Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rocío García Olmedo y Melitón Lozano Pérez, respectivamente, exigieron en la tribuna del Congreso local al gobernador Mario Marín Torres iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el director de los 22 centros penitenciarios del estado de Puebla, Aldo Enrique Cruz Pérez, por emprender una campaña homofóbica y utilizar para ello recursos del erario.
En tanto, el diputado del Partido del Trabajo (PT) José Benigno Pérez Vega informó que presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en contra del funcionario, quien se ha negado a explicar a la prensa los motivos por los que en un congreso de servicios de trabajadores sociales, organizado por el gobierno del estado, llamó a repudiar los matrimonios entre personas del mismo sexo y agredió verbalmente a Marcelo Ebrard Casaubón.
Los legisladores presentaron como evidencia un video difundido por La Jornada de Oriente en el que el director de los centros penitenciarios reprueba la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar los matrimonios gay que se celebran en el Distrito Federal, y manifiesta que duda del “sexo” del jefe de gobierno de esa ciudad.
A las acciones emprendidas por los legisladores locales del PRI, PRD y PT se suma un expediente de queja que abrió la Comisión de Derechos Humanos del Estado contra el servidor público por las expresiones con presunto contenido homofóbico y discriminatorio.
Melitón Lozano acusó que los comentarios de Cruz Pérez adquieren relevancia por tratarse de un funcionario que aprovecha un acto organizado con recursos públicos para expresar prejuicios sociales y promover una campaña que induce la discriminación por preferencias sexuales.
Las acciones, acusó en tribuna del Congreso durante la sesión ordinaria, son contrarias a la defensa de las garantías individuales de no discriminación plasmadas en el artículo 1 constitucional y violenta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación.
“No se trata de omisión o ignorancia. Es un claro acto de discriminación, de homofobia, que es más grave porque proviene de un servidor público que supuestamente debería estar vigilando que se cumplan las leyes y no promoviendo que se rompan”.
El perredista advirtió que no aceptará una simple disculpa pública, sino que se apliquen las sanciones correspondientes y, de igual manera, que el titular del Poder Ejecutivo del estado vigile que sus funcionarios se apeguen al estricto mandato de las leyes en cuanto a la prohibición de acciones discriminatorias.
A su vez, Pérez Vega consideró “una vergüenza” que el responsable de la readaptación social en el estado mantenga actitudes radicales y de odio, impulse el extremismo religioso al declararse defensor de los cardenales de México, Norberto Rivera Carrera, y de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, y trate de imponer sus creencias con actos de culto en los Centros de Readaptación Social.
Rocío García Olmedo criticó que la irregularidad implica una doble responsabilidad, pues Aldo Enrique Cruz no sólo es funcionario estatal, sino también abogado, por lo que “supuestamente debería conocer la ley”.
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