PGJ da cifras alegres sobre la desaparición de mujeres

Dicen que sólo tienen registradas 11 averiguaciones previas y que todas las féminas regresaron a su casa

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, le respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran la desaparecieron 3 mil 323 mujeres: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel”

Daniel Hernández Cruz

La Procuraduría General de Justicia respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran que en el actual sexenio desaparecieron 3 mil 323 mujeres, pues dice que dicha cifra fue de un reporte del servicio telefónico Locatel y no de averiguaciones previas iniciadas, además que la dependencia sólo tiene conocimiento de 11. Asimismo, aseguró que todas las mujeres extraviadas regresaron a su núcleo familiar y ninguna fue víctima de algún delito.

En rueda de prensa el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, señaló que el número de féminas extraviadas dada a conocer es falsa: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel de mujeres extraviadas o ausentes, y que posteriormente, por diferentes razones, se reincorporaron a su núcleo social”.

Explicó que en la agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en lo que va del sexenio, únicamente 11 mujeres se encuentran reportadas como desaparecidas.

De la misma forma aseguró todas las mujeres reportadas como desaparecidas en Locatel fueron reingresadas a su núcleo familiar y que ni una sola fue víctima de un delito. Sin embargo, estas declaraciones contradicen las acciones de la Procuraduría, pues en varias ocasiones han informado de capturas de sujetos que tenían a mujeres privadas de su libertad, esclarecido homicidios o rescate de víctimas de trata de personas.

Cuando fue cuestionado al respecto, incluso dijo que no recordaba casos de ese tipo, a pesar de que muchos de ellos fueron dados a conocer por la propia dependencia y otros en medios de comunicación.

Pérez Dorantes señaló que cuando se recibe una denuncia por desaparición se realiza la búsqueda y localización por medio de una investigación de la Policía Ministerial en colaboración con la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la intervención de la Policía de Inteligencia, la Policía Cibernética. Para aquellos casos en los que se requiere, se realiza una búsqueda internacional —aunque hasta el momento no ha sucedido—, así como colaboración con las procuradurías de otros estados.

Dijo también que por la cercanía que guarda esta entidad con el Estado de México y el Distrito Federal, se solicita la información en las oficinas de Odisea y Capea (programas de localización de personas ausentes o desaparecidas).

Explicó que para la atención de este tipo de casos se puso en funcionamiento la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como nueve Centros de Protección a Víctimas del Delito, tanto en la capital como en las principales cabeceras distritales, también en el Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, donde las agraviadas cuentan con albergue, atención médica, psicológica y alimentación.

 Numeralia

La Procuraduría ha dado a conocer casos de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y después localizadas, víctimas de delitos.

Febrero 2010. Una menor de 17 años, originaria de Cuetzalan, fue raptada por dos hombres y una mujer que la pretendían prostituir en Tijuana. Los padres denunciaron la desaparición.

Marzo 2010. Una mujer fue encontrada entambada. Fue reportada por su familia como desaparecida.

Junio 2010. Derek Lorenzo Dharrling Castaño fue detenido por la Procuraduría General de Justicia, engañó a una mujer y la obligaba a vender drogas. También fue denunciada su desaparición.

Julio 2010. Tres sujetos fueron detenidos por el homicidio de una menor de 13 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre, 2009 3047/2009/ATLIXCO/AESEX.

Octubre 2010. Se denuncia la desaparición de una mujer de 24 años en San Martín Texmelucan, días después es encontrada muerta en Ixtapaluca en el Estado de México.

En México 2 mil 620 feminicidios en dos años

MÉXICO, D.F., 25 de noviembre (apro).- Organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones impulsoras de la equidad de género exigieron hoy al gobierno federal poner un alto a la violencia institucional contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro Fray Francisco de Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Equidad y género entre otras, urgieron al gobierno a tomar “acciones inmediatas” para erradicar esta problemática.

A través de una carta pública difundida en varios medios de comunicación del Distrito Federal, las organizaciones firmantes demandaron que el Estado mexicano modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo, agregaron, es agilizar los mecanismos de protección contemplados en la dicha ley, en especial, la “declaratoria de alerta de género”.

Destacaron que, de acuerdo con datos de procuradurías estatales, en sólo tres años, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, se documentaron 2 mil 620 feminicidios “en menos de la mitad del país”. Todos esos asesinatos, subrayaron, fueron cometidos “solo hecho de ser mujeres”.

Además, señalaron las desigualdades que aún padece el sector femenino frente al de los varones en nuestro país: Las mujeres sin escolaridad representan el 9.6% del total de la población mayor de 15 años, mientras que los hombres, 7.2% de ese mismo universo poblacional. “Eso es violencia institucional”, subrayaron.

Asimismo, hicieron notar que el ingreso promedio por hora trabajada para las mujeres es de 29.02 pesos, mientras que en los hombres es de 30.25 pesos.

Por si fuera poco, agregaron que cada año mueren aproximadamente 1,200 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto, pauperio y aborto, cuando estas causas son evitables.

Hicieron notar que mientras en el Distrito Federal las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no son consideradas delincuentes, en el resto del país son encarceladas y condenadas.

“En México se penaliza a las mujeres pobres, analfabetas e indígenas por abortos o partos prematuros”, subrayaron.

Por tal motivo, urgieron al Estado mexicano a poner fin a “tal situación de discriminación e impunidad”.

La guerra contra el narcotráfico ha invisibilizado los feminicidios

Arranca la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
Entre los militares que mandan y los capos de la droga se perdido los derechos de ellas: Sandra Serrano, de Flacso

El mapa del feminicidio, expuesto en la UNAM en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, muestra cruces en cada uno de los lugares donde han sido asesinadasFoto Cristina Rodríguez

 

Arianne Díaz, Gabriel León y Alma Muñoz

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de noviembre de 2010, p. 42

En México la lucha contra el crimen organizado ha invisibilizado el fenómeno de los asesinatos a mujeres, por lo cual urge retomar la propuesta de tipificación de este delito presentada al Congreso federal en diciembre de 2008, exigió la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México al presentar en la zona de las islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Mapa del Feminicidio en el territorio nacional.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó al Estado mexicano de alentar la violencia de género. Puso de ejemplo la impunidad en el caso de la tortura sexual contra las detenidas en San Salvador Atenco durante el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006.

Pese a que han pasado cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados, denunció.

Asimismo, y siempre en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género ubicó en 2010 a la militarización como una de las estructuras que perpetúan la agresividad.

La campaña de los 16 días concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde hace 20 años se despliega esta actividad, la cual coordina el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL, por sus siglas en inglés).

En su caracterización del fenómeno, la militarización es una ideología que genera una cultura de miedo y apoya el uso de la violencia, la agresividad o las intervenciones militares para solucionar disputas y reforzar intereses económicos y políticos.

En tal sentido, la violación sexual es usada como táctica y el militarismo no se limita a las zonas de guerra o a la esfera pública; las familias de hombres y mujeres militarizados pueden vivir la violencia en sus propios hogares, pues la violencia doméstica armada está escondida de la vista pública.

Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), catalogó a la militarización que se vive en el país –a propósito de la guerra contra el crimen organizado– como una violación de los derechos humanos directamente imputable al Estado.

La estrategia contra el narcotráfico afecta una serie de derechos, como la libertad, la propiedad y la integridad personal... las muertes que se generen a raíz de sus políticas quedan bajo su responsabilidad, advirtió durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Susana Franklin, quien dirige un refugio para víctimas de maltrato, consideró que el nivel de tensión que propicia esa militarización en las ciudades provoca mayor violencia y que entre los militares que mandan y los narcotraficantes, los derechos de las mujeres se pierden.

Recordó que la instauración de este día obedece a la represión que sufrieron, en 1960, las hermanas Mirabal bajo la dictadura militar de Leónidas Trujillo, en República Dominicana. A 50 años de ese episodio, la activista apuntó con tristeza que la mujer sigue siendo violentada por personal castrense, y que este día, más que conmemorativo, es de duelo.

A su vez, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México apremió a la integración de un banco de datos nacional de feminicidio, que incluya variables completas sobre el crimen con la finalidad de diseñar acciones y políticas que erradiquen este grave problema en territorio nacional. Lo anterior, aseguraron, porque resulta urgente e inaplazable otorgar visibilidad y solución a este terrible problema social derivado de una cultura obsoleta que aún se vive en numerosas entidades del país.

El Centro Pro subrayó que en fechas recientes integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo mil 728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.

Frente a tales hechos, indicó, hay inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia de género y tampoco han creado las dependencias pertinentes ni adoptado las medidas eficientes para su erradicación.

A su vez, el Centro Tlachinollan planteó que la violación a los derechos humanos de las mujeres se mantiene de manera flagrante en Guerrero.

Reporta ONG más tres mil 300 registros de mujeres desaparecidas en Puebla

Jaime Zambrano

Puebla, miércoles 24 noviembre 2010 - 12:25 hrs

La Organización No Gubernamental Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que de 2005 a la fecha se realizaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado más de tres mil 300 reportes de mujeres desaparecidas, la mayoría entre los 13 y los 29 años. De acuerdo con estudio presentado esta mañana, en 2005 se reportaron 61 desapariciones de mujeres y en el 2006 fueron abiertos 137 expedientes. El problema incrementó en 2007 con mil 402 casos, para el 2008 fueron mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres. Por otra parte, la representante de la organización, Vianeth Rojas Arenas, explicó que -de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)- Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres con un promedio de 400 por año. "Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California", expresó.

Detienen a una pareja por supuestamente abortar a su bebé

Vallarta Opina MILENIO

Informó la Policía Municipal que a las 08:47 horas, en recorrido de vigilancia los elementos a bordo de la Unidad PV-122, recibieron un reporte de Base Care, informando que requerían una patrulla en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con 24 de Junio en la colonia Loma Bonita. Los elementos se presentaron al lugar, donde se entrevistaron con la Sra. Noemí Ramírez Hernández, quien dirigió a los elementos a una de las habitaciones y al momento de ingresar en la habitación, tuvieron a la vista a un joven de sudadera y pantalón en color negro, quien dijo llamarse Erick Rubén Flores Ramírez, mismo que  apuntó hacia una caja de zapatos color café, manifestando que allí se encontraba su hijo.

Que el día sábado para amanecer domingo, su novia de nombre Rachelly Navid Bracamontes Rodríguez, se sentía mal ya que la misma tenía tres meses de embarazo, informando que decidió comprarle las pastillas de nombre “Citotec”  de las que utilizó 04 de ellas, y que fue lo que le causó el aborto del bebé. En vista de las circunstancias, las dos personas, Rachelly N. Bracamontes Rodriguez (19 años), con domicilio en calle 20 de Noviembre 312 y Erick Ruben Flores Ramirez (19 años), quien vive en el lugar, Josefa Ortiz de Domínguez # 594 se aseguraron y se trasladaron a la Dirección de Seguridad Publica, quedando a disposición de la autoridad competente.

Los policías le llamaron al lugar de los hechos al licenciado José Carlos Peña Chavarin, Agente del Ministerio Público, especial para detenidos, quien se hizo cargo del feto con elementos del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la vez se inicio la Averiguación Previa 5820/10 por la presunta comisión del delito de aborto.

A los separos acudieron los paramédicos Alejandro Medina Palomera Mara Pamela Arreguin Vázquez y Rocío Sánchez Hernández, en la Unidad Ambulancia B-38 para revisar a la mujer, quien se observa estable presentando únicamente sangrado trasvaginal poco abundante, por lo que se procedió a brindarle la atención prehospitalaria tomándole sus signos vitales, encontrándolos dentro de sus parámetros normales para posteriormente ser abordada a la ambulancia para trasladarla al Hospital Regional para su atención y valoración médica ya que su diagnostico probable fue de residuos placentales, recibiendo a la persona el médico de guardia Guillermo Aguilar Diéguez, quien se hizo cargo de la atención de la persona.

Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en año y medio en 18 estados mexicanos

México, 9 nov (EFE).- Un total de 1.728 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2009 y junio de 2010 en dieciocho de los 32 estados de México, informaron hoy organizaciones civiles internacionales, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Defensor del Pueblo.

De ese total, solo en trece estados fueron reportados 1.076 asesinatos de mujeres y sólo ha habido 40 sentencias, indicó un grupo de integrantes de la Misión Internacional por Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, en una reunión con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.

En respuesta a este reporte, el ombudsman mexicano dijo a los activistas que la CNDH trabaja en la elaboración de un Informe Especial sobre Feminicidios y Desaparición de Mujeres en el país.

Agregó que el informe tiene como objetivos auxiliares a disminuir el fenómeno, esclarecer crímenes, localizar víctimas y castigar a los responsables.

El término feminicidio fue acuñado tras la serie de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, norte de México, donde desde 1993 fueron asesinadas unas 500 jóvenes y la mayoría de esos casos no ha sido resuelta.

Los activistas propusieron al presidente de la CNDH impulsar la tipificación del feminicidio, promover el registro estadístico de los casos relacionados con los homicidios y la violencia contra las mujeres, así como sancionar a los servidores públicos que cometieron violaciones a sus derechos humanos.

Plascencia, quien ofreció su colaboración para proteger los derechos de las mujeres de la región, recordó que en la pasada reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la CNDH planteó la creación del Observatorio Iberoamericano en materia de migración y trata de personas, propuesta que fue aceptada.

IFAI ordena a PGR informar sobre feminicidios

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una nueva búsqueda de expedientes y revelar el número de homicidios cometidos en agravio de mujeres durante los últimos 21 meses.

En su sesión de este miércoles, el pleno del IFAI instruyó a la PGR para que la información sea desglosada por edad, ocupación, escolaridad, lugar de origen, estatus legal del caso y situación del inculpado, de enero de 2009 a junio del presente año.

Además, el pleno de comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos determinó dar vista al Órgano Interno de Control de la PGR por considerar que hay un mal manejo de la información estadística en torno a las muertes provocadas contra mujeres.

Así pues, la información fue requerida por un particular, quien enlisto en su solicitud 14 puntos en los que pidió el estado civil de las víctimas, nivel económico, causa de la muerte, motivos del asesinato, lugar donde se encontró el cuerpo y la relación víctima-victimario.

En respuesta, la PGR había notificado al solicitante que la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas sólo tiene registrada una averiguación previa por el delito de homicidio doloso de una mujer, iniciada en su Oficina Regional Norte, por ocurrir en Chihuahua.

Además, señaló que la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional proporcionó la cantidad de averiguaciones previas iniciadas por el delito de lesiones, homicidios y lesiones graves, homicidios por culpa grave y homicidios graves contemplados en el Código Penal Federal, desagregadas por entidad federativa y mes de enero de 2009 a mayo de 2010.

La PGR también informó que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) cuenta con datos sobre homicidios por culpa grave y homicidios graves, a partir de agosto de 2009.

Sin embargo, la Procuraduría señaló que el citado SIIE no toma en cuenta la totalidad de las variables indicadas por el particular en su petición, por lo que declaró la inexistencia de la información, en relación con todas y cada una de las mismas.

Inconforme con la respuesta, el recurrente presentó recurso de revisión ante este IFAI a través del cual señaló que resulta inadmisible la inexistencia de la información en tanto que el Estado mexicano se encuentra obligado, en términos de diversos tratados internacionales, a generar información de carácter estadístico que permita facilitar las actividades de procuración de justicia, por cuanto hace a delitos de violencia en contra de las mujeres.

Durante la investigación para sustanciar el recurso, la ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén localizó información relacionada con la solicitud de información, que evidencia las actividades orientadas a la creación de bases de datos que, en su caso, pudieren contar con la información que se solicita, esto es, información estadística directamente relacionada con aquellos delitos de violencia contra las mujeres en territorio nacional.

fml

 

El delito de ser mujer, pobre y estar embarazada

Nueve mujeres han sido liberadas en Guanajuato gracias a la presión social después de cumplir entre dos y nueve años de prisión por haber sufrido abortos naturales.

La impartición de justicia se hizo arbitrariamente y como castigo ejemplar

Este estado es uno de los más retrógradas del país y las interrupciones del embarazo están penalizadas hasta en casos de violación

Yolanda Martínez Montoya está volviendo a su vida normal después de casi siete años en la cárcel acusada injustamente de haber abortado. M.S.

“Pídele a Dios porque te van a caer muchos años. Desde el momento en que tiraron a sus hijos, ustedes son culpables y se merecen muchos años de cárcel. Aquí se van a quedar (en la prisión) porque tienen que pagar por lo que hicieron”. Esto es lo que le dijo la abogada de oficio Guadalupe Cruces a su defendida Yolanda Martínez, acusada de homicidio en razón de parentesco después de haber sufrido presuntamente un aborto espontáneo, que ella misma niega. Yolanda tiene 26 años y acaba de salir de la cárcel después de 6 años y 8 meses presa. Tenía que cumplir una sentencia de 25 años por haber matado a su futuro bebé, aunque ella asegura que no estaba embarazada cuando fue, desde su aldea al hospital de Dolores Hidalgo, con la menstruación y un dolor en los pechos. La doctora que la recibió no la atendió en ningún momento sino que llamó directamente a la policía, quién la trasladó del hospital al penal.

Algo parecido le dijo Guadalupe Cruces a su también defendida Ana Rosa Padrón. Esta campesina de 23 años, que sólo cursó hasta tercero de primaria, podrá celebrar la semana que viene el sexto cumpleaños de su hija junto a ella. Los últimos dos años no lo pudo hacer. Ha estado 30 meses en la prisión desde que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo. La abogada de oficio no quiso que se llevaran a cabo los careos, ni la reconstrucción de hechos, ni el examen de los péritos, cuando fue acusada de estrangular al feto que expulsó. La condenaron a 29 años de prisión por el mismo delito de homicidio en razón de parentesco.

Ambas acaban de salir libres junto a otras 7 mujeres, todas ellas campesinas del norte del estado de Guanajuato, una de las zonas más retrógradas del país. Purgaban sentencias de entre 25 y 29 años, acusadas de asesinato, aunque 6 de ellas tuvieron abortos espontáneos, 2 habían sido violadas y Yolanda ni siquiera había estado embarazada nunca. Su salida se produjo después una gran campaña social y mediática donde llegaron a implicarse las Naciones Unidas. La presión civil consiguió que el 31 de agosto el Congreso estatal aprobase una reforma exprés donde aplicó un atenuante a este crimen en razón de parentesco, que redujo de una pena máxima de 35 años a entre tres y ocho años de cárcel para las mujeres que den muerte a un recién nacido.

La movilización social y mediática consiguió que delegados de la ONU se reunieran con el gobernador del Estado y a los pocos días se reformará el codigo penal. AP Photo

“El homicidio en razón de parentesco es la manera de criminalizar a las mujeres pobres. Estos 9 casos no han sido aislados, responden a una política de estado para dar un castigo ejemplar a todas aquellas que quieran abortar”, explica Verónica Cruz, la directora del Centro de Derechos Humanos Las Libres, quiénes recuperaron las historias de estas nueve mujeres.

Ni Yolanda ni Ana Rosa, ni ninguna de las otras 7 mujeres encarceladas por el mismo delito en Guanajuato, tuvieron acceso a un proceso jurídico regular. No se les hicieron las pruebas necesarias ni se respetó su derecho a un proceso justo. En el caso de Ana Rosa, la presionaron a autoinculparse con el engaño que así saldría libre y volvería con su hija. Después de la declaración oral firmó cinco hojas en blanco. En el juicio de Yolanda, la fiscalía presentó como prueba un feto que ella nunca había gestado.

“Aquí quién administra y procura la justicia lo hace desde su carga cultural misógina. No hubo posibilidad de escucharlas, los médicos juzgaron, los fiscales no investigaron sino que directamente sentenciaron, y los jueces sólo la ratificaron, obviando por completo el derecho al debido proceso. El estado las utilizó de ejemplo, pensando que al ser mujeres sin recursos y casi sin estudios nadie las iba a reclamar” afirma Cruz.

En Guanajuato, además del caso de estas 9 mujeres, ha habido otras 166 denunciadas por aborto en la última década, la mayoría por los propios médicos que las atendieron al llegar desangrándose al hospital. De éstas, 30 han sido condenadas a penas entre 9 meses y 3 años por delito de aborto, aunque se han acogido a la libertad bajo fianza.

Gracias a Veronica Cruz y el Centro Las Libres se difundió los casos de estas nueve mujeres y se llegó a su liberación. M.S.

 

“Ahora podemos decir que en Guanajuato no hay nadie en prisión por haber abortado pero continúan 43 procesos penales contra mujeres que han interrumpido su embarazo. Cualquiera de estas podría ir a prisión por aborto o por homicidio, es la historia de nunca acabar”, se queja Cruz, quién agrega que es el estado quién debería garantizar los derechos de las mujeres. Pero sin embargo, desde 2009 han aumentado el número de denuncias, justo desde que  se reformó el código civil para proteger el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”. Guanajuato hizo esta reforma conjuntamente con otros 15 estados, de los 32 que conforman el país, después que en el Distrito Federal se legalizace el aborto libre y gratuito durante las 12 primeras semanas de gestación. Además, desde el año 2000, el aborto está penalizado incluso en caso de violación, y eso supone que vayan a la prisión incluso mujeres que han sido ellas víctimas de un delito.

La puesta en libertad de Yolanda, Ana Rosa, y el resto de mujeres no ha obedecido realmente a ningún cambio en la legislación sobre el aborto en este estado, sino que ha respondido a la presión nacional e internacional. Ninguna ha sido reconocida como inocente, o como víctimas de procesos irregulares. Simplemente salieron, porque con la disminución de la pena por el delito que se les imputa, ya cumplieron la condena correspondiente. Por eso, Yolanda no ve esto como una victoria definitiva y está dispuesta a seguir adelante con su exigencia de justicia.

“Nunca van a reconocer que hiceron un error, nos soltaron por la presión, pero para ellos seguimos siendo criminales. Tuvimos que aceptar la libertad en esas condiciones, pero ahora estando aquí fuera, voy a reclamar mi inocencia”, arguye decidida Yolanda, pese a que el gobernador le sugirió que estuviese callada.  Sabe que los casi siete años encarcelada no se los va a devolver nadie pero espera que se le reconozcan todas las vulneraciones a sus derechos y acabar con el estigma. Esta guanajuatense estudiaba primero de derecho cuando fue denunciada y ahora, quiere retomar sus estudios. No será tan fácil, porque en estos siete años ha tenido un bebé en la cárcel, que apenas tiene ocho meses, y ahora además de estudiar y trabajar tendrá que cuidar a su hijo.

Yolanda Martínez al salir de la cárcel el pasado 7 de septiembre. Imagen tomada de un video de Las Libres

Áun así, se muestra empeñada en seguir adelante y quiere acabar la carrera para luchar por los derechos de otras mujeres.  Eso sí, ve difícil pensar en la despenalización del aborto a corto plazo en Guanajuato, un estado con un gran peso de la iglesia católica y gobernado por el Partido Acción Nacional, el mismo del presidente Felipe Calderón, profundamente conservador. De hecho, aunque este estado ocupa el tercer lugar en el país donde hay más embarazos adolescentes, el gobierno se ha negado a impartir clases de educación sexual en las escuelas. En este contexto, tanto Yolanda como Verónica, aspira a que, por lo menos, se garantice el derecho al aborto por violación y por el resto de supuestos asumidos en gran parte del mundo. Les queda, pues, mucho trabajo por hacer.

Niegan amparos por ley antiaborto

Un juez federal dictaminó improcedentes 38 amparos presentados por mujeres guanajuatenses en contra de la llamada “Ley Antiaborto”.

Desde el 30 de mayo pasado, cuando entró en vigor la reforma al Artículo 1 de la Constitución del Estado de Guanajuato, al menos 90 mujeres interpusieron amparos ante los tribunales federales del estado, al sentir que sus derechos eran vulnerados.

“Para efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”, establece la reforma.

Arturo González Padrón, Juez I de Distrito, concluyó que ninguna de las mujeres que promovieron los amparos tiene interés jurídico, porque no han sido afectadas directamente por la reforma y por lo tanto, no hay ningún perjuicio qué reparar.

Esta resolución coincide con el análisis realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, tras el que determinó no impugnar la reforma, al concluir que no contraviene la Constitución federal, ni los derechos de las mujeres.

Además, argumenta que no anula lo que contemplan el artículo 163 del Código Penal y la Norma Oficial 046, que establecen la violación sexual y la imprudencia de la mujer embarazada como causales de la interrupción del embarazo.

“La reforma y adición del artículo primero de la Ley fundamental local no es contraria a la Constitución General de la República, no vulnera derechos humanos, toda vez que los derechos constitucionales -de igual relevancia- tanto para el concebido como para la mujer no implican per se una eventual colisión de derechos, sino que se interrelacionan armónicamente, es decir, por una parte, el derecho a nacer del producto de la concepción y, por otro lado, los derechos a la salud, la vida y la libertad de las mujeres, todos reconocidos en nuestro texto constitucional y las fuentes de derecho de origen internacional pertinentes al caso”, son argumentos de la Procuraduría de Derechos Humanos, que se repiten en la resolución del juez federal.

Organizaciones No Gubernamentales, como Las Libres y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, habían exigido a la procuraduría, interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Antiaborto”.

Consideraban que prohibía la posibilidad de cualquier tipo de aborto, incluso cuando el embarazo es el fruto de una violación o hay malformación en el producto.

Otros grupos como Suma Tu Voz y la Asociación Estatal de Padres de Familia, defendieron la reforma.

El estado de Colima fue el primero en el que un grupo de mujeres promovió juicios de amparo contra reformas para proteger la vida desde la concepción, por considerar que dicha medida atentaba contra varios de sus derechos.

Pero, después de atraer sus casos, finalmente la Corte desechó sus demandas sin siquiera revisar su contenido, porque detectó que las mujeres que pidieron la protección de la justicia no lograron acreditar que vivían en Colima y por lo tanto, su juicio resultaba improcedente.

En el 2008, la Corte también determinó que los congresos locales y no la Federación tienen la atribución de legislar sobre el aborto y que los legisladores tienen la facultad de decidir si despenalizan el aborto o no.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República tienen la facultad de promover juicios de acciones de inconstitucionalidad contra las leyes o normas que consideren que atentan contra la Constitución.

Pero tampoco impugnaron las reformas estatales.

Los amparos

•Unas 90 mujeres han promovido juicios de amparo ante la reforma al Artículo 1 de la Constitución de Guanajuato

•Organizaciones como Las Libres y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, exigen interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley antiaborto

•Colima fue el primer estado donde se promovieron juicios de amparo contra reformas para proteger la vida desde la concepción
 
León/Mariana Nieto

Sólo el 10% de mujeres denuncia violencia: CNDH

La Comisión a través del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer imparte cursos, conferencias y talleres para prevenir el problema

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ciudad de México | Miércoles 29 de septiembre de 2010 Miguel Ángel Sosa | El Universal17:50

Alrededor del 10% de las mujeres que han sufrido violaciones a sus derechos humanos acude al Ministerio Público a denunciar su caso, por lo que la mayoría de los abusos no quedan registrados en la estadística oficial, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo explicó que se estima que el mayor índice de violencia contra las mujeres en México se registra en el hogar.

En un comunicado detalló que la violencia emocional representa el 34% de las agresiones, económica 23%, física 19%, familiar 15% y sexual con un 9% aproximadamente.

Respecto a delitos sexuales, dijo que el 90% se comete en contra de la mujer y casi la mitad son menores de edad.

Ante esta situación, la CNDH agregó que a través del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer imparte cursos, conferencias y talleres.

Lo anterior con el objetivo de promover y difundir el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia.

Estas acciones, dijo, están dirigidas a funcionarios públicos, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes de ambos sexos.

La CNDH informó que ha promovido enlaces y reuniones de trabajo con diversos órganos como ONG, el DIF y el Poder Judicial de la Federación.

Así como con la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación y escuelas, entre otros.

De acuerdo a las quejas recibidas de 2006 al 2009, la Comisión Nacional explicó que en el ámbito laboral las mujeres son discriminadas, sufren de hostigamiento sexual, trato cruel y degradante e intimidación.

niz

Respeto al Estado laico y libertad para mujeres presas por abortar

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 28 sep. 10 (CIMAC).- Al grito de ¡“educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar”,  “porque amo la vida que la mujer decida”, y “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”!, más de 500 mujeres y hombres marcharon hoy en esta ciudad, para conmemorar el Día Internacional Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Los contingentes de mujeres partieron en punto de las cuatro de la tarde, del Monumento a la Madre hacia el Hemiciclo a Juárez. Mujeres jóvenes, niñas, adultas mayores, mujeres embarazadas, profesionistas empleadas y desempleadas iniciaron su caminata.

A la vanguardia, llevaban la manta del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Mientras caminaban exigían respeto al estado laico, y la libertad inmediata e incondicional para las mujeres presas por abortar.

Así anunciaban que México se unía a las movilizaciones internacionales que realizan muchos países por el Día Internacional Por la Despenalización del Aborto, que hoy cumple 20 años de conmemorarse, y reafirmaban que la situación del aborto y de los derechos reproductivos en México es grave, y amenaza la vida de muchas mujeres, sobre todo de las más pobres.

Entre los cientos de marchistas, al paso codo a codo y entonando consignas se veía a la feminista Marta Lamas y la ex candidata presidencial Patricia Mercado, quienes se unieron al unísono de “este cuerpo es mío, mío, mío, mío”.

De igual manera, marcharon representantes de organizaciones como Leticia Cuevas Rossette, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser); representantes de la organización feminista Pan y Rosas, del movimiento Amor y Esperanza, la ex diputada federal por Alternativa Socialdemócrata  Elsa Conde.

Al grito de “no están solas, y con una manta que decía  las mujeres que hayan sido violentadas tienen derecho a decidir, se unió a la movilización el contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las ex trabajadoras y trabajadores electricistas se unieron a las mexicanas para exigir el cese a la criminalización de las mujeres, y respeto al Estado laico, a su paso se escuchaba el sonar de los claxon de los autos que les mostraban su apoyo.

Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, integrado por cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal; a través de comunicados externaron sus exigencias.

Entre las que se encuentra: libertad inmediata a las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados de la república por abortar; despenalizar el aborto en todo el país; y garantizar su acceso a todas las mujeres. Garantizar el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria y el respeto al Estado laico.

ABORTO GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Ya en el Hemiciclo a Juárez, la feminista y las ex diputadas Martha Tagle Martínez, de Convergencia, en representación del Pacto al dar lectura al pronunciamiento, afirmó que en las últimas décadas en el país los abortos inducidos han aumentado en una tercera parte.

“De poco más de 500 mil abortos en 1990, pasamos a 870 mil abortos en 2006; es decir la tasa subió de 25 a 33 por cada mil mujeres en edad reproductiva, ubicándose entre las más altas del mundo”

Tagle Martínez, afirmó que esto implica un grave problema de salud pública y de justicia social, toda vez que las mujeres ricas pueden acceder a un aborto seguro mientras que las pobres arriesgan su vida y su libertad.

Situación que se agrava con las 17 reformas constitucionales, realizadas en igual número de estados de la república mexicana, que protege la vida desde el momento de la concepción, y criminaliza el aborto aún en casos de violación.

Dichas reformas fueron propuestas, votadas y aprobadas por gobernadores y legisladores de la mancuerna Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRI-PAN), subordinados por la jerarquía católica, afirmó Tagle Martínez.

“Quienes se oponen al derecho a decidir de las mujeres y promueven estas reformas, se niegan a reconocer que detrás de un aborto inducido, hay violencia sexual, falta de acceso a la anticoncepción, acceso a la salud y educación, así como pobreza, marginación e incompatibilidad con el proyecto de vida de la mujer”

Aquí en el Hemiciclo a Juárez, sitio que sintetiza las batallas por nuestras libertades fundamentales; nuestra aspiración a un régimen democrático y a un Estado laico, exigimos una maternidad libre y voluntaria, puntualizó.

10/GTR/LR/LGL

Llaman ONG a luchar por la despenalización

Mariana Norandi
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 31

Organizaciones feministas se congratularon ayer por la liberación de siete mujeres presas en Guanajuato acusadas de homicidio en razón de parentesco por haber abortado. Sin embargo, recordaron que en ese estado y en otros 16 persiste la criminalización de las mujeres.

Leticia Cuevas, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, manifestó su satisfacción por la excarcelación, pero advirtió que ello no significa exculpación, pues para el gobierno de Guanajuato esas mujeres continúan siendo homicidas.

Con esta liberación se cierra una etapa pero comienza otra, porque la lucha vuelve a comenzar hasta que todas las mujeres que continúan en la cárcel sean liberadas. El gobernador (de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva) modificó la ley para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco, para frenar la presión social, pero aún no reconoce la inocencia de las mujeres presas. Por eso la lucha sigue.

Alejandra Sepúlveda, de la organización Pan y Rosas, comentó que esta liberación es un aliciente para seguir luchando por aborto legal, gratuito y seguro en todo el país y para que a ninguna mujer se le encarcele por decidir sobre su cuerpo.

Exigen revisar leyes

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la excarcelación es resultado de la lucha de los movimientos feministas y pone en evidencia la impunidad y la falta de procesos adecuados en Guanajuato.

Sostuvo que el Poder Legislativo debería revisar los códigos penales locales y federal, pues la ley sigue siendo injusta con las mujeres.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, calificó de positiva la liberación de las acusadas y de acto de justicia indispensable.

Asimismo destacó la presión social de organizaciones civiles y dijo que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe debatirse públicamente.

Impugnará excarcelada en Guanajuato; busca se reconozca su inocencia

Yolanda retorna a casa molesta con la forma de su liberación al ser atenuada su pena por aborto.

Notimex
Publicado: 08/09/2010 19:30

Dolores Hidalgo, Gto. Después de pasar seis años y ocho meses en la cárcel, Yolanda Martínez, una de las siete mujeres liberadas ayer de un penal estatal, donde purgaba una condena por homicidio en razón de parentesco tras abortar, regresó hoy a su casa ubicada en este municipio.

Purgaba una condena de 27 años de prisión y gracias a la reforma al Código Penal del Estado, que presentó el gobernador Juan Manuel Oliva para disminuir la penalidad por este delito, hoy está en libertad, sin embargo, no está conforme.

“Al menos conmigo no cumplió todas las expectativas, yo quería que esta reforma simplemente cambiara para bien, pero el salir nuevamente culpables, el reintegrarte a la sociedad con un señalamiento de asesina no es fácil”, indicó entrevistada en su hogar, en la comunidad Las Trancas.

Adelantó que con el apoyo del centro Las Libres promoverán un recurso para que se reconozca su inocencia.

Yolanda fue liberada ayer, alrededor de las 17:40 horas, pero en casa ya le esperaba un gran recibimiento de familiares y amigos.

A pesar de la felicidad por tenerla en casa, su madre cuestiona que quién le regresará el tiempo perdido. “Yo creo que nadie, yo creo nadie le regresa su encierro, estar privada de su libertad, estar lejos de sus familiares, de sus amistades, de su hijo, no creo que nadie le recompense eso”, indicó Orlanda Montoya, madre de Yolanda.

La mujer que salió ayer libre disfruta las primeras horas de su libertad y espera pronto volver a la escuela. Cuando fue detenida llevaba un semestre de la carrera de Derecho, misma que quiere retomar para convertirse en activista, a favor de los derechos de las mujeres.

Y a decir de Yolanda, el gobierno del estado sí les ofreció algunos beneficios al ser liberadas, pero ella los rechazó.

“Sí, entonces yo no quiero nada, simplemente quería estar con mi familia, con mi hijo, y quiero que se reconozca mi inocencia, no quiero nada del gobierno”, sostuvo.

Yolanda analizará si buscará la reparación del daño. “Hay muchas cosas que queremos hacer, pero por ahora quiero disfrutar de mi hijo, de mi familia y ya veremos después lo que viene”, apuntó.

El nuevo decreto en las leyes de Guanajuato establece que “a la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrá de tres a ocho años de prisión. Anteriormente, se les castigaba de 25 a 35 años de cárcel.

Liberarán hoy a 7 mujeres presas por aborto en Guanajuato

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 7 sep 10 (CIMAC).- Hoy martes entró en vigor la reforma al Código penal, que dejará libres a siete mujeres de Guanajuato acusadas de “homicidio en razón de parentesco”, aunque el delito seguirá siendo castigado en la entidad, por lo que se prevé que obtengan su libertad después de las seis de la tarde, informó Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización La Libres.

Cruz Sánchez, dijo a Cimacnoticias, que “este beneficio legal”  alcanzará a una séptima mujer, también acusada de homicidio en razón de parentesco- de la cual su organización tenía conocimiento, pero que no apoyaron jurídicamente.

La activista argumentó que lo anterior fue porque así lo pidió, “es por ello que no documentamos su caso, pero sabemos que está en condiciones similares”, comentó.

Luego de que el Congreso del estado aprobó una iniciativa del gobernador, Juan Manuel Oliva, que disminuye las penas de “homicidio en razón de parentesco” de 35 años a condenas de 3 a 8 años, estas mujeres recuperarán su libertad, sin embargo, en otros estados del país aún hay mujeres encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado.

Un ejemplo son las cifras de la Procuraduría de Justicia de Puebla, donde en 8 municipios de la entidad hay 30 casos de mujeres indiciadas por practicarse un aborto, 9 de ellas ya fueron consignadas y 21 más enfrentan procesos de averiguaciones previas.   

Los municipios en los que se registran estos casos son: Acatlán, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Puebla y Tehuacán, en estos dos últimos municipios, se presentan el mayor número de casos con 7 y 8, respectivamente.

El grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas a su vez, ha documentado otros casos, como Baja California donde, dicen, hay 90 mujeres presas y en Sonora 30, también acusadas por decidir sobre su cuerpo.

A partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007, en los diferentes estados de la republica mexicana 17 congresos locales modificaron sus constituciones para criminalizar el aborto.

En Guanajuato el 8 de mayo de 2009 se aprobó la reforma constitucional que “protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y el viernes 3 de septiembre de este año, se publicó la reforma que reduce las penas en “homicidio en razón de parentesco” de 35 a  3 y 8 años de prisión.

En este contexto, hoy serán liberadas siete mujeres en Guanajuato; de acuerdo con la directora de la organización La Libres, desde ayer están esperando su liberación, por ello pasaron la noche afuera del penal de Puentecillas, en Guanajuato, mientras que en el de Valle de Santiago, una más espera su libertad.

Pero el delito sigue, afirmó a Cimacnoticias, Cruz Sánchez, quien dijo que aún no tienen nada preparado para las seis mujeres, pues esperan hablar con ellas y ayudarlas a reinsertarse a la comunidad y a su familia.

Al cierre de esta edición funcionarios del gobierno estatal, informaron que la salida sería después de las seis de la tarde, cuando finalicen los trámites.

10/AGM/LR/LGL

Exigen liberación para las acusadas de "homicidio en razón de parentesco"

Mariana Norandi

 

Periódico La Jornada
Viernes 3 de septiembre de 2010, p. 41

Representantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres se manifestaron ayer en el Hemiciclo a Juárez para exigir la inmediata e incondicional liberación de todas las mujeres encarceladas en Guanajuato, acusadas de homicidio en razón de parentesco.

Las activistas aseguraron que la atenuante que el Congreso estatal aprobó el martes para reducir la penalización de las acusadas responde a la presión nacional e internacional; sin embargo, no acaba con la persecución y criminalización de las mujeres en esa entidad.

Exigieron que las encarceladas sean declaradas inocentes y criticaron que el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez haya negado que esas mujeres fueron recluidas porque abortaron y que sean calificadas de asesinas, sostuvo Irma de la Cruz, integrante del Pacto.

Las manifestantes sostuvieron que el atenuante no es suficiente, porque, aunque la reducción de penas permite que las seis puedan ser liberadas, serán señaladas como homicidas tal como el gobernador Juan Manuel Oliva insiste en declarar.

Tras la lectura de un pronunciamiento, la activista demandó a diputados, senadores, magistrados y a todas las instituciones del país que se apeguen al principio de igualdad, que cumplan el artículo cuarto constitucional, que protege las garantías individuales, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque la democratización de un país representa poder satisfacer las necesidades de la población y pasa por priorizar y garantizar el respeto de nuestras vidas sin pretexto.

Recordaron que en ese estado se han iniciado 161 averiguaciones previas por abortar. De éstas, 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y nueve ya fueron sentenciadas, de las cuales, pese a los anuncios de que van a ser liberadas, todavía seis continúan presas.

Insistirán en que se reconozca inocencia de mujeres presas por aborto

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 2 sep 10 (CIMAC).- Feministas unidas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres se concentraron hoy en el Hemiciclo a Juárez, con el propósito de exigir la libertad inmediata de las seis mujeres “injustamente” presas en Guanajuato, quienes después de sufrir un aborto espontáneo fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco.

Reunidas en el centro de la Ciudad de México, las manifestantes celebraron que debido a la reciente modificación al artículo 156 del Código Penal del estado, se prevé que las mujeres encarceladas queden libres en los días siguientes, pero no será porque se reconozca su inocencia sino porque la reforma redujo la pena de un máximo de 35 a 8 años.

A decir de Daphne Cuevas, de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, la liberación de Ofelia Segura, Yolanda Martínez, Liliana Morales, Susana Dueñas, Araceli Camargo y Ana Rosa Padrón, se dará de forma errada, pues, “salen después de haber purgado un delito que no cometieron, sin que se reconozca su inocencia”.

Las mujeres presas llevan hasta ocho años en prisión por sufrir un aborto espontáneo, sin embargo, su liberación no garantiza que otras guanajuatenses en iguales circunstancias no atraviesen por el mismo camino de injusticia, advirtieron las feministas.

Actualmente, en esa entidad federativa, se han iniciado 161 averiguaciones previas por aborto, de estas denuncias, 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y 9 de ellas han sido sentenciadas por ese delito, hoy seis de ellas siguen en prisión.

“La criminalización de las mujeres que abortan es una posición ideológica que viene directamente del Partido Acción Nacional (PAN) en alianza con la jerarquía conservadora que cree que las mujeres no tenemos derecho a decidir y quieren seguir teniendo tutelaje sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”, señaló Daphne Cuevas.

Por ello, “vamos a seguir denunciando hechos como los de Guanajuato, presentes en al menos 17 estados del país, que se han dado durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa”, quien hoy envió un mensaje a propósito de su cuarto Informe de Gobierno.

De acuerdo con Martha Nava, del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, la penalización del aborto, es un “atropello a los derechos humanos de las guanajuatenses y de las mexicanas en general, es coartarles su vida, sus aspiraciones”.

DESDE LA FECUNDACIÓN

De octubre a la fecha, 17 de las 32 entidades federativas, modificaron sus legislaciones locales para proteger la vida desde la concepción-fecundación y hasta la muerte natural, criminalizando con ello la interrupción legal del embarazo.

En Guanajuato y en todo el país la situación es alarmante, ya que la penalización del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos “impide que haya una educación sexual adecuada, y permite que el gobierno actúe acorde a preceptos morales y religiosos”.

Nava mencionó que en este escenario, continuarán con la exigencia de respeto al Estado laico, la despenalización del aborto y la libertad de las mujeres presas por abortar, documentando y denunciando las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, labor que comenzaron hace nueve meses.

En este sentido, la también integrante de Feministas Socialistas señaló que apoyarán a las seis mujeres de Guanajuato para que una vez en libertad, éstas sean declaradas inocentes, mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

10/GCJ/LR/LGL

El PRI atajará las reformas “regresivas y autoritarias”

México.- El PRI no será sólo un dique, sino que se erigirá como un auténtico valladar contra las reformas “regresivas y autoritarias” que el PAN y el Ejecutivo plantean en materia laboral y fiscal, advirtieron Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Flores Rico, vicecoordinadores de la bancada priista en la Cámara de Diputados.

En respuesta al senador panista Gustavo Enrique Madero, quien calificó al PRI de retrógrado y obstructor, los legisladores del tricolor remarcaron que su partido se mantendrá como una oposición responsable y constructiva, sin que ello implique avalar iniciativas lesivas para los mexicanos.
Ramírez Marín emplazó a Madero a revisar las estadísticas y contabilizar el número de reformas aprobadas por los legisladores priistas, pero también advirtió: “Lo que no podrá hacer el senador Madero es hacernos votar a favor de lo que estamos seguros daña al país”.

Sobre el calificativo de retrógrada que el coordinador del PAN en el Senado de la República lanzó al PRI, Ramírez Marín respondió: “Tiene razón, somos tan retrógradas que vinimos a la sesión que instaló a (Felipe) Calderón en la Presidencia de la República”.

Por separado, el también vicecoordinador priista Carlos Flores Rico sostuvo que las descalificaciones de Madero contra el PRI representan una “expresión diáfana del pensamiento obtuso y autoritario de la derecha”.

Afirmó que detrás de los señalamientos del senador panista se esconde la intentona de responsabilizar al priismo de las insuficiencias e ineptitudes del actual gobierno.

Por lo demás, dijo, el PRI no sólo será un dique, sino se erigirá en un auténtico valladar contra las reformas “regresivas, autoritarias y antidemocráticas” del PAN y del Ejecutivo.

Como ejemplo de esos proyectos citó la reforma laboral que pretende limitar los derechos de los trabajadores; la reforma fiscal, para elevar los impuestos en perjuicio de los sectores más desprotegidos, así como las reformas panistas que buscan socavar los derechos de las mujeres.

Madero llamó el fin de semana a “abatir el dique” levantado por el PRI contra la aprobación de las reformas estructurales, y agregó que al Revolucionario Institucional no les bastaron 70 años de gobierno obstructor, sino hay qué agregarla 10 años más como “oposición retrógrada”.

Ramírez Marín y Flores Rico lamentaron la tentación panista de aniquilar a quienes consideran enemigos, en lugar de generar un clima propicio para los acuerdos entres las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

 

Fernando Damián

Mujeres triquis buscarán solidaridad de feministas en Zacatecas

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax. 23 ago 10 (CIMAC).- Tras una nueva emboscada que el sábado pasado ocasionó la muerte de tres personas originarias de San Juan Copala, mujeres triquis suspendieron la caravana que saldría hoy a la ciudad de México.

Anunciaron que una comisión asistirá al Encuentro Nacional Feminista, a realizarse en la ciudad de Zacatecas la próxima semana, “para buscar la solidaridad de nuestras compañeras de todo el país y para denunciar la política de violencia que seguimos viviendo en nuestra región”.

Reiteraron las dificultades que tienen para salir del autodenominado municipio autónomo porque desde ese día se siguen registrando ataques en algunas veredas que comunican a las poblaciones cercanas.

“Desde ese día y hasta el día de hoy, la violencia ha aumentado y ha impedido que nuestras compañeras cumplan con esta acción de movilización que estaba programada”, expusieron en un comunicado las mujeres triquis que están en resistencia.

La caravana, que pasaría por la ciudad de Oaxaca, el municipio mixteco de Huajuapan de León, y por Chila de las Flores, en Puebla, era una acción de protesta por la impunidad de las decenas de crímenes que tan solo en este año han ocurrido en una zona cuyo control se disputan tres organizaciones sociales: la UBISORT, el MULT y el MULTI.

La coordinadora de las mujeres de Copala, Mariana Flores, dijo a Cimacnoticias que la veintena de mujeres, “del huipil rojo, las que siempre hemos callado cuando el poderoso manda dolor y muerte a nuestros suelos, las que hemos visto morir al hijo, al padre, al hermano o al compañero, sin decir una palabra”, se mantendrán en el plantón indefinido que desde el pasado 7 de agosto instalaron en el zócalo oaxaqueño.

“No nos moveremos de ahí hasta que existan las condiciones para poder vivir en nuestra comunidad”, aunque también tienen el temor de que puedan sufrir alguna agresión o acto de provocación, ya que han visto “a varios hombres sospechosos rondado los lugares donde ellas se encuentran”, algunos de ellos “han sido identificados como integrantes de esos grupos armados que tienen en sitio y en terror a nuestro Municipio Autónomo”.

La procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, confirmó que los organizadores de la caravana que se realizaría hoy en apoyo a los pobladores de San Juan Copala sufrieron un atentado cuando se trasladaban en una camioneta en la carretera que conduce de Santiago Juxtlahuaca a Putla de Guerrero, en el paraje conocido como Cumbre de Hierba Santa.

Rigoberto Silvano González, Antonio Cruz y Antonio Ramírez resultaron muertos y dos personas más están heridas. Por la gravedad de sus heridas, Víctor de Jesús González fue intervenido ayer en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso.

En otro comunicado, la Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui (Ubisort), se deslindó de esas tres muertes “que forman parte de la estrategia de victimización de los llamados autónomos”, ya que desde que la agencia de San Juan Copala se declaró municipio autónomo, “la violencia se ha incrementado y cobrado muchas vidas de nuestros hermanos y hermanas triquis”.

A estos tres asesinatos se suman al menos otros 20 que se han registrado en la zona triqui en lo que va del año, entre ellos el de la activista Beatriz Cariño y el filandés Jiry Jaakola, quienes el 27 de abril intentaron llegar a San Juan Copala en una primera caravana que buscaba llevar ayuda a los pobladores.

En mayo pasado, murió Cleriberta Castro cuando su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los líderes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), fue asesinado.

Según la procuradora, el atraso en las investigaciones de estos asesinatos y otros casos, se debe a que los testigos no se presentan a declarar. El secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Martínez, insistió en que no es con caravanas como se resolverá el problema en la zona, porque aún las tres organizaciones sociales no se sientan a dialogar.

10/NA/LR/LGL

Encarceladas por aborto, podrían quedar libres

   

El gobernador de Guanajuato propuso reformas que, de aceptarse, podrían dejar libres a las acusadas de aborto. NTX

• Derechos Humanos

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, señaló que dichas mujeres no están detenidas por motivo de aborto

NEZAHUALCÓYOTL, GUANAJUATO (23/AGO/2010).- Las seis mujeres recluidas en el Estado de Guanajuato acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco podrían obtener su libertad en los próximos días, informó el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.

Luego de participar en Nezahualcóyotl en un foro para promover las fiestas del bicentenario que se realizarán en Guanajuato, el panista Oliva Ramírez reiteró la negación sobre que dichas mujeres estén recluidas por motivo de aborto.

Las seis enfrentan sentencias de 25 años de prisión, pues están acusadas de asesinar a sus hijos.

Agregó que actualmente la legislación penal de Guanajuato sanciona con 25 a 30 años de prisión el delito de homicidio en grado de parentesco, por lo que su Gobierno propuso al Congreso local reducir la penalidad entre tres y ocho años de prisión.

“Aplicando los criterios jurídicos del Estado, las mujeres que hoy tienen esta pena por el delito de homicidio en grado de parentesco pudieran salir libres, si el Congreso del Estado aprueba las reformas de ley”.

Oliva Ramírez añadió que tal propuesta fue planteada por su Gobierno debido a la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG).

Mencionó que dictámenes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia PDHG establecen que en Guanajuato “no hay criminalización de las mujeres”, por lo que rechazó que su Gobierno persiga a las féminas que decidan abortar.

Reiteró la importancia de que las citadas reformas sean aprobadas para que las mujeres actualmente recluidas en Guanajuato por ese delito puedan salir en libertad.

En días pasados, la PDHEG recomendó al Congreso de la Entidad una reforma al Código Penal para reducir el castigo por homicidio en razón de parentesco, con lo que las seis mujeres presas por ese delito podrían salir libres, según el ombudsman de la Entidad Gustavo Rodríguez Junquera.

En los Ceresos de Guanajuato y Valle de Santiago las reclusas María Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha purgan penas de 25 a 29 años por ese delito.

CRÉDITOS: El Universal / GJD Ago-23 03:31 hrs

Clausuran sede del gobierno de Guanajuato

Elizabeth Velasco C.

 

Periódico La Jornada
Lunes 23 de agosto de 2010, p. 14

Jóvenes integrantes de Proyecto 21, Colectivo Udiversidad y de la comunidad lésbico-gay de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) clausuraron simbólicamente la sede de la representación del gobierno de Guanajuato, con la exigencia de excarcelar a las seis mujeres que por abortos espontáneos purgan sentencias de más de 25 años por homicidio en razón de parantesco.

Con listones rojos con la palabra peligro en negro, cerraron simbólicamente el edificio de Arquímedes 4, en Polanco.

En los portones se pegó la bandera arcoiris de la comunidad lésbico-gay y carteles en los que se leía: ¡Ya basta! Libertad a las presas víctimas de la misoginia del estado de Guanajuato y Por el derecho a decidir de las mujeres en todo el país . En otro cartel, en azul y blanco, destacaba la esvástica que identificó al gobierno de Adolfo Hitler, con la leyenda: Estado represor.

Fue un performance improvisado al mediodía. Den Villuendas, de Proyecto 21, dio cuenta de las circunstancias que llevaron a Yolanda Martínez, Susana Dueñas, Araceli Camargo, Ana Rosa Alarcón, Liliana Morales y Ofelia Segura al penal de Puentecillas, Guanajuato: sin tener derecho a un proceso imparcial y justo, sin ser escuchadas, sin poder decidir sobre su cuerpo y lo peor, sin que fuera su voluntad el haber abortado.

Una vez enunciado caso por caso, se consignó la constante que marca su proceso: vivir en condición de extrema pobreza, carecer de acceso a la educación, trabajar en el campo, ser indígenas, haber sido violadas y amenazadas por sus victimarios. Y, como corolario, sufrir una detención arbitraria y a todas luces injusta con sentencias que superan los 25 años.