Oliva propone reforma en favor de presas por aborto

Seis de las siete mujeres sentenciadas hace más de tres años pueden salir libres.

Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato. Foto: Especial

Guanajuato y México.- El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, presentó ayer una iniciativa ante el Congreso estatal para disminuir las penas de homicidio en razón de parentesco, que de aprobarse facilitará la liberación de las mujeres que ya hayan purgado parte de su pena.

De las siete internas presas por ese delito, seis pueden salir en libertad pues fueron sentenciadas hace más de tres años, siempre y cuando su caso se relacione con las nuevas tipificaciones que propone el mandatario estatal para el Código Penal local.

Oliva explicó que el número de años en prisión puede ser de entre tres y ocho, cuando el código actual señala un castigo de 25 a 35.
Sin embargo, las penas se reducirán solo en los casos en que se asegure que la madre fue la autora material del homicidio y cuya conducta se deba a razones sociales y culturales.

Por ello, el gobernador consideró que el Código Penal actual es inadecuado “al penalizarlas con exceso”.

Además, comentó que la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal después de una investigación, concluyó que en Guanajuato no existen mujeres procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto, y que las garantías de las mismas fueron salvaguardadas y no se advirtieron elementos de criminalización.

Reiteró la firma de un convenio con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en su oficina de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría de Derechos Humanos, mismo que forma parte de los compromisos del gobierno estatal de mejorar las condiciones legales de las mujeres.

Finalmente, anunció la creación de una iniciativa que garantice y amplíe los derechos de las mujeres, bajo el marco legal existente.

Recomendaciones

El procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, envió las recomendaciones a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo para la adecuación al
Código Penal estatal, donde pide penas menores al homicidio en razón de parentesco.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, advirtió que hay un problema de género en los procesos de encarcelamiento que se llevan a cabo en Guanajuato sobre mujeres que han abortado, además de la prostitución que hay en las cárceles.

“Lo que estamos viendo en Guanajuato es una muestra de cómo se puede utilizar al derecho para evitar que las mujeres decididan sobre su cuerpo, aunque hay una decisión moral y jurídica en todo el país sobre este tema”, señaló.

Aseguró que esas mujeres están siendo victimizadas y que sufren de una triple penalización, pues a pesar de que en Guanajuato el aborto es ilegal, a ellas se les acusa de homicidio en relación de parentesco, que es un delito aún más grave.

 

Pedro Domínguez y Enrique Huerta

Autoridades, obligadas a investigar causas que hacen a reas prostituirse

Alejandro Cruz Flores

 

Periódico La Jornada
 

Sábado 21 de agosto de 2010, p. 33

Si las internas de los reclusorios femeniles de la ciudad de México tienen que recurrir a prostituirse es porque no tienen otra manera de sobrevivir, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Al referirse a las declaraciones de la subsecretaria del Sistema Penitenciario capitalino, Celina Oseguera Parra, en el sentido de que las reclusas se dedican a esta actividad por su voluntad en un acto consentido, el ombudsman capitalino señaló que de ser así, las autoridades tienen la obligación de evitarlo y de investigar cuáles son las condiciones que están obligando a las mujeres a recurrir a esa medida.

Entrevistado luego de participar en el foro La justicia para adolescentes y medidas en libertad, reiteró que hay denuncias de internas en el sentido de que son hostigadas y presionadas para prostituirse en los túneles que comunican al área de juzgados de los reclusorios.

Cuestionado sobre si son irresponsables las afirmaciones de la funcionaria del gobierno capitalino, González Placencia dijo que sería deseable, siendo ella mujer, que tuviera perspectiva de género, y yo creo que esta situación da cuenta precisamente de que también en la prisión se ve un problema de diferencia de géneros que afecta los derechos de las mujeres.

Independientemente de que lo hagan por su voluntad, agregó el presidente de la CDHDF, tiene que haber alguien que solapa esta situación, además de que diversos testimonios dan cuenta de que cuando se recurre a la prostitución es porque no se tienen otras posibilidades de sobrevivir en la institución, y eso interpela directamente a los deberes del sistema penitenciario de garantizar una vida digna en la prisión.

Reconoció, sin embargo, que las autoridades, luego de negar la existencia de este fenómeno, admitieron que sí hay esta problemática, por lo que dijo, esperamos que pasemos a la etapa de que eviten que continúen estos hechos. Qué bueno que lo estén reconociendo, pero me parece que ahora lo que hay que hacer es arreglarlo, apuntó.

En la próxima semana se espera que la CDHDF emita la recomendación correspondiente en torno a esta problemática, en la que, trascendió, uno de los testimonios centrales será de Yosmari, presa de origen venezolano, quien denunció penalmente el acoso sexual, hostigamiento y amenazas de que fue víctima por parte de custodios para obligarla a ejercer la prostitución y que fue dado a conocer por este diario.

Se prevé que el documento vaya dirigido a la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con el argumento de que si bien no se puede hablar de una red de trata de personas, sí se advierte una estructura en la que participan funcionarios de ambas dependencias, como custodios y secretarios de acuerdos.

ONU: Violencia contra mujeres es preocupante

Las representantes dialogaron con presas que siguen un proceso por el delito de aborto. Durante una conferencia, señalaron que en Guanajuato no hay una ley que proteja los derechos de las mujeres

Liliana Valiña, representante de la ONU, visita Guanajuato para valorar la violencia que existe contra las mujeres procesadas po

León, Gto.
La comisión de las Naciones Unidas para los derechos humanos emitió nueve recomendaciones contra el estado de Guanajuato por los preocupantes niveles de violencia contra las mujeres incluyendo violencia sexual.

En conferencia de prensa, la representante de ONU-DH, Liliana Valiña, explicó que en la entidad no existe una ley que específicamente proteja los derechos de la mujer que sufre cualquier tipo de violencia.

Según Valiña, hay estereotipos culturales particularmente en el ámbito de la educación formal y medios de comunicación, por lo que instó a promover una cultura de derechos humanos en este sentido.

“La oficina pudo observar la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos” dijo la comisionada.

Entre las nueve recomendaciones, destaca la revisión de la figura penal del homicidio en razón de parentesco con el fin de que no se aplique a casos de otra índole y se garantice la proporcionalidad de las penas.

En este sentido, la ONU-DH confió en que el sistema de justicia del estado implemente mecanismos para garantizar un trato no discriminatorio y prejuicioso en contra de las mujeres.

“Con el fin de evitar acusaciones inadecuadas, por los delitos de aborto u homicidio en razón de parentesco, es pertinente, realizar una reflexión sobre los procesos legales emprendidos contra (las seis mujeres encarcelas por homicidio en razón de parentesco)” dijo.

Esto, con la consigna de que se asegure que los procedimientos y principios fundamentales del derecho a la defensa, hayan sido apegados a los estándares internacionales, “particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia”

Naciones Unidas realizó esta misión con el objetivo de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en Guanajuato y allegarse de información directa, en particular sobre las garantías del derecho a la no discriminación, una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos.

La comisionada explicó que se exhorta también a las autoridades a implementar políticas públicas para elaborar indicadores que muestren la problemática que enfrentan las mujeres, para atenderlas adecuadamente.

La oficina de la ONU invita a Derechos Humanos local a “dar especial seguimiento a la implementación y al impacto de las políticas públicas enfocadas a garantizar los derechos de las mujeres, así como la evolución de la situación que viven”

“El reto de las instituciones y de servidores y servidoras públicos para atender adecuadamente estos casos y confío en que la identificación, procesamiento y sanción a los responsables contribuirá al combate de la impunidad” expresó.

Durante la visista de Naciones Unidas, los representantes se reunieron con el Gobernador del Estado, el Procurador de Justicia, el Procurador de Derechos Humanos, el Secretario de Salud y distintas organizaciones de la sociedad civil.

Y aunque hablaron con las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco, no emitieron ninguna opinión sobre esos casos en específico.

CLAVES

Las recomendaciones principales que emitió la ONU al estado de Guanajuato son que se garantice la visibilidad de una ley para prevenir, atender y erradicar la violencia, con atención especializada a las mujeres y eliminar los estereotipos culturales.

Naciones Unidas realizó esta misión con el objetivo de dar seguimiento a los derechos humanos en Guanajuato, en particular, sobre las garantías del derecho a la no discriminación, a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos.

 

Pedro Dominguez

Reformas para gays y aborto no llegarán a Puebla

Todo apunta a que los legisladores entrantes, emanados de la coalición Compromiso por Puebla, tendrán un perfil muy conservador ya que temas como las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la despenalización del aborto no sólo no serán materia de discusión sino que no habrá posibilidad de reformas en el Congreso Local.

Y es que aunque manifestaron que para entrar a una discusión se necesitaría el consenso de todas las fuerzas políticas, los líderes de partido ya dictaron la línea que seguirán los diputados de la próxima legislatura, en especial el Partido Acción Nacional, quien a través de su dirigente garantizó que no se darían avances al respecto.

“En Puebla por parte del PAN no van a pasar, porque no es lo que ofrecimos en el Congreso ni es lo que la ciudadanía nos demandó; por lo tanto estaremos abiertos a discutirlos, pero que quede claro, que de ninguna manera aprobaremos nada al respecto”, enfatizó el líder estatal del partido albiazul, Juan Carlos Mondragón Quintana.

Mondragón Quintana lamentó incluso la decisión de la Suprema Corte de Justicia de validar los matrimonios homosexuales, al señalar que se ha convertido en una instancia que opera con una dinámica social diferente, la cual perdió credibilidad desde que falló en contra de Lydia Cacho.

“Condenamos que con la ley se busque imprimir en todos los ciudadanos conductas que no obedecen a una mayoría, pero nos queda claro que es un tema que rebasa lo local porque como coalición no estamos abiertos”, refirió el panista.

El resto de los partidos que integran la coalición (PRD, PANAL y Convergencia) le dieron la vuelta al tema al evitar ofrecer posturas independientes, argumentando que existe un acuerdo previo para priorizar una agenda en la que no incluyeron los asuntos de la diversidad sexual.

Al respecto José Juan Espinosa Torre, líder de Convergencia, aunque celebró la decisión de la SCJN “en el avance de los derechos de las minorías”, reiteró que esta discusión no tiene por qué polarizar a los poblanos ni generar desencuentros al seno de la coalición Compromiso por Puebla.

Mientras tanto, el PANAL y el PRD aseguraron que no existirán contradicciones entre sus partidos porque se ajustarán a los acuerdos previos que estipulan dejar de lado asuntos de jerarquizaron como secundarios, para dar paso a lo que consideran problemas fundamentales que atender en beneficio de los poblanos, como son la educación o la falta de servicios públicos.

Piden aprobación de Ley de Convivencia en Puebla

Texto: Redacción Poblanerías Miércoles, 18 de Agosto de 2010 12:28

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A decir del presidente de la Red Democracia y Sexualidad, en el estado existen las condiciones necesarias para que se aprueben los matrimonios entre homosexuales, así como todos sus derechos.

Puebla, Puebla.- La Ley de Sociedades en Convivencia se debe aprobar antes de que concluya la gestión de la legislatura actual, pues sería el primer paso hacia la apertura y el respeto de los derechos de las personas homosexuales, manifestó Brahim Zamora Salazar, presidente de la Red Democracia y Sexualidad.

Indicó que resulta urgente extender al resto de los estados la validez del matrimonio gay y la legitimación de sus garantías jurídicas, con el objetivo de erradicar la discriminación e intolerancia.

Agregó que pese a que la entidad se caracteriza por ser una de las más conservadoras a nivel nacional, existen las condiciones necesarias para que se concreten las iniciativas presentadas por Rocío García Olmedo, diputada del PRI, y José Benigno Pérez Vega, del PT, en torno a la legalidad de las uniones de homosexuales.

Sin embargo, lamentó que la plataforma de trabajo de Rafael Moreno Valle, así como la agenda de la siguiente legislatura, no incluyan este tipo de temas.

"El escenario es muy triste en Puebla tenemos un par de partidos de izquierda que deberían dejar de existir porque los únicos temas que les da identidad son éstos y renuncian a ellos por una alianza electoral", señaló.

Zamora Salazar aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como la adopción de infantes, pues consideró que ello es la prueba de un modelo progresista y exitoso, lejos de ser una medida 'fascista' o ‘agresivo' con los valores familiares, como lo consideró la Iglesia católica.

En ese sentido, repudió los “discriminantes comentarios” emitidos por distintos jerarcas, ente los que destacan las acusaciones de Juan Sandoval Iñiguez respecto a un posible soborno que recibieron los miembros de la SCJN para aprobar los matrimonios gay y la adopción de menores por parte de estos.

Por su parte, Eugenio Lira Rugarcía, vocero de la Arquidiócesis de Puebla, dejó claro que la Iglesia sólo puede reconocer a los matrimonios formados por un hombre y una mujer.

ONG reclama Ley de Convivencia en Puebla

Antes de que concluya la gestión de la actual legislatura, debe aprobarse la Ley de Sociedades en Convivencia, como el primer paso hacia la apertura y respeto de los derechos constitucionales de los homosexuales, señaló Brahim Zamora Salazar, presidente de la Red Democracia y Sexualidad.
Indicó que es urgente extender a estados como Puebla la validez del matrimonio entre personas del mismo género y la legitimación de sus garantías jurídicas a fin de erradicar la intolerancia y discriminación.

Evidenció que si bien la entidad se caracteriza por ser una de las más conservadoras a nivel nacional, existen las condiciones para que se concreten las iniciativas presentadas por la diputada del PRI, Rocío García Olmedo y del PT, José Benigno Pérez Vega, mismas que plantean la legalidad de las uniones gay.

No obstante, lamentó que dentro de la agenda de la siguiente legislatura así como en la plataforma del panista Rafael Moreno Valle, estos temas hayan sido excluidos.
"El escenario es muy triste en Puebla tenemos un par de partidos de izquierda que deberían dejar de existir porque los únicos temas que les da identidad son éstos y renuncian a ellos por una alianza electoral", puntualizó.

Comentó que su única petición para Moreno Valle es que piense en Puebla como una sociedad de primer mundo pues él conoce los lugares más desarrollados a nivel internacional, por lo que debe impedir cualquier retroceso.

El representante de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) aplaudió la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la cual la unión de individuos del mismo sexo tiene la misma validez que el matrimonio tradicional y además permite la adopción de infantes.

Lejos de catalogar la medida como ‘fascista' o ‘agresivo' con los valores familiares, tal como lo etiquetó la Iglesia católica, consideró que la decisión de los ministros es la prueba de un modelo progresista exitoso.

En ese tenor, repudió los discriminantes comentarios emitidos por distintos jerarcas, ente los que destacan las acusaciones infundadas de Juan Sandoval Iñiguez respecto a un posible soborno que recibieron los miembros de la SCJN.

"La actitud de la Iglesia católica es una pena pues el evangelio, el mensaje de Cristo es precisamente todo lo contrario, es un mensaje de inclusión, de estar de lado de los oprimidos y de aceptación. Además el cardenal (Juan Sandoval Iñiguez) tendría que volver a sus lecciones de catecismo para poder entender algo elemental como eso", argumentó.

En tanto, el vocero de la Arquidiócesis de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, insistió en que la Iglesia sólo puede reconocer el matrimonio conformado por un hombre y una mujer.

Reservado en sus comentarios, expuso que el clero respeta las leyes y a las instituciones, pero por motivos biológicos, racionales y sociales, la funcionalidad de la familia depende de su integración natural entre parejas heterosexuales.
niz/fml

Al año, 30 mil jóvenes son obligados a casarse por embarazos no planeados

YADIRA LLAVEN

Uno de cada seis nacimientos en el país ocurre en mujeres menores de 19 años. El embarazo en la adolescencia se considera, desde el punto de vista médico y social, un riesgo para la salud y el desarrollo personal de la madre, su hijo y su pareja. En este sentido, al año en Puebla unos 30 mil jóvenes, entre 14 y 20 años fueron obligados a casarse porque tuvieron un embarazo no deseado, según índices del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Actualmente Puebla cuenta con 5.1 por ciento de la población joven que habita México; es decir, alrededor de unos 800 mil jóvenes; aunque no se tienen cifras fidedignas, se estima que un gran porcentaje de los nacimientos que ocurren en menores de edad en el estado son embarazos no planeados y probablemente no deseados, y aun cuando las adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos y su forma de uso, sólo uno de cada cuatro jóvenes (varón y mujer) sexualmente activos usa algún tipo de anticonceptivo.

Esto coloca a las mujeres poblanas en riesgo hasta de muerte por la práctica de abortos mal realizados, en ambientes de poca higiene y con personal no capacitado; sin embargo, se sabe que el abasto de anticonceptivos en las clínicas del IMSS es suficiente en condones para la población que los demanda. El problema real es que un mínimo de la población es el que llega a solicitarlos; no obstante, sólo cuenta con dos métodos de planeación: los preservativos para hombres y la implantación del Diu (Dispositivo Intrauterino) en las féminas.

En el estado, la Secretaría de Salud (Ssa) no tiene estadísticas sobre el número de abortos que se realizan anualmente. Los únicos datos que hay son las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), que indican que por cada cinco poblanas embarazadas durante su periodo de fertilidad (15 a 49 años), una de ellas se practicó al menos un aborto.

Mientras tanto, el Coespo recabó que las poblanas inician su vida sexual entre los 15 y 17 años, y 14 por ciento de ellas no conoce algún método anticonceptivo, como el condón o las píldoras del día siguiente.

Con cifras aún de 2009, el estudio “Perfil sociodemográfico de la población joven en Puebla”, realizado por el organismo local, revela que al año unos 29 mil 150 jóvenes de 15 a 24 años inician su vida sexual sin utilizar ningún método para evitar el embarazo o el contagio de una enfermedad.

40% de los embarazos
se da en la primera cita

También la Coespo reporta que más de 40 por ciento de los embarazos se da en la primera relación sexual; asimismo, cinco de cada 10 mujeres en ese rango se han embarazado por primera vez sin aclarar si éstas deciden tener al hijo.

Para los expertos, el problema que se presenta en Puebla en cuanto a embarazos no planeados se debe a dos situaciones. La primera es por falta de información y la segunda, tiene que ver con pocos programas de prevención por parte de las autoridades.

Ante ello, recientemente la Casa de la Juventud y la Federación de Padres de Familia signaron un convenio de colaboración para brindar información a jóvenes sobre el tema y así evitar embarazos a temprana edad.

A reconocer a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 12 ago 10 (CIMAC).- Ante la exclusión, marginación y falta de oportunidades que enfrentan las y los jóvenes del país, organizaciones de la sociedad civil (OSC), exigieron hoy que el Gobierno mexicano, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) firmada en 2005, único instrumento que les reconoce como sujetos plenos de derechos.
  
Durante la presentación del informe: “Derechos Humanos de las Juventudes en México 2010”, el director general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Miguel Cocha Malo, consideró que ante el panorama desolador  que enfrentan las y los jóvenes es urgente contar con un marco jurídico que reconozca y promueva sus derechos específicos.

“Mucho Instituto Nacional de la Juventud, pero muy pocas posibilidades de hacer exigibles y justiciables los derechos de las y los jóvenes”, afirmó.

En la celebración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud; insistió en la necesidad de que México ratifique la Convención y la elaboración de una Ley Nacional de Juventud que esté armonizada con la misma.

Es necesario, dijo, que se asigne el presupuesto suficiente para llevar a cabo lo establecido en dicho instrumento internacional, y armonizar la ley del Distrito Federal con el mismo, es decir  que se generen mecanismos efectivos de participación ciudadana juvenil.

Angélica Gay Arellano, investigadora del Centro Fray Francisco de Vitoria, afirmó que si bien los derechos humanos son interdependientes, para las y los jóvenes, existe una urgencia del cumplimiento de cuatro derechos fundamentales que son: Educación, salud, empleo y participación juvenil.

Precisó que las políticas públicas tendrían que empezar a dirigirse, hacia este camino desarrollando relaciones interinstitucionales que generen políticas integrales de corto, mediano y largo plazo.

Estas exigencias, también fueron ratificadas por la Plataforma Nacional de Juventudes - Proyecto 15-35 México, integrada por más de 34 organizaciones, colectivos, redes y jóvenes activistas, quienes en comunicado también exigieron la ratificación de la Convención, la creación de una Ley Nacional y mecanismo efectivos de participación.

“Sólo así se podrá hablar de un avance importante. “Una vez que el Estado garantice nuestros derechos y asuma su responsabilidad cumpliendo estas tres demandas que darán paso a un ejercicio pleno de la ciudadanía”.

Llamaron a los gobiernos en sus tres niveles, a la clase política del país, a las legislaturas e instituciones para que atiendan sus exigencias, las cuales consideraron mínimas para la regulación y cumplimiento de sus derechos.

En 1999 se realizaron las últimas reformas en materia de juventud: Se público a escala nacional la ley que creó el  Instituto Mexicano de la Juventud. A la fecha existen en México13 Estados que cuentan con leyes locales para la población joven.

Según el Proyecto 15-35 México, estas leyes no son instrumentos concretos de reconocimiento de derechos de la juventud, y ni se fundamentan en la CIDJ, que hasta la fecha no ha sido ratificada.

El 12 de agosto de 2009, el Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo federal a remitir la CIDJ al Senado para su ratificación, lo que,  aún no ha sucedido.

Poco más de la cuarta parte de la población en el país es joven (de 15 a 29 años de edad), más de la mitad son mujeres, a decir de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, las jóvenes siguen siendo el grupo social más vulnerable a la pobreza, a la violencia, al desempleo, a la negación de acceso a la educación y a la salud.

Las mujeres jóvenes del país son usadas como “botín de guerra” tanto por las fuerzas policíacas e institucionales al servicio del Estado, como por las ligas criminales, aseveró Miguel Cocha Malo.

Una prueba de ello, son los casos emblemáticos, que aún no han sido esclarecidos, de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez todas ellas, son jóvenes y el caso de las también jovencitas, violadas, vejadas, humilladas y golpeadas el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud y se conmemoró por primera vez el año 2000.

10/GTR/LR

Sigue proceso penal para que Provida devuelva más de 14 mdp

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 16 ago 10 (CIMAC).- A siete años de que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron el desvío de recursos públicos destinados a la salud de las mujeres, a favor del Comité Nacional Provida, el pasado 17 de junio el juez federal 13 en materia civil, Salvador Martínez Calvillo, determinó que en efecto, hubo una malversación de 14 millones 188 mil 663 pesos, que deben ser regresados al gobierno federal.

La resolución de este juicio, promovido por la Secretaría de Salud federal, el 25 de octubre de 2005, indica que aparte de la malversación, Provida no comprobó el ejercicio de estos recursos, por lo cual el juez condenó a esta asociación a restituir dicha cantidad al gobierno federal, dijo a Cimacnoticias el abogado y especialista en el tema, Pedro Morales Aché.

El también integrante del Tribunal Ciudadano por la Transparencia y la Rendición de Cuentas –un tribunal conformado en 2006 por OSC para juzgar el caso Provida- precisó que en un principio la federación reclamó la devolución de 29 millones 999 mil pesos, pero el juzgado consideró que de esta cantidad, no se comprobó el gasto de 14 millones 188 mil 663 pesos con 90 centavos, por lo cual Provida sólo debía regresar esta suma.

Sin embargo, mencionó que esta asociación ya apeló la sentencia, y aunque no precisó la fecha en que se interpuso este recurso, Provida aún no está obligada a regresar el dinero, esto será hasta que “cause estado” (que la resolución sea firme), es decir el caso tendrá que resolverse en un tribunal unitario y es probable que posteriormente proceda un amparo directo. “Habrá que esperar los resultados del juicio en unos meses”, aclaró el abogado.

SIN “AYUDA PARA MUJERES”

Por su parte la diputada federal, Teresa Incháustegui Romero dijo a esta agencia que este hecho es una evidencia de que el financiamiento otorgado a Provida en 2003 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el cual ascendió a 30 millones de pesos, no se destinó a instalar y reforzar “Centros de Ayuda para la Mujer” (CAM), como lo había justificado, Jorge Serrano Limón, representante legal de la asociación.

Cabe mencionar que la Cámara de Diputados puede destinar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, sin embargo para ello es necesario seguir ciertas Reglas de Operación, que indican, entre otras cosas, que la asignación de recursos debe ser a través de un concurso de proyectos específicos, concurso en el que Provida no participó.

Los recursos para los CAM, que desde su fundación en 1978 se autoproclamaron opositores a todas las formas de interrupción del embarazo aún en los casos en que la ley lo permite, fueron aprobados por el entonces diputado Luis Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuesto de la LVIII Legislatura y quien excedió sus facultades al autorizar este hecho sin consultar a la Mesa Directiva del órgano legislativo.

Por esta razón, la también integrante de la Comisión de Salud aplaudió esta decisión y mencionó que las y los legisladores estarán pendientes de esta resolución aunque por el momento no sea definitiva.

También señaló que aunque éste es un claro ejemplo del desvío de recursos, “lo que falta no son candados, sino que éstos se asignen apegados a la ley y con transparencia”.

Incháustegui Romero reflexionó sobre la importancia de invertir en la salud de las mujeres, pues recordó que cuando se destinaron recursos públicos a Provida, en el rubro de “apoyo para mujeres” se presentaron gastos por la compra de ropa en tiendas Sears, Aca Joe, Palacio de Hierro y Liverpool, entre otras.

HISTORIA DEL DESVÍO

Este tema, se inició en 2003, cuando se discutía el presupuesto para el ejercicio fiscal de ese año. La Cámara de Diputados otorgó un presupuesto adicional por 600 millones de pesos destinados a la salud de las mujeres y otros programas. De estos recursos se extrajeron 30 millones de pesos que eran de la partida para el combate y prevención del VIH/Sida y que se otorgaron a Provida.

A partir de ese momento las organizaciones: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; Salud Integral para la Mujer, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; y Letra S, iniciaron una investigación al respecto.

Encontraron que de los 30 millones asignados a Provida, alrededor de 60 por ciento se utilizaron para contratar a tres empresas: una de publicidad,  Mercatel, otra inmobiliaria y de equipo médico, Imporvar y un salón de fiestas, El Castillo de Branstock. Además se detectaron numerosas facturas fiscales irregulares, unas que estaban vencidas, otras con fecha de impresión posterior a la fecha de facturación o sin concepto ni desglose.

10/AGM/LR/LGL

Atrae SCJN amparos contra derechos femeninos de Colima y Querétaro

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 19 ago 10 (CIMAC).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer su facultad de atracción para conocer dos amparos más contra las reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción/fecundación en los estados de Colima y Querétaro.

Durante la sesión de ayer, los ministros de la Segunda Sala decidieron atraer estos amparos interpuestos por un grupo de mujeres en contra de las reformas que se aprobaron en septiembre pasado en Querétaro y en febrero de 2009 en Colima, reformas que protegen la vida desde la concepción/fecundación y que penalizan la interrupción del embarazo.

En entrevistas por separado con Cimacnoticias, las abogadas de la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°), Nadia Sierra y Adriana Ruiz Viffocri, coincidieron que este es un logro de las mujeres pues se trata de defender el derecho a decidir de todas, y confiaron en que pronto los ministros discutan estos casos.

TRES AMPAROS EN COLIMA

El amparo de Colima fue atraído a petición del ministro José Fernando Franco González, quien decidió estudiar “si el precepto constitucional reclamado es de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa”, es decir si todas las mujeres de esa entidad están obligadas a acatar lo que dicta la reforma y si procede el amparo o no por tratarse de mujeres que no están embarazadas.

Adriana Ruiz Viffocri  recordó que con éste, suman tres amparos de mujeres de Colima, pues en junio pasado, la Segunda Sala atrajo dos amparos que aclaman lo mismo. (Cimacnoticias 24 junio 10).

Informó que también debe haber un pronunciamiento por el derecho que debe prevalecer: el de la vida, o el de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y así evitar o interrumpir un embarazo no deseado.

Con esta revisión, se explicará que si el hecho de establecer en una Constitución local, como derecho fundamental la protección a la vida a partir de la concepción, afecta a las mujeres en edad reproductiva que residan en el estado de que se trate.

UN AMPARO EN QUERÉTARO

Respecto al amparo de Querétaro, Nadia Sierra precisó que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito del estado pidió al máximo tribunal del país que conociera de este caso.

Con esta acción pidió que la SCJN determinara si ejercía o no su facultad de atracción de un amparo en revisión en el que se reclama el artículo 2 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde el momento de la fecundación.

La abogada mencionó que al igual que en Colima, las demandas de las mujeres fueron desechadas por juzgados federales, por lo cual pidieron la revisión de tribunales colegiados, hasta que finalmente llegaron a la Segunda Sala de la SCJN.

Nadia Sierra destacó que uno de los argumentos de las mujeres de Querétaro es que con la reforma que protege la vida desde el momento de la fecundación, también se restringen sus derechos sexuales y reproductivos pues no pueden utilizar métodos anticonceptivos.

Indicó que las mujeres no pueden utilizar el dispositivo intrauterino porque afecta la fecundación e impide el embarazo. Además enfatizó que se espera que la Segunda Sala siga atrayendo más amparos para que los revise todos juntos y se pronuncie en el mismo sentido en estos casos.

La Segunda Sala, esta presidida por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores del aborto, y también esta integrada por José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Sergio Armando Valls Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos.

10/AGM/LR/LGL

Buscan en Guanajuato salida política al caso de mujeres presas

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 20 ago 10 (CIMAC).- Sin reconocer que en el estado de Guanajuato se criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, el gobernador Juan Manuel Oliva, busca una salida política al aceptar revisar la posibilidad de disminuir las penas que enfrentan seis mujeres acusadas de “homicidio en razón de parentesco”, con penas de hasta 30 años de prisión.

En entrevista, Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización “Las Libres” dijo que esta acción del ejecutivo local no es alentadora porque las mujeres saldrían inculpadas, “y los gobernantes dirían 'hasta las liberamos', cuando el tema de fondo es que ellas son inocentes”.

Mencionó que el panista Juan Manuel Oliva no ha mantenido una posición clara; ha negado que estas mujeres estén en prisión por abortar, pero ayer en la ciudad de León dijo que luego de la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisará el tema.

En opinión de Cruz Sánchez, fue el Estado quien las encarceló como una forma de criminalizar el aborto y ponerlas de ejemplo, por lo cual consideró que una iniciativa directa del ejecutivo al legislativo estatal será la salida fácil del gobernador.

Indicó que esta reacción es resultado de la presión política y mediática, pero el gobernador no reconocerá que las seis mujeres no se provocaron un aborto. Por otra parte señaló que si se intenta una reforma constitucional para reducir las penas lo más probable es que se apruebe porque el Partido Acción Nacional tiene mayoría en el Congreso.

Respecto a los puntos de acuerdo presentados por algunas legisladoras y legisladores, dijo que espera tengan resultados pues la legislación es importante. A estos proyectos ayer se sumaron diputadas federales y del Distrito Federal del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

Las legisladoras informaron que pedirán que el Instituto Nacional de las Mujeres considere las nueve recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre las que destaca revisar la figura penal del “homicidio en razón de parentesco”.

Las diputadas Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Maricela Contreras Julián, Ana Estela Aguirre y Juárez y Leticia Quezada Contreras se manifestaron en favor de impulsar políticas públicas para que las mujeres no sean víctimas de discriminación y ejerzan sus derechos sexuales  y reproductivos.

Anunciaron que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dé seguimiento al tema porque “este caso nos debe de preocupar a todas las personas”.

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En México las mujeres ya no están dispuestas a aceptar la represión

Carlos Daniel Medina	Viernes 20 de Agosto, 2010 | Hora de creación: 01:17| Ultima modificación: 02:49
Aunque la desigualdad de género es un problema mundial, en México es más evidente la represión hacia las mujeres, aseguró la investigadora María Ileana García Cossio del Tecnológico de Monterrey. “Hay países en donde los gobiernos o las políticas públicas han incidido en que cada vez haya más cambios, pero aquí en México son más evidentes los mecanismos de represión hacia las mujeres, aunque sí hay que decir que la situación ha mejorado desde que las mexicanas ya no están dispuestas a aceptar cosas simplemente por ser mujer”, señaló en entrevista con Crónica. El patriarcado es una situación mundial de siglos, presente en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, incluso en países muy igualitarios, por ejemplo los nórdicos, donde las mujeres pueden enfrentar desventajas, tan notables como en ciertos países árabes. Por esa razón, la académica recalcó lo importante que es el trabajo que se hace desde el gobierno para poder contar con una sociedad equitativa. “En países desarrollados, los papás primerizos tienen un periodo de incapacidad luego de que la mujer tuvo el suyo por haber dado a luz. Esto aún no se logra en México y sólo será posible lograrlo desde el gobierno”, ejemplificó. García Cossio aseguró que un país más igualitario se logra con la sinergia entre una sociedad civil con perspectiva de género y un gobierno incluyente que propicie la participación de las mujeres. “La equidad de género sirve para sensibilizar a la gente. Para que realmente exista una sociedad igualitaria. Mientras exista la idea de que la equidad de género es un asunto secundario, la sociedad no cambiará”, subrayó. Empoderamiento de la mujer. Las mujeres deben estar instauradas en el desarrollo del poder, de lo contrario no hay desarrollo para un país, los Objetivos de Desarrollo del Milenio así lo recalcan, enfatizó. Sin embargo, en nuestro país aún no se cumple este objetivo, ¿la razón? - En México existe poca sociedad civil organizada con perspectiva de género, así como también existe poca gente en el gobierno con sensibilidad de género, por más leyes que hayan, su correcta implementación será difícil si no se cambia la forma de pensar. Es importante que en los gobiernos las mujeres estén representadas, “al ser la mitad de la población en el mundo”, dijo la investigadora. Pero más importante es que “sean mujeres con perspectiva de genero, que trabajen en los verdaderos problemas, como la violencia, salud sexual o salud reproductiva, que sepan por donde entrarle, hagan ruido en las instancias legislativas, generen avances y se vinculen con la sociedad civil que demanda”. “O bien, hombres sensibles con perspectiva de género que también puedan garantizar las demandas de la mujer de hoy”, explicó. Por ello, hizo énfasis en la poca participación de la mujer en cargos públicos. En México sólo ha habido 6 gobernadoras, y no todas con perspectiva de género”. “Una mujer en el poder no garantiza que se mejoren en las políticas públicas a favor de la equidad de genero, si es una mujer con sensibilidad de genero, sí, como en su momento lo fue Rosario Robles, jefa de gobierno del Distrito Federal, o Amalia García, gobernadora de Zacatecas” Case contario de Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, quien no ha demostrado perspectiva de género en su gobierno, la figura puede estar en una mujer o en un hombre pero tiene que ser alguien con perspectiva de genero, porque hay mujeres que consideran que su peor enemiga es una mujer, expuso. “La educación juega un papel fundamental para poder revertir la desigualdad, niñas y niños educados bajo una perspectiva de género, serán niños y niñas más sensibles”, concluyó.

Publicidad y Género: La Construcción de la Desigualdad Entre los Sexos

La industria de la propaganda contemporánea es el más formidable dispositivo técnico-tecnológico-científico concebido por el ser humano para la manipulación mental, física y emocional de las masas y la fabricación del consenso social.

La función principal del dispositivo publicitario – que es quizás, el brazo armado más potente de la Industria de la propaganda para la domesticación del espíritu humano y la fabricación del consenso- “parejo con el de incrementar las ganancias de los anunciantes, su indeclinable responsabilidad, estriba en reproducir una visión de la realidad que mantenga el actual poder económico y social de la clase dominante.”(1) Y la realidad percibida es la realidad que experimentamos...

Esa visión de la realidad que fabrica una pequeña minoría dominante por intermedio de las técnicas y tecnologías publicitarias, para ser vendida a la gran mayoría, incluye, también, una perspectiva de género – estereotipada, conservadora- que diferencia roles y funciones sociales de ambos sexos, y delimita con precisión cuasi-científica el campo de subjetivación propio de hombres y de mujeres. Los modelos identificatorios que propone la publicidad van a dar un sentido al “ser” mujer y al “ser” hombre, van a imponer para cada uno de ellos, también, una forma de “hacer” y de “tener” en sociedad, reproduciendo las condiciones de posibilidad necesarias para que la diferencia entre ambos sexos se perpetúe bajo el signo de la desigualdad.

Por intermedio de la publicidad, el monólogo del poder (al estilo del “Gran Hermano” Orwelliano) va delineando segundo tras segundo de pantalla, spot tras spot, cartel tras cartel, a fuerza de sonrisas resplandecientes y cuerpos entretenidos, los límites invisibles de un paradigma dentro del cual pensamos nuestra realidad, los límites dentro de los cuales pensamos qué es ser hombre y qué es ser mujer, asegurándose en los espectadores la imposibilidad de pensar y de pensarse desde parámetros, códigos, valores, medidas que no sean aquellos que propone.

La desigualdad – la “diferencia desigualada” (2)- de los sexos se promociona en la publicidad como algo natural, deseable y hasta socialmente valioso. Mediante la exhibición de imágenes con alta carga erótica, cuerpos esbeltos y bronceados, sonrisas interminables, mamás/esposas siempre alegres y bien dispuestas para el cuidado ajeno y las tareas domésticas, la publicidad – que se pretende novedosa, trasgesora- instaura, en realidad, un régimen de verdad basado en una lógica conservadora, heteronormativa, desigualadora, anulando la diversidad de problemáticas humanas, sus conflictivas, sus riquezas, y llevando la injusticia a extremos que nos resultarían difíciles de tolerar si, hombres y mujeres, no estuviéramos tan entrenados para aceptar tal injusticia como costumbre y obedecerla como destino.



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1 - Vicente Romano, “La formación de la mentalidad sumisa”, 2005, Ediciones Endymion
2 - A.M. Fernández (1993)

Instalan mesa para atender violencia contra mujeres en Juáre

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 15 de agosto de 2010, p. 24

Ciudad Juárez, Chih., 14 de agosto. Delegados de los gobiernos federal, estatal y municipal instalaron la Mesa intersectorial para atender la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, con la finalidad de detectar las zonas con mayor violencia de género y erradicar la inseguridad en esas zonas.

En la sesión se definieron los pasos a seguir, mediante la ex- posición de estudios, análisis y experiencias de las instituciones, las cuales instrumentarán acciones concretas y los compromi- sos de cada dependencia participante, entre ellas el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres.

En la reunión se informó que en lo que va del año en Juárez han sido asesinadas 157 mujeres: 20 de estos casos son indagados por la Fiscalía Especial que Investiga los Homicidios de Mujeres pues por sus características son consideradas feminicidio; el resto de los expedientes está a cargo de la Unidad

Especializada en Delitos Contra la Vida.

Además hay reporte de 36 mujeres desaparecidas, muchas en la zona centro de la ciudad. En un estudio presentado en la reunión se informó que las colonias de la zona norponiente, entre ellas Bellavista, Gregorio M. Solís, Del Carmen, Barrio Alto, Obrera y Chaveña, son donde se focaliza la violencia contra mujeres en Juárez. Otras colonias peligrosas son Tiradores del Norte, Vicente Guerrero, Monterrey, Usos Mixtos, Corregidora y Anáhuac.

En el centro de la ciudad: Parque Industrial Fernández, México 68, Luis Olague, Independencia II, Revolución Mexicana y Parque Industrial Aztecas.

En la zona sur-oriente: Lucio Blanco, Héroes de la Revolución, Horizontes del Sur, Manuel J. Clouthier, Tierra Nueva, Hacienda de las Torres, Universidad.

Estudio advierte sobre violencia contra mujeres

Especialistas expresan que es mínimo el avance en la erradicación de la violencia contra la mujer juarense

Sábado 14 de agosto de 2010 Mario Héctor Silva/corresponsal | El Universal

El Colegio de la Frontera Norte (Colef) estableció la vulnerabilidad de las mujeres en 30 colonias enclavadas en áreas de extrema pobreza de la ciudad, que tendrán que ser atendidas de manera prioritaria por diferentes instancias gubernamentales y organismos privados y sociales.

La violencia se ejerce de forma "acentuada" contra la mujer en las 30 colonias, según el estudio denominado "El Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia de Género en Ciudad Juárez", que forma parte del Análisis de la Violencia de Género en Ciudad Juárez, presentado en el marco de instalación de la Mesa Intersectorial para Atender la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Mientras tanto, esta misma mañana, hubo también reclamos abiertos de representantes gubernamentales, por el uso y el destino de recursos que en apoyo a las mujeres de Ciudad Juárez, no han sido otorgados, dijo Isela Torres, coordinadora de la Secretaría Técnica del gobierno municipal y representante del Consejo Municipal de Mujeres.

Entrevistada por separado, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), Luisa Camberos, dijo que los 12 millones de pesos recibidos de Inmujeres se encontraban ya etiquetados, "por lo que no se les podía dar un destino distinto".
En todo caso -dijo-, el instituto está en condiciones de proporcionar materiales didácticos y asesoría con personal especializado al gobierno municipal.

La Mesa Intersectorial para Atender la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez tiene como objetivo establecer un programa de trabajo que coadyuve a erradicar las condiciones de la inseguridad que viven las mujeres en Ciudad Juárez.

El estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte focaliza zonas específicas de riesgo para la mujer en las siguientes áreas y colonias: zona norponiente (que integra a las colonias: Bellavista; Gregorio M. Solis; Del Carmen; Barrio Alto; Obrera; Chaveña; Tiradores del Norte; Vicente Guerrero; Monterrey; Usos Mixtos; Corregidora y Anáhuac).

También comprende la zona centro-poniente (Parque Industrial Fernández; México 68; Luis Olague; Independencia II; Revolución Mexicana y Parque Industrial Aztecas); la región de Anapra (El Puerto de Anapra; Lomas de Poleo y La Conquista) y la Zona sur-oriente (Lucio Blanco; Héroes de la Revolución; Horizontes del Sur; Manuel J. Clouthier; Tierra Nueva; Hacienda de las Torres y Universidad).
niz /fml