promovidas en las regiones del estado de Puebla, en específico de las instancias donde predomine la población indígena.

-Al Ejecutivo en funciones, que presente un diagnóstico de atención sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Puebla.

Piden ONG a Moreno Valle garantizar el derecho a decidir la maternidad

ARTURO ALFARO GALÁN

Integrantes de 26 organizaciones estatales en apoyo y defensa a los derechos de la mujer exigieron a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas derogar la fracción IV del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla que establece: “la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.

La propuesta, apuntaron, impactará directamente en el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad, tener acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo “a garantizar el acceso a la justicia en situaciones de interrupción del embarazo” en casos de violación, malformación del feto, peligro de vida de la mujer y descuido grave del embarazo, “que aunque son excepciones contempladas en la ley, son con frecuencia impedidas en la práctica”.

Ayer, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana (Ibero), junto a 25 organizaciones pro–mujer, presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres, que recoge la visión y propuestas de incidencia a favor de las féminas del estado, ordenadas en tres temas concretos que sintetizan las esferas más urgentes para ser atendidas desde la política pública.

Lourdes Pérez Oseguera, coordinadora del observatorio, explicó que la agenda ciudadana plantea la necesidad de brindar una representatividad popular al Instituto Poblano de las Mujeres, así como instaurar estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

“Estos temas no agotan todos los problemas que sufren las mujeres derivados de la discriminación, pero recogen las preocupaciones más sentidas en todos los espacios, por lo que se fijan en esta agenda y se acuerda después trabajar en una agenda más amplia. Tampoco son limitativos para el logro de otros derechos y de políticas públicas que favorezcan las mujeres en otros temas y en los diferentes órdenes de gobierno”, expresó.

La agenda ciudadana establece que es obligación del estado velar porque se respeten y promuevan los derechos sexuales y reproductivos entre los adolescentes. “Especialmente en las mujeres más jóvenes y pobres”, pues están expuestas a la violencia sexual y a sufrir las consecuencias negativas de un embarazo adolescente si no cuentan con las condiciones adecuadas para el ejercicio libre de su sexualidad.

Ante ello, a través de la agenda, solicitaron al actual gobernador del estado Mario Marín Torres presentar un diagnóstico de atención en salud sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil; además, ejecutar un programa de atención a niños y adolescentes, centrado en el concepto de la salud integral.

Sobre la reforma constitucional al artículo 26, aprobada en marzo de 2009 por el Congreso del estado, las organizaciones pro–mujer pidieron al Ejecutivo iniciar un proyecto dirigido a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente que garantice lo previsto por la norma NOM046–SSA–2005 con la intención de garantizar el uso de la anticoncepción de emergencia, la interrupción legal del embarazo y el tratamiento antirretroviral pos exposición.

“El gobierno del estado tiene una gran deuda con las mujeres. Quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos; queremos acciones concretas”, señaló Natalí Hernández Arias, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Entre las organizaciones que figuran destacan: el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres; Espacio Espiral; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Yolchicahua Agencia; Profesoras y egresadas de la Especialidad en Prevención de Violencia Familiar de la Ibero Puebla, estudiantes del Colegio de Antropología UAP y de la UDLAP, y el Colectivo Ciudadano de Mujeres por la Democracia.

Diputado poblano revienta sesión en la que discutían violencia contra mujeres

México. D.F. Mientras la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México advertía de más de mil 300 mujeres desaparecidas en Puebla, y que datos del INEGI revelan que en promedio cada año son asesinadas 400 mujeres en esta entidad, en la Cámara baja el diputado poblano, José Alberto González Morales, reventó la sesión en donde se abordaba el tema de la violencia contra las mujeres.

Aunque dicha ONG advirtió que Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en asesinato de mujeres, algunos diputados federales poblanos calificaron de "exagerada" esa cifra, como el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, quien sin embargo añadió que "aunque fuese una sola mujer asesinada, es preocupante".

Luego de conocer las cifras ofrecidas por la mencionada Red, el legislador priísta aceptó que "es una vergüenza que tenemos que cargar", pero aclaró que la violencia contra las mujeres no sólo es un problema de Puebla, sino de varias entidades del país y por lo tanto es una tarea de todos trabajar porque esos hechos no se sigan repitiendo.

Vargas Fosado negó estar minimizando las cifras, pero aclaró: "No estoy tan de acuerdo con la cifra" de 400 asesinatos de mujeres anuales en territorio poblano, "me parece exagerada, sin embargo el homicidio de una sola mujer es grave y preocupante, no sólo en Puebla, sino en cualquier parte del país y del mundo", dijo.

Entrevistado por separado, el también diputado federal poblano, Alberto Jiménez Merino, subrayó que es reprobable cualquier tipo de violencia contra un ser humano, pero especialmente contra las mujeres.

A manera de propuesta para revertir el problema, destacó la necesidad de incrementar los mecanismos y oportunidades de educación, capacitación y desarrollo para las mujeres, "para que no sigan dependiendo económicamente de los hombres que, en un momento dado, convierten esto en un pretexto para ejercer alguna forma de violencia hacia las mujeres".

De manera paralela, dijo, también se debe trabajar en la sensibilización de los hombres sobre lo negativo que resulta golpear a otra persona y más todavía cuando se trata de una mujer, lo que resulta inadmisible.

"Es la primara vez que conozco este tipo de estadísticas –sobre la violencia contra las mujeres en Puebla- y tenemos que actuar en consecuencia", indicó.

Y mientras e-consulta realizaba este sondeo entre los legisladores poblanos, en la tribuna de la Cámara baja se abordaba precisamente el tema de la violencia contra las mujeres, en donde diputadas y diputados manifestaban su total rechazo al maltrato hacia el sexo femenino.

De pronto, de entre las curules se alzó una mano y era la mano del diputado poblano del PRI, José Alberto González Morales, a quien se le concedió el uso de la palabra, pero no lo hizo para referirse al tema, sino para reventar la sesión y así poner fin a la discusión del tema.

Sabedor de que había muy pocos legisladores en el salón, y de que, de pedir la verificación del quórum se suspendería la sesión, el diputado González Morales solicitó al presidente de la Mesa Directiva la verificación del quórum. Y sucedió lo que tenía que suceder, se suspendieron los trabajos legislativos.

De inmediato e-consulta abordó al diputado Alberto González Morales:

-Diputado, al parecer a usted le preocupa más el quórum, que el tema de la violencia contra las mujeres.

-Evidentemente es un tema de muy profunda preocupación y que se debe tratar, pero desafortunadamente ya había pocos compañeros diputados y considero que estos temas trascendentales deben tratarse, precisamente, cuando haya un gran número de diputados.

-¿Sabe usted cuántas mujeres son asesinan cada año en Puebla?

-No. Estadísticas muy formales no las tenemos, algunos manejan que la violencia intrafamiliar se presenta en aproximadamente seis de cada 10 mujeres en el estado.

-La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México señala que en los últimos cinco años han desaparecido más de tres mil 300 mujeres en Puebla, y que en promedio 400 mujeres son asesinadas cada año en la entidad poblana, ¿qué opinión le merecen esas cifras?

-Habría que revisar la valoración que hace, porque no creo que sean esos números.

Sin embargo y aunque el diputado Alberto González ofreció su argumentó de por qué él reventó la sesión en la Cámara baja, lo cierto es que ni siquiera fue idea suya, sino que hasta su curul llegó la diputada y ex delegada del PRI en Puebla, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con un orden: "¡Que pidas la verificación del quórum!".

e-consulta también buscó obtener la opinión de las diputadas poblanas sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sin embargo como ya es costumbre, las legisladoras Julieta Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera y Blanca Estela Jiménez Hernández, no se encontraban en la sesión de trabajo de la Cámara de Diputados.

Exige DDESER la homologacion de la NOM 046 en todo el pais

La importancia de esta Norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de una violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión, esto de acuerdo a cada legislación local.





México, D.F. (DESDE ABAJO).-
En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), exige que se homologue la aplicación de la NOM 046 en todo el país. Demandamos a los gobiernos estatales la publicación de los procedimientos de aborto por violación.
El 16 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA2 2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Dicha norma es conocida simplemente con la NOM 046 y es resultado de compromisos internacionales que adquirió México en materia de eliminación de violencia hacia las mujeres.

La importancia de esta Norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de una violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión, esto de acuerdo a cada legislación local.
Por ello es obligación de las y los servidores de salud informar a las mujeres sobre la posibilidad de un embarazo a causa de la violencia sexual y tener la opción de tomar anticoncepción de emergencia para evitarlo y ofrecerle a la mujer embarazada, víctima de violación, si ella así lo decide el servicio de Interrupción Legal del Embarazo.

“Señalamos la violencia sexual como una de las formas más crueles de desprecio hacia las mujeres, por lo que sus efectos deben ser disminuidos cuanto sea posible y obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es perpetuar la violencia institucional. Las agresiones sexuales son violencia, negar derechos a las mujeres que han sido violadas, también”

La conmemoración del 25 de noviembre inició en 1960, a partir del asesinato de las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, posteriormente fue reconocido a nivel Latinoamérica en 1981 por las participantes del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y se institucionalizó en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas como día mundial para señalar que cada 25 de noviembre se debe visibilizar y llamar la atención sobre el adeudo social que en todo el mundo se tiene con las mujeres, debido a la violencia que se ejerce en todas sus formas.

Este 2010 se cumplen 50 años de la batalla que iniciaron las Mirabal contra el régimen dictatorial de Trujillo y más que nunca está presente la trascendencia de su lucha, como un ícono del activismo feminista y del movimiento de mujeres contra la violencia de género. Desde entonces y hasta hoy, por todo el mundo se organizan actividades dirigidas a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo una de cada cinco mujeres se ha visto forzada a practicar el sexo contra su voluntad en algún momento de su vida. Independientemente de la región geográfica se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual ocurre en mujeres menores de 16 años.

Exijan comunicadoras y sociedad derecho a vivir sin violencia: Lagarde

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 5 nov 10 (CIMAC).- Las periodistas por ser mujeres con una ocupación de riesgo enfrentan una doble violencia, que para ser erradicada es necesario que el Estado garantice su derecho   a una vida libre de violencia, ya que “la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las mujeres periodistas”.

Durante el seminario “Las mujeres periodistas no estamos exentas de la violencia de género. Agresiones a mujeres periodistas en México, una perspectiva de género necesaria”, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, enfatizó que la exigencia del cumplimiento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debe venir del propio gremio y de la sociedad, apoyándose en las leyes nacionales e instrumentos internacionales garantes de este derecho.

El derecho a la vida, indicó la antropóloga feminista, es el primer derecho humano de las mujeres, al que se le añadieron dos palabras: “sin violencia”, debido a que este es un recurso utilizado “para castigar, educar y someter a las demás a través del miedo”, el cual es utilizado para silenciar a las dedicadas a la información.

Por ello, primeramente, “las periodistas necesitan reconocer que tienen esas dos características, son mujeres con una profesión de riesgo, condiciones que las colocan en un doble riesgo de ser víctimas de violencia”, mencionó durante el seminario convocado por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Si bien, esta problemática afecta a mujeres y hombres que desde el ámbito de la comunicación “develan, denuncian y exponen” la realidad nacional con una perspectiva que contribuye a democratizar el país, ellas sufren una violencia anterior por su condición de género.

Las agresiones contra las periodistas coinciden con la categoría jurídico-política de violencia, establecida en cinco leyes del país, como la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV), y en instrumentos internacionales como la convención Belém do Pará.

Por ello, debe enunciarse como violencia contra las mujeres, y, de este modo, exigir su erradicación desde estos marcos jurídicos, indicó Lagarde y de los Ríos.

“Las agresiones a periodistas se enmarcan en los cinco tipos de violencia que establece la LGAMVLV: física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, que existen en el ámbito familiar, comunitario, institucional, laboral, educativo”. Además, de la violencia feminicida.

La especialista mencionó que de este último tipo de violencia hay periodistas sobrevivientes y otras cuyas vidas culminaron en crímenes violentos.

Acompañada por la periodista Lydia Cacho, ante comunicadoras de distintos estados del país, Lagarde y de los Ríos recordó que Lydia “es sobreviviente de este tipo de violencia”, ya que hace seis años fue víctima de un conjunto de violaciones a sus derechos humanos que la colocaron en riesgo de perder la vida y su libertad, tras denunciar y documentar una red de trata de personas en el país, en la que estaban coludidos funcionarios públicos y empresarios.

La violencia feminicida incluye los feminicidios, que consisten en crímenes violentos contra mujeres, que en algunos casos implica la muerte violenta de mujeres, como ocurrió con Felicitas Martínez y Teresa Bautista, comunicadoras triquis asesinadas en abril de 2008, abundó.

Las jóvenes comunicadoras de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en Oaxaca, reunían factores de riesgo: su condición de género, edad, etnia, su diferencia ideológica, su ocupación, por los que “estaban en riesgo extremo”.

“Si analizamos desde una perspectiva de género, de clase, de etnia, estas categorías nos permite saber quienes están en mayor riesgo y en que regiones tendríamos que desarrollar políticas para que las periodistas estén protegidas”, refirió.

En este escenario, “la comunidad no las puede dejar solas, los movimientos sociales, deben tomar las leyes como propias para exigir al Estado la protección para las periodistas”, ya que la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las periodistas”.

Por ello, partiendo del reconocimiento de la desigualdad entre mujeres y hombres, el Estado debe atender la problemática desde una perspectiva de género, complementada con otros enfoques como la edad, la clase y la etnia a la que pertenecen las y los periodistas.

Y desde ahí también, el gremio y la sociedad deben exigir el derecho a la seguridad como un derecho humano ligado a la libertad de expresión, concluyó Marcela Lagarde.

10/GCJ/LR/LGL

El gobierno oculta la violencia hacia la mujer en México, señalan expertas

Gabriel León Zaragoza

 

Periódico La Jornada
Martes 9 de noviembre de 2010, p. 14

La misión internacional de expertas en violencia contra las mujeres y el feminicidio denunció que el gobierno mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado protocolos y compromisos locales e internacionales sobre eliminación de la violencia y discriminación hacia la mujer, no está suficientemente implicado en el tema y “utiliza estrategias de ocultación de esa realidad.

Políticamente hemos detectado que se encuentra desvinculado de esa realidad, lo que hace que miles de mexicanas sean asesinadas impunemente cada año, destacó al presentar un avance de su primer diagnóstico del feminicidio en Honduras, Nicaragua y México, que se transformará en un informe para los respectivos organismos internacionales.

La misión informó que, con el fin de quitar el velo de ignorancia con que se quiere tratar la muerte de mujeres y para emprender mecanismos institucionales de acceso a la justicia y reparación del daño, se reunirá esta semana con autoridades de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estos encuentros, indicó, tienen la finalidad de mostrar lo que sabemos y ver la reacción de las autoridades; obligarlas a asumir compromisos e instaurar, a partir de esta misión, un monitoreo internacional sobre los avances que tenga el gobierno mexicano, así como desplegar una acción regional e internacional, mesoamericana y de la Unión Europea, para vigilar este tema y denunciar los incumplimientos.

Informó que de enero de 2007 a diciembre de 2008 se produjeron en México mil 221 feminicidios en 12 estados; de enero de 2009 a junio de 2010 hubo mil 728 en 13 entidades.

Más allá de las estadísticas

En este primer informe se concluye que en los países analizados la situación de violencia que viven las mujeres “está peor y es más preocupante de lo que a priori habíamos valorado con las estadísticas” oficiales y de organizaciones defensoras de derechos humanos, señaló Victoria de Pablo, de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española.

Precisó que en México la alta militarización actual, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, “se usa como método y pretexto para encubrir el feminicidio y violencia contra las mujeres, cuyas estadísticas y realidad queda oculta en la agenda internacional”.

Añadió que la misión internacional también detectó deficiencias estructurales en el sistema de justicia de los tres países, en especial en la fase inicial de investigación, tanto policial como en sus fiscalías, lo que ha impedido en la mayor parte de los casos la detención del agresor.

En el caso de México es especialmente preocupante esa impunidad en la persecución de la violencia contra las mujeres, por su gran magnitud, subrayó.

Desfavorables condiciones para mujeres migrantes en el mundo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 26 oct 10 (CIMAC).- Las mujeres constituyen el 47 por ciento de los 40 millones de personas que en el mundo, son desplazadas internamente en sus países, o viven como refugiadas en otra nación, y quienes además de enfrentar un mayor riesgo de  violencia física o sexual, son quienes tienen menor acceso a los servicios de salud materna.

De acuerdo con el informe “Estado de la población mundial 2010”, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las comunidades que acogen a las migrantes deben brindar servicios de salud materna de calidad, y a un costo accesible, pues si no lo hacen traería costos públicos y sociales a largo plazo.

Esta realidad, es ignorada por las naciones de destino, y las mujeres que se ven obligadas a migrar, o que lo hacer en situación irregular, viven una “vulnerabilidad exacerbada, hasta niveles inaceptables, debido a la falta de servicios, en particular, de salud materna e infantil”, precisa Ndioro Ndiaye, director de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), citado en el informe del UNFPA. 

La falta de acceso a los servicios de salud materna e infantil conduce a situaciones de riesgo para la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Las y los niños que no recibieron atención prenatal son más susceptibles al alumbramiento prematuro, y a trastornos de crecimiento y desarrollo.

Además, si no se atiende la salud materna de las mujeres migrantes se “puede perpetuar la mala salud de las comunidades migrantes, lo que a la larga, sobrecarga los sistemas de salud en los países de acogida”, advierte el informe del UNFPA.

Según estudios recientes realizados en países europeos, la situación migratoria irregular de las mujeres, además de agravar el riesgo de que sufran violencia física y sexual, reduce su acceso a la atención materna e infantil.

El panorama empeora porque las migrantes en esa circunstancia tienen más probabilidades de tener un embarazo no deseado, que el resto de las mujeres debido a que pueden sufrir violencia sexual y porque también carecen de servicios de planificación familiar.

Otra barrera para que las migrantes accedan a los servicios de salud materna, es el temor a la deportación, ya que su prioridad es “permanecer ocultas en la sociedad”.

Para quienes son desplazadas internamente en sus países, la distancia de sus refugios a los establecimientos de salud, es el principal obstáculo que bloquea su acceso a servicios de salud materna, sobre todo en zonas rurales.

En Delta del Mekong, Zimbabwe e Irak, con 2.8 millones de personas desplazadas internamente, las largas distancias de los centros de salud privan a muchas mujeres de asistencia pre y posnatal, lo que redunda en una mayor mortalidad materna e infantil.

De igual modo, la falta de información acerca de su derecho a la salud, así como la falta de conciencia, de quienes trabajan en esos lugares sobre su obligación de brindarles atención, puede impedir que sean atendidas.

En el desfavorecedor escenario global de salud materna de las migrantes, una de las soluciones es ampliar los conocimientos de partería y de salud de la comunidad en poblaciones migrantes, lo que ayudaría a detectar problemáticas reales y potenciales de salud para que las mujeres sean trasladadas a clínicas u hospitales a donde sean atendidas por personal médico.

10/GCJ/LR

Burka, leyes y derechos de las mujeres en Francia

Por Marlen Borges *

París, Fran. 25 oct. 10 (CIMAC/PL).- El destino de las mujeres portadoras del velo islámico integral (burka ) en Francia, quedó un poco en suspenso tras la aprobación de la ley que prohíbe el uso de esta prenda en los espacios públicos.

Tal proscripción, apoyada por la mayoría de las organizaciones feministas, que consideran este atuendo un símbolo de discriminación, pudiera significar la total reclusión de esas mujeres.

La legislación aprobada finalmente por el Senado galo, el 14 de septiembre pasado, propone multar con 150 euros a quienes usen el velo integral en los lugares públicos, una sanción ligera “porque por lo regular la víctima es la mujer”, dicen sus defensores.

En otro artículo de la ley aprobada, se establece que el acto de imponer el disimulo del rostro a través de la violencia, la amenaza, el abuso de poder o de autoridad, se castigará con un año de prisión y 15 mil euros de multa.

Se prevé un período de "prácticas o pedagogía" de seis meses para comenzar la aplicación de la ordenanza en la primavera de 2011.

ANTECEDENTES

“La burka no es bienvenida en Francia”, dijo en junio de 2009 el presidente de la República, Nicolás Sarkozy, para marcar el inicio del ocaso de una prenda usada en la nación gala por un reducido grupo de mujeres musulmanas.

Nunca un anuncio del mandatario galo, tuvo tanto apoyo, tanto de partidos de la derecha como de izquierda, asociaciones religiosas o de defensa de los derechos humanos y la población, conformaron una voluntad casi unánime por extinguir el velo islámico integral.

La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, manifestó su rechazo al uso de la burka en las mujeres.

En un comunicado señaló que se declara “personalmente contra la burka” porque no enaltece la figura de la mujer.

Bokova eludió pronunciarse respecto a si es correcta la proyección de Francia de prohibir el empleo del velo integral en sectores públicos, y en cambio recalcó la relevancia de actuar para favorecer a las mujeres en el mundo.

Después de meses de diálogos, debates y contradicciones, quedó sancionado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional y el Senado.

La legislación, proyectada en nombre de los valores republicanos y en defensa de la dignidad de la mujer, se aprobó como una ordenanza contra cualquier forma de ocultación del rostro por seguridad y sospecha de terrorismo.

Los partidarios de izquierda desconfiaban de una inobservancia a la Carta Magna, y preferían acudir a otros métodos sin llegar a legislar al respecto.

No obstante, el pasado 7 de octubre el Consejo Constitucional validó la ley que veta la burka portada por algunas mujeres que les cubre el cuerpo totalmente con una rejilla en los ojos y en el caso del niqab quedan visibles los mismos, sólo con la reserva de poder autorizarse en los lugares públicos de culto.

EL CASO DE ANNE

Francesa, hija de franceses y casada con un francés musulmán, Anne pertenece al grupo ínfimo de mujeres que porta la burka en este país y será sancionada por la ley si sale a la calle totalmente cubierta.

Anne se niega a aceptar lo que califica de imposición absurda y se rebelará, según anticipó a Prensa Latina.

Como francesa nacida en el país que siempre da lecciones al mundo sobre derechos humanos, no entiendo por qué no puedo vestirme como deseo y siento que mis derechos fundamentales son violados, expresó.

¿Alguien nos preguntó qué pensamos? No somos numerosas, no atacamos la integridad física ni moral de ninguna persona y nos conciben tan importantes como para crear una ley, se quejó Anne, quien aseguró que porta el velo por gusto propio, sin imposiciones.

Algunos críticos de la ley piensan que se trata una vez más de desviar la atención para ocultar problemas mayores, de índole política, económica o social.

En junio pasado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, votó en contra de prohibir el velo islámico integral.

El órgano consideró que se le negaría el derecho a cubrir su rostro a las mujeres según su deseo y propiciaría el encierro de éstas, limitándoles el contacto social.

La Asamblea valoró que la proscripción de la prenda, sólo podría justificarse por razones de seguridad o cuando las funciones públicas o profesionales de quien lo porte, le impongan la demostración de neutralidad religiosa o mostrar el rostro.

(*) La autora es corresponsal de Prensa Latina en Francia.

Exigen diputados a Marín sancionar a Cruz Pérez por expresiones homofóbicas

Aunque por el momento el Congreso del Estado está imposibilitado para hacer modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, la diputada local Malinalli García Ruiz, presentó una iniciativa de reforma para modificar los porcentajes de participación de hombres y mujeres en cargos de elección popular.

La priista propuso que de 75 por ciento se reduzca a 60 por ciento como máxima la participación de un género, como lo prevé el Cofipe.

“En México, gracias a la lucha de miles de mujeres organizadas, hoy en día podemos votar y ser propuestas a cargos de elección popular. Anteriormente los derechos ciudadanos sólo se contemplaban para los hombres. Hace 57 años, el reconocimiento a los derechos políticos de las mexicanas se otorgó gracias a la reforma del artículo 34 Constitucional”, expresó.

El artículo 201 del Código Electoral a la letra dice: Corresponde exclusivamente a los partidos políticos y a las coaliciones, en su caso, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. A fin de promover la equidad entre géneros en la vida política del Estado, en ningún caso podrán postular a cargos de elección popular, un porcentaje mayor al setenta y cinco por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, para integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad.

La iniciativa deberá ser analizada y dictaminada por la legislatura entrante, debido a que el Código Electoral no se puede reformar mientras hay un proceso electoral como ahora, que falta que los tribunales resuelvan inconformidades derivadas de la jornada electoral del 4 de julio, explicó en su momento, el presidente del Congreso Local, Humberto Aguilar Viveros.

Exigen diputados a Marín sancionar a Cruz Pérez por expresiones homofóbicas

MÓNICA CAMACHO

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rocío García Olmedo y Melitón Lozano Pérez, respectivamente, exigieron en la tribuna del Congreso local al gobernador Mario Marín Torres iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el director de los 22 centros penitenciarios del estado de Puebla, Aldo Enrique Cruz Pérez, por emprender una campaña homofóbica y utilizar para ello recursos del erario.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo (PT) José Benigno Pérez Vega informó que presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en contra del funcionario, quien se ha negado a explicar a la prensa los motivos por los que en un congreso de servicios de trabajadores sociales, organizado por el gobierno del estado, llamó a repudiar los matrimonios entre personas del mismo sexo y agredió verbalmente a Marcelo Ebrard Casaubón.

Los legisladores presentaron como evidencia un video difundido por La Jornada de Oriente en el que el director de los centros penitenciarios reprueba la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar los matrimonios gay que se celebran en el Distrito Federal, y manifiesta que duda del “sexo” del jefe de gobierno de esa ciudad.

A las acciones emprendidas por los legisladores locales del PRI, PRD y PT se suma un expediente de queja que abrió la Comisión de Derechos Humanos del Estado contra el servidor público por las expresiones con presunto contenido homofóbico y discriminatorio.

Melitón Lozano acusó que los comentarios de Cruz Pérez adquieren relevancia por tratarse de un funcionario que aprovecha un acto organizado con recursos públicos para expresar prejuicios sociales y promover una campaña que induce la discriminación por preferencias sexuales.

Las acciones, acusó en tribuna del Congreso durante la sesión ordinaria, son contrarias a la defensa de las garantías individuales de no discriminación plasmadas en el artículo 1 constitucional y violenta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación.

“No se trata de omisión o ignorancia. Es un claro acto de discriminación, de homofobia, que es más grave porque proviene de un servidor público que supuestamente debería estar vigilando que se cumplan las leyes y no promoviendo que se rompan”.

El perredista advirtió que no aceptará una simple disculpa pública, sino que se apliquen las sanciones correspondientes y, de igual manera, que el titular del Poder Ejecutivo del estado vigile que sus funcionarios se apeguen al estricto mandato de las leyes en cuanto a la prohibición de acciones discriminatorias. 

A su vez, Pérez Vega consideró “una vergüenza” que el responsable de la readaptación social en el estado mantenga actitudes radicales y de odio, impulse el extremismo religioso al declararse defensor de los cardenales de México, Norberto Rivera Carrera, y de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, y trate de imponer sus creencias con actos de culto en los Centros de Readaptación Social.

Rocío García Olmedo criticó que la irregularidad implica una doble responsabilidad, pues Aldo Enrique Cruz no sólo es funcionario estatal, sino también abogado, por lo que “supuestamente debería conocer la ley”.

Cambian en el DF método para interrumpir el embarazo

Josefina Quintero

 

Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 38

El método para la interrupción del embarazo que aplican los médicos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal pasó del legrado al tratamiento con Misoprostol. De los casos atendidos en 2007, cuando en su mayoría eran a través de la intervención quirúrgica, ahora en 70 por ciento se utiliza dicho medicamento.

De acuerdo con los datos de la dependencia local, expuestos en la conferencia sobre la interrupción legal de embarazo, organizada por la asociación Capital, causas y libertades, se ha atendido 48 mil 138 mujeres, de las cuales 75 por ciento tienen residencia en el Distrito Federal; 22, en el estado de México, y 3 por ciento de otras entidades de la República. La última paciente llegó del estado de Coahuila.

Actualmente se atienden mil 400 mujeres al mes, cifra que se duplicó en comparación con hace tres años, cuando entró en vigor la legalidad de la interrupción del embarazo en la capital del país, pues el promedio era de 600.

Por su parte la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal Leticia Bonifaz expuso el proceso que vivió la ciudad durante la legalización y las contrarreformas que existieron en 18 estados de la República, que más que modificaciones fueron reacciones políticas en contra de la ley en la ciudad que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

QR avala aborto por abuso sexual

CHETUMAL

El Congreso de Quintana Roo reformó el Código Penal para reglamentar el aborto por el delito de violación y obligar a las autoridades ministeriales y de salud a responder de manera efectiva para que las afectadas puedan acceder a este derecho, ya sea por propia voz o de sus padres, en caso de ser menores de edad.

Para la impulsora de esta iniciativa, la legisladora priísta María Hadad Castillo, la aprobación unánime de los 25 diputados locales representa un avance importante que debe servir de ejemplo a otras entidades para garantizar el derecho a las mujeres víctimas de violencia sexual a un aborto seguro.

“Quintana Roo figura entre los primeros lugares en México en abusos sexuales contra menores de edad, lo cual es vergonzoso y alarmante, nos obligaba a tomar conciencia y dar este paso tan importante”, agregó la priísta.

Recordó que el secretario de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, informó al Congreso local que 15% de los embarazos registrados en el estado en 2009 correspondían a menores de edad y producto de violaciones.

Explicó que el año pasado, 881 niñas fueron violadas y embarazadas en Quintana Roo, es decir, 73 al mes o 2.5 al día, cifra que “nos debe dar vergüenza a todos. Lo visible de esta realidad es lo que nos impulsó en el Congreso del estado a aprobar por unanimidad esta reforma”.

Casos como el de Amalia, la niña de 11 años de edad que fue abusada sexualmente por su padrastro y parió un hijo producto de ese abuso este año en Chetumal —por no poder acceder a un aborto—, podrán atenderse con esta ley, que especifica claramente la competencia del ministerio público, el juez y las autoridades de salud ante este tipo de “atrocidades”, señaló.

“Es una vergüenza no haber podido garantizarle a Amalia el derecho a interrumpir su embarazo, porque no estaba establecido en las leyes de Quintana Roo”.

El caso Amalia provocó la indignación y protesta de organismos nacionales e internacionales de mujeres, debido a que se le negó el derecho a abortar, ante la ausencia de una reglamentación que garantizara el acceso seguro a la interrupción del embarazo.

La reforma establecida ayer por los legisladores consiste en agregar una “sección tercera bis” al Código Penal de la entidad titulado “Procedimiento para la interrupción del embarazo cuando se actualiza el supuesto del artículo 97 fracción II del Código Penal —violación—”.

Requisitos de ley

Las mujeres que acudan a solicitar el aborto tendrán que cumplir con ciertos requisitos: interponer la denuncia por el delito de violación, que declare la existencia del embarazo y éste se compruebe en cualquier institución del Sistema de Salud Pública, que obren elementos suficientes que acrediten que el embarazo es producto de una violación y que conste solicitud escrita o por comparecencia de la mujer embarazada.

Con esta reforma, el sistema estatal de salud estará obligado a prestar la atención médica y sicológica a las mujeres embarazadas por violación que soliciten la práctica del aborto.

La ley en Quintana Roo permite el aborto en cuatro casos: por violación, por accidente, por padecimiento de alteraciones genéticas o congénitas graves del producto, y cuando el embarazo pueda ocasionar la muerte de la madre.

El Congreso local aprobó hace 18 meses la Ley de Protección a la Vida desde el momento de la concepción o “Ley Antiaborto” y no había entrado al análisis de esta reforma al Código Penal, que vendrá a sentar las bases jurídicas para permitir a las mujeres violadas la posibilidad de acceder a un aborto seguro.

Propone García Ruíz reforma electoral, otorgaría mayores espacios a mujeres

Con el propósito de disminuir el porcentaje de candidatos de un mismo género que deberán postular los partidos políticos para conseguir alcanzar la multicitada equidad de género, la diputada tricolor Malinalli García Ruíz presentó una Reforma al Artículo 201 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

De esta forma, el citado Artículo quedaría de la siguiente forma: “Corresponde exclusivamente a los partidos políticos y a las coaliciones, en su caso, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. A fin de promover la equidad entre géneros en la vida del Estado, en ningún caso podrán postular a cargos de elección popular, un porcentaje mayor al 60 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, para integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad.”

La legisladora del Revolucionario Institucional, argumentó su propuesta al señalar que “En México gracias a la lucha de miles de mujeres organizadas, hoy en día podemos votar y ser propuestas a cargos de elección popular, anteriormente los derechos ciudadanos sólo contemplaban para los hombres. Hace 57 años el reconocimiento  a los derechos políticos de las mexicanas se otorgó gracias a la reforma del artículo 34 Constitucional”.

Aseguró que hablar de representación política de las mujeres, refiere dos conceptos, el del acceso y permanencia de la población femenina en la esfera pública, su presencia en los espacios de toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal pues “la baja representación política de las mujeres se observa en el mundo, es un problema cultural que se presenta, debido a los roles tradicionales que deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad”.

CEDH sólo ha recibido dos quejas por homofobia durante el 2010

 La presidenta de la comisión informó que se ha enviado un oficio al director de CERESOS para defenderse de las acusaciones en su contra

FOTO: ARCHIVO

• La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, informó que ya se le ha enviado un oficio al Director de CERESOS de Puebla, Aldo Enrique Cruz Pérez, para que pueda defenderse de las acusaciones que se le han vertido debido a su polémico pronunciamiento en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo.  

En entrevista señaló que a pesar de que no existe un plazo para que el funcionario estatal pueda entregar el informe correspondiente para deslindar o emitir mayores responsabilidades, este sí la tendrá que hacer llegar al órgano para dar respuesta a las más de cinco organizaciones civiles que promovieron una queja en contra de Cruz Pérez. 

En este sentido, Bullen Navarro subrayó que los problemas de homofobia o discriminación sexual no son graves en el estado, ya que tan solo en lo que va de este año se han recibido únicamente dos denuncias, aunque estas dos se han presentando en Centros de Readaptación Social.   

Recordó que una de ellas se presentó en el penal de San Miguel en donde un abogado defensor quien decidió cambiar de sexo, acude vestido de mujer a laborar, situación que le ha generado burlas por parte de los custodios del mismo centro, por lo que también se le hizo el señalamiento al director del penal para que pudiera dar una explicación al respecto.

Acuerdan plan de trabajo para reclamar derechos de las mujeres

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 21 oct 10 (CIMAC).- Al término del Taller Regional de Posicionamiento y Avance de la Agenda Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD+15), en América Latina y el Caribe, organizaciones de mujeres y feministas, de 23 países de la región, firmaron hoy una declaratoria en la que acordaron un plan de trabajo para reclamar los derechos de las mujeres.

Así lo señaló Nirvana González Rosa, de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), organización que convocó el encuentro, realizado en Antigua, Guatemala, los días 20 y 21 de octubre.

Del debate, reflexión y propuestas de las representantes de la sociedad civil organizada en el Taller, y en la Segunda Reunión de Consulta de Membresía de la RSMLAC, que se llevó a cabo en el mismo lugar el pasado 18 y 19 de octubre, surgió una “declaratoria política”, que exige a los gobiernos de la región cumplan con los compromisos asumidos en CIPD+15.

González Rosa refirió que la declaratoria, resultado de cuatro días de trabajos, reafirma la suscrita el año pasado en Panamá, en la cual las organizaciones aseguran que, el no cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, se traduce en la violación de los derechos  humanos básicos, como el derecho a una vida libre de violencia.

El incumplimiento de los gobiernos en materia de salud, educación y empleo, va en detrimento del desarrollo de millones de mujeres latinoamericanas y caribeñas, de todas las edades e identidades, condicionándolas a la exclusión, violencia y discriminación, sostienen en la declaratoria de Panamá, que hoy reafirman.

Puntualizan que es necesario mejorar y garantizar el derecho a vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación y sistemas públicos integrales de seguridad social con accesibilidad y cobertura universales, para asegurar condiciones de vida digna, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Respecto al cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, señalan que los gobiernos de la región deben garantizar servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna.

En relación con la igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres, mencionan, entre otras acciones, la necesidad de que en legislaciones y políticas las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos, y con capacidad de tomar decisiones libres.

En este sentido, también es fundamental erradicar toda expresión  de violencia y discriminación hacia todas las mujeres de la región.

Para la vigilancia del cumplimiento de los Estados es vital la participación de las mujeres y feministas organizadas, quienes exigen mediante la declaratoria, “crear, fortalecer y garantizar espacios permanentes de diálogo y toma de decisiones conjuntas entre gobierno y sociedad civil, para el monitoreo de la implementación de la CIPD”.

También señalan que deben mejorarse los sistemas de información para facilitar el monitoreo de los compromisos asumidos en la CIPD y de los recursos públicos para su ejecución.

10/GCJ/LR/LGL

Exige diputado de PT proceso contra funcionario por opinión homofóbica

Por Jesús Lemus

jueves, 21 de octubre de 2010

Proceso administrativo contra Aldo Enrique Cruz, director general de los Centros de Reinserción Social, el diputado local del PRD, Melitón Lozano Pérez, como consecuencia de los comentarios homofóbicos que hizo el funcionario estatal hace unos días durante un acto público. Lo anterior fue expuesto en el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso local, donde presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Mario Marín Torres a iniciar este proceso. Quienes se sumaron a este punto de acuerdo fueron los diputados locales del PRI y PT, Rocío García Olmedo y José Manuel Benigno Pérez Vega. El segundo legislador dijo que ya presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Es importante recordar que los comentarios fueron hechos por el titular de los Ceresos el pasado 31 de agosto en el Primer Encuentro Regional de Actualización en el Trabajo Social.

Acusan a director de penales de Puebla de impulsar una campaña homofóbica

Martín Hernández Alcántara

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2010, p. 32

Puebla, Pue., 20 de octubre. Organizaciones no gubernamentales y la diputada local priísta Rocío García Olmedo anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra Aldo Enrique Cruz Pérez, director de los 22 centros penitenciarios del estado, a quien acusan de haber emprendido una campaña homofóbica en la cual llama a la población a repudiar los matrimonios entre homosexuales.

La Jornada de Oriente tiene un video de una conferencia del director general de los Centros de Readaptación Social de Puebla, quien el 31 de agosto participó en el primer encuentro regional de actualización en trabajo social, cuyo propósito era analizar las condiciones de los penales y la población carcelaria del estado.

El funcionario, a cuya espalda aparece una lona con el logotipo del gobierno del estado, declaró: Muchos de nosotros estamos en contra de las resoluciones (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) que validaron los matrimonios gays, pero no sabemos qué hacer. Yo les estoy dando los mecanismos para hacerlo, dijo, y ofreció formatos para combatir esas resoluciones.

Comentó que el cardenal Norberto Rivera Carrera y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, han censurado estas resoluciones de la SCJN y ya vemos la respuesta de Marcelo Ebrard (jefe del Gobierno del Distrito Federal), que... pues dudo de su sexo.

Varias organizaciones civiles exigieron al gobierno del estado destituir al funcionario, quien además es presidente de la Confederación Nacional de Centros de Readaptación Social.

Titular de Ceresos debe explicar dichos homofóbicos

A la queja de oficio que inició Marcia Maritza Bullen Navarro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, contra el director de Centros de Readaptación Social, Aldo Enrique Cruz, por sus comentarios homofóbicos en un evento público, se sumaron ayer las quejas de organizaciones no gubernamentales que pertenecen a la Red Democracia y Sexualidad de Puebla (Demysex),

Taller Centro de Capacitación y Sensibilización Humana, Asociación Jurídica Juvenil de Puebla y el Colectivo El Torito.

El expediente 10908/2010-C fue integrado con base a las notas periodísticas y video que consta en el portal Youtube, donde aparece el funcionario público en una ponencia emitiendo comentarios homofóbicos, haciendo una campaña contra los matrimonios del mismo sexo.

También hay dos quejas presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), hechas por particulares, una de ellas por Brahim Zamora, representante de Demysex.

Los comentarios ofensivos del funcionario van en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como de no discriminación marcada en la Constitución de México y Puebla y la Ley Federal para prevenir y Erradicar la Discriminación.

“Aldo Enrique Cruz usa su cargo público para llevar a cabo una campaña de odio, de la reducción de derechos a las parejas del mismo sexo”, señaló Brahim Zamora.

Criticó también que dada la situación de los reclusorios, se use el tiempo para difundir asuntos ideológicos personales y no en solucionar problemas mucho más graves. Zamora, entrevistado por este medio señaló que Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación, sí tiene que responder por él, pues es responsable de estos hechos, indirectamente, y tiene que deslindar responsabilidades: “esto no debe terminar con una disculpa pública”.

Señaló que se espera que el Congreso llame a este funcionario a comparecer, exhortando al ejecutivo para que se le finque las responsabilidades que sean consecuencia de estos actos

Esta denuncia se da en el marco del día Mundial del Bullying Homofóbico contra jóvenes y adolescentes.

Por discriminar, piden renuncia de Aldo Cruz

Fotógrafo Cristopher Damián por: Mario Martell Diputados locales y organizaciones de derechos humanos denunciarán al director de Centros de Readaptación Social, Aldo Enrique Cruz Pérez, ante la Conapred y la CEDH por actos discriminatorios. A pesar de que a nivel nacional se conmemoró el Día Nacional Contra la Discriminación, una vez más Puebla se encuentra en el ojo del huracán, pues Cruz Pérez incurrió en actos discriminatorios. En un video difundido en Youtube por medios locales como la Jornada de Oriente y nacionales como el Universal, Cruz Pérez manifiesta: “vemos que dos personajes a nivel nacional se lanzan en contra de las resoluciones de la corte, y ya vemos la respuesta de Marcelo Ebrard que, pues dudo de su sexo”. No es la primera vez que sucede esto en Puebla. Hace unos cuantos meses, en la pasada campaña electoral, el candidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, Javier López Zavala, se expresó así de su oponente, Rafael Moreno Valle, candidato de la coalición “Compromiso por Puebla”: “seguramente es cierto que hay funcionarios que cambian de coche, de casa y mujer; aunque yo sigo con la misma (esposa) y la misma casa, pero hay otros que cambian de partido y hasta de sexo”. López Zavala jamás pidió una disculpa a su oponente ni a la comunidad LBGT por la aseveración. El pasado 31 de agosto, al realizarse el primer Encuentro Regional de Actualización, el director de los Ceresos animó a quienes quisieran hacerlo a que impugnaran la resolución de la SCJN a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ofreciéndoles formatos para hacerlo. La reacción no se hizo esperar. Diputados locales como el petista José Benigno Pérez Vega, promotor de la iniciativa de ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, presentarán una queja por actos discriminatorios ante la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación) en contra del funcionario marinista. En el mismo sentido actuarán las organizaciones Red Democracia y Sexualidad Puebla (Demysex Puebla) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser Puebla), quienes pedirán la destitución inmediata de Aldo Enrique Cruz Pérez por la campaña homofóbica que ha impulsado desde su cargo. Además, implementarán varias acciones para solicitar que se castigue conforme a derecho a este funcionario que asegura echar abajo las reformas en el Distrito Federal que permiten el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, presumiendo además su amistad con los ministros de culto Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera. Las acciones La primera acción será interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, respaldada por las ONG y personas que integran ambas redes el miércoles 20 de octubre a las 8:00 horas, señalaron en un comunicado estas organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Después se buscará una audiencia con el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, para que escuche a las organizaciones civiles y emita una postura al respecto. Se ha iniciado ya una campaña en redes sociales y por internet para que las ciudadanas y ciudadanos que se sientan afectados por los dichos de Aldo Enrique Cruz interpongan un reclamo ante el Conapred. “La campaña de odio” El director de Ceresos está faltando al principio de no discriminación que marca la Constitución de México y la de Puebla, así como a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, valiéndose de su cargo para llevar a cabo una “campaña de odio” durante eventos de la institución que tiene a mal dirigir, pues de todos es sabido el estado lamentable que guardan los Ceresos en Puebla, manifestaron los representantes de las redes Brahim Zamora y Natalí Hernández.