Urgente lesgislar sobre despenalización del aborto

En Puebla existen 47 indicios de mujeres que han realizado un aborto, debido a que aún no se ha derogado el artículo 26 de la Constitución Política del estado donde se penaliza dicho acto, por ello la presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Natalí Hernández Arias, urgió que se realicen políticas sanas en pro de las mujeres.

“Es necesario que se derogue el artículo 26, porque ahí podemos encontrar una serie de incongruencias que a nivel jurídico afectan al sector femenino, actualmente dicho artículo manifiesta que en caso de que se presente un aborto se deberá detener a la mujer sea cual sea la razón, en tanto se esclarezca las causas que provocaron dicha situación”, explicó.

Y es que el aborto es uno de los temas alarmantes que se presenta no sólo en Puebla sino en todo el país, ya que se han dado casos, donde niñas de 12 años están indiciadas por el delito de aborto, asimismo explicó que desde el año pasado a la fecha hay aproximadamente 50 mujeres que están en proceso penal por el mismo delito, situación que -dijo- en muchos casos pone en juego la integridad de las féminas, ya que hay muchas circunstancias por las que pude darse el aborto.

“Con esto no quiero decir que estamos a favor del aborto, pero sí de la despenalización, esto no quiere decir que no haya sanción, sino que se quiten las lagunas legales que existen en torno al tema, y que se brinde la oportunidad a las mujeres de decidir sobre su cuerpo y sobre todo sobre su maternidad”, apuntó.

Denuncia Rocío García persecusión contra mujeres que abortan

Aunque existe una persecución clara contra las mujeres que deciden abortar, hasta el momento no hay averiguaciones previas que motiven el encarcelamiento, así lo informó la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, quien en marzo de 2009 se opuso a las modificaciones a la constitución -propuestas por su partido- para fincar acción penal contra aquellas que interrumpan su embarazo.

“No tenemos ese problema hasta este momento por fortuna, los casos que se han comentado en ese sentido, no tienen todavía integrada ninguna averiguación derivado de que no hay pruebas que sustenten que estas mujeres lo hayan provocado, sino que en todos los casos la probanza justa es que fueron interrupciones espontaneas”, abundó.

En entrevista, negó que hasta la fecha haya procesos penales contra aquellas que optan por deshacerse del producto, pero sí delató que existe  marcaje personal para aplicar la ley si es que cometen este delito.

“Seguramente que sí (hay persecución) porque los hospitales han dado cuenta cuando llega un caso de esta naturaleza al ministerio público,  eso es persecución pero la ventaja que tenemos es que no han podido comprobar que hayan sido abortos inducidos”, sostuvo.

Es ilegal la denuncia de hospitales a mujeres que deciden abortar

María del Socorro Cabrera Salgado, responsable estatal de Prevención de la Mortalidad Materna de la Secretaría de Salud, sostuvo que las mujeres que han sido denunciadas por los médicos ante la justicia local por provocarse un aborto podrían contrademandar, debido a la violación del secreto médico.

NOTAS RELACIONADAS Puebla suma en seis años más de 42 mil abortos y 148 muertes maternas

"Las denuncias hechas por los hospitales violan los derechos de la paciente y el secreto médico. Como médico no tengo permitido denunciarla, se haya tomado lo que se haya tomado, salvo que ponga en peligro su vida, en ese caso sólo es para que los familiares estén al tanto y se deslinden responsabilidades", fustigó la especialista en ginecología.

Puntualizó que al menos seis mujeres, durante 2010, fueron denunciadas en Puebla y Tehuacán.

Cabe señalar que entre 2003 y 2008, en Puebla se registraron 42 mil 635 abortos por diversas causas y más de 148 muertes maternas en los hospitales del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISSSTEP, SSEP y Universitarios, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información en Salud.

Los más de 42 mil abortos forman parte de los reportes oficiales, sin tomar en cuenta las clínicas y hospitales particulares o clandestinos que realizan este tipo de intervenciones.

Uno de cada cuatro embarazos culmina en aborto: SSEP

Uno de cada cuatro embarazos que se registran en la entidad termina en aborto, y aunque no es posible determinar con certeza cuántos legrados son intencionales, se estima que el 98 por ciento se deben a causas naturales, informó María del Socorro Cabrera.

Incompatibilidades en cromosomas y genes son las causas más comunes por las que en 2009 se registraron 5 mil 113 abortos y 4 mil 060 más hasta septiembre de 2010.

Para María del Socorro Cabrera las cifras no resultan alarmantes porque se encuentran dentro de la media nacional.

El uso de ácido fólico, estudios de sangre y una adecuada atención preconcepcional ayudarán a que las féminas puedan lograr concluir con su embarazo, sin embargo disminuir las cifras de abortos espontáneos será difícil, señaló Cabrera Salgado.

Muertes Maternas

En 2009 se presentó un alza en las muertes maternas al registrar 78 decesos, a decir de la funcionaria se debió a la epidemia de influenza -que se presentó en todo el país-, pues 32 fallecimientos se asociaron con afectaciones pulmonares.

Los números al corte de septiembre de este año señalaron 42 muertes maternas, según lo explicó durante una entrevista telefónica.

Para disminuir las muertes maternas la especialista refiere que amen de la mejora hospitalaria, se debe pugnar por una verdadera equidad de género, comenzando por los servidores públicos y que se le de mayor importancia a los aspectos de salud de la mujer para que los fallecimientos: "no se considere como un hecho que tenía que ocurrir".

ONGs exigen la ciudadanización del IPM para cumplir con la protección de los derechos de las mujeres

Cristina Juárez González

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres para el estado de Puebla, que contiene una exigencia clara para que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) ya que coincidieron en que hasta ahora no ha cumplido con la labor de vigilar y promover la aplicación de los derechos humanos de este sector de la población.

Al revelar que ninguna mujer indígena en el estado se salva de la violencia generada en sus hogares y en manos de sus parejas, quienes encabezaron la conferencia de medios en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) expresaron las demandas de las mujeres que habitan en la Sierra Norte, Negra y la Mixteca poblana, consideradas en la agenda.

“El gobierno poblano tiene una gran deuda con las mujeres, quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos, queremos acciones concretas”, sentenció María de Lourdes Pérez Oseguera, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) creado por la institución de educación superior.

En el documento que hicieron público contiene diversas demandas de las mujeres poblanas, además de la exigencia para el gobierno saliente de explicar las acciones que ha promovido en favor de la protección de los derechos de este sector; y solicitaron una audiencia al gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar esta agenda.

La Agenda Ciudadana de Mujeres fue diseñado bajo 3 temas primordiales: Representatividad Ciudadana en el Instituto Poblano de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, y Derechos sexuales y reproductivos.

En su oportunidad, Catalina Pérez Osorio, integrante de Mujeres por la Democracia, urgió al gobierno entrante atenderlas para exponer las propuestas; al legislativo para que asuma y promueva las acciones presentadas; a todas las organizaciones civiles que trababan para las mujeres, desde la perspectiva de género a suscribirse a la propuesta; y a los ciudadanos a sumarse a la red de trabajo.

Las principales demandas:

- Solicitamos mecanismos de consulta democrática para la elección de la nueva titular del Instituto Poblano de las Mujeres, en tanto al no existir una convocatoria abierta a la ciudadanía, la titularidad recae en una persona impuesta.

-Retornar la ciudadanía al Instituto Poblano de las Mujeres significa devolver el carácter estratégico del organismo, que cumpla su función de impulsar y planear las políticas públicas, como se estipula en el Artículo 4, fracción XI del decreto del H. Congreso del Estado.

-Que se transparenten las formas de sesionar de los órganos de gobierno que incluye la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.

-Solicitamos al gobierno entrante que la Junta de Gobierno del IPM realice un diagnóstico de las acciones promovidas en las regiones del estado de Puebla, en específico de las instancias donde predomine la población indígena.

-Al Ejecutivo en funciones, que presente un diagnóstico de atención sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Puebla.

Exigen derecho a interrupción del embarazo en caso de violación

Guadalajara.- Porque “negar derechos a una mujer que ha sido violada, también es violencia”, organismos civiles emitieron hoy un pronunciamiento para exigir la homologación de la Norma Oficial Mexicana 046, la cual incluye en los criterios de atención a la violencia contra las mujeres, el derecho a la interrupción legal del embarazo.

“Señalamos la violencia sexual como una de las formas más crueles de desprecio hacia las mujeres, por lo que sus efectos deben ser disminuidos cuanto sea posible. Obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es perpetuar la violencia institucional”, afirmó Patricia Ortega, en representación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La activista recordó que la NOM 046 es resultado de compromisos internacionales que adquirió el Estado mexicano para eliminar la violencia hacia las mujeres.

“La importancia de esta norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país, tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión”.

Asimismo, se debe ofrecer a la mujer embarazada víctima de violación, la interrupción legal del embarazo.

Ortega refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “una de cada cinco mujeres en el mundo se ha visto forzada a practicar el sexo en contra de su voluntad en algún momento de su vida”.
Agregó que independientemente de la región geográfica, se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual se cometen contra mujeres menores de 16 años de edad.

Maricarmen Rello

Menores que abortan también son sujetas a proceso: PGJ

Rodolfo Igor Archundia, que no importando la edad, el aborto es un delito el Puebla por lo que debe ser investigado y en su caso castigado.

Puebla, Puebla.- Rodolfo Igor Archundia Sierra, procurador de Justicia en el estado de Puebla, rechazó que la dependencia a su cargo realice una persecución de mujeres, luego que una niña de 12 años procedente de Izúcar de Matamoros fue sujeta a un proceso jurídico, junto con otras 16 mujeres de las cuales cuatro fueron consignadas por haber abortado; esto en el periodo comprendido de marzo de 2009 a marzo del 2010.

“Un aborto implica la cancelación de un proceso de gestación, no importa la edad de la mujeres, si tenemos la existencia del aborto y ésta ha sido canalizada al hospital y se da la información correspondiente. Se inician las investigaciones independientemente de la edad de las mujeres”, justificó el funcionario.

No obstante, Archundia Sierra dijo no recordar las cifras sobre detenciones y consignaciones, al negar que la dependencia haya brindado dicha información, pese a que existe un documento cuyo folio es 30/PGJ-02/2010, que da respuesta a una solicitud de información a nombre de la reportera Kara Castillo.

Asimismo señaló que las denuncias recabadas por la PGJ proceden de hospitales, y si existen evidencias como el hallazgo de un feto, también se sigue una investigación de oficio, ya que en Puebla es considerado un delito.

“En la entidad es delito aunque haya voluntad o no de la madre nosotros como órgano de justicia conocemos de las denuncias que se formulan en hospitales y médicos, quienes atienden a las mujeres que llegan en estado crítico por haberse practicado el aborto o está comprometida la salud de la mujeres. En otros casos La PGJ inicia las investigaciones a partir del hallazgo del feto o destinos no sanitarios”, concluyó.

Ante estos hechos, organizaciones no gubernamentales se inconformaron, para mostrar su rechazo a nivel nacional por la legislación persecutoria de mujeres que deciden abortar.

García Olmedo continúa con la defensa de mujeres que son acusadas de abortar

La diputada local del PRI, Rocío García Olmedo informó que los integrantes del Pacto Nacional por el Derechos a Decidir, que el jueves pasado se manifestaron en la representación de Puebla ubicada en la ciudad de México, continúan la defensa jurídica de más de 30 mujeres, incluida una niña de 12 años, que por interrupciones espontáneas de embarazos están enjuiciadas y pudieran pisar la cárcel, aunque ellas no provocaron los abortos.

Lo anterior deriva de la reforma constitucional que se hizo el año pasado en Puebla, mejor conocida como Ley de la Familia, a través de la que se protegió la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de marzo de 2009 a abril de 2010, al menos 51 mujeres han sido indiciadas en Puebla por el delito de aborto. A nivel nacional, 400 mujeres enfrentan la misma situación de las cuales 10 ya están presas, 6 de Guanajuato y 4 de Veracruz.

En la entidad, los casos se han presentado en Tehuacán (8), Puebla (7) y en otros municipios como Acatlán, Huauchinango, Oriental, San Pedro Cholula, Tehuitzingo, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán. Así como en Izúcar de Matamoros, donde se acusa a una menor de 12 años.

La defensa de las mujeres, dijo, debe ser muy cuidadosa porque tiene el reto de demostrar que ellas no interrumpieron su embarazo. Advirtió que no va a permitir que Puebla se convierta en otro Guanajuato, ante la satanización que se ha dado a la interrupción del embarazo en ese estado. Precisó que se contrarrestará la Ley de la Familia con leyes secundarias y exigiendo el cumplimento de leyes federales en materia de salud sexual y reproductiva.

El grupo Pacto Nacional por el Derecho a Decidir ha generado diversas acciones contra los 17 gobiernos estatales que aprobaron a través de sus Congresos la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

En Puebla, la reforma se aprobó en marzo de 2009 y recordó que no pudieron promover la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Familia, porque no juntaron las firmas de 33% de los 41 diputados para presentarla ante la Corte y tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos accedió a hacerlo en uso de sus facultades.

Poblanas abortan más

Domingo, 07 de Noviembre de 2010 06:00

De enero del 2009 a abril de este año 47 mujeres poblanas han sido indiciadas por este delito

Alejandra Corona Flores

Puebla es el segundo estado de la República Mexicana con más registros de mujeres que acuden al Distrito Federal para practicarse un aborto, aseguró Natalie Hernández Arias, representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Detalló que el Gobierno del Distrito Federal, reportó que desde que se despenalizó el aborto en dicho lugar, han acudido 115 mujeres poblanas, tanto a hospitales privados, como públicos.

"Se estima, además que cada año, aumentan en un promedio de 20 a 30 las mujeres que deciden interrumpir por diversas razones sus procesos de gestación", destacó.



Reveló que los municipios de mayor prevalencia en el tema de embarazos interrumpidos es Tehuacán, la ciudad capital, Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y otros; y las edades oscilan entre los 12 años de edad a los 37 años.

También añadió que Puebla ocupa los primeros lugares en tasas de muertes maternas y seguramente estas estadísticas se deben a los abortos clandestinos, por eso sería ideal la despenalización de este delito.

Añadió que la mujer que decida practicarlo puede estar sujeta a cinco años de prisión, pagar esta condena con servicio social o salir en libertad bajo fianza, porque el delito entrar en la categoría de los no graves.

Natalie Hernández, reportó que de enero del 2009 a abril de este año, 47 mujeres poblanas han sido indiciadas por el delito de aborto y han estado sujetas a abusos y críticas por parte de los agentes ministeriales y autoridades médicas por haber decidido interrumpir su embarazo.

Sin embargo, dijo, a la fecha ninguna ha sido encarcelada, aunque nueve expedientes ya fueron consignados a un juez, quien analiza la situación jurídica de igual número de féminas.
Por lo anterior se seguirá insistiendo con los legisladores para que se pueda apresurar el proceso de despenalización del aborto en el resto del país, señaló.

Foto Especial
Nueve expedientes ya fueron consignados a un juez, quien analiza la situación jurídica de igual número de féminas por interrumpir el embarazo.

En un año suman ya 47 mujeres indiciadas por el delito de aborto

Un total de 47 poblanas se encuentran en calidad de indiciadas de enero de 2009 al mes de abril de 2010 por el delito de aborto y de estos casos en nueve ya fueron consignadas las averiguaciones previas a un juez de distrito a fin de dictar sentencia, reveló Natali Hernández, coordinadora de la Red por los derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Quien aseguró que de los casos antes citados 17 acontecieron en los primeros cuatro meses de este año y que las edades de las involucradas oscilarían entre los 12 y 37 años de edad, lo anterior con base en un informe obtenido vía la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado (Caip).

Sin embargo, expuso que a estos casos documentados se añaden otros cuatro más en los que de acuerdo con algunas declaraciones de directivos de Cruz Roja, habrían llegado a este nosocomio en medio de un proceso de aborto avanzado.

De acuerdo con la activista, desde las reformas que se hicieron a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en marzo pasado sobre la llamada “Ley de la Familia” suman ya 47 mujeres a las que se inició una averiguación previa pasando por alto, dijo, su derecho a decidir.

“Hay como un serie de vacíos en la información por parte de la Procuraduría, nosotros tenemos ocho mujeres en Tehuacán, en Puebla son siete, además de estos tenemos que en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Oriental y Huauchinango se registraron dos casos en cada uno de esos municipios mientras que en San Martín, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán se tiene contabilizados un caso en cada localidad”.

Hernández, aseveró que la fémina más joven es oriunda del municipio de Izúcar de Matamoros pues apenas tienen los 12 años de edad, por lo que se pronunció en torno a una reforma en los códigos penales a fin de evitar que estas mujeres que optaron por no procrear, debido a problemáticas diversas, tengan posibilidad de no pisar la cárcel.

Puebla podría convertirse en otro Guanajuato, alertan

PUEBLA

Debido a que la entidad no ha despenalizado el aborto, 30 mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por realizar dicha práctica, dijo la diputada priísta Rocío García Olmedo.

Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra mujeres que han abortado involuntariamente, producto de complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.

Anunció que como legisladora y principal promotora del “derecho a decidir” brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia.

“Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente”, explicó.

Anunció que desde marzo del año 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto.

Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual Legislatura, ya que tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada “Ley de la Familia” o “Ley Bailleres”, con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.

Explicó que para revertir esta norma es necesario que 33% de los diputados del Congreso le otorgue una firma para interponer la inconstitucionalidad.

Sin embargo, advirtió, los diputados electos, quienes legislarán los próximos tres años a partir de febrero próximo, son en su mayoría emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla —integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia—, por lo que consideró que sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay.

Exhortó a los legisladores, incluidos sus correligionarios, a conscientizar sobre la necesidad de privilegiar una agenda legislativa equitativa, ya que de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato, en referencia a los procesos judiciales en contra de media docena de mujeres acusadas de aborto.

“No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva… esperemos que no se presente ninguna persecución”.

Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad.

Del total, cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que están en espera de una sentencia.

Abiertos, 17 procesos contra mujeres que abortaron en Puebla

Desde marzo de 2009, autoridades han acentuado persecución de quienes deciden sobre su cuerpo, afirman

Sólo denotan franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas

América Farías Ocampo

 

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Sábado 6 de noviembre de 2010, p. 27

Puebla, Pue. 5 de noviembre. En 14 meses (de marzo de 2009 a abril de 2010) la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició 17 averiguaciones previas contra mujeres que se practicaron abortos, una de ellas de sólo 12 años de edad. Cuatro fueron consignadas ante juzgados de defensa social de Puebla, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

Natalí Hernández Arias, representante de esta organización no gubernamental, explicó que los datos citados son de la PGJE que se obtuvieron a través de una solicitud de acceso a la información.

Dijo que este viernes las activistas protestaron fuera de la representación del gobierno poblano en el Distrito Federal contra las reformas antiaborto que se han aprobado en 16 estados.
Allí denunciaron que en Puebla se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres.

Manifestaron su repudio y desaprobación hacia el gobierno encabezado por Mario Marín Torres, debido a que ha violentado los derechos y libertades de las mujeres poblanas.

Hernández Arias explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –de diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

Las activistas denunciaron que desde que el Congreso estatal aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –marzo de 2009– las autoridades que dicen impartir justicia en Puebla, lejos de cumplir con su obligación, han acentuado la persecución y criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

Un ejemplo de esto –abundaron– es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, a quien la PGJE le inició un proceso penal por el delito de aborto y la detuvo, mientras el Ministerio Publico la hostigó.

De las 17 averiguaciones previas que se iniciaron en los 14 meses referidos, cinco se ejecutaron en Tehuacán, dos cada una en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan.

El rango de edad de las mujeres denunciadas ante la PGJE por interrumpir su embarazo oscila entre los 12 y los 37 años.

Las activistas señalaron que son preocupantes las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Puebla, pues denotan franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas, en abierta violación del carácter laico del Estado mexicano.

Por ello, expresaron rechazo a las acciones que, fundadas en la moral de unos cuantos y carentes de sentido ético y legal, justifiquen la persecución y encarcelamiento de mujeres en la entidad.

Los integrantes de Ddser exigieron libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas injustamente por abortar; acciones efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación, a fin de evitar embarazos no deseados y por ende la recurrencia al aborto.

Demandaron facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres poblanas y respecto al derecho que tienen a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.

30 mujeres, en riesgo de cárcel por abortar

Treinta mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por abortar debido a que la entidad no ha despenalizado dicha práctica, reveló la diputada priísta Rocío García Olmedo.

Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra féminas que han abortado involuntariamente, es decir, por complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.

Anunció que como legisladora y principal promotora del ‘Derecho a Decidir' brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia.

"Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente", expresó.

Señaló que desde marzo de 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto.

Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual legislatura, pues tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada ‘Ley de la Familia o Ley Bailleres' con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.

Explicó que para revertir esta norma es necesario que el 33% de los diputados del Congreso le otorguen una firma para interponer la inconstitucionalidad.

Peor aún, continuó, los siguientes diputados en su mayoría son emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla -integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia- por lo que seguramente sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay.
Exhortó a los parlamentarios, incluidos sus correligionarios, a concientizar sobre la necesidad de  privilegiar una agenda legislativa equitativa pues de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato.

"No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva ... esperemos que no se presente ninguna persecución", concluyó.

Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la PGJ del estado inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad.

Del universo total cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que esperan una sentencia.
jadl

51 mujeres indiciadas por abortar en Puebla: ONG

 

Foto: Andrea Barro

De enero de 2009 a abril de 2010, al menos 51 mujeres han sido indiciadas en Puebla por el delito de aborto, de las cuales 9  han sido consignadas a un juez para que se les determine si irán a presión; estas féminas oscilan entre los 12 y 37 años de edad. 

A nivel nacional 400 mujeres se encuentran indiciadas, 10 presas por el delito de aborto, de las cuales 6 son de Guanajuato y 4 de Veracruz.

Lo anterior lo reveló Natali Hernández Arias, coordinadora de la Red por los derechos Sexuales y Reproductivos en México, quien precisó que de las 51 féminas 30 se registraron en 2009, 17 en este año y 4 que se han presentado de manera extraoficial.

Precisó que en 2009 en Izúcar de Matamoros se presentaron 2 casos de mujeres indiciadas en Izúcar de Matamoros, de las cuales 1 es el caso de la niña de 12 años, 8 en Tehuacán, 7 Puebla, 2 Acatlán, 1 San Pedro Cholula, 2 Huachinango, 2 en Oriental, 1 en Tehuitzingo, 1 en Tecamachalco, 1 en San Martin Texmelucan 1 en Tepeaca, 1 en Tepexi de Rodríguez y 1 en Teziutlán. 

Dijo que a partir de que se aprobó la reforma en marzo 2009 que protege la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, ha aumentado el número de mujeres “criminalizadas” en el estado por el delito de aborto, provocando que los ministerios públicos crean que el aborto quedo penalizado en todos sus términos, aunque no sea cierto, aseveró.

En este sentido, explicó que el aborto inducido no se castiga si el embarazo se dio por violación, si el bebé trae malformaciones congénitas, descuido total de embarazo o se ponga en peligro la vida de la mujer, por lo cual lamentó que 9 mujeres en Puebla estén consignadas ante un juez.

Agregó que no se debe de penalizar a las mujeres  pues es un delito que no amerita prisión y que puede pagarse con trabajo social, aunque si reciben una pena debe de ser máxima de 5 años.

Protestan ante representacion de Puebla contra reforma pro vida

Mexico, 4 Nov.
(Notimex).

- Integrantes del ``Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres'' se manifestaron ante la representacion de Puebla en esta capital, para exigir que se respete el ``derecho a decidir'' de las ciudadanas en esa entidad.

Asimismo pidieron que no se penalice el aborto, pues a raiz de que aprobaron en Puebla la reforma que establece la proteccion de la vida desde el momento de la concepcion, al menos 30 mujeres han sido incriminadas por aborto y 13 casos fueron consignados a un juez.

``Desde enero de 2010 se reportaron 30 mujeres indiciadas por delito de aborto, que quiere decir que todas fueron denunciadas y se les abrio un expediente, pero no han llegado a prision''; ademas existen 17 consignadas, dio a conocer en entrevista.

La vocera de esa alianza proabortista, Natali Hernandez, indico que su manifestacion es para exigir al gobernador Mario Marin que ``ponga un alto a la persecucion de esas mujeres'' y se aplique un marco legal en el que el aborto sea seguro para las mujeres.

La activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos lamento que la Comision de Derechos Humanos estatal, la procuraduria de Puebla o algun municipio no hayan interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.

Ante esta reforma informo que dicho grupo se amparo, accion a la que se sumaron 115 mujeres para que puedan practicarse un aborto con las causales aprobadas por la ley -como malformacion, producto de una violacion o por representar un peligro de muerte.

Las manifestantes solicitaron acciones inmediatas y efectivas de educacion sexual con bases cientificas, sobre todo en sectores vulnerables y marginados, ademas de que se facilite el acceso a metodos anticonceptivos y se respete la libertad para decidir sobre su vida reproductiva y su maternidad.

NTX/ERM/DAP

¡Cesen procesos penales contra 30 mujeres en Puebla por aborto!

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 4 nov. 10 (CIMAC).- Integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigieron, hoy a la Representación del Gobierno de Puebla, en el Distrito Federal, que cesen los procesos penales en contra de 30 mujeres indiciadas por el “delito de aborto”, entre quienes está una niña de 12 años de edad.

Durante el mitin, Nataly Hernández, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), en Puebla, lamentó que mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) inició, de marzo de 2009 a abril pasado, 30 averiguaciones previas por aborto, “no hay ninguna investigación en contra de violadores sexuales”, en la entidad.

Ello, evidencia la violencia en contra de las mujeres y niñas poblanas por parte de las autoridades, misma que se agravó tras la reforma a la constitución local que criminaliza la interrupción del embarazo, al proteger “la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, realizada en marzo de 2009.

Según datos de la PGJEP, obtenidos por las organizaciones poblanas mediante el Sistema de Solicitudes de Información, de los 30 casos de mujeres indiciadas en 8 municipios de la entidad, 9 ya fueron consignadas, es decir, está por definirse la sentencia que recibirán, mientras que las 21 restantes son investigadas todavía.

Luego, de que en enero pasado, Rodolfo Archundia, titular de la PGJEP, indicó que hasta esa fecha había 30 mujeres perseguidas por interrumpir embarazos, las integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres, comenzaron la petición de información acerca de las condiciones en las que las poblanas enfrentan los procesos penales.

Sin embargo, señalaron que la Procuraduría les ha restringido información como las condiciones en que ocurrió el aborto, por lo que ignoran si la averiguación previa en contra de las poblanas se abrió por causales no punibles, como ya ocurrió antes en el estado.

Tal es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, quien en abril de 2009, antes de que la reforma constitucional se publicara en el Diario Oficial local, fue detenida, luego de que iniciaron una averiguación previa en su contra por el “delito de aborto”, cuando el éste fue espontáneo, ejemplificó la activista de Ddeser.

Las edades de las poblanas que han sido indiciadas van de los 12 a los 37 años de edad, ellas habitan en municipios poblanos de alta marginación, donde se combina la pobreza, falta de educación y de acceso a servicios de salud y de justicia, algunos de ellos son Tehuacán, Tecamachalco, Huahuchinango y Tepeca.

Una comisión de manifestantes, entre ellas Nataly Hernández, entraron a la Representación del Gobierno de Puebla a donde entregaron a Gerardo Cruz, encargado de Asuntos Jurídicos, un documento en el que expresan “total rechazo” a las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en “las morales de unos cuantos, carentes de sentido ético y legal”, que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En el escrito, dirigido a Mario Marín Torres, gobernador de la entidad, exigieron el cese de procedimientos penales en contra de las mujeres de la entidad por interrumpir un embarazo de forma espontánea o inducida.

Señalaron la necesidad de acciones inmediatas y efectivas de educación sexual con bases científicas, para evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos.

Así como, la obligación de las autoridades de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para la totalidad de mujeres en Puebla, principalmente para quienes están en mayor marginación social.

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Protestan en Puebla por leyes antiaborto

Una organización exigió que se respete el derecho a decidir de las ciudadanas en esa entidad

LEY ANTIABORTO Al menos 30 mujeres han sido incriminadas por aborto y 13 casos fueron consignados a un juez (Foto: Archivo ELUNIVERSAL )

CIUDAD DE MÉXICO | Jueves 04 de noviembre de 2010 NTX | El Universal16:52

Integrantes del "Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres" se manifestaron ante la representación de Puebla en esta capital, para exigir que se respete el "derecho a decidir" de las ciudadanas en esa entidad.

Asimismo pidieron que no se penalice el aborto, pues a raíz de que aprobaron en Puebla la reforma que establece la protección de la vida desde el momento de la concepción, al menos 30 mujeres han sido incriminadas por aborto y 13 casos fueron consignados a un juez.

"Desde enero de 2010 se reportaron 30 mujeres indiciadas por delito de aborto, que quiere decir que todas fueron denunciadas y se les abrió un expediente, pero no han llegado a prisión"; además existen 17 consignadas, dio a conocer en entrevista.

La vocera de esa alianza proabortista, Natali Hernández, indicó que su manifestación es para exigir al gobernador Mario Marín que "ponga un alto a la persecución de esas mujeres" y se aplique un marco legal en el que el aborto sea seguro para las mujeres.

La activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos lamentó que la Comisión de Derechos Humanos estatal, la procuraduría de Puebla o algún municipio no hayan interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.

Ante esta reforma informó que dicho grupo se amparó, acción a la que se sumaron 115 mujeres para que puedan practicarse un aborto con las causales aprobadas por la ley -como malformación, producto de una violación o por representar un peligro de muerte.

Las manifestantes solicitaron acciones inmediatas y efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en sectores vulnerables y marginados, además de que se facilite el acceso a métodos anticonceptivos y se respete la libertad para decidir sobre su vida reproductiva y su maternidad.

cg

17 mujeres fueron denunciadas por abortar; cuatro ya fueron consignadas: ONG

AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

De marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, una de ellas, de tan sólo 12 años de edad. Del total, cuatro fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

La representante de esta organización no gubernamental, Natalí Hernández Arias, explicó que dichos datos se obtuvieron por una solicitud de acceso a la información que se hizo a la dependencia.

Ayer, las activistas realizaron una protesta contra las reformas antiaborto que se han aprobado en 16 estados del país afuera de las instalaciones de la representación del gobierno poblano en el Distrito Federal.

Allí, denunciaron que “en Puebla se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres”.

Asimismo, manifestaron su repudio y desaprobación hacía el gobierno encabezado por Mario Marín Torres, debido a que ha “violentado los derechos y libertades de las mujeres poblanas”.

Hernández Arias explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

Durante la protesta, las activistas denunciaron que desde que el Congreso local aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –marzo de 2009– las autoridades que dicen “impartir justicia en Puebla”, lejos de cumplir con su obligación, han acentuado la persecución y criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

Un ejemplo de esto –abundaron– es el caso de Alejandra Gómez Sánchez,  de 21 años de edad, a quien la Procuraduría General de Justicia del estado le inició un proceso penal por el delito de aborto, siendo detenida y hostigada por el Ministerio Publico.

De acuerdo con la información sobre las denuncias por aborto proporcionada por la PGJ, de las 17 averiguaciones previas que se iniciaron de marzo de 2009 a abril de 2010, cinco se ejecutaron en Tehuacán; dos en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan, respectivamente.

El rango de edad de las mujeres que fueron denunciadas ante la PGJ por interrumpir su embarazo en el estado oscila entre los 12 y 37 años de edad.

Las activistas señalaron que son preocupantes las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Puebla, pues denotan una franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas, en abierta violación al carácter laico del Estado mexicano.

Por ello, expresaron su rechazo a “las acciones que, fundadas en las morales de unos cuantos y que carecen de sentido ético y legal, se justifique la persecución y encarcelamiento de las mujeres en la entidad”.

Los miembros de Ddser exigieron libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas de manera injusta por interrumpir su embarazo; acciones efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación, a fin de evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos.

Asimismo, demandaron facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres poblanas y respecto al derecho que tienen las féminas a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.

Esperan sentencia 30 mujeres en Puebla por abortar

Actualmente 17 averiguaciones son estudiadas en juzgados Reportan 3 mil 323 mujeres desaparecidas en la entidad Leonardo Bastida Aguilar Protesta de mujeres a las afueras de la representación del estado de Puebla en esta ciudad. Foto: Leonardo Bastida Aguilar México DF, noviembre 04 de 2010. “¡Marín escucha, seguimos en la lucha!” fue la consigna de un grupo de mujeres que protestaron esta mañana en la Representación Estatal de Puebla como repudio a las acciones emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) y al silencio del gobernador Mario Marín, en torno a la apertura de 30 averiguaciones contra mujeres que han abortado por motivos de salud.   De acuerdo con organizaciones feministas aglutinadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, hasta el momento 17 averiguaciones son estudiadas por los jueces, en espera de dictar sentencia, y no se sabe si otras han sido encarceladas por el mismo motivo.   Como parte de los actos de protesta se entregó a la dependencia una misiva dirigida al gobernador Mario Marín Torres, en la que exigen la libertad inmediata de mujeres apresadas por abortar, acceso total a métodos anticonceptivos, educación sexual con bases científicas y el respeto a la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.   Natalli Hernández, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Puebla, indicó que desde la realización de reformas al Código Penal de la entidad en marzo de 2009, en las que se penaliza el aborto con excepción de los casos en que la interrupción del embarazo sea provocada por un descuido, una violación, peligro de muerte de la madre o una malformación. Dijeron que se persigue a las mujeres sin importar la causal de la interrupción del embarazo.   Añadió que en abril pasado se inició un proceso penal contra Alejandra Gómez Sánchez, quien fue detenida en la Cruz Roja al acudir a atenderse debido a que tomó medicamentos que le provocaron un aborto involuntario. Después de pasar unas horas en calidad de detenida, se decidió que seguiría el proceso en libertad provisional.   La activista explicó que un caso similar es el de Rocío Mérida, de la comunidad de Xico, quien fue detenida en 2009 en la Procuraduría y su expediente fue consignado a los juzgados en espera se gire una orden de aprehensión en su contra. En el mismo rubro se encuentra una menor de 12 años quien, por abortar, está en calidad de indiciada y se espera comparezca pronto ante la justicia local.   Por último, la activista agregó que durante el sexenio de Marín Torres han desaparecido 3 mil 323 mujeres, de las cuales mil fueron reportadas extraviadas en 2009. “En Puebla, todo se puede hacer en contra de las mujeres, y no hay ningún problema, nadie protesta o dice algo”.

EDITORIAL LA PERSECUCIÓN DEL ABORTO

De marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, una de ellas de tan sólo 12 años de edad. Del total, cuatro fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla, según denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

Resulta inadmisible que un Estado que ha carecido de la suficiencia mínima para satisfacer las necesidades indispensables de la existencia, como el trabajo, la salud y la educación, lejos de abocarse a la solución de estos graves problemas que aquejan a la sociedad, se dedique a perseguir a mujeres que deciden abortar.

La moral de los grupos de poder más conservadores fue hecha ley al endurecerse las penas contra mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo en Puebla. Sin embargo, a pesar de las sanciones, los abortos siguen sucediendo, y si antes no había condiciones salubres para quienes tomaban esa difícil decisión, ahora también se criminaliza a menores de edad que, en todo caso, son las menos culpables de la carencia de protección a sus garantías, las más inocentes ante la ausencia de políticas públicas que brinden información sobre sexualidad y salud reproductiva certera, amén de opciones legales y seguras ante la eventualidad de resultar embarazadas sin desearlo.

Para desgracia de toda la sociedad, los abortos seguirán ocurriendo, pero ahora con la agravante de una penalización que abonará a las secuelas psicológicas de quienes tienen que recurrir a esto, una estigmatización legal y social que es injusta por donde quiera que se le vea.

Ojalá los diputados de la próxima Legislatura  muestren sensibilidad y altura ante las circunstancias, deroguen la penalización del aborto y promulguen leyes que protejan los derechos de las mujeres, en lugar de castigarlas.

Activistas poblanas protestarán en el Distrito Federal por las reformas antiaborto

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

Activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Ddser) se manifestarán este día en las instalaciones de la representación del gobierno poblano en el DF para protestar contra los legisladores que en esta entidad aprobaron la reforma constitucional que impide la despenalización del aborto.

La representante de esta organización no gubernamental, Natalí Hernández Arias, acusó que desde que se aprobó esta reforma en Puebla se ha vuelto “rutinaria” la persecución policíaca contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

En entrevista con La Jornada de Oriente informó que en lo que va del año se han denunciado ante la Procuraduría General de Justicia a cuatro mujeres que abortaron.

Detalló que de las cuatro, tres fueron atendidas en la Cruz Roja y una en Xicotepec de Juárez.
Además, recordó que durante 2009 la Procuraduría General de Justicia inició 30 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo de manera voluntaria. Del total, nueve fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado.

Explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

La activista denunció que a raíz de estas modificaciones que impiden la despenalización del aborto, las autoridades no están tomando en consideración el Código de Defensa Social del estado, el cual estipula que es legal un legrado cuando se realiza bajo los siguientes términos: si es resultado de una violación; si la vida de la madre está en riesgo; si la mujer sufre un accidente por falta de cuidados o bien si el producto presenta malformaciones graves.

Por su parte, Vianeth Rojas, otra miembro de Ddser reprochó que en Puebla las autoridades judiciales estén tratando como delincuentes o secuestradoras a las mujeres que abortan, así como que el gobierno no esté respetando la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la cual obliga a las instituciones de salud a ofrecer la anticoncepción de emergencia y el aborto legal a las féminas víctimas de violaciones sexuales.

Denunció que en las agencias del Ministerio Público las mujeres están siendo víctimas de violencia verbal y maltratos por parte de las autoridades; por esa intimidación, agregó, si alguna de las mujeres fue víctima de una violación, mejor opta por quedarse callada y no denunciar la agresión que sufrió.

Arenas Rojas puntualizó que no existe ningún interés por parte del Poder Legislativo para realizar un reglamento en el cual se especifique cuál será la dependencia que dará la autorización para que interrumpa el embarazo la mujer que presente una de las cuatro causales por las que sí se considera legal, y que obligue a los hospitales y médicos a realizar los legrados dejando a un lado los prejuicios y las visiones moralistas.