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viernes, 6 de agosto de 2010

En Veracruz hay 3 mujeres presas por abortar y acusadas de asesinato

Por Pablo Romo   
jueves, 05 de agosto de 2010

A pesar de que supuestamente el aborto en Veracruz esta despenalizado, aun hay tres mujeres recluidas en penales de la entidad acusadas de asesinato por ejercer su derecho a decidir, señalo Carlos Juárez de la organización católicas por el derecho a decidir.

Es una mentira, acotó Juárez, que en Veracruz el aborto este despenalizado cuando es un hecho que se esta violentando el derecho de las mujeres y se esta pasando por el alto las normas de salud.

Según el activista los hospitales veracruzanos no aplican la norma 046 la cual determina que toda mujer que así lo decida, tiene derecho de solicitar en cualquier institución de salud pública la píldora de emergencia, sin embargo, en el estado esta norma ha sido pasada por alto.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia determinó que la norma es constitucional y que la píldora de emergencia no es abortiva, muchos hospitales, dijo, se niegan a otorgarla a quién lo solicita, según 
Carlos Juárez la negativa a la píldora de emergencia, no se debe a una cuestión de falta de información ni conocimiento de la norma, sino a un sesgo moral que prevalece en algunas instituciones públicas.

Actualmente diversas organizaciones en todo el país entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos están promoviendo una campaña de información pública para que la ciudadanía conozca todo lo referente a la aprobación de esta norma, así como también denunciar a los hospitales y funcionarios públicos que no la apliquen.

Se reservó los nombres de las tres mujeres encarceladas en diferentes penales de la entidad y afirmó que se le está dando seguimiento puntual a cada uno de los casos.

Las autoridades, concluyó Juárez, deben apegarse al estado de derecho y no imponer una cuestión moral por encima del estado laico.

"Incomprensible ausencia de las mujeres en política ambiental global"

Julio Godoy entrevista a SANDRA AKPÉNE FREITAS, activista de WEDO
Sandra Akpéne Freitas
 / Crédito:Cortesía de WEDO
Sandra Akpéne Freitas

Crédito: Cortesía de WEDO
BONN, 5 ago (IPS) - En los diferentes textos que reglamentan actualmente la política global contra el cambio climático falta la mención explícita de las consecuencias que el recalentamiento planetario tiene para las mujeres y el papel que pueden cumplir para preservar el hábitat humano.
Ese déficit, al igual que el impacto sobre la salud, fueron puestos en evidencia por activistas de la sociedad civil durante la tercera ronda de negociaciones preparatorias para la Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra esta primera semana de agosto en esta ciudad de Alemania.

La conferencia tendrá lugar en la sudoccidental ciudad de Cancún, en México, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre.

"Es incomprensible" la ausencia de referencias al rol que las mujeres pueden cumplir en la política global y local contra el cambio climático, cuando variados estudios subrayan que su papel debería ser resaltante, dijo a IPS en una entrevista Sandra Akpéne Freitas, una de las activistas que más ha subrayado la falta de perspectiva de género durante la ronda de Bonn.

Freitas es una de las dos delegadas a la reunión por la Organización de Mujeres para el Desarrollo y el Ambiente (Women's Environment and Development Organisation, WEDO), con sede en Nueva York.

Además de trabajar con la WEDO, Freitas forma parte de la Alianza Global de Género y Clima, integrada por más de 35 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales. También es directora ejecutiva de Acciones a Favor de la Naturaleza y la Humanidad, en Togo, su país natal y donde tiene su base.

IPS: ¿Cómo explica que la mujer no sea mencionada en los textos de la ONU sobre el cambio climático?

SANDRA AKPÉNE FREITAS: Es incomprensible, dado que muchos otros textos apuntan a las consecuencias que el cambio climático y el subdesarrollo tienen sobre las mujeres, a la vez que el papel natural de las mujeres en las comunidades las colocan en una posición privilegiada para proteger el ambiente.

IPS: ¿A cuáles textos se refiere?

SAF: La resolución 10/4 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el cambio climático apunta que los efectos adversos provocados por el calentamiento global serán más sentidos por aquellos sectores de la población que ya sufren de una vulnerabilidad particular, como las mujeres. Igualmente, el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2007 llama la atención sobre este contexto.

Además, los reportes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático también se refieren repetidas veces a la vulnerabilidad de las mujeres en particular.

Todos estos textos llaman la atención que en los países en desarrollo, el hecho de ser mujer significa ya ser pobre, y ser más vulnerable a los desastres provocados por el cambio climático. Esta vulnerabilidad particular de las mujeres supone una intensificación de las numerosas formas de injusticia que sufrimos en educación, salud, y en el marco social en general.

IPS: Aparte de esta vulnerabilidad, cuál es la razón para que considere que las mujeres de los países en desarrollo son esenciales en el mitigación y adaptación ante el problema?

SAF: Las mujeres ofrecemos ya un gran potencial como actoras de la política ambiental local. Nosotras somos quienes administramos el agua en las comunidades, quienes nos ocupamos de la generación y preservación de la energía, y también quienes explotamos y cuidamos la selva y la floresta.

Todos estos aspectos – agua, energía, manejo de los bosques – son simultáneamente amenazados por el cambio climático, y su preservación y administración son esenciales para combatirlo.

Al mismo tiempo, en casos de enfermedades provocadas o exacerbadas por el cambio climático, como diarreas o fiebres, nosotras, las mujeres, somos quienes nos ocupamos de los enfermos.

IPS: En este sentido, ¿la mujer también constituye un sujeto central de la política de desarrollo en general?

SAF: Claro. Prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo par el Milenio se refieren de una manera u otra a cuestiones que afectan a las mujeres: educación, salud, maternidad, pobreza, mortalidad infantil.... Y en todos estos aspectos, las mujeres están presentes, sufriendo las consecuencias negativas, o aportando soluciones.

IPS: Si ya es así, ¿qué importancia efectiva tendría la valorización en los textos normativos del papel de la mujer en la política ambiental global?

SAF: Oficialmente, las organizaciones de mujeres no toman parte en los debates internacionales sobre el cambio climático. Con un reconocimiento formal, esta situación cambiaria.

Pero más importante es el hecho de que esta ausencia participativa de las mujeres actúa en detrimento de su capacidad para hacerlo. En cambio, el reconocimiento del papel de las mujeres apoyaría su capacitación formal, así como sus posibilidades de aportar soluciones a los problemas climáticos.

IPS: ¿Qué proponen WEDO y otras organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos de las mujeres de manera específica?

SAF: Hemos formulado enmiendas a los textos, de manera que el rol de las mujeres sea mencionado explícitamente. Nosotras también hemos hecho muchas propuestas recogidas en diferentes resoluciones en reuniones y convenciones internacionales

Además, proponemos que las medidas específicas de capacitación de mujeres gocen de prioridad nacional e internacional en el marco de la política contra el cambio climático, para potenciar las capacidades que ya disponemos en el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales como agua, fuentes de energía, y bosques.(FIN/2010)

Rechaza gobernador que en Guanajuato haya mujeres presas por abortar



Jueves 5 de Agosto, 2010 | Hora de creación: 21:44| Ultima modificación: 21:44

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, reiteró que no hay mujeres presas por abortar en la entidad, sino por infanticidio.

En entrevista conjunta con Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, el mandatario estatal indicó que su gobierno está abierto a las investigaciones que realice Derechos Humanos.

“La información que hay es la siguiente: siete mujeres están en la cárcel por infanticidio, por homicidio en grado de parentesco; estas mujeres siguieron el proceso penal necesario y pasaron por las tres instancias y el amparo”, indicó.

Oliva subrayó tener absoluto respeto por los derechos humanos y pidió al procurador de Derechos Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, responda a las quejas interpuestas por legisladoras del PRD y asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Por su parte, Vázquez Mota, comentó que los legisladores de Acción Nacional serán respetuosos de las instituciones y son ellas quienes tienen que aclarar y resolver la situación.

“Es muy importante respetar la vida institucional del país, creo que debemos dejar primero que sean las instituciones competentes quienes tienen asignadas estas tareas, darles el espacio para que cumplan con sus encomiendas”, apuntó.

camo

Legislaciones que penalizan aborto limitan la salud y derechos de las mujeres: Kang

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de agosto de 2010, p. 16

Las legislaciones que penalizan el aborto limitan la salud y los derechos de las mujeres, aseguró la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang. El el hecho de que en 18 entidades de México se aprobaran leyes que castigan penalmente la interrupción del embarazo, dijo, constituye una grave preocupación para este organismo.

La representante de la ONU se pronunció además por que el gobierno mexicano implemente las medidas necesarias que permitan la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos ante los recientes ataques en su contra. Y consideró que las medidas para el combate al crimen y la violencia que se aplican en el país deben basarse en una perspectiva de derechos humanos.

En entrevista al finalizar la inauguración del 30 Congreso trienal de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, efectuado en la ciudad de México, se refirió a las 18 legislaciones locales que penalizan el aborto.

El más preocupado es el comisionado en México, Alberto Brunori. Estas normas limitan los derechos de las mujeres y su salud al negarles los servicios para que realicen interrupciones seguras del embarazo; hemos seguido estos casos muy de cerca.

Si bien se trata de una decisión que debe tomar cada país y sus autoridades estatales, Kang –quien realiza una visita protocolaria a México que aprovechará para reunirse con autoridades federales y estatales, así como defensores de derechos humanos para conocer la situación que guardan las garantías fundamentales– exhortó a los gobernantes a revisar el tema. También externó preocupación por la falta de políticas en reproducción femenina y acceso a los servicios de salud.

En torno a las mujeres encarceladas y sentenciadas por abortar –inclusive involuntariamente–, como son las presas incomunicadas en Guanajuato, espera que durante los encuentros con los representantes gubernamentales se le ponga al tanto de esa situación.

Para la comisionada adjunta la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en el país es de riesgo. Subrayó que el gobierno federal tiene obligación de brindar protección a ambos sectores para el seguro ejercicio de su función.

Periodistas y defensores son voces activas en la sociedad, por eso para nosotros son muy importantes.

El Estado debe desarrollar un marco jurídico para su protección. Urge que el gobierno tome acciones.

Corte avala matrimonios gays en DF

El máximo Tribunal decidió que las uniones entre personas del mismo sexo son constitucionales en la capital del país; dejó en duda saber si el criterio repercutirá en el resto del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente valido el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
 
Por ocho votos contra dos, la mayoría de ministros del máximo tribunal del país determinó que este tipo de matrimonios, aprobados en la capital del país, no vulneran ninguna disposición constitucional.
 
De momento, por la forma en que se dio la votación, la Corte validó los matrimonios en la capital del país, pero se dejó en duda saber si el criterio que usó repercutirá en el resto del país.
 
La duda se dejó abierta porque cuatro de los ocho ministros de mayoría se manifestaron de manera clara por establecer que la reforma del DF es válida porque cada entidad federativa puede legislar, como le parezca, el término de matrimonio para permitir las uniones entre personas del mismo sexo o limitarlas únicamente a bodas entre hombres y mujeres.
 
Y otros tres se pronunciaron por validar la reforma por considerar se implementó en el Distrito Federal para proteger los derechos de las parejas homosexuales y lesbianas, a fin de evitarles un trato discriminatorio y desigual.
 
De ahí que será hasta que se redacte la sentencia cuando se conozcan de manera clara los argumentos usados por la mayoría y el impacto que tendrán en el resto de las entidades.
 
En donde no dejaron lugar a dudas los ocho ministros de mayoría es que la Constitución protege a la familia, sin importar el tipo de modelo o cómo se integre.

Los ministros continuarán el lunes con la revisión del juicio que promovió el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, en el que impugnó la reforma capitalina, para determinar si los matrimonios gay pueden adoptar niños; y posteriormente pasarán a definir si las bodas tienen validez en el resto del país.
sc

Sólo si otras fuerzas lo permiten, el PRD buscará despenalizar el aborto

AMÉRICA FARIAS OCAMPO
 

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, aclaró que los tres diputados electos de su partido político pondrán en la agenda legislativa las iniciativas de ley de sociedades de convivencia y despenalización del aborto sólo si los 21 legisladores que conformaron la coalición Compromiso por Puebla lo aprueban.

En entrevista, precisó que aunque estos temas los ha apoyado el sol azteca en varias entidades del país, en Puebla este instituto político aún no los ha puesto sobre la mesa de negociación con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Convergencia para que se discutan en la próxima Legislatura.

Aclaró que lo único que sí ha negociado con los partidos que integraron la coalición Compromiso por Puebla en los comicios pasados fue que en el próximo sexenio se ejecuten acciones que promueve la izquierda y que tienen que ver con la instauración de pensiones para todos los adultos mayores de la entidad, becas a estudiantes, apoyos económicos a las madres solteras y con el establecimiento de un seguro contra el desempleo.

Asimismo, indicó que dejará al libre albedrío del gobernador electo, Rafael Moreno Valle Rosos, la integración del gabinete que lo acompañará durante sus seis años de mandato.

Manifestó que los militantes del partido no andan buscando ninguna cartera, por lo que garantizó un apoyo incondicional a Valle Rosas aunque el PRD no sea incluido en el gabinete.

Por su parte, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Pablo Montiel Solana, refirió que los diputados panistas estarían dispuestos a debatir sobre la legalización de las drogas, aunque sea un tema que no concuerde con los principios ideológicos de su partido.

¡Alto a Una Década de Criminalización en Guanajuato!

Por ONG´s de Hidalgo
Argonmexico.com / PACHUCA DE SOTO, Hidalgo.--Del año 2000 a lo que va de 2010, 166 averiguaciones previas han sido iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato[i],  de las cuales la mayoría son contra mujeres, 11 estuvieron bajo un proceso penal por el delito de aborto, y 9 sentenciadas a septiembre de 2008[ii]. Fueron denunciadas en su mayoría por los médicos de los hospitales públicos del estado; procesadas, sentenciadas y encarceladas por el delito de aborto[iii].
El Centro Las Libres, de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., tiene documentados los casos de seis mujeres encarceladas sentenciadas por el “delito de homicidio en razón de parentesco de un producto en gestación”[iv].
Estas mujeres no cometieron el delito de aborto, mucho menos el delito de homicidio en razón de parentesco, ya que tuvieron abortos espontáneos, accidentales o productos de una violación. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato les configuró el delito de homicidio en razón de parentesco sin tener los elementos necesarios para acreditar dicho delito.
Y las sentenciaron a la pena máxima que va de 25 a 35 años de prisión. Las procesadas son mujeres pobres, que no tuvieron acceso a una educación básica, ni servicios de salud, mucho menos tuvieron acceso a educación sexual; además, los hombres que las embarazaron no se responsabilizaron de ese embarazo.
Las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, integrantes del Pacto por la Vida, la Salud y los Derechos de las Mujeres, ante esta indignante criminalización de las mujeres, que violenta nuestros derechos fundamentales, exigimos a Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador del Estado; a lo diputados del Congreso local; a Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado; y a María Raquel Barajas Monjarás, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato:
1.- La derogación de los tipos penales Aborto, y Homicidio en razón de parentesco, establecidos en el Código Penal para el estado de Guanajuato, pues ambos no son claros ni precisos, lo cual da lugar a una interpretación contradictoria y subjetiva por parte de las autoridades del órgano jurisdiccional, quienes se encargan de dictar las sentencias y resoluciones de los procesos.
Los conceptos de los dos tipos penales mencionados impiden distinguir uno del otro; es decir, existe una notoria falta de precisión en cada uno de ellos.
Al no existir claridad y distinción entre el tipo penal de aborto y homicidio en razón de parentesco, las autoridades están empleando el tipo penal de homicidio en razón de parentesco para juzgar y sentenciar a las mujeres, teniendo como consecuencia la desproporción de las sanciones, y la imposición de descomunales penas privativas de libertad, de hasta 35 años de prisión.
2.- El reconocimiento de inocencia de las mujeres encarceladas. Exigimos que las autoridades reconozcan que las mujeres fueron ilícita y falsamente acusadas a través de una fabricación de pruebas, y que el Procurador de Justicia de Guanajuato reconozca públicamente que no hay delito que perseguir, y que las pruebas en las que se basaron para sentenciar a las mujeres no son pruebas fehacientes, por tanto, son pruebas ilícitas y carecen de sustento legal.
Es atribución legal del Procurador poner en conocimiento de los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial los abusos o irregularidades que se adviertan en los tribunales y que afecten la recta, pronta y expedita administración de justicia.
Por otra parte, exigimos también se reconozca que no existió un debido proceso, por lo que se atentó contra los derechos de defensa de las mujeres, denotando así una completa parcialidad en todos los procesos por parte de las autoridades jurisdiccionales a través del desahogo de pruebas ilícitas otorgándoles valor probatorio.
Es momento de que se ponga un alto a las autoridades de Guanajuato para que dejen de criminalizar a las mujeres por delitos que no cometieron.
¡El Aborto no debe ser criminalizado, todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo!
¡Exigimos que se libere a las mujeres que se encuentran encarceladas por la configuración del delito de homicidio en razón de parentesco pues, subjetivamente, y existiendo una completa imprecisión del tipo penal, fueron condenadas por un delito que no cometieron.
POR EL PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
EN HIDALGO: ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES ORGANIZADAS EN RED-HIDALGO, AMMOR-HIDALGO; COLECTIVA FEMINISTA HIDALGUENSE, A.C., COFEMHI, CONSTITUYENTE FEMINISTA DE HIDALGO, RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MÉXICO, A.C.-HIDALGO, DDESER-HIDALGO, JOVENES CON VOZ CIUDADAN@S  CON ROSTRO.

[i] Según datos de la PGJ declarados por el  Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato en un diario de circulación  nacional publicado los días 29 de julio de 2010 y el 1º  de agosto de 2010.
[ii] Datos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en oficio 7176/08/SGC, firmado por Lic. María Raquel Barajas Monjarás, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dirigido a Verónica Cruz Directora del Centro las Libres, de fecha 21 de octubre de 2008.
[iii] Código Penal para el Estado de Guanajuato, Artículo 158. Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
[iv] Código Penal para el Estado de Guanajuato, Artículo 156. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de veinticinco a treinta y cinco años y de doscientos a trescientos días de multa.

jueves, 5 de agosto de 2010

ONG piden libertad a mujeres presas por aborto

Diversas organizaciones aseguran que en Guanajuato hay 30 mujeres encarceladas por interrupción del embarazo; lamentan la persecución femenina.

Integrantes de organizaciones de mujeres se presentaron en la representación del estado de Guanajuato en la ciudad de México, con el fin de exigir la liberación de quienes en esa entidad han sido encarceladas por interrumpir sus embarazos.

Durante la movilización, las organizaciones firmantes del 'Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres' exigieron el respeto a la libertad de las mujeres a decidir de manera voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.

La vocera de esa agrupación formada tras la firma de dicho pacto, Guiet Zuun Ortiz, dio a conocer una carta dirigida al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.

En el documento, aseguran que en esa entidad se vive 'un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres', en abierta contradicción a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado para proteger los derechos y la dignidad de ese sector de la sociedad.

Una de las evidencias de la realidad que se vive en Guanajuato, mencionó, es la criminalización que sufren las mujeres, 30 de las cuales han sido privadas de su libertad y sujetas a procesos 'aberrantes' por las instituciones de procuración de justicia locales.

Zuun Ortiz destacó que el gobierno guanajuatense negó que haya mujeres presas por abortar, pero el argumento que se da es que están en la cárcel 'por homicidio en razón de parentesco', lo que evidencia el carácter persecutorio que sufren por abortar.

En la misiva se señala que la justicia y la democracia deben estar al servicio de las y los ciudadanos, en concordancia con la Constitución y los compromisos internacionales que México ha contraído en materia de respeto a los derechos humanos, más allá de cualquier postura religiosa particular.

cg

miércoles, 4 de agosto de 2010

La política ignora a las mujeres

Existe una clara inequidad de género en el ámbito público de México, afirmó Magdy Martínez-Solimán, coordinador residente de Naciones Unidas en México. Existe poca participación de las damas en las cámaras legislativas así como en los puestos de elección popular, “el mayor reto que este país enfrenta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.
En entrevista, Martínez-Solimán destacó que esta problemática no surge de la falta de dinero, pues en su opinión México no está restringido en materia de recursos públicos: “Hay una falta de voluntad política en algunos sectores y no existe una clara orientación del gasto público”, puntos que deben ser analizados y solucionados para que los ODM puedan cumplirse.
Detalló que el mayor impacto positivo que puede sufrir una política social en nuestra nación es la inversión de planes, proyectos y presupuestos para las niñas. Explicó que, con base en un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en medio de un centenar de países en desarrollo de todo el mundo, las políticas existentes en ellos coinciden en que los sistemas educativos, familiares y de salud se ocupan per se de las necesidades de los infantes varones.
Detalló que de acuerdo con este trabajo, en las familias pobres las niñas están más desprotegidas. Por las mismas características del orden social, las pequeñas dejan los estudios a temprana edad y esto genera un déficit de capital humano, por lo que enfocar programas hacia ellas promoverá y generará crecimiento.
Para garantizar los Objetivos del Milenio en la República Mexicana, es necesaria una buena coordinación entre los gobiernos estatales y el federal, así como orientar el gasto público y político hacia las verdaderas prioridades y necesidades de la gente.
Los objetivos
El Coordinador Residente explicó que los ODM son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una alianza global para el desarrollo.
alangner@eleconomista.com.mx
CREDITO: 
Ana Langner / El Economista

Criminalizan a las mujeres incluso por aborto espontáneo: legisladoras Mantiene gobierno de Guanajuato actitud “misógina”

Por Anayeli García Martínez, enviada

León, Gto. 3 ago 10 (CIMAC).- Alberto Chao Gonzáles, secretario del Procurador de Justicia de Guanajuato, negó que en esta entidad existan mujeres en prisión por abortar y “exhortó” a las diputadas federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leticia Quezada y Claudia Elena Aguilar, respectivamente, acudir al congreso estatal para inconformarse, “pues es ahí donde se hacen las leyes”.

Lo anterior, durante la visita que hoy hicieron las legisladoras a esta entidad, para entrevistarse con el procurador Carlos Zamarripa Aguirre, quien “no las pudo recibir” y en su representación, envió a su secretario particular, Alberto Chao González.

Durante el encuentro de éste y otros funcionarios de la Procuraduría con las legisladoras, Chao González dijo “que no sabían nada de eso” e informó que las seis mujeres que actualmente permanecen en la cárcel, no están acusadas de aborto, sino de homicidio en razón de parentesco.

El funcionario dijo a las legisladoras que en todo caso, si estaban interesadas en ayudarlas, que interpusieran amparos.

En la comisión recibida por los funcionarios, también participó Rosalía Cruz Sánchez, coordinadora de las “Las Libres”, organización estatal defensora de los derechos de las mujeres.

La activista dijo a Cimacnoticias que desde hace dos años comenzaron a investigar si existían mujeres en prisión por el delito de aborto, y lo que encontraron es que eran 160 mujeres acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco, con penas de 25 a 30 años de cárcel.

La activista precisó que de ellas, 130 purgan sus penas en libertad, mientras que siete (de las 160) permanecían en la cárcel, una de ellas fue liberada el mes pasado, tras la presión de las organizaciones civiles, por lo que restan seis en prisión.

“NO HAY  INTERÉS”

Después de la breve reunión, ambas diputadas realizaron un acto simbólico frente a  las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG), en donde colocaron una manta en repudio a la legislación local que criminaliza a las mujeres que abortan.

Finalmente enfatizaron que la Procuraduría estatal se deslindó de los casos porque estos “son consecuencia de la legislación”, es decir, dijeron que en todo caso acudieran con el Congreso estatal, “quien hace las leyes”. Leticia Quezada dijo que hoy por la tarde se reuniría con el ombusdman estatal para ver la posibilidad de visitar a las mujeres reclusas.

Además agregó que mañana ella, junto con otras diputadas federales presentarán un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados, para que se legisle a favor de los derechos de las mujeres en esta entidad y buscarán una reunión con el secretario de salud estatal para evitar que sean los médicos quienes sigan denunciando a las mujeres.

“ESTADO MISÓGINO”

A decir de la diputada Quezada Contreras, el gobernador del Estado y el procurador mantienen una actitud “misógina” porque criminalizan a mujeres que en varios casos fueron víctimas de violación sexual y que no querían abortar  pero que tuvieron un aborto espontáneo.

La legisladora también enfatizó que al mantener a las mujeres presas o en “libertad bajo caución” se están violando tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que organismos internacionales ya se han pronunciado en contra de legislaciones como ésta, Human Rights Watch, en su informe “México: Víctimas por partida doble” instó al Congreso federal, a promulgar leyes que aseguren el acceso de las mujeres a abortos voluntarios, seguros y gratuitos, luego de cualquier forma de violación o incesto.


10/AGM/LR

Aíslan en Guanajuato a cuatro indígenas recluidas por abortar

Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente

Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión

Documenta Naciones Unidas el atropello
Foto
Las legisladoras perredistas Leticia Quezada y Claudia Elena Águila, durante la protestaFoto Carlos García
Jaime Avilés y Carlos García
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36

Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.

A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de "no realizar entrevista (sic) con medio alguno".

Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.

Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:

"Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda". Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? "Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010".

De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta "en el centro de cómputo" del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas "defensoras de oficio" –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien "asesoró" a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.

Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de "homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación", delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.

Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.

Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.

Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.

Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.

martes, 3 de agosto de 2010

Pese a pensar diferente el Gobernador Electo debe abrir temas como aborto

Escrito por: Yolanda Vázquez Alejandre

3 de Agosto del 2010


Dijo además Molina Carrillo que le parece que si esto fue parte de los compromisos que firmo frente a notario el Gobernador electo, sin duda no has espacio para donde moverse y tendrá que impulsar estas acciones, y finalmente los diputados deberán hacer la resolución correspondiente.

Considera sin embargo que aun cuando pareciera muy rápido, si es importante que se valla visualizando que estos temas van a tener que entrar y se van a tener que debatir, y en el caso además dijo, se tendrá que tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, ya que en la entidad poblana se tiene una sociedad conservadora y que no tiene esta situación de interés en estos temas como el referido , el del aborto, las sociedades en convivencia y otros, y además dijo- se debe visualizar también la posición de la Iglesia en los referidos temas, ya que la Iglesia tiene un gran peso en cuanto a estas resoluciones.

Dijo además que en el caso de las Instituciones Educativas en los temas anteriores lo que al respecto se tiene contemplado es que estos se abran y se debatan públicamente, y a partir de lo que con esta apertura se deicida ver si se aprueban o no, ya que no podemos cerrarnos a que se vallan a hacer, porque no solo a nivel D.F., sino en otros países cada uno de los tocados son temas ya rebasados y aquí estamos enfrascados en si se pueden tocar o no.

Al reiterarle que en el tema del aborto el PAN esta en favor de la vida y el PRD de que cada una de las mujeres defina su situación al respeto y si eso no será un tope para el Gobierno Electo, dijo en el caso que considera que el PAN en otros estados prometió tocar estos temas, por lo que el Gobierno Electo debe aceptar y abrir los mismos y escuchar además lo que la sociedad manifieste en los mismos, y posteriormente debe demostrar como gobierno electo que los compromisos que se hicieron los debe cumplir no solo con la alianza sino con la ciudadanía ya que ella es la que voto y voto precisamente por la propuesta de Compromiso por Puebla.

El PRD propondrá al PAN y a Moreno Valle legislar a favor de comunidad LGBTT

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Manuel Alfredo Oropeza López, coordinador general de la Comisión Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que el sol azteca le propondrá al Partido Acción Nacional (PAN) y al gobernador electo, Rafael Moreno Valle Rosas, legislar a favor de las sociedad de convivencia, y añadió que más allá de que se trate de que esta figura se vea como la legalización de las uniones entre homosexuales servirá para que otros tipos de relaciones entre particulares cuenten con garantías de ley.

Oropeza López estuvo ayer en Puebla y señaló que la agenda del PRD incluye la promoción de iniciativas de ley para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero en la entidad.

Destacan entre los planteamientos perredistas la posibilidades de que transexuales tengan el derecho a tramitar una nueva acta de nacimiento ante el Registro Civil para adecuar el documento a su nueva identidad; también se propondrá la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se endurezcan los castigos por crímenes de odio y homofobia.

Cuestionado sobre los puntos de vista contrarios que tiene el PRD con el PAN sobre los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero, Oropeza López consideró que eso no será un obstáculo, pues las iniciativas de ley pueden ser analizadas y llegarse a acuerdos.

“Yo creo que no hay inconveniente. Nosotros daremos cumplimiento a nuestros documentos básicos y vamos a sensibilizar a la derecha por la izquierda; tenemos la confianza porque somos un partido de izquierda plural y congruente”, aseveró.

En el tema de los derechos para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero Oropeza López no estuvo en las plataformas de los partidos que disputaron los puestos de elección popular, pero que de todas maneras se hizo presente debió a que la campaña coincidió con la aprobación por parte de la Asamblea del DF, de la legalización matrimonios del mismo sexo.

Al respecto, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador electo, expresó, durante una entrevista con esta casa editorial, publicada el viernes 16 de abril, que estaba en contra de la legalización de los matrimonios entre homosexuales y también en contra de la legalización del aborto.

Lo mismo sucedió con el entonces postulante de la alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, quien inclusive recibió el apoyo de la cristiana agrupación política nacional, Convicción Mexicana por la Democracia a cambio de que se comprometiera a no hacer legal la suspensión voluntaria del embarazo ni las uniones entre gays y lesbianas.

Algunas organizaciones como Democracia y Sexualidad han presentado a todos los partidos políticos propuestas de agendas legislativas a favor de la comunidad lésbico, gay transexual y transgénero, que sólo han sido apoyadas por la diputada priista Rocío García Olmedo y el patista José Manuel Pérez Vega.

Madre de víctima por aborto mal practicado no encuentra justicia

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax 30 jul 10 (CIMAC).- A casi cuatro años de la muerte de Marlim del Rosario Cruz Ramírez, por un aborto mal practicado en una clínica particular de esta ciudad, su familia no ha logrado que los presuntos responsables sean condenados y han enfrentado el proceso penal en libertad.

María de los Ángeles Cruz Rodríguez, madre de la víctima, narra que en este largo proceso penal, la justicia no llega y se siente “impotente” porque el médico Alfonso Santos Zavaleta y el anestesista Darwin Palomares García, “tienen muchas garantías”, a pesar de que “ya está comprobado” que ellos son los responsables de la muerte de su hija.

En este tiempo, Cruz Rodríguez llegó a la conclusión de que la clandestinidad del aborto permite que médicos se enriquezcan al practicarlo y en ocasiones mujeres como su hija pierden la vida.

“He solicitado pruebas, dictámenes a la Procuraduría del Distrito Federal, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y hasta un tercer perito en discordia. Todos han confirmado que ella murió por un choque anafiláctico por administración de los medicamentos que le aplicaron en el consultorio particular”, subraya.

Tanto como el médico Santos Zavaleta, como el anestesista Palomares García, están acusados de cometer el delito de homicidio culposo, con la agravante de responsabilidad médica, ante el juzgado primero de lo penal en Oaxaca, donde no han podido ser sentenciados.

Han gozado de libertad porque están amparados y el gineco obstetra Margarito Salgado Franco, que también atendió a Marlim en el consultorio particular, murió sin que se le declarara culpable o inocente.

La madre de Marlim se dijo convencida de que, a sus espaldas, Josué, la pareja de su hija, la llevó a ese consultorio a abortar, porque seis meses antes ella había tenido a un primer hijo por una complicada cesárea, y los médicos le habían dicho que antes de dos años no podría volverse a embarazar.

Sarubi, amiga de Marlim, testificó que sabía que Josué influyó para que Marlim ocultara a su mamá que tenía unas semanas de embarazo y que el 15 de agosto del 2006, acudiría a que le practicaran un aborto en una clínica de 5 señores –donde el doctor Alfonso Zavaleta tiene su consultorio y es actualmente agente municipal.

EL DÍA FATAL

La mañana del 16 de agosto del 2006, Marlim salió del consultorio médico de Santos Zavaleta en una ambulancia. El conductor testificó que cuando él llegó, la paciente estaba en una camilla, cubierta por una sábana, entubada, inconsciente. Sangraba por la boca, con signos vitales débiles.

Al hospital civil doctor “Aurelio Valdivieso”, la paciente llegó sin signos vitales, Se determinó que presentaba un post aborto y en paro respiratorio, que había comenzado 20 minutos antes. Por tratarse de una muerte materna a causa de un legrado, el caso fue notificado al Ministerio Público.

La primera autopsia indicó que falleció por hemorragia interna intensa con post aborto. Josué, su pareja, responsabilizó al doctor Santos Zavaleta, al anestesista Palomares García y al ginecobstetra (q.e.p.d.) Margarito Salgado Franco por la atención que le dieron en el consultorio particular.

Josué declaró que acudieron a ese consultorio porque Marlim presentaba un sangrado vaginal y el médico decidió hacerle una operación para controlarlo, pero que al aplicarle el medicamento tuvo una reacción alérgica.

A su vez, el médico Santos Zavaleta dijo que atendió a la paciente como médico general “porque la pareja iba pasando por la calle” y que Palomares García llegó a valorarla porque solicitaron su servicio para anestesiarla a causa de un aborto incompleto, lo mismo que Margarito Salgado Franco.

El miércoles pasado, los doctores acudieron al juzgado para su primera declaración preparatoria ante el juez, pero su abogado defensor, Ángel García, indicó que la presentarían por escrito, “como la Ley se los permite”.

Y el abogado remató “la muchacha murió por un aborto provocado no sé dónde ni con quién. Su pareja sabe perfectamente dónde se lo provocaron. La presunción de inocencia nos lleva a que haya pruebas claras y no las hay. La señora sabe que el responsable es su yerno”.


10/NA/LR

http://www.cimacnoticias.com/site/10073007-Reciben-a-madres-de.43483.0.html

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 30 jul 10 (CIMAC).- El jefe de la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia de la República, Arturo Matus Espino recibió hoy a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes hace dos días acudieron a la residencia Oficial de Los Pinos para exigir justicia a Felipe Calderón Hinojosa.

A las afueras de Los Pinos, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire, asesinada en agosto de 2008 y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, informaron que el funcionario se comprometió a dar seguimiento a los casos, a procurar acelerar las investigaciones por feminicidio y trata de personas, así como a mantenerlas informadas sobre el estado en el que se encuentran sus peticiones.

En una carta que entregaron dirigida al Ejecutivo, exigen que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en contra de México por el caso de “Campo Algodonero y que se incluya en el programa “Todos Somos Juárez”, una mesa de género, porque éste no incluye el combate a la violencia que viven las mujeres en el estado

Acompañadas por Yuridia Rodríguez Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), y la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, las activistas anunciaron que levantarán el plantón que instalaron hace unos días en Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México.

Precisaron que si en un mes no hay resultados, realizarán una nueva marcha desde el Puente Internacional de Ciudad Juárez a Los Pinos para exigir justicia en los casos de sus hijas y un alto a los feminicidios en Ciudad Juárez, problema que se perpetúa por la impunidad.

Castro Rodríguez, también abogada de Marisela Escobedo, informó que el documento entregado para ellas tiene el plazo de un mes; “nosotras ya llegamos hasta aquí, ahora toca a ellos dar respuesta, de no ser así continuaremos con las movilizaciones”.

Ayer, las madres de las víctimas junto con familiares y Organizaciones de la Sociedad Civil, se reunieron también con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia en los casos de sus hijas.


Entre los acuerdos refirieron que se encuentra la difusión de la ficha técnica de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino y pareja de Rubí y que se informe a la familia de la víctima la estrategia de búsqueda de la PGR.

Barraza Bocanegra está prófugo, debido a las deficiencias del sistema de justicia local, quienes lo declararon inocente, aún cuando él se confesó culpable. Ante la inconformidad de la familia se revisó el caso y el asesino fue condenado a 50 años de prisión, sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

La madre de Rubí difunde en un cartel la recompensa de 250 mil pesos que ofrece la Procuraduría de Justicia de Chihuahua a la persona que proporcione información para localizar a Barraza.

En el caso de Brenda Berenice Castillo, la PGR se comprometió a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra), dará a conocer a la madre de la joven las investigaciones.

Además de que se llevará a cabo una reunión de trabajo con la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, y con quien se considere pertinente para revisar los casos de sus representadas que se encuentran en el fuero común y en las que se presume existe el delito de trata, con el fin de establecer la posibilidad de atracción de la Fevimtra.

LA CAMINATA

Las activistas salieron el pasado 5 de junio de Ciudad Juárez, caminaron desde aquel estado rumbo al Distrito Federal con el fin de entrevistarse con Felipe Calderón, una vez que las autoridades estatales no les responden.

Para la abogada Castro, “es heroico el trabajo de estas mujeres que tuvieron que venir con sus bebés caminado por toda la República para ser escuchadas, no es posible que con la sentencia de la Corte en pleno 2010, y con toda la historia del feminicidio en Ciudad Juárez las mujeres tengan que venir como si estuvieran en 1993, cuando iniciaron éste tipo de denuncias”.

El camino ha sido largo para las madres de estas dos jóvenes, eso se refleja en sus rostros quemados por el sol y cansados. Por los diversos estados de la república por donde pasaron dieron a conocer los casos de impunidad antes de llegar a la capital del país.

En su trayecto acompañadas por sus familiares hijas, hijos; las madres de Rubí y Brenda Berenice, repartieron volantes en los que se informa no sólo sobre la desaparición y feminicidios de sus hijas, sino también de cientos de mujeres en Ciudad Juárez el cual sigue sin control.


10/GTR/LR

lunes, 2 de agosto de 2010

La CIDH denuncia la muerte evitable de más de 22.000 embarazadas al año en América

Washington, 2 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy un informe sobre el acceso a servicios de salud materna en toda América, en el que denuncia que en el continente se registra un total de 22.680 muertes anuales durante el embarazo y el parto y que las causas principales son evitables.

El informe de la CIDH, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) y de varias agencias de Naciones Unidas, advierte de que las complicaciones que provocan la mortalidad y morbilidad materna en el hemisferio occidental son "prevenibles y coincidentes".

Estas causas son, principalmente, la preeclampsia, la hemorragia y el aborto y su orden varía por países en función de la existencia de coberturas de atención prenatal y de parto y de la prevalencia de uso de anticonceptivos.

Según la CIDH, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud son la principal barrera en la lucha contra la mortalidad en el embarazo y el parto, que en América Latina y el Caribe afecta fundamentalmente a mujeres pobres, indígenas o afrodescendientes.

En concreto, el estudio señala que en las áreas rurales de Perú el 74% de las mujeres da a luz en su casa, sin la asistencia de profesional calificado, y que en las comunidades indígenas la proporción asciende al 90% del total.

Del mismo modo, en Bolivia, el país con la tasa de mortalidad materna más alta en la región andina (290 al año), la mayoría de los fallecimientos se produce por complicaciones obstétricas, hemorragias e infecciones evitables con la atención adecuada, según el informe.

El organismo también se refiere a la salud de las adolescentes embarazadas en la región, que enfrentan "entre dos y cinco veces mayores riesgos de muerte materna" que las mujeres mayores de 20 años, y cuyos hijos tienen más probabilidades de fallecer durante la infancia.

Según señala, en la región hay alrededor de 2 millones de madres al año de edades comprendidas entre 15 y 19 años, y los altos índices de embarazos en adolescentes apenas han disminuido desde 1990, pese a la reducción en la fertilidad total en la región.

En las recomendaciones del informe, la CIDH insta a los Estados de la región a "incorporar la perspectiva de género" en el diseño y la puesta en práctica de las leyes y políticas públicas que afectan a las futuras madres, para "eliminar las barreras estructurales" que limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud.

En concreto, el organismo recomienda la implementación "inmediata" de sistemas que favorezcan el acceso eficaz de todas las mujeres a servicios obstétricos de emergencia, de atención previa y de parto, y la eliminación de formas de discriminación de hecho que impidan obtener esos cuidados, entre otras medidas.

Según la CIDH, cada año mueren aproximadamente 536.000 mujeres en todo el mundo por complicaciones en el embarazo y el parto.

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Morales: viable, la legislación sobre maternidad subrogada

AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

Eulalio Morales Palacios, coordinador de los servicios de Salud de la Secretaría de Salud (Ssa) local, consideró viable que se legisle en el estado sobre el alquiler de úteros, práctica mejor conocida como “maternidad subrogada”, debido a que en los últimos años aumentó de 1 a 4 por ciento el número de parejas que tienen dificultad para formar una familia, y ésta es una de las vías que utilizan para atacar la infertilidad.

Señaló que aunque posiblemente esta práctica ya se esté llevando acabo en la entidad, la Ssa no tiene estadísticas sobre el número de parejas que contratan a una mujer que presta su útero para desarrollar un embrión, porque es un tema en el que todavía no existe un control.

“Se necesita legislar para que haya una norma para quienes dan y reciben el servicio. Es una ley que beneficia para solucionar problemas médicos. Siempre es útil y correcta cuando se basa en las necesidades de la gente.

“Aquí no se debe ver el lado moral ni ético. Es cubrir un deseo, la necesidad de una persona. En muchos lugares ya se hace”, señaló, luego de preguntarle su opinión sobre la iniciativa de ley que presentó el jueves pasado la diputada priista Rocío García Olmedo ante el pleno del Congreso local para normar la “maternidad subrogada”.

La promotora de esta iniciativa refirió que en Puebla la maternidad subrogada es una “práctica común”, pero no existe un marco legal que lo norme. Explicó que la ley busca evitar que las mujeres presten su vientre “n” número de veces.

En caso de que los contratos por medio de los cuales las mujeres llegan a acuerdos se violen, propuso sanciones que deberán ser incluidas en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

domingo, 1 de agosto de 2010

Analfabetas y pobres, las 166 perseguidas por abortar

Estas guanajuatenses son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y de acuerdo con expedientes de la CNDH y la ONU trabajaban arreando animales en las áreas más marginales.

México.- Además de las seis mujeres encarceladas por abortar y acusadas del delito de “homicidio por razones de parentesco”, hay otras 160 que están a punto ir a prisión y que también habitan en zonas de extrema pobreza en Guanajuato, con escaso acceso a educación básica y a servicios de salud, con falta de educación sexual y comunicación entre sus padres, y los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte.

MILENIO Diario tuvo acceso a los expedientes de cada una de ellas, mismos que ya obran en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A juzgar por esos expedientes, se desprende que se trata de mujeres que no saben leer ni escribir y que trabajaban en el campo arreando animales antes de ser encarceladas por las autoridades del gobierno guanajuatense. Por cuestiones de seguridad y de privacidad en cada uno de los casos, sólo se refiere un apellido de las seis mujeres que hoy día purgan penas en prisión de hasta 35 años.

Caso Frías

“Tiene 39 años de edad: sentenciada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco; se interpuso un recurso de apelación y la sentencia fue modificada a 25 años de cárcel. Actualmente lleva cinco años de prisión; pertenece a una comunidad del noreste del estado y proviene de una familia que vive en extrema pobreza; no fue a la escuela y no sabe leer y ni escribir; desde niña trabajaba en el campo arreando animales para poder comer; se trata de una mujer temerosa, ingenua y tímida que siempre camina cohibida.

Ella jamás acudió a recibir atención. Es madre de tres hijos producto del delito reiterado de violación a la que estuvo sometida por largos periodos de su vida, cometido por un vecino que todas las madrugadas entraba a su habitación para abusar sexualmente de ella, siempre bajo amenazas hasta que un día comenzó a sentir dolores en el abdomen y a tener sangrado abundante; fue denunciada por una partera”.

En tanto, “Moreno tiene 23 años de edad: también fue víctima del delito de violación. Invadida por el miedo, mantuvo en secreto su embarazo pero éste se complicó y el producto murió con el cordón umbilical enredado en su cuello. Por ello fue sentenciada a 27 años seis meses de cárcel. Al igual que Frías y el resto de las mujeres que por ese motivo están en la cárcel, no sabe leer ni escribir y al enterarse de que estaba embarazada como consecuencia de una violación, guardó silencio en su casa hasta que sobrevino el aborto por accidente”.

Ambos casos, como los otros cuatro, serán investigados por un visitador de la ONU y próximamente serán remitidos a la Corte Internacional para determinar el proceso jurídico a través del cual puedan alcanzar su libertad.

Presentarán queja

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y su procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, podrán “decir misa” sobre el tema de las mujeres encarceladas por abortar, pero éste “no es ni por mucho un caso cerrado”.

En el transcurso de esta semana el PRD propondrá un punto de acuerdo para que, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhorte al Congreso Local guanajuatense a dar marcha atrás al artículo 156 del Código Penal, en el cual “se ha maquillado la penalización del aborto, bajo el pretexto de homicidio en razón de parentesco” y que tiene tras las rejas al menos a media docena de mujeres y en la antesala de la prisión a 160 más.
Rodolfo Montes

La publicidad lesiva contra la mujer... ¿vetada?

01.08.2010 Nuestra hipócrita sociedad cae en el error de criminalizar a las mujeres que el mismo sistema prostituye
RAQUEL QUINTEIRO

Existen referencias bíblicas hacia las mujeres que las convierten en costillas del hombre, en destructoras del Paraíso eterno y del Edén. Dalila, le cortó el cabello de Sansón. Eva ofreció a Adán la manzana que nos condenó a la mortalidad y al sufrimiento. La Magdalena fue prostituta y tentó a Cristo. Salomé bailó para Herodes sólo a cambio de la cabeza servida en bandeja del Bautista. Y María, redentora de todos los pecados de la mujer, concibió al hijo de Dios sin ser fecundada.

Latrocinios que acometieron las religiones monoteístas al censurar y quemar en la hoguera a la mujer: de prostituta a pagana, a hereje, a bruja, a concubina de Satán. Es absurdo preguntarse de dónde proceden los tabúes e inhibiciones sexuales por tanto. El sistema androcéntrico y la trampa de la dominación clerical ha privado a la mujer de sus propias necesidades de autorrealización sexual.

Sin embargo las exige, las compra y las fuerza. El pan nuestro de cada día es otro: la mujer está en venta en los periódicos de este país, extremo no alejado de la realidad de que en cuestiones de violencia física y sexual, sea víctima de abusos, tráfico, vejaciones y otras situaciones de desprotección. El no va más es que, por miedo o pudor sufrimos la tentación de convertir la guerra contra la exclusión en una guerra contra los excluidos.

Y así, nuestra hipócrita sociedad cae en el error de criminalizar a las mujeres que el mismo sistema prostituye. ZP ha tomado la determinación de vetar la publicidad que pone en venta los servicios sexuales de las mujeres. Bien. Pero no tenemos ni para empezar. ¿Qué ocurre con los spots que ofrecen el pubis femenino como concepto de venta de la imagen joven de Renfe para, "meterse la tarjeta en el bolsillo"? Renfe no prostituye. Ultraja.

Hace años el ex ministro sueco Jens Orback decía que "comprar sexo es una forma de violencia de los hombres hacia las mujeres". Tomemos ejemplo: "en este terreno los hombres deben posicionarse" pues, "o luchas contra la opresión o te conviertes en opresor", decía el político escandinavo. "Sin duda, la violencia de los hombres hacia las mujeres es el mayor obstáculo al avance de la igualdad en Europa". "Los hombres –seguía– tienen que asumir una gran responsabilidad. Orback, varón y hace cuatro años ministro de igualdad en Suecia era entonces aplaudido en Europa. Aído en cambio es en este país, la persona ministeriable más denostadas de cuantas hay en el gabinete de ZP.


Prostitución e Inem

Los hombres tienen que revelarse contra la violencia sobre las mujeres, sostenía Orback, ex ministro sueco, porque en la prostitución “una de las personas se encuentra en una situación más débil”. “Hay quien dice que es una profesión y yo les digo: figúrese que tuviera una hija en el paro y que para cobrar el desempleo no se pudiera permitir rechazar una oferta de trabajo –del Inem–”. Entonces el Estado le ofrece a su hija un puesto de prostituta que no podrá rechazar. ¿Qué le parecería?” En fin, es este otro debate: abolición o legalización que nadie lamentablemente parece querer abordar.

Piden a legisladores del PRI defender derechos laborales de mujeres

* La dirigente del PRI aseguró que el Siglo XXI es de las mujeres

Beatriz Paredes, exhortó a los legisladores federales priistas a comprometerse en la defensa de los intereses de las mujeres trabajadoras
CIUDAD DE MÉXICO (31/JUL/2010).- La presidente nacional del PRI, Beatriz Paredes, exhortó a los legisladores federales priistas a comprometerse en la defensa de los intereses de las mujeres trabajadoras, en la revisión de las diversas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo convocó a establecer un observatorio del cumplimiento del respeto a los derechos laborales de las mujeres, a fin de detectar la discriminación por razones de género en el mundo laboral.

En Puerto Vallarta, Jalisco, donde tomó la protesta a la dirigencia local del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, encabezada por Yolanda Rodríguez, resaltó la necesidad de que se vuelva una realidad que a trabajo igual se pague un salario igual.

Asimismo que no se utilice la posibilidad del embarazo o la gestación para suspender irregularmente los contratos laborales.

La dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que el Siglo XXI es de las mujeres y su participación protagónica abre una nueva etapa en las relaciones de la especie humana que es necesario apoyar para cuidar al mismo tiempo el desarrollo de la familia.

Para las mujeres trabajadoras, dijo, es muy importante que el transporte público funcione bien y en los horarios más complicados para quienes laboran en los turnos de noche, así como que haya una oferta suficiente de estancias infantiles.

También se pronunció porque haya más primarias de tiempo completo que permitan a las mujeres apoyar el ingreso familiar y que se les brinde acceso a los créditos para vivienda.

Paredes Rangel resaltó -de acuerdo con un comunicado- que las mujeres han sido pieza clave en la transformación de uno de los sectores más dinámicos de la economía, como el turismo.

En el ámbito político, destacó que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI le ha abierto sin estridencia, sin pretensión de manipulación, sin querer adornarlo, la oportunidad a las mujeres que son competitivas para que tengan acceso a responsabilidades públicas.

Con base en ello, subrayó, se recuperó la gubernatura de Yucatán con una mujer, y dos años después con otra mujer se recuperó Mérida, que no era gobernada por el Revolucionario Institucional desde hace casi 20 años.

De la misma forma, agregó que con mujeres se recuperaron las capitales de San Luis Potosí y de Puebla el trienio pasado; la ciudad de Jalapa y el puerto de Veracruz, Toluca y toda la zona metropolitana del estado de México.