Exigen derecho a interrupción del embarazo en caso de violación

Guadalajara.- Porque “negar derechos a una mujer que ha sido violada, también es violencia”, organismos civiles emitieron hoy un pronunciamiento para exigir la homologación de la Norma Oficial Mexicana 046, la cual incluye en los criterios de atención a la violencia contra las mujeres, el derecho a la interrupción legal del embarazo.

“Señalamos la violencia sexual como una de las formas más crueles de desprecio hacia las mujeres, por lo que sus efectos deben ser disminuidos cuanto sea posible. Obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es perpetuar la violencia institucional”, afirmó Patricia Ortega, en representación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La activista recordó que la NOM 046 es resultado de compromisos internacionales que adquirió el Estado mexicano para eliminar la violencia hacia las mujeres.

“La importancia de esta norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país, tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión”.

Asimismo, se debe ofrecer a la mujer embarazada víctima de violación, la interrupción legal del embarazo.

Ortega refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “una de cada cinco mujeres en el mundo se ha visto forzada a practicar el sexo en contra de su voluntad en algún momento de su vida”.
Agregó que independientemente de la región geográfica, se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual se cometen contra mujeres menores de 16 años de edad.

Maricarmen Rello

QR avala aborto por abuso sexual

CHETUMAL

El Congreso de Quintana Roo reformó el Código Penal para reglamentar el aborto por el delito de violación y obligar a las autoridades ministeriales y de salud a responder de manera efectiva para que las afectadas puedan acceder a este derecho, ya sea por propia voz o de sus padres, en caso de ser menores de edad.

Para la impulsora de esta iniciativa, la legisladora priísta María Hadad Castillo, la aprobación unánime de los 25 diputados locales representa un avance importante que debe servir de ejemplo a otras entidades para garantizar el derecho a las mujeres víctimas de violencia sexual a un aborto seguro.

“Quintana Roo figura entre los primeros lugares en México en abusos sexuales contra menores de edad, lo cual es vergonzoso y alarmante, nos obligaba a tomar conciencia y dar este paso tan importante”, agregó la priísta.

Recordó que el secretario de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, informó al Congreso local que 15% de los embarazos registrados en el estado en 2009 correspondían a menores de edad y producto de violaciones.

Explicó que el año pasado, 881 niñas fueron violadas y embarazadas en Quintana Roo, es decir, 73 al mes o 2.5 al día, cifra que “nos debe dar vergüenza a todos. Lo visible de esta realidad es lo que nos impulsó en el Congreso del estado a aprobar por unanimidad esta reforma”.

Casos como el de Amalia, la niña de 11 años de edad que fue abusada sexualmente por su padrastro y parió un hijo producto de ese abuso este año en Chetumal —por no poder acceder a un aborto—, podrán atenderse con esta ley, que especifica claramente la competencia del ministerio público, el juez y las autoridades de salud ante este tipo de “atrocidades”, señaló.

“Es una vergüenza no haber podido garantizarle a Amalia el derecho a interrumpir su embarazo, porque no estaba establecido en las leyes de Quintana Roo”.

El caso Amalia provocó la indignación y protesta de organismos nacionales e internacionales de mujeres, debido a que se le negó el derecho a abortar, ante la ausencia de una reglamentación que garantizara el acceso seguro a la interrupción del embarazo.

La reforma establecida ayer por los legisladores consiste en agregar una “sección tercera bis” al Código Penal de la entidad titulado “Procedimiento para la interrupción del embarazo cuando se actualiza el supuesto del artículo 97 fracción II del Código Penal —violación—”.

Requisitos de ley

Las mujeres que acudan a solicitar el aborto tendrán que cumplir con ciertos requisitos: interponer la denuncia por el delito de violación, que declare la existencia del embarazo y éste se compruebe en cualquier institución del Sistema de Salud Pública, que obren elementos suficientes que acrediten que el embarazo es producto de una violación y que conste solicitud escrita o por comparecencia de la mujer embarazada.

Con esta reforma, el sistema estatal de salud estará obligado a prestar la atención médica y sicológica a las mujeres embarazadas por violación que soliciten la práctica del aborto.

La ley en Quintana Roo permite el aborto en cuatro casos: por violación, por accidente, por padecimiento de alteraciones genéticas o congénitas graves del producto, y cuando el embarazo pueda ocasionar la muerte de la madre.

El Congreso local aprobó hace 18 meses la Ley de Protección a la Vida desde el momento de la concepción o “Ley Antiaborto” y no había entrado al análisis de esta reforma al Código Penal, que vendrá a sentar las bases jurídicas para permitir a las mujeres violadas la posibilidad de acceder a un aborto seguro.

El gobernador de Jalisco defiende su expresión sobre las bodas gays

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre.- Aludiendo de nuevo al discurso del amor, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, defendió su libertad de pensamiento y expresión, en referencia indirecta al discurso pronunciado el viernes en la Cumbre Iberoamericana de las Familias, cuando dijo que no le perdía “el asquito” a las bodas entre homosexuales.

“No soy un político ortodoxo, de esos hipócritas que mienten para decir lo que la gente quiere escuchar. Yo digo lo que creo porque hay libertad de pensamiento en este país y hay libertad de expresión, y respetando siempre a todos también tengo libertades, así es que no soy gente de buenos discursos y, por lo tanto, lo que a mí me gusta es trabajar, trabajar y ayudar a la gente”, dijo González, según un reporte de Reforma.com

González Márquez fue clasificado como homofóbico luego que el viernes indicara que para él el matrimonio sólo se daba entre un hombre y una mujer, y que no había perdido el “asquito” a “aquello”, refiriéndose a las uniones entre personas del mismo sexo.

“Para mí sí, matrimonio sí es un hombre y una mujer, porque ¿qué quieren? Uno es a la antigüita y uno es así. A lo otro, como dicen, todavía no le he perdido el asquito a aquello”, indicó al inaugurar el encuentro el viernes.

Hasta hoy, tras las declaraciones de González Márquez se han levantado 307 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por parte de miembros de la comunidad gay y activistas que defienden las garantías individuales, quienes consideraron sus declaraciones como discriminatorias.

El funcionario estuvo hoy en una reunión de benefactores del CRIT, donde aseguró que Jalisco es el Estado que más recursos aporta al centro de rehabilitación.

Gays no me preocupan, son minoría: Sandoval

El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, dijo que los homosexuales 'no pueden afectar al grueso de la nación, son grupos pequeñísimos grupos así que de esos no hay pendiente'

Durante el peregrinaje de la procesión a la Virgen de Zapopan, el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, dijo que los homosexuales no le preocupan, pues son una minoría.

"Esos son grupos muy pequeños, esos no pueden afectar al grueso de la nación, son grupos pequeñísimos
grupos así que de esos no hay pendiente", dijo.

Los dichos del cardenal se suman a los emitidos por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien señaló el viernes pasado que a las uniones gays "no les he perdido el asquito".

El purpurado lamentó que en el país haya más Centros de vicio" que escuelas y que por ello la juventud está desorientada.

"A muchos, muchísimas generaciones de jóvenes no les favorece ni la escuela ni trabajos, pero sí muchos antros y centros de vicios que los echen a perder. De esos sí hay negocios grandes y se dan permisos a cada rato. Lo lamentamos mucho, que en este país haya más centros de vicio que aulas para la educación de la juventud", mencionó.
 
Con información de W Radio
cg

Evitar simulación de partidos frente a la Ley: Patricia Mercado

Por Sandra Torres Pastrana

México, DF 6 oct. 10 (CIMAC).- La simulación dentro de los partidos políticos disminuye la posibilidad de las mujeres para  impulsar el tema de la paridad, medida definitiva para asumir más espacios en la toma de decisiones, consideró Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia de la república.

En entrevista para Cimacnoticias, durante el Encuentro de Autoridades Municipales y Legislativas Electas, que se realizó en Cancún Quintana Roo, Mercado aseguró que el ejercicio de cambiar leyes, aunque no se cumplan a cabalidad, finalmente está haciendo más frecuente la presencia de las mujeres.

Luego de participar junto con feministas, ex diputadas y ex senadoras, en el panel “Mujeres en plural y la agenda de igualdad”, la política consideró que persisten dos retos: evitar la simulación de la ley por parte de los partidos que, consideró, debe ser sancionada, y que la legislación se aplique para que las mujeres puedan ejercer su derecho de participación política, el cual, dijo, no es una concesión.

Como ejemplo, Mercado dijo que en Chiapas se logró obtener un 40 por ciento de mujeres en el Congreso y un incremento de presidentas municipales el cual se ubica en 20 por ciento y en  Tamaulipas, se logró que se registraran más candidatas mujeres que nunca antes en la historia.

Elsa Conde, diputada federal en la legislatura pasada, indicó que cada vez hay un interés más creciente de las mujeres por ocupar cargos que hasta ahora habían estado vedados. Consideró que no solo es pensar en las Cámaras, Senados y Congresos locales, sino también en la administración pública.

Añadió que otro estado que demuestra un proceso de cambio es Quintana Roo, donde la participación de las mujeres en los municipios se incrementó en un 20 por ciento.
Inés López Chan, regidora electa y antes diputada de la XI legislatura del congreso local por el Partido de la Revolución Demócrata (PRD), denunció en entrevista, que la lucha contra la discriminación dentro de los partidos políticos ha sido intensa.

En las elecciones del pasado 4 de julio, dijo López Chan, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no quería meter en sus planillas a mujeres, pero el PRD las impugnó y fue como llegaron las mujeres a las planillas del tricolor, en tanto, dentro del PRD ante la insistencia de Dolores Padierna Luna, se logró un 50 por ciento en las planillas.

López Chan lamentó que al llegar a ocupar un lugar político ganado a pulso, a la mayoría de las mujeres, independientemente del partido que sean, no se les da la oportunidad de trabajar como a los hombres y persisten comentarios como “tienes que llegar temprano a tu casa” o “cuidar a tus hijos”.

Ante estas situaciones, que se repiten una y otra vez, en los distintos estados de nuestro país, para Patricia Mercado, dijo que es importante buscar el acompañamiento para sostener y aumentar los espacios políticos ganados por las mujeres.

Esto se logra, añadió, estableciendo alianzas ya que la historia de la defensa de los derechos de las mujeres es una historia de pactos, “nadie puede sola, y sólo con alianzas plurales podemos avanzar grandes trechos, estamos en la necesidad de acordar en pluralidad pues las mujeres ya aprendimos que no hay que ser amigas para ser aliadas, sino al contrario en diferencia por necesidad”, reflexionó.

Martha Tagle, ex diputada federal, criticó entre otros aspectos la descarada simulación de los partidos que, en la actual legislatura del Congreso de la Unión, provocó la renuncia de varias mujeres en el cargo para dejar a sus suplentes varones.

La mínima participación de las mujeres en los congresos locales, dijo, ha provocado la pérdida de nuestros derechos en temas cruciales como la salud sexual y reproductiva y la penalización del aborto y eso nos llevó a convocar la formación del grupo denominado “Mujeres en Plural”.

Al respecto, Elsa Conde integrante del grupo mujeres en plural, manifestó que todas las mujeres que participan en este grupo coinciden en que una estrategia importante es impulsar el tema de la paridad, entendiendo este tema, como una manera definitiva que vaya más allá de la cuota y que realmente en la política tengan que asumir que las mujeres representan  la mitad de la población y se den más espacios de participación política.

Para Patricia Mercado, convocante del grupo de mujeres con diversas trayectorias políticas, de distintos partidos y sin partido como en su caso, hay que ejercer más pactos de pluralidad.

Para que los ejercicios de gobierno y legislativos de las mujeres dejen huella, “vale la pena que las mujeres lleguemos con lo nuestro, con nuestra experiencia de vida a la legislación, lo cual implica que no sólo lleguemos con nuestros temas, sino que la mirada de los temas, sea una mirada desde las necesidades de la ciudadanía”, concluyó.

10/STP/LR/LGL

El delito de ser mujer, pobre y estar embarazada

Nueve mujeres han sido liberadas en Guanajuato gracias a la presión social después de cumplir entre dos y nueve años de prisión por haber sufrido abortos naturales.

La impartición de justicia se hizo arbitrariamente y como castigo ejemplar

Este estado es uno de los más retrógradas del país y las interrupciones del embarazo están penalizadas hasta en casos de violación

Yolanda Martínez Montoya está volviendo a su vida normal después de casi siete años en la cárcel acusada injustamente de haber abortado. M.S.

“Pídele a Dios porque te van a caer muchos años. Desde el momento en que tiraron a sus hijos, ustedes son culpables y se merecen muchos años de cárcel. Aquí se van a quedar (en la prisión) porque tienen que pagar por lo que hicieron”. Esto es lo que le dijo la abogada de oficio Guadalupe Cruces a su defendida Yolanda Martínez, acusada de homicidio en razón de parentesco después de haber sufrido presuntamente un aborto espontáneo, que ella misma niega. Yolanda tiene 26 años y acaba de salir de la cárcel después de 6 años y 8 meses presa. Tenía que cumplir una sentencia de 25 años por haber matado a su futuro bebé, aunque ella asegura que no estaba embarazada cuando fue, desde su aldea al hospital de Dolores Hidalgo, con la menstruación y un dolor en los pechos. La doctora que la recibió no la atendió en ningún momento sino que llamó directamente a la policía, quién la trasladó del hospital al penal.

Algo parecido le dijo Guadalupe Cruces a su también defendida Ana Rosa Padrón. Esta campesina de 23 años, que sólo cursó hasta tercero de primaria, podrá celebrar la semana que viene el sexto cumpleaños de su hija junto a ella. Los últimos dos años no lo pudo hacer. Ha estado 30 meses en la prisión desde que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo. La abogada de oficio no quiso que se llevaran a cabo los careos, ni la reconstrucción de hechos, ni el examen de los péritos, cuando fue acusada de estrangular al feto que expulsó. La condenaron a 29 años de prisión por el mismo delito de homicidio en razón de parentesco.

Ambas acaban de salir libres junto a otras 7 mujeres, todas ellas campesinas del norte del estado de Guanajuato, una de las zonas más retrógradas del país. Purgaban sentencias de entre 25 y 29 años, acusadas de asesinato, aunque 6 de ellas tuvieron abortos espontáneos, 2 habían sido violadas y Yolanda ni siquiera había estado embarazada nunca. Su salida se produjo después una gran campaña social y mediática donde llegaron a implicarse las Naciones Unidas. La presión civil consiguió que el 31 de agosto el Congreso estatal aprobase una reforma exprés donde aplicó un atenuante a este crimen en razón de parentesco, que redujo de una pena máxima de 35 años a entre tres y ocho años de cárcel para las mujeres que den muerte a un recién nacido.

La movilización social y mediática consiguió que delegados de la ONU se reunieran con el gobernador del Estado y a los pocos días se reformará el codigo penal. AP Photo

“El homicidio en razón de parentesco es la manera de criminalizar a las mujeres pobres. Estos 9 casos no han sido aislados, responden a una política de estado para dar un castigo ejemplar a todas aquellas que quieran abortar”, explica Verónica Cruz, la directora del Centro de Derechos Humanos Las Libres, quiénes recuperaron las historias de estas nueve mujeres.

Ni Yolanda ni Ana Rosa, ni ninguna de las otras 7 mujeres encarceladas por el mismo delito en Guanajuato, tuvieron acceso a un proceso jurídico regular. No se les hicieron las pruebas necesarias ni se respetó su derecho a un proceso justo. En el caso de Ana Rosa, la presionaron a autoinculparse con el engaño que así saldría libre y volvería con su hija. Después de la declaración oral firmó cinco hojas en blanco. En el juicio de Yolanda, la fiscalía presentó como prueba un feto que ella nunca había gestado.

“Aquí quién administra y procura la justicia lo hace desde su carga cultural misógina. No hubo posibilidad de escucharlas, los médicos juzgaron, los fiscales no investigaron sino que directamente sentenciaron, y los jueces sólo la ratificaron, obviando por completo el derecho al debido proceso. El estado las utilizó de ejemplo, pensando que al ser mujeres sin recursos y casi sin estudios nadie las iba a reclamar” afirma Cruz.

En Guanajuato, además del caso de estas 9 mujeres, ha habido otras 166 denunciadas por aborto en la última década, la mayoría por los propios médicos que las atendieron al llegar desangrándose al hospital. De éstas, 30 han sido condenadas a penas entre 9 meses y 3 años por delito de aborto, aunque se han acogido a la libertad bajo fianza.

Gracias a Veronica Cruz y el Centro Las Libres se difundió los casos de estas nueve mujeres y se llegó a su liberación. M.S.

 

“Ahora podemos decir que en Guanajuato no hay nadie en prisión por haber abortado pero continúan 43 procesos penales contra mujeres que han interrumpido su embarazo. Cualquiera de estas podría ir a prisión por aborto o por homicidio, es la historia de nunca acabar”, se queja Cruz, quién agrega que es el estado quién debería garantizar los derechos de las mujeres. Pero sin embargo, desde 2009 han aumentado el número de denuncias, justo desde que  se reformó el código civil para proteger el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”. Guanajuato hizo esta reforma conjuntamente con otros 15 estados, de los 32 que conforman el país, después que en el Distrito Federal se legalizace el aborto libre y gratuito durante las 12 primeras semanas de gestación. Además, desde el año 2000, el aborto está penalizado incluso en caso de violación, y eso supone que vayan a la prisión incluso mujeres que han sido ellas víctimas de un delito.

La puesta en libertad de Yolanda, Ana Rosa, y el resto de mujeres no ha obedecido realmente a ningún cambio en la legislación sobre el aborto en este estado, sino que ha respondido a la presión nacional e internacional. Ninguna ha sido reconocida como inocente, o como víctimas de procesos irregulares. Simplemente salieron, porque con la disminución de la pena por el delito que se les imputa, ya cumplieron la condena correspondiente. Por eso, Yolanda no ve esto como una victoria definitiva y está dispuesta a seguir adelante con su exigencia de justicia.

“Nunca van a reconocer que hiceron un error, nos soltaron por la presión, pero para ellos seguimos siendo criminales. Tuvimos que aceptar la libertad en esas condiciones, pero ahora estando aquí fuera, voy a reclamar mi inocencia”, arguye decidida Yolanda, pese a que el gobernador le sugirió que estuviese callada.  Sabe que los casi siete años encarcelada no se los va a devolver nadie pero espera que se le reconozcan todas las vulneraciones a sus derechos y acabar con el estigma. Esta guanajuatense estudiaba primero de derecho cuando fue denunciada y ahora, quiere retomar sus estudios. No será tan fácil, porque en estos siete años ha tenido un bebé en la cárcel, que apenas tiene ocho meses, y ahora además de estudiar y trabajar tendrá que cuidar a su hijo.

Yolanda Martínez al salir de la cárcel el pasado 7 de septiembre. Imagen tomada de un video de Las Libres

Áun así, se muestra empeñada en seguir adelante y quiere acabar la carrera para luchar por los derechos de otras mujeres.  Eso sí, ve difícil pensar en la despenalización del aborto a corto plazo en Guanajuato, un estado con un gran peso de la iglesia católica y gobernado por el Partido Acción Nacional, el mismo del presidente Felipe Calderón, profundamente conservador. De hecho, aunque este estado ocupa el tercer lugar en el país donde hay más embarazos adolescentes, el gobierno se ha negado a impartir clases de educación sexual en las escuelas. En este contexto, tanto Yolanda como Verónica, aspira a que, por lo menos, se garantice el derecho al aborto por violación y por el resto de supuestos asumidos en gran parte del mundo. Les queda, pues, mucho trabajo por hacer.

Niegan amparos por ley antiaborto

Un juez federal dictaminó improcedentes 38 amparos presentados por mujeres guanajuatenses en contra de la llamada “Ley Antiaborto”.

Desde el 30 de mayo pasado, cuando entró en vigor la reforma al Artículo 1 de la Constitución del Estado de Guanajuato, al menos 90 mujeres interpusieron amparos ante los tribunales federales del estado, al sentir que sus derechos eran vulnerados.

“Para efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”, establece la reforma.

Arturo González Padrón, Juez I de Distrito, concluyó que ninguna de las mujeres que promovieron los amparos tiene interés jurídico, porque no han sido afectadas directamente por la reforma y por lo tanto, no hay ningún perjuicio qué reparar.

Esta resolución coincide con el análisis realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, tras el que determinó no impugnar la reforma, al concluir que no contraviene la Constitución federal, ni los derechos de las mujeres.

Además, argumenta que no anula lo que contemplan el artículo 163 del Código Penal y la Norma Oficial 046, que establecen la violación sexual y la imprudencia de la mujer embarazada como causales de la interrupción del embarazo.

“La reforma y adición del artículo primero de la Ley fundamental local no es contraria a la Constitución General de la República, no vulnera derechos humanos, toda vez que los derechos constitucionales -de igual relevancia- tanto para el concebido como para la mujer no implican per se una eventual colisión de derechos, sino que se interrelacionan armónicamente, es decir, por una parte, el derecho a nacer del producto de la concepción y, por otro lado, los derechos a la salud, la vida y la libertad de las mujeres, todos reconocidos en nuestro texto constitucional y las fuentes de derecho de origen internacional pertinentes al caso”, son argumentos de la Procuraduría de Derechos Humanos, que se repiten en la resolución del juez federal.

Organizaciones No Gubernamentales, como Las Libres y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, habían exigido a la procuraduría, interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Antiaborto”.

Consideraban que prohibía la posibilidad de cualquier tipo de aborto, incluso cuando el embarazo es el fruto de una violación o hay malformación en el producto.

Otros grupos como Suma Tu Voz y la Asociación Estatal de Padres de Familia, defendieron la reforma.

El estado de Colima fue el primero en el que un grupo de mujeres promovió juicios de amparo contra reformas para proteger la vida desde la concepción, por considerar que dicha medida atentaba contra varios de sus derechos.

Pero, después de atraer sus casos, finalmente la Corte desechó sus demandas sin siquiera revisar su contenido, porque detectó que las mujeres que pidieron la protección de la justicia no lograron acreditar que vivían en Colima y por lo tanto, su juicio resultaba improcedente.

En el 2008, la Corte también determinó que los congresos locales y no la Federación tienen la atribución de legislar sobre el aborto y que los legisladores tienen la facultad de decidir si despenalizan el aborto o no.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República tienen la facultad de promover juicios de acciones de inconstitucionalidad contra las leyes o normas que consideren que atentan contra la Constitución.

Pero tampoco impugnaron las reformas estatales.

Los amparos

•Unas 90 mujeres han promovido juicios de amparo ante la reforma al Artículo 1 de la Constitución de Guanajuato

•Organizaciones como Las Libres y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, exigen interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley antiaborto

•Colima fue el primer estado donde se promovieron juicios de amparo contra reformas para proteger la vida desde la concepción
 
León/Mariana Nieto

Al mes, 20 tlaxcaltecas abortan en hospitales públicos del DF, según red de derechos sexuales

Carlos Avendaño

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 33

Tlaxcala, Tlax., 28 de septiembre. Cada mes unas 20 mujeres tlaxcaltecas interrumpen su embarazo en hospitales públicos del Distrito Federal, donde se ha despenalizado el aborto antes de las 12 semanas de gestación conforme a la ley aprobada en 2007, dijo María del Rosario Texis Zúñiga, representante local de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser).

Tlaxcala es uno de los estados con mayor índice de esta práctica, y el Fondo María de la agrupación apoya con los gastos de alimentación y hospedaje hasta por tres días a las mujeres que desean practicarse un legrado en la capital del país, quienes únicamente deben sufragar su transporte, dijo la activista en conferencia de prensa.

 Así lo hacemos por cuestiones de salud, económicas, de violencia de pareja o porque las mujeres ya tienen tres o cuatro hijos, y en Puebla, Hidalgo y Morelos hay una situación parecida por la cercanía del Distrito Federal, indicó.

Según Texis Zúñiga, las tlaxcaltecas deciden abortar en el Distrito Federal porque serán atendidas en hospitales que garantizan su salud y seguridad legal. En general tienen entre 25 y 35 años de edad y están casadas o viven en unión libre, y sólo unas cuantas son adolescentes.

Apoyamos indistintamente a mujeres de comunidades rurales que a personas de mayor nivel socioeconómico, a quienes resulta mejor solicitar la intermediación de Ddeser que ir directamente a un hospital donde les cobran en promedio 3 mil pesos, explicó.

Según estadísticas de esta organización, la Secretaría de Salud (Sesa) local atiende entre tres y cinco casos de aborto al mes por cuestiones de violación, pues en el ámbito estatal no se ha despenalizado el aborto por otras causas.

Refirió que Tlaxcala se ubica entre los lugares 20 y 25 en interrupción de embarazos por legrado, y reconoció que debido a la estancia de equidad y género que creó la Secretaría de Salud Estatal fue posible disminuir el índice de mortalidad materna de 26 a 6 por ciento.

Por otra parte, anunció que esta organización se suma a la campaña de despenalización del aborto en América Latina y el Caribe para exigir a las autoridades la adopción de medidas legales a fin de permitir la interrupción del embarazo sin que las mujeres sean tratadas como criminales, y con total respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.

Sobresee SCJN tres amparos de colimenses sobre aborto

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 23 sep 10 (CIMAC).- Con tres votos a favor y dos en contra la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobreseyó tres amparos presentados por mujeres de Colima que impugnaban la reforma a su Constitución local, que protege la vida desde el momento de la concepción.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presidente de la Segunda Sala y uno de los principales opositores de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), junto con los ministros Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos, coincidieron sobreseer estos recursos jurídicos porque las quejosas “no acreditaron su residencia en el estado de Colima”.

De acuerdo con fuentes judiciales, las mujeres no podían argumentar una vulneración a sus derechos por efecto de dicha ley; es así que la Segunda Sala evitó fijar su postura sobre las presuntas  violaciones a las garantías de igualdad, no discriminación, protección a la salud, de religión y libertad reproductiva y sexual, entre otras.

Cabe mencionar que los juicios de amparo 486/2009 y 488/2009, que impugnaban el decreto publicado en el Periódico oficial del estado de Colima, el 21 de marzo de 2009, estuvieron a cargo de la ministra Luna Ramos, mientras que el juicio de amparo 479/2009 estuvo a cargo del ministro Aguirre Anguiano.

En opinión de Adriana Ruiz Viffocri, abogada de la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°) y quien ha llevado estos casos, la resolución es una simulación y un grave retroceso para las 67 mujeres que el 15 de mayo de 2009, interpusieron estos recursos legales para defender sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Calificó de “simulación” dicho argumento porque las quejosas radican en Colima.

La abogada destacó que el 17 de agosto, el Pleno de la SCJN suscribió el acuerdo general 12/2010 por el que se ordenó a los Tribunales colegiados de circuito y a los Juzgados de distrito de todas las entidades federativas, suspender el envío de los recursos de revisión que impugnaban las reformas de las Constituciones locales que reconocen “el derecho fundamental a la vida desde la concepción o la fecundación”.

Asimismo, el Pleno pidió a estos organismos que aplazaran las resoluciones de tales recursos, pues consideraron que para una mejor impartición de justicia, deberían esperar a que el máximo tribunal de justicia del país, estableciera los criterios respectivos en torno al tema.

Como los ministros no analizaron el fondo del asunto aún tiene efecto el acuerdo, a través del cual, la SCJN pidió el aplazamiento de las sentencias relacionadas con la impugnación de las Constituciones locales.

Al respecto, Ruiz Viffocri, señaló que recurrieron al amparo porque “en la mayoría de los estados luchamos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque se reconozca su capacidad de decidir”.

Agregó que la postura de la Segunda Sala refleja la discriminación que viven las mujeres, “pero aún no sabemos si fue una decisión política, presionada por la iglesia, si viola o no los derechos de las mujeres, pese a que logramos que llegara al máximo órgano jurisdiccional, el único que tiene la facultad de interpretar la Constitución del país”, dijo.

De continuar esta tendencia, se confirmará la sentencia de los Juzgados, quienes negaron los amparos al argumentar que las quejosas no estaban embarazadas.

10/AGM/LR

Mujeres y niñas de Puebla son víctimas de una red de trata de Tenancingo, Tlaxcala: Ulloa

ARTURO ALFARO GALÁN

La directora general regional de Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en Latinoamérica y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz, denunció que niñas y adolescentes de Puebla son víctimas de una red de trata de personas que opera en la comunidad de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, bajo el cobijo de las autoridades municipales y estatales.
La red, señaló Ulloa, está poniendo en riesgo el crecimiento integral y óptimo de cientos de niñas y adolescentes, por lo que exhortó a la sociedad a denunciar cualquier caso de tráfico de persona a las autoridades federales: “exigimos una sanción y encarcelamiento a las autoridades que se han hecho cómplices de criminales, han fomentado la presencia del crimen organizado y han violado los derechos de las mujeres y niñas”.
Durante el Segundo Congreso Internacional sobre Trata de Personas –realizado en la Universidad Iberoamericana– Ulloa Ziáurriz destacó que las redes de explotación sexual ofrecen la virginidad de una joven “en el mercado negro” de EU, España y México hasta en 15 mil pesos.
“No podemos seguir permitiendo que las redes de corrupción y trata sigan enquistadas en las estructuras de poder, porque están poniendo en riesgo a las personas”, señaló la académica, al referir que las víctimas de Tenancingo se han localizado en Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tijuana, Baja California y Quintana Roo, además de las plazas de Estados Unidos como Atlanta, Miami, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
“Esta red está intentando abrir brechas hacia el mercado de Europa, pues se ha detectado a dos jóvenes en España, por eso necesitamos unirnos y hacer un solo frente con la academia. El gobierno no va a poder solo con estas complicidades y con el poder político. La voz de la sociedad puede ser más fuerte y enérgica en esta lucha”, apuntó.
Asimismo, Ulloa Ziáurriz manifestó su preocupación por la proliferación de anuncios de contactos sexuales en la gran mayoría de los medios impresos, por lo que demandó a los tres poderes de gobierno que prohíban la contratación de publicidad o inserciones pagadas en medios impresos, electrónicos o de cualquier tipo que promuevan la trata de personas con propósitos de explotación sexual.
La directora general de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en Latinoamérica y el Caribe participó en el congreso con la ponencia “Cómo enfrentar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas: política de Estado, políticas públicas y la ley”, donde se presentó el primer boceto del Informe Monográfico sobre el origen, tránsito y destino de la trata de personas en América Latina, que fungirá como un ensayo para detectar y aplicar medidas para la erradicación de la explotación sexual y laboral.

Piden cambiar el 2 Constitucional *Mujeres no quieren ataduras en el aborto

El Sol de Cuernavaca

23 de septiembre de 2010

Mónica González

Cuernavaca, Morelos.- La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), anunció que impulsará una contra reforma a las modificaciones hechas al artículo 2 constitucional que atentan sobre los derechos de las mujeres a decidir en cuanto a la interrupción del embarazo, tomando como base los 3 mil abortos que en niñas y adolescentes se han realizado en los últimos años.

Nadxielii Carranco Lechuga, calificó como "tramposa" la forma en que se realizó esta modificación, ya que no hubo debate y mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las personas involucradas.

Dijo que la contrarreforma se aprobó con la firma de 14 diputados de la actual legislatura, a excepción de Acción Nacional, pero está detenida por los problemas internos que tiene cada partido y como tal no se ha podido llevar a una mesa de análisis donde se les explique que la idea no es despenalizar el aborto, sino sólo hacer que el artículo constitucional regrese a cómo se encontraba.

En cuanto a las estadísticas se dijo que se tienen más de tres abortos realizados de manera "segura" porque han sido practicados por los servicios de Salud desde el 2008 y hasta el 2010, aunque no dan una explicación sobre las causas en que se han generado estos abortos.

Los 3 mil abortos se han realizado en niñas adolescentes y jóvenes no mayores de 29 años, lo que significa que hay una real necesidad de que las mujeres tengan acceso a la posibilidad de interrumpir el embarazo con base en lo que la ley les permite y no hacerlo de manera ilegal.

Cabe destacar que dicha iniciativa ciudadana busca convocar la articulación de organizaciones y personas en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La finalidad es recabar 1000 firmas y simbólicamente: besos; en la pugna Por el Derecho A Decidir de las mujeres; con miras a impulsar una reforma a nivel nacional, que revierta las reformas inconstitucionales que atentan sobre los derechos de las mujeres.

Avalan interrupción de embarazo por violación en Oaxaca

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Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax 13 ago 10 (CIMAC).- Ayer, en la última sesión del tercer período ordinario, la 60 Legislatura Local aprobó reformar y adicionar artículos de los códigos procesal y penal para que en los hospitales públicos de Oaxaca exista personal “no objetor de conciencia” que interrumpa un embarazo producto de una violación.

Para ello, las mujeres podrán solicitar un aborto no punible al Ministerio Público, quien deberá resolver en menos de 72 horas y se notificará al secretario de Salud en el Estado, para que a su vez él ordene quién deberá practicarlo y tomar las muestras para la prueba genética de ADN del producto, con lo que será posible probar la paternidad del presunto violador.

De los 42 integrantes del Congreso Local, sólo 29 votaron a favor de este dictamen que se analizó antes de que la Comisión Permanente Instructora declarara no culpable al gobernador Ulises Ruiz de las violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante el conflicto político social del 2006, y dio por concluido el juicio político iniciado en su contra el 28 de julio pasado.

EN 30 DIAS SERÁ VIGENTE

El decreto sobre el procedimiento para el aborto por violación, que entrará en vigor 30 días después a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no fue avalado por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Perla Woolrich Fernández, quien propuso las reformas al artículo 12 de la Constitución oaxaqueña para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte.

La representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández, celebró que se marque en la Ley la obligatoriedad del Ministerio Público de autorizar un aborto en casos de violación en un término de 72 horas, una vez que la mujer lo solicite, exista denuncia por esa agresión sexual y se compruebe que el embarazo es producto de ésta.

“Lo vamos a estar vigilando de manera escrupulosa para que sea un derecho real. Lo que sigue es generar un mecanismo de interlocución con la procuraduría y la Secretaría de salud para hacer efectivo este mandato. Sigue también una campaña de difusión de parte del Gobierno del Estado para que se sepa que el aborto está permitido para las mujeres que tienen un embarazo producto de una violación”.

De enero a junio del 2008 dicha organización no gubernamental registró la aparición de 36 casos de violación de mujeres en los periódicos locales.

De enero a junio del 2009 se registraron 60 casos de violencia sexual. Se calcula que entre el 10 y 20 por ciento de esas víctimas pudieron quedar embarazadas sin que pudieran ejercer su derecho a un aborto porque las leyes locales no establecían qué autoridad debería autorizarlo.

DERECHO SÓLO EN PAPEL

Desde 1931 el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, establecía que el aborto de un embarazo resultado de una violación no es punible.

En Oaxaca ello se estableció en el Código Penal de 1944 y se confirmó en el código vigente de 1979, pero se carecía de un procedimiento específico que permitiera su práctica.

Desde febrero pasado el gobernador Ulises Ruiz, a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), envió al Congreso la iniciativa para determinar dicho procedimiento.

El 15 de junio pasado más de 100 organizaciones de 19 entidades del país, responsabilizaron al líder del Congreso en Oaxaca, Herminio Cuevas, y al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, Jaime Aranda, de bloquear y no aprobar esa reforma penal, puesto que en días anteriores el dictamen fue sacado de la orden del día de la sesión ordinaria.

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Carmelina Cruz Silva, integrante de la Comisión de Justicia que junto con la de Equidad de Género analizaron la iniciativa, aseguró que desde hace tres meses el dictamen de la misma estaba listo, incluso proporcionó una copia fechada el 1 de junio pasado.

“Este dictamen fue aprobado en las comisiones unidas de Administración de Justicia y Equidad de Género desde hace tres meses y desde que fue turnada la iniciativa se revisó, se dictaminó pero dos veces la han bajado de la orden del día”.

NIEGAN TARDANZA

En entrevista por separado, el presidente de la Gran Comisión del Congreso dijo no tener conocimiento de que ese dictamen estuviera listo tres meses atrás: “La Comisión hasta hoy lo propuso para que fuera enviado al pleno y hoy lo votamos”.

Negó que su aprobación se haya dejado para el último día, porque si bien este jueves fue la última Sesión del Período Ordinario “podemos tener los periodos extraordinarios que queramos para seguir discutiendo los temas pendientes”, como la posible creación de un Instituto para Mujeres Solteras.

El próximo domingo se clausurará el tercer período ordinario de sesiones de la 60 legislatura y se nombrará a la Comisión Permanente que recibirá y turnará todos los documentos que se presenten hasta el 15 de noviembre, ya que al día siguiente entra en funciones la siguiente Legislatura que ya no contará con la mayoría priísta.

10/NA/LR

Impugnará excarcelada en Guanajuato; busca se reconozca su inocencia

Yolanda retorna a casa molesta con la forma de su liberación al ser atenuada su pena por aborto.

Notimex
Publicado: 08/09/2010 19:30

Dolores Hidalgo, Gto. Después de pasar seis años y ocho meses en la cárcel, Yolanda Martínez, una de las siete mujeres liberadas ayer de un penal estatal, donde purgaba una condena por homicidio en razón de parentesco tras abortar, regresó hoy a su casa ubicada en este municipio.

Purgaba una condena de 27 años de prisión y gracias a la reforma al Código Penal del Estado, que presentó el gobernador Juan Manuel Oliva para disminuir la penalidad por este delito, hoy está en libertad, sin embargo, no está conforme.

“Al menos conmigo no cumplió todas las expectativas, yo quería que esta reforma simplemente cambiara para bien, pero el salir nuevamente culpables, el reintegrarte a la sociedad con un señalamiento de asesina no es fácil”, indicó entrevistada en su hogar, en la comunidad Las Trancas.

Adelantó que con el apoyo del centro Las Libres promoverán un recurso para que se reconozca su inocencia.

Yolanda fue liberada ayer, alrededor de las 17:40 horas, pero en casa ya le esperaba un gran recibimiento de familiares y amigos.

A pesar de la felicidad por tenerla en casa, su madre cuestiona que quién le regresará el tiempo perdido. “Yo creo que nadie, yo creo nadie le regresa su encierro, estar privada de su libertad, estar lejos de sus familiares, de sus amistades, de su hijo, no creo que nadie le recompense eso”, indicó Orlanda Montoya, madre de Yolanda.

La mujer que salió ayer libre disfruta las primeras horas de su libertad y espera pronto volver a la escuela. Cuando fue detenida llevaba un semestre de la carrera de Derecho, misma que quiere retomar para convertirse en activista, a favor de los derechos de las mujeres.

Y a decir de Yolanda, el gobierno del estado sí les ofreció algunos beneficios al ser liberadas, pero ella los rechazó.

“Sí, entonces yo no quiero nada, simplemente quería estar con mi familia, con mi hijo, y quiero que se reconozca mi inocencia, no quiero nada del gobierno”, sostuvo.

Yolanda analizará si buscará la reparación del daño. “Hay muchas cosas que queremos hacer, pero por ahora quiero disfrutar de mi hijo, de mi familia y ya veremos después lo que viene”, apuntó.

El nuevo decreto en las leyes de Guanajuato establece que “a la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrá de tres a ocho años de prisión. Anteriormente, se les castigaba de 25 a 35 años de cárcel.

Liberarán hoy a 7 mujeres presas por aborto en Guanajuato

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 7 sep 10 (CIMAC).- Hoy martes entró en vigor la reforma al Código penal, que dejará libres a siete mujeres de Guanajuato acusadas de “homicidio en razón de parentesco”, aunque el delito seguirá siendo castigado en la entidad, por lo que se prevé que obtengan su libertad después de las seis de la tarde, informó Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización La Libres.

Cruz Sánchez, dijo a Cimacnoticias, que “este beneficio legal”  alcanzará a una séptima mujer, también acusada de homicidio en razón de parentesco- de la cual su organización tenía conocimiento, pero que no apoyaron jurídicamente.

La activista argumentó que lo anterior fue porque así lo pidió, “es por ello que no documentamos su caso, pero sabemos que está en condiciones similares”, comentó.

Luego de que el Congreso del estado aprobó una iniciativa del gobernador, Juan Manuel Oliva, que disminuye las penas de “homicidio en razón de parentesco” de 35 años a condenas de 3 a 8 años, estas mujeres recuperarán su libertad, sin embargo, en otros estados del país aún hay mujeres encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado.

Un ejemplo son las cifras de la Procuraduría de Justicia de Puebla, donde en 8 municipios de la entidad hay 30 casos de mujeres indiciadas por practicarse un aborto, 9 de ellas ya fueron consignadas y 21 más enfrentan procesos de averiguaciones previas.   

Los municipios en los que se registran estos casos son: Acatlán, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Puebla y Tehuacán, en estos dos últimos municipios, se presentan el mayor número de casos con 7 y 8, respectivamente.

El grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas a su vez, ha documentado otros casos, como Baja California donde, dicen, hay 90 mujeres presas y en Sonora 30, también acusadas por decidir sobre su cuerpo.

A partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007, en los diferentes estados de la republica mexicana 17 congresos locales modificaron sus constituciones para criminalizar el aborto.

En Guanajuato el 8 de mayo de 2009 se aprobó la reforma constitucional que “protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y el viernes 3 de septiembre de este año, se publicó la reforma que reduce las penas en “homicidio en razón de parentesco” de 35 a  3 y 8 años de prisión.

En este contexto, hoy serán liberadas siete mujeres en Guanajuato; de acuerdo con la directora de la organización La Libres, desde ayer están esperando su liberación, por ello pasaron la noche afuera del penal de Puentecillas, en Guanajuato, mientras que en el de Valle de Santiago, una más espera su libertad.

Pero el delito sigue, afirmó a Cimacnoticias, Cruz Sánchez, quien dijo que aún no tienen nada preparado para las seis mujeres, pues esperan hablar con ellas y ayudarlas a reinsertarse a la comunidad y a su familia.

Al cierre de esta edición funcionarios del gobierno estatal, informaron que la salida sería después de las seis de la tarde, cuando finalicen los trámites.

10/AGM/LR/LGL

Exigen liberación para las acusadas de "homicidio en razón de parentesco"

Mariana Norandi

 

Periódico La Jornada
Viernes 3 de septiembre de 2010, p. 41

Representantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres se manifestaron ayer en el Hemiciclo a Juárez para exigir la inmediata e incondicional liberación de todas las mujeres encarceladas en Guanajuato, acusadas de homicidio en razón de parentesco.

Las activistas aseguraron que la atenuante que el Congreso estatal aprobó el martes para reducir la penalización de las acusadas responde a la presión nacional e internacional; sin embargo, no acaba con la persecución y criminalización de las mujeres en esa entidad.

Exigieron que las encarceladas sean declaradas inocentes y criticaron que el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez haya negado que esas mujeres fueron recluidas porque abortaron y que sean calificadas de asesinas, sostuvo Irma de la Cruz, integrante del Pacto.

Las manifestantes sostuvieron que el atenuante no es suficiente, porque, aunque la reducción de penas permite que las seis puedan ser liberadas, serán señaladas como homicidas tal como el gobernador Juan Manuel Oliva insiste en declarar.

Tras la lectura de un pronunciamiento, la activista demandó a diputados, senadores, magistrados y a todas las instituciones del país que se apeguen al principio de igualdad, que cumplan el artículo cuarto constitucional, que protege las garantías individuales, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque la democratización de un país representa poder satisfacer las necesidades de la población y pasa por priorizar y garantizar el respeto de nuestras vidas sin pretexto.

Recordaron que en ese estado se han iniciado 161 averiguaciones previas por abortar. De éstas, 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y nueve ya fueron sentenciadas, de las cuales, pese a los anuncios de que van a ser liberadas, todavía seis continúan presas.

Persiste pena de cárcel para mujeres por aborto en Guanajuato

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 1 sep 10 (CIMAC).- Aún con las modificaciones al artículo 156 del Código Penal de Guanajuato para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco de seis mujeres presas por sufrir un aborto espontáneo, “el problema de fondo no se resuelve”, porque otras mujeres, seguirán siendo perseguidas y encarceladas por el mismo delito, consideró Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la organización Las Libres

En entrevista con Cimacnoticias, Verónica Cruz Sánchez, quien documentó esto casos; subrayó que la decisión del Ejecutivo local de reducir las penas no resuelve el problema de fondo porque no se declara la inocencia de las mujeres, por el contrario sólo se busca liberarlas. En promedio, las mujeres, que no son culpables, tienen seis años en prisión, con lo que “les quedan a deber, una lleva ocho años en la cárcel”.

Recordó que el dictamen propuesto por el Ejecutivo local se planteó después de que se denunciaron los hechos violatorios de los derechos humanos en los casos de las seis mujeres sentenciadas con penas de hasta 35 años de prisión.

El Pleno del Congreso local aprobó ayer modificaciones al artículo 156 del Código Penal para el estado de Guanajuato, con las que se reduce la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco que ahora serán de tres a ocho años; y que antes iban de 25 a 35 años.

En opinión de la activista, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, optó por la proporcionalidad de las penas, es decir reducirlas y seguir afirmando que las acusadas cometieron un delito, cuando no es así.

Esto queda evidenciado en el texto, que precisa que la reforma aplica para “la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial”.


Verónica Cruz informó que se prevé que entre hoy y mañana se publique la reforma, la cual entrará en vigor cuatro días después. Hasta hoy, el Diario Oficial del gobierno del Estado no ha publicado nada respecto al tema.

Es así que las seis mujeres presas y acusadas de este delito, cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, podrían recuperar su libertad la próxima semana aunque saldrán siendo culpables, pues habrán pagado sus sentencias debido a la “retroactividad de la ley”.

En su opinión, la propuesta fue una “reforma a modo” porque se hizo expresamente para liberar a las mujeres presas y así acabar con la presión mediática y social.

Explicó que es necesario que se reconozca la inocencia de las mujeres para que puedan reconstruir su vida, por ahora las y los legisladores mostraron que tienen la capacidad de consensuar reformas, así que deberían de aprobar una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no hay en la entidad, concluyó.

10/AGM/LR/LGL

Alerta de Género en Guanajuato, pide la permanente a la SG

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 31 ago 10 (CIMAC).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, emitir una alerta de género en Guanajuato, mientras que la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó ayer una reforma al artículo 156 de su Código Penal para reducir las penas por el delito de homicidio en razón de parentesco.

La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura estatal, aprobó por unanimidad modificar el artículo 156 del Código Penal y así reducir la pena por homicidio en razón de parentesco, cuando éste “se realice por parte de la madre durante las primeras 24 horas del alumbramiento y haya sido cometido bajo motivaciones de carácter psicosocial”.

Este dictamen fue puesto hoy a disposición del pleno, y de aprobarse, las seis mujeres presas y acusadas de este delito, cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, podrían recuperar la libertad pero no se les reconocería su inocencia.

De acuerdo con el Código Penal, las sanciones por homicidio en razón de parentesco van de 25 a 35 años de cárcel, pero con la propuesta de reforma estas penas se reducirían de tres a ocho años.

Dicho dictamen se sometió hoy al Pleno para su aprobación, de haber consenso, el Ejecutivo local lo publicará en el Diario Oficial para que entre en vigor.

En opinión de Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización Las Libres, es muy posible que este dictamen sea aprobado porque lo promovió el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien es militante del Partido Acción Nacional, y la mayoría del Congreso es panista; no obstante recuerda que esto no significa que las mujeres presas sean inocentes, ni que se reconozca su derecho a decidir.

PIDEN ALERTA DE GÉNERO

Mientras tanto en la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hizo un llamado al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, emita una alerta de género en ese estado donde las mujeres no pueden decidir de manera libre, informada y responsable el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

Esta es la segunda vez que se solicita la alerta de género por “agravio comparado” para Guanajuato.

La primera fue el 6 de mayo de 2009 por 65 organizaciones civiles, luego de las reformas constitucionales que prohíben en su totalidad el aborto y que dan un trato diferente a las mujeres de esa entidad, misma que no prosperó ya que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) determinó que “era improcedente”.

De igual manera, las y los legisladores instaron al gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, a instruir al procurador de Justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, a realizar una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el Ministerio Público imputa a las mujeres el delito de homicidio por razones de parentesco, esto a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.

En la última sesión de la Comisión Permanente, se hizo un llamado para que  los poderes del estado de Guanajuato brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU, y se cumplan los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato, entre ellos revisar la figura de “homicidio en razón de parentesco”.

En tribuna, el vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles Conejo, dijo que la Permanente “solamente está siendo congruente con una situación que es grave” y exhortó a la legislatura de la entidad, a “derogar o suprimir del Código Penal del estado de Guanajuato, el tipo penal homicidio en razón de parentesco”.

Estas resoluciones fueron resultado de las proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por los diputados del PRD Leticia Quezada Contreras y del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdés; además de la presentada por los senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, ambos priistas.

10/AGM/LR/LGL

Visitan padres de activista finlandés plantón de triquis en Oaxaca

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax. 30 ago.10 (CIMAC).- A cuatro meses del asesinato de la maestra Beatriz Alberta Cariño y el ciudadano finlandés Jiry Jaakkola, cuando en una caravana intentaban llevar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Copala, las mujeres triquis en resistencia se reunieron con Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista, en el zócalo de esta ciudad, donde mantienen un plantón indefinido para exigir justicia por éstos y otros 20 asesinatos más.

“Nuestro hijo estaba aquí, queremos solamente estar con la gente con quien él estaba”, dijo ayer brevemente Eve, la madre de Jiry, quien aclaró que no tienen previsto reunirse con autoridades locales, como ocurrió en la capital del país, donde se encontraron con personal de la Procuraduría General de la República, instancia que atrajo la investigación.

Unas 20 mujeres, que desde el pasado 7 de agosto mantienen un plantón indefinido frente al edificio que antes funcionaba como Palacio de Gobierno, marcharon ayer en el zócalo oaxaqueño para volver a exigir al gobierno del estado su intervención, tanto para esclarecer los asesinatos, como para mejorar las condiciones de vida de unas 50 familias en San Juan Copala.

“Autonomía y resistencia triqui”, era el lema que se leía en una manta blanca que al frente de la marcha sostenía una pareja de niños originarios de San Juan Copala.
Otro niño, sostenía una cartulina azul en la que se leía: “La autonomía de los pueblos es el único futuro con dignidad”. Un mensaje similar estaba en otra cartulina del mismo color: “La autonomía es el grado más alto de conciencia en el ser humano”.

Desde enero del 2007, la agencia de San Juan Copala, perteneciente al municipio mixteco de Santiago Juxtlahuaca, se declaró municipio autónomo y se deslindaron del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) creando otra organización independiente (MULTI), que junto con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), son las agrupaciones sociales que se disputan el control de la zona.

Las mujeres de San Juan Copala señalaron nuevamente a los integrantes de la UBISORT y el MULT, como los responsables de que en su comunidad no haya servicios básicos ni profesores para iniciar el ciclo escolar 2010-2011 y de que el 21 de agosto hayan asesinado a tres de los organizadores de la caravana que hace una semana planeaba salir rumbo a la ciudad de México.

“Por ese dolor y la rabia que sentimos suspendimos la caravana que es muy arriesgado que siga, vamos a mantener el plantón, hasta que se haga justicia”, dijo Mariana Flores, una joven triqui que se ha convertido en la vocera de las mujeres en resistencia.

Las indígenas triquis han denunciado también que han visto que gente del MULT y la UBISORT las vigilan pero “no les tenemos miedo, lo que ellos quieren es que abandonemos el plantón y dejemos de exigir”.

Con una flor y una veladora en la mano, o con sus hijos en brazos, las mujeres marcharon en el zócalo y luego realizaron un rosario en su campamento como una especie de novenario por los tres organizadores de la caravana que fueron asesinados hace nueve días, cuyos nombres fueron escritos en los tapetes con figuras religiosas que instalaron en el suelo, rodeados de veladoras.

“El MULT y UBISORT que atacó a nuestros compañeros que fueron heridos… son financiados por el gobierno del estado, quien no ha dado ninguna respuesta a pesar de que saben quiénes son  los asesinos de los activistas y hasta ahorita no tenemos a ningún responsable”, denunció Mariana Flores.

Dijo que las autoridades estatales ponen como pretexto que no pueden seguir investigando porque los testigos no acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado a declarar.

“Es otro pretexto del gobierno porque no quiere detener a los asesinos, porque protege a los asesinos”, dijo antes de indicar que en San Juan Copala las balaceras se presentan todos los días y las 50 familias que aún viven ahí no pueden salir.

La situación en la que viven los pobladores de San Juan Copala fue la razón para que una primera caravana intentara ingresar el 27 de abril pasado para llevarles víveres, pero unos cuatro kilómetros antes de llegar fueron atacados y murió Bety Cariño, junto con el activista finlandés.

Posteriormente, el 8 de junio, un grupo de diputados federales encabezó una segunda caravana que tampoco pudo ingresar a San Juan  Copala porque integrantes de la UBISORT, principalmente mujeres y niños, bloquearon el acceso a esa comunidad. Las 30 toneladas de alimentos recolectados se quedaron en Huajuapan de León.

10/NAD/LR/LGL

Por la defensa y el avance de los derechos de las mujeres

Por  Yunuhen Rangel Medina

Zacatecas, Zac. 30 ago 10 (CIMAC).- Con la demanda de libertad para las seis mujeres presas por aborto en Guanajuato, y el apoyo absoluto para las mujeres indígenas de la comunidad triqui en San Juan Copala, Oaxaca, concluyó el Encuentro Nacional Feminista (ENF), que reunió aquí a más de dos mil 400 mujeres del país, luego de 18 años de no hacerlo.

Durante tres días, reconocidas feministas, y las jóvenes generaciones confirmaron la agenda política actual, el rumbo y los retos para el movimiento con la certeza de que “el feminismo es una alternativa imprescindible que contribuye a construir el país que queremos”.

Recolectaron firmas de apoyo para demandar la libertad de las mujeres en Guanajuato, un estado de la república que incluye en su Código Penal la  criminalización del aborto y el único que no cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Para las mujeres, niñas y niños de San Juan Copala, Oaxaca, las feministas externaron su apoyo absoluto, exigieron el cese a la violencia, y a los ataques cometidos contra esta comunidad que se encuentra en resistencia.

Demandaron a las autoridades una respuesta pronta y positiva para que las mujeres y sus hijas e hijos, que se encuentran en plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, puedan volver a su comunidad en condiciones de seguridad, acceso a la educación y a una vida digna que el Estado esta obligado a garantizar.

Al dar lectura al pronunciamiento base, cuya redacción final está en proceso, subrayaron que la guerra desatada desde el gobierno ha permitido y propiciado la militarización del país.

Dicha situación criminaliza la protesta social e incrementa la persecución  de defensoras de los derechos humanos, “justificando la subordinación de todo el sistema de seguridad nacional a los intereses de Estados Unidos”.

Por ello, dijeron, ratifican su repudio a todas las formas de militarización del país y reconocen los aportes de las feministas de Chihuahua para erradicar la violencia estructural contra las mujeres, el feminicidio en primer lugar.

El pronunciamiento feminista también destaca el compromiso para la defensa y el avance de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia para las mujeres. La no militarización, lucha contra la pobreza y por el derecho a decidir, entre otros.

Consideraron fundamental la rearticulación del movimiento feminista para permitir el avance de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Sobre la posibilidad de un próximo encuentro, hubo propuestas de las compañeras de Jalisco, Veracruz y Sinaloa para llevar a cabo encuentros previos y/o regionales. No hubo una definición para el próximo encuentro y tomaron como fecha probable el 2012.

Hubo un gran reconocimiento para el comité promotor del encuentro y un agradecimiento para las anfitrionas de Zacatecas, “Vamos caminando por el conocimiento y apropiación de todos los derechos enunciados y por enunciar, en la formación de un mundo diferente”, precisa el pronunciamiento.

10/YR/LR/LGL

Gobierno calderonista impulsa agenda “conservadora” en Conferencia Mundial de la Juventud, denuncian ONG

Señalan “irregularidades” y “falta de transparencia” en los procesos Christian Rea Tizcareño-enviado Foto: Christian Rea Tizcareño León, Guanajuato, agosto 26 de 2010. Activistas de la Conferencia Mundial de la Juventud (CMJ) denunciaron “irregularidades” y “falta de transparencia” en el encuentro realizado por el gobierno federal en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).   Ayer, durante la primera sesión plenaria del Foro de Gobiernos, y para el cual está prohibido el ingreso de la prensa, se leyó a los 106 delegados y 35 ministros reunidos, la Declaración de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero se dijo que ésta no influiría en las conclusiones finales del evento, cuyo contenido será presentado mañana al término de la CMJ, informaron fuentes cercanas a la reunión.   Este miércoles, al finalizar la Marcha Mundial de las Juventudes, la activista Oriana López Uribe, comentó que a lo largo de dos días, 350 representantes de la sociedad civil de diferentes latitudes del planeta se dieron cita en el Foro Global de ONG, donde después de debatir, se logró el consenso necesario para construir una declaración en pro de los derechos humanos.   Sin embargo, la Declaración no la ha querido presentar el gobierno mexicano dentro de la CMJ, apuntó la integrante de la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, para luego exigirle a la administración de Felipe Calderón Hinojosa que respete el acuerdo de la sociedad civil del mundo.   Las conclusiones fueron aprobadas por mayoría el martes; pero la administración calderonista no quiere presentarla en los foros oficiales de la CMJ. “La sociedad civil organizada generó un proceso de construcción, debate y respeto para construir la agenda política de los jóvenes a nivel mundial, y el gobierno de México debe respetar eso”, expresó.   A la fecha, el sistema de comunicación de la CMJ ha enviado a la prensa un documento llamado “Cuarto borrador de la Declaración”; pero no el texto final votado el martes pasado, al concluir el Foro Global de ONG.   De acuerdo con fuentes del Foro de Gobiernos, países de Sudamérica como Brasil y Paraguay han advertido que no firmarán una declaración si el tema de salud sexual y reproductiva no está incluido.   Entrevistado hoy, Simón Cazal, activista paraguayo de la asociación Somos Gay, refirió que en el Foro de Gobiernos, Estados como el mexicano, así como los procedentes de África y Europa del Este, mantienen una postura “claramente conservadora”, pues le temen a la “perspectiva progresista” firmada por la mayoría de las ONG participantes en la CMJ.   “No quieren hablar de asuntos importantes para la juventud como la interrupción voluntaria del embarazo y la no discriminación hacia las personas homosexuales, temas defendidos el martes pasado por la mayoría de las ONG”.   Durante la CMJ, el ala conservadora del Foro de Gobiernos se ha negado a hablar de no discriminación, a pesar de que en la CMJ ha habido homofobia. En este sentido, el activista de Paraguay denunció que un grupo de voluntarios del evento se refirió a él como “un maricón, en forma despectiva”.   A diferencia de México, los países de América del Sur han asumido una postura “bastante progresista”, contrastó.   El activista gay aseguró que ha habido “falta de transparencia”. La Declaración de ONG “ha sido saboteada”, toda vez que ayer se leyó a los participantes del Foro de Gobiernos, pero los ejemplares de ésta se distribuyeron hoy. “Hay demasiados puntos oscuros en los mecanismos de toma de decisiones”.   Por otro lado, Mc Keegan Terrance, integrante de la opositora a la despenalización del aborto International Youth Coalition, denunció en conferencia de prensa que como la Declaración de ONG no respeta la “sexualidad natural” y el “derecho a la vida antes de nacer”, su organización acudirá a la ONU en octubre próximo para entregarle una declaración alterna donde se indica que los jóvenes están “creados a imagen y semejanza de Dios”.   En tanto, Rafael Becerra, de la Alianza Internacional de la Juventud, también opositora de la interrupción del embarazo, criticó a la directora del Instituto de las Mujeres del DF, Malú Micher Camarena, por afirmar que el concurso Miss Universo es “una exhibición de reses”.   El activista del estado de Jalisco reprobó que la funcionaria capitalina le dijera “vaca” a la tapatía Jimena Navarrete, ganadora del concurso Miss Universo 2010. Llamó a denunciar a la integrante del gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.