Cuenta México con estrategias para reducir mortalidad materna e infantil: SSA

En México, 97.3 % de las mujeres embarazadas recibió atención prenatal al menos una vez y 94.1 % de los nacimientos fueron atendidos por personal de salud (ENSANut 2006), afirmó el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, al participar en el Foro de Asociados de la Alianza para la Madre, el Recién Nacido y el Niño

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El sistema de salud mexicano tiene 28 programas focalizados en atención médica, prevención, educación, promoción, investigación y desarrollo. El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, participó en el Foro de Asociados de la Alianza para la Madre, el Recién Nacido y el Niño

En México, 97.3 % de las mujeres embarazadas recibió atención prenatal al menos una vez y 94.1 % de los nacimientos fueron atendidos por personal de salud (ENSANut 2006), afirmó el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, al participar en el Foro de Asociados de la Alianza para la Madre, el Recién Nacido y el Niño que se realizó del 12 al 14 de noviembre, en Nueva Delhi, India.

Durante la plenaria III Acelerando la Acción para la Salud de las Mujeres y Los Niños, en la que habló de las Estrategias para mejorar la salud materna e infantil en México, mencionó que el 28 de mayo de 2009 se firmó el Acuerdo Interinstitucional para la cobertura universal de emergencias obstétricas mediante el cual, independientemente de su afiliación, todas las mujeres embarazadas se pueden atender en la unidad más cercana en caso de urgencia.

Dio a conocer en un comunicado que mil 186 Hospitales tienen cuidado ginecoobstétrico en el sector público y privado, y hay 390 hospitales de resolución disponibles dentro de las tres principales instituciones de salud (SSA, ISSSTE e IMSS).

Comentó que el sistema de salud mexicano ha trabajado en 28 programas focalizados en cinco áreas específicas como la atención médica, prevención, educación, promoción, investigación y desarrollo.

Comentó que la experiencia mexicana fue modelo para otras naciones por el impacto positivo de las estrategias para el cuidado integral de la salud materna y perinatal, entre ellas el programa anual de certificación y recertificación de hospitales.

Otra estrategia exitosa ha sido el Hospital Amigo del Niño y de la Madre, que cuenta con más de 500 unidades, en las que todo el personal recibió capacitación, se realiza alojamiento conjunto madre-hijo, promueve el programa de madre Canguro y la lactancia exclusiva, además cuentan con bancos de leche humana.

Por otra parte, opera el programa Arranque Parejo en la Vida que fortalece la red de servicios institucionales y comunitarios, se basa en el desarrollo humano y en las personas, se centra en la prevención y atención primaria, integra las acciones y modelo de atención de salud.

Mientras que con el Seguro Médico para una Nueva Generación, los niños están protegidos de las enfermedades más comunes durante los primeros cinco años de vida, especialmente durante el primer mes

Por otra parte, también está en marcha el Programa de Embarazo Saludable que desde su creación en mayo de 2008 a septiembre de 2010 ha beneficiado a un millón 295 mil 147 mujeres.

El propósito es brindar cuidado materno y perinatal y eliminar las limitaciones económicas para el acceso a servicios de salud. Incluye el cuidado prenatal, expulsión y atención fisiológica puerperal, cesáreas y cuidado quirúrgico puerperal, además es un complemento del aseguramiento de los recién nacidos.

Para las embarazadas que viven en zonas muy apartadas, se crearon los albergues o posadas que están cercanas a los hospitales de alumbramiento, en las que reciben atención por parteras pero cerca está el médico por si se presenta alguna emergencia.

Al referirse a la mortalidad infantil, señaló que las principales estrategias para disminuirla se basan en el fortalecimiento del Programa Nacional de Vacunación anual, así como el Sistema Nacional de Registro (ProVac) para detectar los niños que están atrasados en su calendario de vacunación y asegurar altas tasas de cobertura.

También están la detección oportuna y atención de las complicaciones perinatales, malformaciones congénitas (gastrointestinales, neurológicas, cardiacas), prevención, tratamiento oportuno y referencia de enfermedades respiratorias agudas y gastrointestinales graves.

La detección oportuna y atención de leucemia y otros cánceres sólidos en menores de cinco años, así como la prevención y el tratamiento de los accidentes.

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Queda lista iniciativa de Ley contra la Trata de Personas

MÓNICA CAMACHO

El Congreso local tiene lista la iniciativa de Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas en el estado, la cual se aprobará el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tras nueve meses de análisis y discusión.

La diputada priista Malinalli García Ruiz, quien es una de las principales impulsoras del proyecto, explicó que se eligió el 25 de noviembre debido a que 90 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas, mientras que 80 por ciento de los casos tiene fines de explotación sexual, de acuerdo con cifras que se manejan en el ámbito internacional.

En una entrevista, Malinalli García informó que Puebla se convertirá en el noveno estado del país en aprobar un marco normativo para prevenir el tráfico de seres humanos y auxiliar a las víctimas del delito, después de Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y el Distrito Federal.

“La iniciativa de ley propone la creación de una comisión interinstitucional que se encargará de elaborar un programa estatal sexenal contra el tráfico de personas, en el que se definirán las políticas públicas que impulsará el gobierno”, detalló.

Las dependencias obligadas a definir programas de acción contra el tráfico de personas son las secretarias de Turismo, Salud, Educación Pública, del Trabajo y Competitividad, y Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Poblano de la Mujer, el Instituto Poblano de la Juventud y el Consejo Estatal de Población.

Malinalli García explicó que la comisión interinstitucional deberá integrar, además, una base de datos sobre la incidencia del delito, las causas del mismo, el rango de edades de las víctimas y las zonas en las que se registra la transgresión para coadyuvar en el combate del mismo. 

En el proyecto de ley, que se presentó ayer al pleno del Congreso y se turnó a las comisiones unidades de Gobernación y Equidad de Género para su dictaminación, se señala que es difícil para las autoridades establecer con precisión las cifras y estadísticas de la trata de personas “debido a la naturaleza clandestina y la falta de comprensión del fenómeno”.

La iniciativa contempla asimismo un capítulo en el que se establecen las reglas para la reparación del daño a través de tratamiento médico y psicológico, así como terapias para la rehabilitación física.

Casi dos mil mujeres sufren agresiones

Reynosa.- El 25 de noviembre fue declarado como el Día Contra la Violencia de Género, en Reynosa se preparan actividades de concientizacion, y es que según se dijo la mujer es quien encabeza la lista de agresiones, en lo que va del año se tiene un registro de mil 741 personas atendidas –todas mujeres- en este municipio, informó Sonia Flores Peña, directora del DIF de Reynosa.

Indicó que las mil 741 personas mujeres, han tenido que recurrir a una atención psicológica, según sus estadísticas, los números han bajado un 20 por ciento en lo que respecta al 2009.
En la violencia contra la mujer, son las leyes quienes salvaguardan su integridad, pero se espera que en 2011 esta se ejerza totalmente, y toda fémina que interponga una querella contra el hombre, este será encarcelado, actualmente se tienen a siete de ellos que han sido encarcelados y que enfrentan una pena de un año y dos meses.

La directora del DIF explicó que dentro de este tema, el género masculino también sufre de agresiones.
Olga Amparo Dávila, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Reynosa, dijo que este 25 de noviembre se celebrará en todo el mundo el Día de la No Violencia de Género.

En Reynosa, se tienen previstas diversas actividades sobre todo para hacer conciencia entre los ciudadanos, el tema se tiene enfocado es especial a la mujer por ser una de las principales victimas.
A pesar de que se tienen programas preventivos y se llevan pláticas a las escuelas donde se imparten temas como la violencia en el noviazgo y área laboral, y se cuenta una Procuraduría de la Defensa del
Menor, la Mujer y la Familia, este problema social sigue presente.

Olga Amparo Dávila dijo que en la actualidad, se ha detectado un incremento tanto en la violencia verbal, emocional y económica.

 

Multimedios TV

En México el 60 % de mujeres asesinadas son en vía pública: OEA

En México ocurren mil 205 asesinatos de mujeres al año, cifra que está por arriba de los indicadores de violencia comparado con países como España, reveló la representante de la Organización para Estados Americanos (OEA) en el país, Margarita Guillé Tamayo.

En entrevista, dijo que el 60 por ciento de los asesinatos de mujeres en México ocurren ocurre en la vía pública y 40 por ciento en el hogar, lo que significa que hay tolerancia a la violencia contra las féminas.

Al participar en el taller Diseño, Aplicación y Evaluación del Manual de Atención a Mujeres en situación de Violencia de Género, Guillé Tamayo detalló la relación de crímenes en el país comparada con España, país en el que se reportan 80 homicidios de mujeres, por lo que “estamos mucho más arriba de los indicadores de violencia”.

Recomendó que, para restaurar el estado de derecho, es importante que las autoridades judiciales y de procuración de justicia se enfoquen en resolver el 40 por ciento de los homicidios cometidos en el hogar pues sería más fácil dar con el móvil del crimen.

“También es más fácil dar con la persona que ha perpetrado este delito. El 60 por ciento de los homicidios que ocurre en las calles es porque hay tolerancia a la violencia contra las mujeres y tendría que intervenir la ciudadanía, los vecinos y en un momento dado el propio estado y las autoridades”, dijo.

Las características de las mujeres víctimas de violencia son las que tiene una escolaridad bajao o medio y particularmente viven en zona marginada, donde tienen que trasladarse en transporte público y no necesariamente tienen automóvil propio.

La violencia extrema, refirió, es tolerada por el Estado y eso significa que no se están tomando las medidas necesarias para impedir que se cometan los homicidios contra las mujeres.

La especialista en temas de género y violencia contra las mujeres, dio a conocer que Guerrero ocupa el cuarto lugar en feminicidios.

Urgió a detener los asesinatos de mujeres que el contexto social, económico, político y cultural, permite que las féminas sean violentadas por manos de hombres agresores.

Añadió que ya se capacitan a un grupo de policías estatales y ministeriales para que estén preparados y puedan atender las emergencias que se reporten por violencia familiar, principalmente que se registran en las noches y los fines de semana.

“Nos hace falta que los policías sepan que hacer y cómo hacer para prevenir una escalada de delito o consecuencias mucho más grave como la perdida de la vida de la mujer y considerar qué hacer con los niños cuando una mujer es víctima de violencia”.

Por otra parte, comentó, la violencia entre grupos del crimen organizado está poniendo en riesgo a las esposas de policías preventivos, ministeriales y militares por el flujo de armas de fuego.

Pidió al gobierno de la república que pongan un control al flujo de armas porque ahora cualquier persona que se dedique a trabajar o no puede conseguir un arma y consideró que es mucho fácil someter a una persona con violencia al tener una pistola y el trauma emocional para estos niños y mujeres es mucho más alto.

camo

67% de las mujeres en México ha sufrido violencia

“La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce limites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas

El objetivo principal de la Línea es brindar un medio de atención, escucha activa, consulta, orientación apoyo psicológico y asesoría jurídica para las victimas de violencia de genero, que involucra un proceso de desahogo, toma de decisiones y ejecute la vinculación con los organismos especializados que atiendan esta problemática. La Línea Vida sin Violencia es nacional, funciona las 24 horas los 362 días del año y no tiene ningún costo. Hasta hoy 28 estados de la República cuentan con su linea 01800 de atención a mujeres en situación de violencia

Y es que es lamentable ver que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y/o de pareja.

No podemos permitir que las nuevas generaciones vean la violencia como una forma de vida común, se tiene que acabar con este flagelo que lo único que hace es dañar y lastimar a todas y todos quienes vivimos aquí.

Una vez más, relegarán recursos para la salud sexual y reproductiva

Por la Redacción

México, D.F., 11 nov 10 (CIMAC).- A menos de cuatro días de que venza el plazo legal para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC), demandaron una mayor asignación presupuestaria para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En un desplegado, diversas organizaciones con trabajo en derechos de las mujeres, cuestionaron que el proyecto de PEF haya relegado, una vez más, la salud reproductiva de las mexicanas al no destinar recursos suficientes para atender estos temas, y no priorizar la compra de métodos anticonceptivos.

Mencionaron que si hay algo que refleja las prioridades de una nación, es el presupuesto de egresos; asimismo destacaron que con la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, será imposible cumplir con el mandato del artículo 4 de la Constitución que garantiza “el derecho a decidir el número y el espaciamiento de hijas e hijos”.

Por tal razón, exhortaron a las y los legisladores a corregir los errores de la propuesta enviada y mostrar que las mujeres sí son prioridad, garantizando que puedan ejercer su  derecho a la salud sexual.

Las organizaciones pidieron que se etiqueten los recursos suficientes e irreductibles para la compra consolidada de insumos de salud reproductiva, incluyendo los métodos anticonceptivos, lo cual -afirmaron- descartará la discrecionalidad de costos, garantizará el abasto y evitará que los recursos se utilicen con prioridades distintas.

“Esta acción contribuiría a abatir los rezagos y los altos niveles de demanda insatisfecha entre los grupos más vulnerables, particularmente adolescentes y población rural e indígena”, dijeron.

Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009, para las mujeres de 15 a 19 años de edad, la demanda insatisfecha de anticoncepción es del 25 por ciento, mientras que para las de 20 a 24 años, es del 17 por ciento.

Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), indican que durante el año 2000, ocurrieron en el país cerca de 366 mil nacimientos de madres de entre 15 y 19 años de edad, lo que representa el 17 por ciento del total de nacimientos.

A pesar de que durante los últimos seis años, el número de nacimientos se redujo en poco más del 10 por ciento, la prevención del embarazo no planeado en las adolescentes, continúa siendo un desafío prioritario en salud reproductiva.

Otra de las peticiones de las organizaciones, fue adicionar en el decreto del PEF 2011, la obligación de que los estados establezcan el  Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).

Con este instrumento, afirmaron, se garantizaría la transparencia y se permitiría a la Secretaría de Salud, a las y los legisladores y a la ciudadanía, dar seguimiento al ejercicio de recursos de los programas de atención a la salud.

Además pidieron que se asigne una partida presupuestaria para campañas en medios de comunicación masiva sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Así la Secretaría de Salud y el Conapo, cumplirían con su obligación de realizar campañas de alto impacto para posicionar la planificación familiar, y la anticoncepción, como medidas preventivas para el cuidado de la salud.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podría dictaminar hoy del decreto de PEF 2011, para presentarlo ante el Pleno este viernes, y posteriormente votarlo el lunes15, día en que vence el plazo legal. Aunque no se descarta que las negociaciones tomen más tiempo.

10/AGM/LR

La militarización en México, encubre el tema de feminicidio

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 8 nov. 10 (CIMAC).- La actuación del gobierno mexicano en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio es “insuficiente”, ya que no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y tampoco su acceso a la justicia, prueba de ello, es que en los últimos tres años de los mil 67 asesinatos violentos registrados, sólo 3.7 por ciento de los casos recibieron una sentencia.

Afirmaron académicas, investigadoras, abogadas y activistas, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana”, en conferencia de prensa, durante su visita a México, que tiene como propósito plantear una agenda mínima para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

En su exposición, Victoria de Pablo, del Consejo general de la abogacía de España, afirmó que “el gobierno mexicano no está suficientemente implicado en la lucha contra la violencia de género y contra el feminicidio; está políticamente desvinculado y oculta esta realidad, lo que permite que miles de mujeres sean asesinadas impunemente en el país cada año”.

Luego de consultar la información oficial y de entrevistarse con las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio, a nombre de la Misión Internacional, Victoria de Pablo detalló que en México, a diferencia de Nicaragua y Honduras (países que visitaron la semana pasada), la problemática es “especialmente preocupante”.

Ello, se debe a la “alta militarización, la cual como pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha servido para encubrir el tema de feminicidio”.

En el balance de los tres países, México destaca por su incumplimiento de compromisos con el Legislativo nacional y con organismos internacionales que establecen la protección de la vida y los derechos de las mujeres.

A diferencia de Nicaragua y Honduras, la impunidad en México también es más alarmante, ya que al contar con una mayor capacidad política y económica se esperaría que el acceso a la justicia fuera mayor, pero no es así.

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en los últimos tres años se registraron mil 768 homicidios dolosos de mujeres, en 15 estados de la república, de los cuales sólo se identificaron mil 67 casos, ya que Chihuahua y Veracruz no proporcionaron información suficiente para definir si se trata de este delito.

Del total de asesinatos violentos, informó la coordinadora de la OCNF, sólo en 40 de los casos las autoridades han dictado sentencia.

Al respecto, Victoria de Pablo mencionó que tal grado de impunidad es posible por la ausencia de registros globales, la “defectuosa investigación de los hechos” y la criminalización de las víctimas.

“Con el alto nivel de ineficiencia en la investigación y sanción de los crímenes contra las mexicanas, se envía un mensaje de impunidad, pues finalmente el agresor queda libre, éste impacta sobre todo a núcleos rurales, indígenas, generando en las familias de las víctimas sentimientos de impotencia y desamparo, así como desconfianza de las instituciones públicas”, indicó la especialista.

En este escenario, la diputada federal Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, señaló que la Misión Internacional presentará 10 puntos, retomados de la sentencia del caso Campo Algodonero, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, a las y los funcionarios con quienes se entrevistarán los próximos dos días, para que se implemente en todo el país.

Entre las puntualizaciones están el registro homologado y suficiente de las víctimas, para poder identificarlas, también un banco genético que permita reconocer los cuerpos con base en la información genética de las familias.

De igual modo, mencionó la necesidad de establecer un mecanismo inmediato de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Entre los puntos retomados de la sentencia de la (CoIDH), emitida el año pasado por el caso de tres de los ocho cuerpos encontrados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, también está la creación de protocolos de investigación, así como la capacitación y sensibilización permanente para el personal de justicia.

Otras puntualizaciones que presentarán ante las autoridades del país, está la tipificación del delito de feminicidio y campañas de respeto a los derechos de las mujeres, con la finalidad de “desmontar esa cultura de maltrato”, señaló Teresa Incháustegui.

La Misión Internacional se reunirá hoy con funcionarios de la Procuraduría General de la República, y mañana martes con representantes del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación.

10/GCJ/LR/LGL

Necesario incorporar perspectiva de género para atender casos de agresiones a mujeres periodistas

México D.F., 6 de noviembre de 2010 (Cencos).- Las agresiones cometidas contra mujeres periodistas vinculadas al ejercicio de su profesión se mezcla con la condición de ser mujer, adquiriendo carácter de género y una doble violencia. Amenazas dirigidas a los hijos e hijas, agresiones de carácter sexual, descalificaciones públicas y cuestionamientos sobre la calidad moral y ética tanto en la vida profesional como en la vida personal son algunas especificidades en las agresiones dirigidas a las periodistas.

Estos temas fueron tratados en el foro Agresiones a mujeres periodistas en México, una perspectiva de género necesaria, que organizó la Agencia Multimedia de Noticias Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (Cimac) y en el que participaron la periodista Lydia Cacho, la antropóloga feminista Marcela Lagarde y mujeres periodistas de varios estados de la república como Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Estado de México, entre otros.

Aunado a ejercer una profesión de riesgo, la satanización de lo femenino en una sociedad patriarcal, representa también un obstáculo para acceder a la justicia en casos de agresión. Es frecuente escuchar por parte de autoridades ante un caso de asesinato o desaparición que, “seguramente la mujer andaba en ‘malos pasos’ ó se fue con el novio”, dichas aseveraciones cuestionan el valor profesional y ético de la labor periodística de las mujeres minimizando o normalizando el riesgo o la agresión.

Ante la creciente violencia dirigida al gremio, existe la necesidad de documentar los casos de agresiones contra periodistas, para ello, se han creado métodos y protocolos, sin embargo, afirmó Lucía Lagunes, directora de CIMAC, “no existen protocolos que desde el monitoreo y registro de casos que contemplen la perspectiva de género y sus especificidades”. La mayoría de casos están centrados en hombres y los casos de mujeres con sus especificidades quedan invisibilizados.

Por su parte, Lydia Cacho compartió las dificultades de hacer una labor periodística crítica que a veces resulta “incomoda para gobernadores y alcaldes que ven tocados sus interés tras un buen trabajo periodístico” sin embargo, aseguró que se debe continuar en la construcción de un periodismo congruente, crear espacios de seguridad e intercambio, así como rescatar el papel relevante que las mujeres periodistas han asumido ante un contexto adverso.

La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres Marcela Lagarde, aseguró que hace apenas unas décadas, la labor periodística pertenecía al ámbito de lo masculino, pero a través del trabajo de mujeres que innovaron en este rubro y adquirieron papeles indispensables en el periodismo, lograron colocar su propia interpretación desde lo femenino rompiendo así esquemas establecidos en una sociedad patriarcal.

En este sentido, Lagarde destacó el caso de las comunicadoras de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en Oaxaca, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, quienes fueron asesinadas en abril del 2008, “ellas, que al hacer una labor distinta en su comunidad y representar un factor de cambio social, lograron transformar esquemas en su entorno”.

Por otro lado, habló de la necesidad de utilizar las leyes nacionales e internacionales ya existentes que obligan al Estado a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres como principal herramienta para la justicia, pues estas representan los logros de la ciudadanía organizada.

Finalmente se rescató la importancia de hablar sobre lo que cada mujer periodista está viviendo a diario en sus estados, la manera en que enfrentan contextos violentos y sobre todo, contar con espacios de encuentro como lo fue el foro. Se planteó también la necesidad de construir un periodismo de derechos humanos y ético y sobre todo continuar exigiendo medidas de protección al Estado.

 

Centro Nacional de Comunicación Social

Exijan comunicadoras y sociedad derecho a vivir sin violencia: Lagarde

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 5 nov 10 (CIMAC).- Las periodistas por ser mujeres con una ocupación de riesgo enfrentan una doble violencia, que para ser erradicada es necesario que el Estado garantice su derecho   a una vida libre de violencia, ya que “la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las mujeres periodistas”.

Durante el seminario “Las mujeres periodistas no estamos exentas de la violencia de género. Agresiones a mujeres periodistas en México, una perspectiva de género necesaria”, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, enfatizó que la exigencia del cumplimiento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debe venir del propio gremio y de la sociedad, apoyándose en las leyes nacionales e instrumentos internacionales garantes de este derecho.

El derecho a la vida, indicó la antropóloga feminista, es el primer derecho humano de las mujeres, al que se le añadieron dos palabras: “sin violencia”, debido a que este es un recurso utilizado “para castigar, educar y someter a las demás a través del miedo”, el cual es utilizado para silenciar a las dedicadas a la información.

Por ello, primeramente, “las periodistas necesitan reconocer que tienen esas dos características, son mujeres con una profesión de riesgo, condiciones que las colocan en un doble riesgo de ser víctimas de violencia”, mencionó durante el seminario convocado por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Si bien, esta problemática afecta a mujeres y hombres que desde el ámbito de la comunicación “develan, denuncian y exponen” la realidad nacional con una perspectiva que contribuye a democratizar el país, ellas sufren una violencia anterior por su condición de género.

Las agresiones contra las periodistas coinciden con la categoría jurídico-política de violencia, establecida en cinco leyes del país, como la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV), y en instrumentos internacionales como la convención Belém do Pará.

Por ello, debe enunciarse como violencia contra las mujeres, y, de este modo, exigir su erradicación desde estos marcos jurídicos, indicó Lagarde y de los Ríos.

“Las agresiones a periodistas se enmarcan en los cinco tipos de violencia que establece la LGAMVLV: física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, que existen en el ámbito familiar, comunitario, institucional, laboral, educativo”. Además, de la violencia feminicida.

La especialista mencionó que de este último tipo de violencia hay periodistas sobrevivientes y otras cuyas vidas culminaron en crímenes violentos.

Acompañada por la periodista Lydia Cacho, ante comunicadoras de distintos estados del país, Lagarde y de los Ríos recordó que Lydia “es sobreviviente de este tipo de violencia”, ya que hace seis años fue víctima de un conjunto de violaciones a sus derechos humanos que la colocaron en riesgo de perder la vida y su libertad, tras denunciar y documentar una red de trata de personas en el país, en la que estaban coludidos funcionarios públicos y empresarios.

La violencia feminicida incluye los feminicidios, que consisten en crímenes violentos contra mujeres, que en algunos casos implica la muerte violenta de mujeres, como ocurrió con Felicitas Martínez y Teresa Bautista, comunicadoras triquis asesinadas en abril de 2008, abundó.

Las jóvenes comunicadoras de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en Oaxaca, reunían factores de riesgo: su condición de género, edad, etnia, su diferencia ideológica, su ocupación, por los que “estaban en riesgo extremo”.

“Si analizamos desde una perspectiva de género, de clase, de etnia, estas categorías nos permite saber quienes están en mayor riesgo y en que regiones tendríamos que desarrollar políticas para que las periodistas estén protegidas”, refirió.

En este escenario, “la comunidad no las puede dejar solas, los movimientos sociales, deben tomar las leyes como propias para exigir al Estado la protección para las periodistas”, ya que la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las periodistas”.

Por ello, partiendo del reconocimiento de la desigualdad entre mujeres y hombres, el Estado debe atender la problemática desde una perspectiva de género, complementada con otros enfoques como la edad, la clase y la etnia a la que pertenecen las y los periodistas.

Y desde ahí también, el gremio y la sociedad deben exigir el derecho a la seguridad como un derecho humano ligado a la libertad de expresión, concluyó Marcela Lagarde.

10/GCJ/LR/LGL