Desaparecidas, más de 3 mil poblanas: ONG

La Organización No Gubernamental Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que de 2005 a la fecha se realizaron ante la PGJ de Puebla más de 3 mil 300 reportes de mujeres desaparecidas, la mayoría entre los 13 y los 29 años.

El informe indica que en 2005 se reportaron 61 desapariciones de mujeres y en 2006 fueron abiertos 137 expedientes; sin embargo, el problema incrementó en 2007 con mil 402 casos, para 2008 fueron mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres. La representante de la red, Vianeth Rojas Arenas, explicó que de acuerdo con el INEGI, Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en número de asesinatos de mujeres con promedio de 400 por año. “Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran en Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California”, expresó con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres que se celebra este jueves.

Agregó que la violencia se manifiesta en circunstancias que generan contextos de vulnerabilidad y que la violencia más frecuente es la de pareja: 47.1% de las mujeres de 15 años y más la han sufrido durante su última relación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 39 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales; mientras que de las que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 49.8 por ciento sufren violencia laboral.

ONGs e UIA exigen autonomía del IPM

Lamentaron que el IPM ha perdido representatividad y credibilidad.

Arturo Cravioto

La coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Iberoamericana (UIA), Lourdes Pérez Oseguera, sentenció que la gran deuda histórica del Ejecutivo local hacia las mujeres es la autonomía del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), por lo que exigió la ciudadanización del organismo.

Al presentar la Agenda Ciudadana de Mujeres, bajo el contexto del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer,  la académica lamentó que el IPM ha perdido representatividad y credibilidad ya que no ha tenido la sensibilidad para evitar que las mujeres de la entidad sigan siendo víctimas de atropellos.

En consecuencia, anunció que junto con varias Organizaciones No Gubernamentales, se le entregará una terna al gobernador electo para designar a la titular de dicha oficina.

Además destacó que la actual política del organismo está muy alejada de las necesidades reales de las mujeres y no se han podido aterrizar medidas que frenen la desigualdad y la violencia contra las mujeres

“Al gobierno electo le queremos presentar esta agenda ciudadana, porque lo que le queremos pedir es que ciudadanice al IPM, en congruencia con sus propuestas de transparencia y compromiso con la pluralidad, en atención a que aseguró que iba a tener oídos para escuchar a todos los ámbitos de la sociedad y uno de ellos somos las mujeres ya que somos el 52 por ciento de la sociedad”.

Exigió que a las mujeres se les atienda con responsabilidad y si exclusión y es importante por ello que este instituto se ciudadanice y con ello vuelva a la legalidad que le marcan los estatutos de la Ley 

Orgánica ya que su consejo consultivo ciudadano dejó de funcionar desde el inicio de la presente gestión.

Además destacó exigirán las reformas a los artículos de la Ley Orgánica del instituto que refieren a la designación de su titular, para lo que proponen que quien lo dirija provenga de ternas que sean propuestas por los sectores de la sociedad vinculados con el tema de la equidad de género.

En ese punto, reveló que varias organizaciones no gubernamentales se han unido y tienen una terna con tres candidatas posibles, pertenecientes a diversos sectores de la sociedad como el académico, y en su momento será presentada al gobierno estatal electo.

Iluminan mujeres la plancha del zócalo, contra la violencia

por: Mario Martell

El zócalo de la ciudad se iluminó. Pero esta vez no fueron los fuegos artificiales de los festejos patrióticos, sino la indignación cívica por la violencia que sufren las mujeres en México y en Puebla.

El acto fue un duro latigazo contra la pasividad de los partidos políticos en la defensa de los derechos de las mujeres: “las ciudadanas de Puebla somos más fuertes que los partidos políticos y su violencia institucional y sistemática contra nosotras, porque ustedes se irán pero nosotras perduramos y vivimos en este estado que es nuestro, no suyo”

No fue una voz tenue, sino la enérgica condena de la inacción de los actores políticos ante el problema de la violencia que sufren las mujeres, en especial al contubernio entre el PRI, PAN y la jerarquía eclesiástica: “no olvidaremos el pacto que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y la Iglesia católica hicieron para aplastar aún más los derechos reproductivos de las mujeres poblanas con su reforma al artículo 26 de la Constitución Política del estado,” señaló el colectivo DDSER al fijar su postura en el zócalo de la ciudad.

Además, la red condenó que la coalición “Compromiso por Puebla” no incluya el tema de género: “pacto que refrendan los demás partidos políticos, tanto Convergencia, el De la Revolución Democrática y el Partido Nueva Alianza al decir que este tema no está en su agenda aliancista electorera. Porque eso nos siguen tratando como a ciudadanas de quinta.”

La plancha del zócalo se iluminó con cientos de veladoras rememorando las situaciones de violencia que sufren miles de mujeres en nuestro país. También se volvió un hervidero de indignación.

“Este sexenio que termina ha sido una época oscura para las mujeres poblanas. El estado y los tres niveles de gobierno han permitido que nos desaparezcan, nos golpeen, nos  humillen, nos vendan, nos exploten, nos infecten, nos maten. En todos y cada uno de los espacios públicos y privados.”

“Fuera el desastre
patriarcal”
Los representantes del colectivo DDESER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México) aseguraron que “la factura se las pasaremos muy pronto porque estamos aquí. Estamos vivas y estamos fuertes a pesar de la necrocracia que impera en México. Nosotras, las mujeres de este país estamos sacando a flote este desastre patriarcal.

”No queremos más discursos ni simulaciones, no aceptamos que el Instituto Nacional de las Mujeres certifique a la Procuraduría General de Justicia del estado en el modelo de equidad de género, cuando esa procuraduría encabezada por Rodolfo Igor Archundia no ha movido un dedo por las más de 3 mil desaparecidas en el estado. No persigue a tratantes de mujeres, niñas y niños, no mueve un dedo por no sobrevictimizar a las mujeres que han sido violadas, persigue a niñas y jóvenes que han abortado y nos criminaliza a todas”.

En el sitio que ocupa el asta bandera y frente al reloj electrónico del bicentenario, se colocó un cartel con la leyenda “3 mil 323 mujeres desaparecidas en Puebla”. Un lazo color morado le daba un tono sobrio al anuncio.

Igual fue el número de veladoras en la plancha del zócalo que el de mujeres declaradas como desaparecidas.

Nataly Hernández y Vianeth Rojas Arenas leyeron un pronunciamiento a nombre de grupos y asociaciones civiles que respaldaron solidariamente la expresión de violencia contra las mujeres; resaltaron un análisis a las políticas fallidas de la actual administración estatal en el tema de la protección de los derechos de las mujeres, en especial del Instituto Poblano de la Mujer y de la Procuraduría General de Justicia, pues en Puebla se violan de manera sistemática los derechos de las mujeres.

Dan la espalda a colectivo
Las integrantes del colectivo DDESER refirieron que el gobernador electo Rafael Moreno Valle no ha querido recibir a estas organizaciones para conocer la problemática de agresión que viven las mujeres en Puebla, por lo que externaron su preocupación.

Piden ONG a Moreno Valle garantizar el derecho a decidir la maternidad

ARTURO ALFARO GALÁN

Integrantes de 26 organizaciones estatales en apoyo y defensa a los derechos de la mujer exigieron a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas derogar la fracción IV del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla que establece: “la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.

La propuesta, apuntaron, impactará directamente en el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad, tener acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo “a garantizar el acceso a la justicia en situaciones de interrupción del embarazo” en casos de violación, malformación del feto, peligro de vida de la mujer y descuido grave del embarazo, “que aunque son excepciones contempladas en la ley, son con frecuencia impedidas en la práctica”.

Ayer, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana (Ibero), junto a 25 organizaciones pro–mujer, presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres, que recoge la visión y propuestas de incidencia a favor de las féminas del estado, ordenadas en tres temas concretos que sintetizan las esferas más urgentes para ser atendidas desde la política pública.

Lourdes Pérez Oseguera, coordinadora del observatorio, explicó que la agenda ciudadana plantea la necesidad de brindar una representatividad popular al Instituto Poblano de las Mujeres, así como instaurar estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

“Estos temas no agotan todos los problemas que sufren las mujeres derivados de la discriminación, pero recogen las preocupaciones más sentidas en todos los espacios, por lo que se fijan en esta agenda y se acuerda después trabajar en una agenda más amplia. Tampoco son limitativos para el logro de otros derechos y de políticas públicas que favorezcan las mujeres en otros temas y en los diferentes órdenes de gobierno”, expresó.

La agenda ciudadana establece que es obligación del estado velar porque se respeten y promuevan los derechos sexuales y reproductivos entre los adolescentes. “Especialmente en las mujeres más jóvenes y pobres”, pues están expuestas a la violencia sexual y a sufrir las consecuencias negativas de un embarazo adolescente si no cuentan con las condiciones adecuadas para el ejercicio libre de su sexualidad.

Ante ello, a través de la agenda, solicitaron al actual gobernador del estado Mario Marín Torres presentar un diagnóstico de atención en salud sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil; además, ejecutar un programa de atención a niños y adolescentes, centrado en el concepto de la salud integral.

Sobre la reforma constitucional al artículo 26, aprobada en marzo de 2009 por el Congreso del estado, las organizaciones pro–mujer pidieron al Ejecutivo iniciar un proyecto dirigido a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente que garantice lo previsto por la norma NOM046–SSA–2005 con la intención de garantizar el uso de la anticoncepción de emergencia, la interrupción legal del embarazo y el tratamiento antirretroviral pos exposición.

“El gobierno del estado tiene una gran deuda con las mujeres. Quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos; queremos acciones concretas”, señaló Natalí Hernández Arias, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Entre las organizaciones que figuran destacan: el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres; Espacio Espiral; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Yolchicahua Agencia; Profesoras y egresadas de la Especialidad en Prevención de Violencia Familiar de la Ibero Puebla, estudiantes del Colegio de Antropología UAP y de la UDLAP, y el Colectivo Ciudadano de Mujeres por la Democracia.

Reprueban violencia contra la mujer

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México encendió 3 mil 323 veladoras

Hubo un pronunciamiento en contra de la agresión física y verbal que sufrió la reportera de CAMBIO Selene Ríos Andraca el pasado martes, por parte de uno de los guaruras del gobernador electo Rafael Moreno Valle

Luz Elena Sánchez

En apoyo a las mujeres poblanas que han sido víctimas de violencia, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y miles de poblanos se reunieron en el Zócalo capitalino con el objetivo de encender 3 mil 323 veladoras para demostrar el valor y respeto por el género más vulnerable de la sociedad.

El número de las luces que se buscó encender corresponde a las mujeres que desde el 2009 han desaparecido en la entidad. En el evento se hicieron pronunciamientos contra actos de violencia concretos que han sufrido algunas féminas del mundo, del país y del estado en diferentes ámbitos, como el familiar, el social y el laboral.

En este contexto, se dedicó un pronunciamiento en contra de la agresión física y verbal que sufrió la reportera de CAMBIO Selene Ríos Andraca el pasado martes, por parte de uno de los guaruras del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Natalí Hernández, miembro de la red organizadora, enunció: “Repudiamos esa acción indignante; no puede decirse que por ser periodista a eso se atiene, de ninguna manera es un acto justificable”.

Del mismo modo, reconoció el valor que Ríos Andraca tuvo de hacer la denuncia pública: “Lo celebramos, fue muy valiente que lo dijo de frente, en voz alta, con nombre y apellido”. Agregó que la agresión fue ridícula e indignante, por tratarse de personal de una autoridad que ahora es electa, y calificó de mal pago al voto ciudadano por no permitir que las personas se le acerquen.

La activista vislumbró un futuro desalentador para Puebla en cuestión de violencia hacia las mujeres, al aseverar que la gran mayoría de las mujeres ha tenido un episodio violento: “Siete de cada diez mujeres han vivido violencia en su casa, por su pareja o por su familia, y cerca del 53 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia en espacios públicos como la escuela, lugares de trabajo, etcétera. Además Puebla tiene el récord por mujeres criminalizadas por interrumpir embarazos”.

Ocupa Puebla séptimo lugar en violencia contra mujeres

En diez entidades federativas los niveles se sitúan por encima del promedio nacional, que es de 67 por ciento

Miguel Ángel Cordero

Puebla es la séptima entidad del país en la que se registra mayor violencia contra mujeres, reportó el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI) con motivo del Día Internacional contra la Violencia Femenina.

El primer lugar lo ocupa Jalisco (78.5 por ciento), le sigue el Estado de México (78.2 por ciento), el Distrito Federal (76.8 por ciento), Colima (71.3 por ciento), Aguascalientes (70.6 por ciento), Durango (70.1 por ciento), Puebla (69.8 por ciento), Morelos (69.3 por ciento), Sonora (68.5 por ciento) y Chihuahua (67.7 por ciento).

De acuerdo con el INEGI, la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en diez entidades federativas niveles por encima del promedio nacional, que es de 67 por ciento.

En 2008, de las muertes por violencia registradas en la entidad, 81 fueron de mujeres y 423 de varones, lo que arrojó una tasa de 2.8 y 15.7 decesos intencionales por cada cien mil mujeres y varones.

El INEGI reportó además que en 2005 las mujeres de 15 años y más presentaron una tasa de analfabetismo de 15.4 por ciento, mientras que entre los hombres fue de 9.6 por ciento.

Asimismo, los datos reportan que 70 de cada cien mujeres de 15 años y más padecieron algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.

Los actos de violencia en contra de las mujeres se manifiestan en todos los ámbitos y son ejercidos por diversos sujetos, desde los más cercanos, como la pareja, hasta por desconocidos, pero también directivos o compañeros de trabajo, directores, maestros o compañeros de escuela, y por diversos familiares, señaló el reporte del INEGI.

Los datos demográficos arrojados indican que únicamente 4.1 por ciento de los municipios de la entidad son presididos por mujeres, y que por cada cien mujeres de cinco años y más en el estado, 12 hablan lengua indígena.

De igual manera, la esperanza de vida de las poblanas es de 77.9 años, cinco más que los hombres, quienes cuentan con 72.8.

PGJ da cifras alegres sobre la desaparición de mujeres

Dicen que sólo tienen registradas 11 averiguaciones previas y que todas las féminas regresaron a su casa

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, le respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran la desaparecieron 3 mil 323 mujeres: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel”

Daniel Hernández Cruz

La Procuraduría General de Justicia respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran que en el actual sexenio desaparecieron 3 mil 323 mujeres, pues dice que dicha cifra fue de un reporte del servicio telefónico Locatel y no de averiguaciones previas iniciadas, además que la dependencia sólo tiene conocimiento de 11. Asimismo, aseguró que todas las mujeres extraviadas regresaron a su núcleo familiar y ninguna fue víctima de algún delito.

En rueda de prensa el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, señaló que el número de féminas extraviadas dada a conocer es falsa: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel de mujeres extraviadas o ausentes, y que posteriormente, por diferentes razones, se reincorporaron a su núcleo social”.

Explicó que en la agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en lo que va del sexenio, únicamente 11 mujeres se encuentran reportadas como desaparecidas.

De la misma forma aseguró todas las mujeres reportadas como desaparecidas en Locatel fueron reingresadas a su núcleo familiar y que ni una sola fue víctima de un delito. Sin embargo, estas declaraciones contradicen las acciones de la Procuraduría, pues en varias ocasiones han informado de capturas de sujetos que tenían a mujeres privadas de su libertad, esclarecido homicidios o rescate de víctimas de trata de personas.

Cuando fue cuestionado al respecto, incluso dijo que no recordaba casos de ese tipo, a pesar de que muchos de ellos fueron dados a conocer por la propia dependencia y otros en medios de comunicación.

Pérez Dorantes señaló que cuando se recibe una denuncia por desaparición se realiza la búsqueda y localización por medio de una investigación de la Policía Ministerial en colaboración con la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la intervención de la Policía de Inteligencia, la Policía Cibernética. Para aquellos casos en los que se requiere, se realiza una búsqueda internacional —aunque hasta el momento no ha sucedido—, así como colaboración con las procuradurías de otros estados.

Dijo también que por la cercanía que guarda esta entidad con el Estado de México y el Distrito Federal, se solicita la información en las oficinas de Odisea y Capea (programas de localización de personas ausentes o desaparecidas).

Explicó que para la atención de este tipo de casos se puso en funcionamiento la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como nueve Centros de Protección a Víctimas del Delito, tanto en la capital como en las principales cabeceras distritales, también en el Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, donde las agraviadas cuentan con albergue, atención médica, psicológica y alimentación.

 Numeralia

La Procuraduría ha dado a conocer casos de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y después localizadas, víctimas de delitos.

Febrero 2010. Una menor de 17 años, originaria de Cuetzalan, fue raptada por dos hombres y una mujer que la pretendían prostituir en Tijuana. Los padres denunciaron la desaparición.

Marzo 2010. Una mujer fue encontrada entambada. Fue reportada por su familia como desaparecida.

Junio 2010. Derek Lorenzo Dharrling Castaño fue detenido por la Procuraduría General de Justicia, engañó a una mujer y la obligaba a vender drogas. También fue denunciada su desaparición.

Julio 2010. Tres sujetos fueron detenidos por el homicidio de una menor de 13 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre, 2009 3047/2009/ATLIXCO/AESEX.

Octubre 2010. Se denuncia la desaparición de una mujer de 24 años en San Martín Texmelucan, días después es encontrada muerta en Ixtapaluca en el Estado de México.

70% de mujeres en Puebla ha padecido algún tipo de violencia

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que habitan en el estado ha padecido algún tipo de violencia ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar.

Es decir, al menos un millón 239 mil 492 mujeres padecieron algún tipo de daño moral, físico o ambos, siendo que el ámbito donde ocurre la mayor violencia contra las mujeres es en las relaciones de pareja, y por ende el principal agresor es el esposo o pareja.

En Puebla, una de cada dos mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por esta en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

Lo anterior se desprende de la información que la institución difundió a propósito del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la cual ubica a la entidad como el séptimo estado donde se ejerce la violencia contra este género, por debajo de Jalisco y el estado de México, con 78 por ciento de mujeres violentadas, así como del Distrito Federal, Colima, Aguascalientes y Durango.

La información del Inegi, basada en la Encuesta de la Dinámica de los Hogares del año 2006, indica que 887 mil 856 mujeres padecieron algún tipo de violencia de su actual o última pareja a lo largo de su vida; otras 449 mil 173 la padecieron de su actual pareja o esposo en el último año; unas 290 mil 717 por parte de personas de su familia en el último año.

Asimismo, 281 mil 83 mujeres declararon que han sido víctimas de violencia en la escuela a lo largo de su vida; en sus trabajos en el último año otras 165 mil 469 y de cualquier persona en espacios públicos a lo largo de su vida unas 699 mil 680 mujeres.

La falta de obediencia es el motivo más frecuentemente mencionado por las mujeres que participaron en la encuesta; 41 por ciento de quienes dieron esa respuesta aseguró que a cambio recibía violencia emocional; 47 por ciento padeció violencia económica; 49 por ciento violencia física y 69 por ciento violencia sexual.

15 por ciento de las alguna vez casadas y 31 por ciento de las alguna vez unidas ha pensado en suicidarse tras haber sido violentadas; 38 por ciento de las primeras ha intentado quitarse la vida, mientras que en el caso de las segundas esta cifra se eleva a 48 por ciento.

En cuatro de cada 10 mujeres casadas o unidas reportaron al menos un daño físico derivado de la violencia física o sexual que ejerce su esposo; entre las alguna vez unidas estos ascienden a seis mujeres de cada 10 con daños producto de la violencia, tales como moretones e hinchazón, hemorragias y sangrado vaginal y las cortadas, quemaduras o pérdida de los dientes.

En México 2 mil 620 feminicidios en dos años

MÉXICO, D.F., 25 de noviembre (apro).- Organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones impulsoras de la equidad de género exigieron hoy al gobierno federal poner un alto a la violencia institucional contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro Fray Francisco de Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Equidad y género entre otras, urgieron al gobierno a tomar “acciones inmediatas” para erradicar esta problemática.

A través de una carta pública difundida en varios medios de comunicación del Distrito Federal, las organizaciones firmantes demandaron que el Estado mexicano modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo, agregaron, es agilizar los mecanismos de protección contemplados en la dicha ley, en especial, la “declaratoria de alerta de género”.

Destacaron que, de acuerdo con datos de procuradurías estatales, en sólo tres años, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, se documentaron 2 mil 620 feminicidios “en menos de la mitad del país”. Todos esos asesinatos, subrayaron, fueron cometidos “solo hecho de ser mujeres”.

Además, señalaron las desigualdades que aún padece el sector femenino frente al de los varones en nuestro país: Las mujeres sin escolaridad representan el 9.6% del total de la población mayor de 15 años, mientras que los hombres, 7.2% de ese mismo universo poblacional. “Eso es violencia institucional”, subrayaron.

Asimismo, hicieron notar que el ingreso promedio por hora trabajada para las mujeres es de 29.02 pesos, mientras que en los hombres es de 30.25 pesos.

Por si fuera poco, agregaron que cada año mueren aproximadamente 1,200 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto, pauperio y aborto, cuando estas causas son evitables.

Hicieron notar que mientras en el Distrito Federal las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no son consideradas delincuentes, en el resto del país son encarceladas y condenadas.

“En México se penaliza a las mujeres pobres, analfabetas e indígenas por abortos o partos prematuros”, subrayaron.

Por tal motivo, urgieron al Estado mexicano a poner fin a “tal situación de discriminación e impunidad”.

La guerra contra el narcotráfico ha invisibilizado los feminicidios

Arranca la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
Entre los militares que mandan y los capos de la droga se perdido los derechos de ellas: Sandra Serrano, de Flacso

El mapa del feminicidio, expuesto en la UNAM en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, muestra cruces en cada uno de los lugares donde han sido asesinadasFoto Cristina Rodríguez

 

Arianne Díaz, Gabriel León y Alma Muñoz

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de noviembre de 2010, p. 42

En México la lucha contra el crimen organizado ha invisibilizado el fenómeno de los asesinatos a mujeres, por lo cual urge retomar la propuesta de tipificación de este delito presentada al Congreso federal en diciembre de 2008, exigió la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México al presentar en la zona de las islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Mapa del Feminicidio en el territorio nacional.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó al Estado mexicano de alentar la violencia de género. Puso de ejemplo la impunidad en el caso de la tortura sexual contra las detenidas en San Salvador Atenco durante el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006.

Pese a que han pasado cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados, denunció.

Asimismo, y siempre en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género ubicó en 2010 a la militarización como una de las estructuras que perpetúan la agresividad.

La campaña de los 16 días concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde hace 20 años se despliega esta actividad, la cual coordina el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL, por sus siglas en inglés).

En su caracterización del fenómeno, la militarización es una ideología que genera una cultura de miedo y apoya el uso de la violencia, la agresividad o las intervenciones militares para solucionar disputas y reforzar intereses económicos y políticos.

En tal sentido, la violación sexual es usada como táctica y el militarismo no se limita a las zonas de guerra o a la esfera pública; las familias de hombres y mujeres militarizados pueden vivir la violencia en sus propios hogares, pues la violencia doméstica armada está escondida de la vista pública.

Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), catalogó a la militarización que se vive en el país –a propósito de la guerra contra el crimen organizado– como una violación de los derechos humanos directamente imputable al Estado.

La estrategia contra el narcotráfico afecta una serie de derechos, como la libertad, la propiedad y la integridad personal... las muertes que se generen a raíz de sus políticas quedan bajo su responsabilidad, advirtió durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Susana Franklin, quien dirige un refugio para víctimas de maltrato, consideró que el nivel de tensión que propicia esa militarización en las ciudades provoca mayor violencia y que entre los militares que mandan y los narcotraficantes, los derechos de las mujeres se pierden.

Recordó que la instauración de este día obedece a la represión que sufrieron, en 1960, las hermanas Mirabal bajo la dictadura militar de Leónidas Trujillo, en República Dominicana. A 50 años de ese episodio, la activista apuntó con tristeza que la mujer sigue siendo violentada por personal castrense, y que este día, más que conmemorativo, es de duelo.

A su vez, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México apremió a la integración de un banco de datos nacional de feminicidio, que incluya variables completas sobre el crimen con la finalidad de diseñar acciones y políticas que erradiquen este grave problema en territorio nacional. Lo anterior, aseguraron, porque resulta urgente e inaplazable otorgar visibilidad y solución a este terrible problema social derivado de una cultura obsoleta que aún se vive en numerosas entidades del país.

El Centro Pro subrayó que en fechas recientes integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo mil 728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.

Frente a tales hechos, indicó, hay inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia de género y tampoco han creado las dependencias pertinentes ni adoptado las medidas eficientes para su erradicación.

A su vez, el Centro Tlachinollan planteó que la violación a los derechos humanos de las mujeres se mantiene de manera flagrante en Guerrero.

Aprueban Ley de Trata e incrementan las penas del delito

MÓNICA CAMACHO

Las comisiones unidas de Gobernación y Equidad de Género del Congreso local aprobaron la iniciativa de Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas en el estado, tras incrementar las penas consideradas en el Código de Defensa Social.

La ley y las reformas al código serán ratificadas hoy por el pleno del Poder Legislativo y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las correcciones que se realizaron al Código de Defensa Social consistieron en incrementar de 14 a 15 años el periodo máximo de prisión contemplado para las personas que cometan el delito de trata, explico la diputada Malinalli García Ruiz, quien es una de las principales impulsoras del proyecto.

Además, añadió, los legisladores elevaron las multas de 2 mil a 15 mil días de salario mínimo, cuando el proyecto original fijaba un parámetro que iba de los mil a 2 mil días de salario mínimo. 

Los diputados mantuvieron las agravantes incluidas en la iniciativa de que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, exista una relación de consanguinidad entre la víctima y el victimario o participen en el delito servidores públicos. En estas situaciones, se duplican.

Encender el recuerdo de mujeres desaparecidas

•  Tres mil 323 velas por cada uno de los casos reportados en sexenio marinista, iluminarán Puebla

ERNESTO AROCHE

Tres mil 323 velas por cada una de las mujeres desaparecidas en el sexenio marinista se encenderán esta noche, al menos esa es la apuesta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla. Desapariciones que hasta la fecha no han sido aclaradas ni por Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien dio a conocer la cifra oficial; ni por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), o por el Instituto Poblano de la Mujer (IPM), según denunciaron Natalí Hernández y Vianeth Rojas Arenas, integrantes de la organización.

Las dos activistas también pusieron de manifiesto que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres, al contabilizarse 423 homicidios.

Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Pero además, de acuerdo también con Inegi, más del 70 por ciento de las poblanas de 15 años o más, han vivido incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia, ya sea en su comunidad, en el trabajo o en la escuela.

“La violencia más frecuente contra mujeres es la de pareja: 47.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 39 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida, las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 49.8 por ciento sufren violencia laboral”.

Con estos argumentos y por la falta de acción de las autoridades responsables, las integrantes de Ddeser sostuvieron que existe una “sistemática violación en este Estado” de los derechos de las mujeres, “ya sea por la falta de seguimiento puntual en a estas violaciones o por omisión de las mismas”, indicaron.

Por ello, las activistas anunciaron que este día será presentada una agenda ciudadana con los temas puntuales que desde su óptica tendrían que tratarse para lograr una convivencia libre de violencia de género y que será entregada al gobierno estatal entrante.

 Tres mil velas, 3 mil desaparecidas

Contrario a lo que podría pensarse, la desaparición de mujeres no es un problema ajeno al estado, ni es una situación menor, ya que cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelan que durante los cinco años que lleva en funciones la administración marinista, se han recibido dos reportes de desaparición de féminas diariamente.

Los datos, proporcionados a regañadientes por la dependencia estatal a una solicitud de información, reconocen que entre el 12 de enero del 2005 y el 21 de junio de 2009, se han registrado 3 mil 323 denuncias por esa situación.

La información oficial también revela que cerca del 50 por ciento de todas las denuncias corresponden a menores de edad, y que se dispara por arriba del 80 por ciento cuando se agregan a las mujeres menores de 30 años.

La desaparición de mujeres en territorio poblano supera en algunos momentos los datos que registra la organización no gubernamental chihuahuense “Nuestras hijas de regreso a casa”, asociación civil vinculada con la lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez, que  dio a conocer que en el primer trimestre de 2008 se tenían reportadas 40 desapariciones, en el mismo periodo la PGJ poblana recibió 256 denuncias.

Para 2009 la tendencia se mantiene, hasta el mes de mayo, en Ciudad Juárez, los datos de la ONG sumaban 18 reportes de menores de edad desaparecidas, en el mismo periodo Puebla contabilizaba 405 reportes de mujeres en general, 228 de los cuales corresponden a adolescentes que no superan los 18 años de edad.

Y es que en los cinco años que lleva trabajando el gobierno que encabeza Mario Marín Torres, es en 2007 donde se registró el mayor número de denuncias presentadas al contabilizarse mil 402 casos; para 2008 el volumen total de expedientes iniciados por desaparición de personas del sexo femenino bajó ligeramente al totalizar mil 154 casos. En tanto que para el periodo enero-junio de 2009 sumaron 568.

Lo que los datos no explican ni tampoco autoridad alguna, es el crecimiento exponencial que se dio entre 2006 y 2007 al incrementarse en más de 10 veces el número de expedientes: de 137 a los mil 402 ya referidos.

La información dura que entregó la dependencia de marras tampoco ubica geográficamente el lugar de origen de las mujeres desaparecidas, ni el sitio de desaparición o si se trata de expedientes concluidos.

Por todas estas mujeres es que Ddeser encenderá el día de hoy  una veladora en el zócalo, convocando a la ciudadanía a que las acompañen y también lleven una veladora.

50 años celebrando la no violencia

La conmemoración del 25 de noviembre inició en 1960, a partir del asesinato de las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, posteriormente fue  reconocido a nivel Latinoamérica en 1981 por  las participantes del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,  y se institucionalizó en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas como día mundial para señalar que cada 25 de noviembre  se debe  visibilizar y llamar la atención sobre el adeudo social que en todo el mundo se tiene con las mujeres, debido a la violencia que se ejerce en todas sus formas.

Acusan a procurador de no esclarecer feminicidios en Puebla

Activistas en pro de los derechos de las mujeres afirmaron que la PGJ no ha investigado las mil 323 desapariciones de mujeres y los 423 feminicidios.

Puebla, Puebla.- La organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, (Ddeser) exigirán a Rodolfo Igor Archundia, procurador de Justicia del Estado de Puebla (PGJE) que rinda un informe sobre las tres mil 323 mujeres desaparecidas en la entidad durante el sexenio marinista.

Esto en el marco de la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, ante el cual, esta organización encenderá una vela por cada mujer desaparecida de forma simbólica, en el zócalo de la capital.

La organización también criticó al procurador por no haber emitido algún informe sobre los 423 feminicidios que se han registrado en la entidad.

“No han respondido a nuestra solicitud para que rinda información sobre la situación de los casos, además de las mujeres que han sido violadas, para que se les hagan justicia“, señalaron Natalie Hernández  y Vianet Rosas Arenas, representantes de la ONG.

Por estas omisiones las activistas acusaron al titular de la PGJ Puebla de violentar los derechos de las mujeres en la entidad, por lo que pidieron cumplir y acatar las políticas públicas en apoyo a este sector.

“Necesitamos saber cuántas aparecieron, si aparecieron muertas o vivas, en dónde y qué fue lo que les sucedió”, exigieron.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja u otras personas en su hogar, escuela o trabajo.

De igual manera el 47.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia por la pareja, en espacios comunitarios y en maquilas.

Diputado poblano revienta sesión en la que discutían violencia contra mujeres

México. D.F. Mientras la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México advertía de más de mil 300 mujeres desaparecidas en Puebla, y que datos del INEGI revelan que en promedio cada año son asesinadas 400 mujeres en esta entidad, en la Cámara baja el diputado poblano, José Alberto González Morales, reventó la sesión en donde se abordaba el tema de la violencia contra las mujeres.

Aunque dicha ONG advirtió que Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en asesinato de mujeres, algunos diputados federales poblanos calificaron de "exagerada" esa cifra, como el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, quien sin embargo añadió que "aunque fuese una sola mujer asesinada, es preocupante".

Luego de conocer las cifras ofrecidas por la mencionada Red, el legislador priísta aceptó que "es una vergüenza que tenemos que cargar", pero aclaró que la violencia contra las mujeres no sólo es un problema de Puebla, sino de varias entidades del país y por lo tanto es una tarea de todos trabajar porque esos hechos no se sigan repitiendo.

Vargas Fosado negó estar minimizando las cifras, pero aclaró: "No estoy tan de acuerdo con la cifra" de 400 asesinatos de mujeres anuales en territorio poblano, "me parece exagerada, sin embargo el homicidio de una sola mujer es grave y preocupante, no sólo en Puebla, sino en cualquier parte del país y del mundo", dijo.

Entrevistado por separado, el también diputado federal poblano, Alberto Jiménez Merino, subrayó que es reprobable cualquier tipo de violencia contra un ser humano, pero especialmente contra las mujeres.

A manera de propuesta para revertir el problema, destacó la necesidad de incrementar los mecanismos y oportunidades de educación, capacitación y desarrollo para las mujeres, "para que no sigan dependiendo económicamente de los hombres que, en un momento dado, convierten esto en un pretexto para ejercer alguna forma de violencia hacia las mujeres".

De manera paralela, dijo, también se debe trabajar en la sensibilización de los hombres sobre lo negativo que resulta golpear a otra persona y más todavía cuando se trata de una mujer, lo que resulta inadmisible.

"Es la primara vez que conozco este tipo de estadísticas –sobre la violencia contra las mujeres en Puebla- y tenemos que actuar en consecuencia", indicó.

Y mientras e-consulta realizaba este sondeo entre los legisladores poblanos, en la tribuna de la Cámara baja se abordaba precisamente el tema de la violencia contra las mujeres, en donde diputadas y diputados manifestaban su total rechazo al maltrato hacia el sexo femenino.

De pronto, de entre las curules se alzó una mano y era la mano del diputado poblano del PRI, José Alberto González Morales, a quien se le concedió el uso de la palabra, pero no lo hizo para referirse al tema, sino para reventar la sesión y así poner fin a la discusión del tema.

Sabedor de que había muy pocos legisladores en el salón, y de que, de pedir la verificación del quórum se suspendería la sesión, el diputado González Morales solicitó al presidente de la Mesa Directiva la verificación del quórum. Y sucedió lo que tenía que suceder, se suspendieron los trabajos legislativos.

De inmediato e-consulta abordó al diputado Alberto González Morales:

-Diputado, al parecer a usted le preocupa más el quórum, que el tema de la violencia contra las mujeres.

-Evidentemente es un tema de muy profunda preocupación y que se debe tratar, pero desafortunadamente ya había pocos compañeros diputados y considero que estos temas trascendentales deben tratarse, precisamente, cuando haya un gran número de diputados.

-¿Sabe usted cuántas mujeres son asesinan cada año en Puebla?

-No. Estadísticas muy formales no las tenemos, algunos manejan que la violencia intrafamiliar se presenta en aproximadamente seis de cada 10 mujeres en el estado.

-La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México señala que en los últimos cinco años han desaparecido más de tres mil 300 mujeres en Puebla, y que en promedio 400 mujeres son asesinadas cada año en la entidad poblana, ¿qué opinión le merecen esas cifras?

-Habría que revisar la valoración que hace, porque no creo que sean esos números.

Sin embargo y aunque el diputado Alberto González ofreció su argumentó de por qué él reventó la sesión en la Cámara baja, lo cierto es que ni siquiera fue idea suya, sino que hasta su curul llegó la diputada y ex delegada del PRI en Puebla, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con un orden: "¡Que pidas la verificación del quórum!".

e-consulta también buscó obtener la opinión de las diputadas poblanas sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sin embargo como ya es costumbre, las legisladoras Julieta Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera y Blanca Estela Jiménez Hernández, no se encontraban en la sesión de trabajo de la Cámara de Diputados.

Exige DDESER la homologacion de la NOM 046 en todo el pais

La importancia de esta Norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de una violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión, esto de acuerdo a cada legislación local.





México, D.F. (DESDE ABAJO).-
En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), exige que se homologue la aplicación de la NOM 046 en todo el país. Demandamos a los gobiernos estatales la publicación de los procedimientos de aborto por violación.
El 16 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA2 2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Dicha norma es conocida simplemente con la NOM 046 y es resultado de compromisos internacionales que adquirió México en materia de eliminación de violencia hacia las mujeres.

La importancia de esta Norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de una violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión, esto de acuerdo a cada legislación local.
Por ello es obligación de las y los servidores de salud informar a las mujeres sobre la posibilidad de un embarazo a causa de la violencia sexual y tener la opción de tomar anticoncepción de emergencia para evitarlo y ofrecerle a la mujer embarazada, víctima de violación, si ella así lo decide el servicio de Interrupción Legal del Embarazo.

“Señalamos la violencia sexual como una de las formas más crueles de desprecio hacia las mujeres, por lo que sus efectos deben ser disminuidos cuanto sea posible y obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es perpetuar la violencia institucional. Las agresiones sexuales son violencia, negar derechos a las mujeres que han sido violadas, también”

La conmemoración del 25 de noviembre inició en 1960, a partir del asesinato de las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, posteriormente fue reconocido a nivel Latinoamérica en 1981 por las participantes del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y se institucionalizó en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas como día mundial para señalar que cada 25 de noviembre se debe visibilizar y llamar la atención sobre el adeudo social que en todo el mundo se tiene con las mujeres, debido a la violencia que se ejerce en todas sus formas.

Este 2010 se cumplen 50 años de la batalla que iniciaron las Mirabal contra el régimen dictatorial de Trujillo y más que nunca está presente la trascendencia de su lucha, como un ícono del activismo feminista y del movimiento de mujeres contra la violencia de género. Desde entonces y hasta hoy, por todo el mundo se organizan actividades dirigidas a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo una de cada cinco mujeres se ha visto forzada a practicar el sexo contra su voluntad en algún momento de su vida. Independientemente de la región geográfica se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual ocurre en mujeres menores de 16 años.

Exigen esclarecer desaparición de 3 mil mujeres en periodo de Marín

Escrito por Agencias

Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 20:35

Puebla, 24 Nov. (Notimex).- La organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Redeser) exigió a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el esclarecimiento de los casos de tres mil 323 mujeres desaparecidas durante el gobierno de Mario Marín.   Natalí Hernández, integrante de la organización no gubernamental, señaló que hay opacidad por parte de las autoridades estatales, quienes han argumentado que la cifra no es real, toda vez que muchas de las mujeres regresaron a sus hogares luego de escapar con sus novios o parejas.   Sin embargo, la activista subrayó que familiares de las mujeres desaparecidas, con denuncia de hechos en mano, a la fecha no tienen conocimiento del paradero de sus familiares, quienes se ubican entre los 13 y 30 años de edad.   En conferencia de prensa, con motivo del Día de la No Violencia contra las Mujeres, apuntó que en la PGJE también existen 423 casos de feminicidios sin resolver, por lo que exigieron un informe de las autoridades estatales antes de que concluyan su gestión, prevista para el último día de enero de 2011.   “Necesitamos saber cuántas mujeres aparecieron, si es que aparecieron ya sea vivas o muertas, conocer dónde o quienes las tienen, el motivo por el cuál fueron reportadas como desaparecidas y, toda la información que nos ayude a disminuir el número de casos de mujeres desaparecidas, pero en la PGJE no nos dicen nada", acusó.   Agregó que la omisión de la justicia es una forma de violencia contra las mujeres, en este caso, cuando es obligación de las autoridades encargadas de la justicia de esclarecer éstos y otros asuntos en Puebla.   Abundó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja u otras personas en su hogar, escuela o trabajo.   En contra de las mujeres prevalece la violencia psicológica y en segundo lugar la violencia física. Además, 38.6 por ciento de las víctimas de violencia física dijeron haber sufrido violencia porque no estaba listo el quehacer de su casa o por no cumplir con sus obligaciones de pareja.   Hernández destacó que el estado de Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con el mayor número de asesinatos de mujeres, con un promedio de 400 casos por año.

Reporta ONG más tres mil 300 registros de mujeres desaparecidas en Puebla

Jaime Zambrano

Puebla, miércoles 24 noviembre 2010 - 12:25 hrs

La Organización No Gubernamental Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que de 2005 a la fecha se realizaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado más de tres mil 300 reportes de mujeres desaparecidas, la mayoría entre los 13 y los 29 años. De acuerdo con estudio presentado esta mañana, en 2005 se reportaron 61 desapariciones de mujeres y en el 2006 fueron abiertos 137 expedientes. El problema incrementó en 2007 con mil 402 casos, para el 2008 fueron mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres. Por otra parte, la representante de la organización, Vianeth Rojas Arenas, explicó que -de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)- Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres con un promedio de 400 por año. "Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California", expresó.

Aprueban en comisiones la Ley de prevensión de Trata de Personas

Se aprobó en comisiones la Ley de Prevención contra el Delito de Trata de Personas, misma que busca sancionar a las personas que cometan este ilícito con 6 a 14 años de prisión, informó la diputada local del PRI, Malinalli García Ruiz.

En entrevista, comentó que existen algunos casos en dónde los delincuentes alcanzan fianza, pues precisó que este delito actualmente se castiga de 4 a 9 años de prisión.

Dijo que de acuerdo con datos otorgados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), existen 7 sentencias por este delito; 2 en el estado de Puebla y 5 en el Distrito Federal.

Es importante señalar que la propuesta de Ley de Prevención contra el Delito de Trata de Personas, será avalada este jueves por los 41 diputados locales en sesión pública del Congreso del Estado de Puebla.

Exigen derecho a interrupción del embarazo en caso de violación

Guadalajara.- Porque “negar derechos a una mujer que ha sido violada, también es violencia”, organismos civiles emitieron hoy un pronunciamiento para exigir la homologación de la Norma Oficial Mexicana 046, la cual incluye en los criterios de atención a la violencia contra las mujeres, el derecho a la interrupción legal del embarazo.

“Señalamos la violencia sexual como una de las formas más crueles de desprecio hacia las mujeres, por lo que sus efectos deben ser disminuidos cuanto sea posible. Obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es perpetuar la violencia institucional”, afirmó Patricia Ortega, en representación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La activista recordó que la NOM 046 es resultado de compromisos internacionales que adquirió el Estado mexicano para eliminar la violencia hacia las mujeres.

“La importancia de esta norma radica en la obligación para todas las clínicas y hospitales del país, tanto estatales como federales, de ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido víctimas de violación en un plazo máximo de 120 horas después de ocurrida la agresión”.

Asimismo, se debe ofrecer a la mujer embarazada víctima de violación, la interrupción legal del embarazo.

Ortega refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “una de cada cinco mujeres en el mundo se ha visto forzada a practicar el sexo en contra de su voluntad en algún momento de su vida”.
Agregó que independientemente de la región geográfica, se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual se cometen contra mujeres menores de 16 años de edad.

Maricarmen Rello

Detienen a una pareja por supuestamente abortar a su bebé

Vallarta Opina MILENIO

Informó la Policía Municipal que a las 08:47 horas, en recorrido de vigilancia los elementos a bordo de la Unidad PV-122, recibieron un reporte de Base Care, informando que requerían una patrulla en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con 24 de Junio en la colonia Loma Bonita. Los elementos se presentaron al lugar, donde se entrevistaron con la Sra. Noemí Ramírez Hernández, quien dirigió a los elementos a una de las habitaciones y al momento de ingresar en la habitación, tuvieron a la vista a un joven de sudadera y pantalón en color negro, quien dijo llamarse Erick Rubén Flores Ramírez, mismo que  apuntó hacia una caja de zapatos color café, manifestando que allí se encontraba su hijo.

Que el día sábado para amanecer domingo, su novia de nombre Rachelly Navid Bracamontes Rodríguez, se sentía mal ya que la misma tenía tres meses de embarazo, informando que decidió comprarle las pastillas de nombre “Citotec”  de las que utilizó 04 de ellas, y que fue lo que le causó el aborto del bebé. En vista de las circunstancias, las dos personas, Rachelly N. Bracamontes Rodriguez (19 años), con domicilio en calle 20 de Noviembre 312 y Erick Ruben Flores Ramirez (19 años), quien vive en el lugar, Josefa Ortiz de Domínguez # 594 se aseguraron y se trasladaron a la Dirección de Seguridad Publica, quedando a disposición de la autoridad competente.

Los policías le llamaron al lugar de los hechos al licenciado José Carlos Peña Chavarin, Agente del Ministerio Público, especial para detenidos, quien se hizo cargo del feto con elementos del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la vez se inicio la Averiguación Previa 5820/10 por la presunta comisión del delito de aborto.

A los separos acudieron los paramédicos Alejandro Medina Palomera Mara Pamela Arreguin Vázquez y Rocío Sánchez Hernández, en la Unidad Ambulancia B-38 para revisar a la mujer, quien se observa estable presentando únicamente sangrado trasvaginal poco abundante, por lo que se procedió a brindarle la atención prehospitalaria tomándole sus signos vitales, encontrándolos dentro de sus parámetros normales para posteriormente ser abordada a la ambulancia para trasladarla al Hospital Regional para su atención y valoración médica ya que su diagnostico probable fue de residuos placentales, recibiendo a la persona el médico de guardia Guillermo Aguilar Diéguez, quien se hizo cargo de la atención de la persona.

60% de mujeres en el mundo han sufrido violencia: ONU

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, denunció hoy que según datos recientes cerca del 60 por ciento de las mujeres en todo el mundo han sido objeto de violencia física al menos una vez en su vida.

“Ninguna nación rica o pobre, sea una dictadura o una democracia, ha estado cerca de eliminar la violencia contra las mujeres”, afirmó Pillay en un comunicado emitido en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre.

Señaló que las cifras son importantes porque son como un recordatorio de la prevalencia del problema, sin embargo, pueden llegar a provocar cierta “anestesia” pues suele olvidarse que detrás de cada número hay un acto de violencia hacia una niña o una mujer.

“Un 60 por ciento de una población de diez millones de mujeres significa seis millones de tragedias individuales que dejan cicatrices sicológicas y físicas, familias disfuncionales, niños traumatizados”, apuntó Pillay.

“Seis millones, sesenta millones, 600 millones. Los números son de proporciones pandémicas -tan enorme es la cifra que, perversamente, nos llega a distraer de la difícil situación de la mujer al lado”, consideró.

Pillay reconoció que en las últimas décadas, gracias a la incesante y valiente lucha de muchas personas y organizaciones comprometidas, ha habido avances significativos en el disfrute de los derechos de la mujer en muchos países, así como el progreso en la respuesta internacional legal y política a la violencia contra las mujeres.

“Sin embargo, las formas físicas, psicológicas y de otro tipo de abusos hacia las mujeres siguen a gran escala, muchos de ellos ocultos, ignorados o silenciados”, lamentó.

Pillay cuestionó si nos estamos “acostumbrando”’ al problema y si “incoscientemente estamos haciendo poco al tomarlo como un acto normal, ciertamente lamentable, pero un hecho de la vida”.

Asimismo, reflexionó si tienen que salir en las noticias hechos como la lapidación de una niña hasta la muerte, violaciones en masa o asesinatos e honor, “para llamar nuestra atención. Poco tiempo. Por uno o dos días”.

Si es así, ¿qué podemos hacer para sacudir de nosotros mismos esta apatía, esta aceptación, esta suposición de que otras personas están encargándose de resolver este problema, por lo que no es necesario que nosotros mismos actuemos?

¿Eso no nos hace cómplices día con día de lo que es, de hecho, una violación de los derechos humanos cometida a diario en una escala masiva que queda impune?, reiteró la jefa de derechos humanos de la ONU.

Bueno, para empezar, recomendó Pillay, “cuando oímos la mujer de al lado gritando, podemos intervenir, en lugar de voltearse a la pared y decir : Es su problema, que ellos lo arreglen”.

Pillay instó a tratar la violencia contra la mujer como otros delitos. Todos y cada uno de nosotros puede dejar en claro que no es aceptable dejarla impune.

Cuando el perpetrador sea un amigo o un vecino o un miembro de la familia, “podemos dejar de hacer la vista gorda y pretender que no somos conscientes de lo que está pasando”, instó.

“Cuando un niño golpea a su hermana, tenemos que dejar absolutamente claro que la violencia contra las niñas no es aceptable bajo ningún concepto, nunca”, agregó.

“Todos y cada uno de nosotros tenemos lo necesario para convertirse en un defensor de los derechos humanos, y podemos actuar para prevenir o disminuir la discriminación”, llamó Pillay.

Recordó que los estados tienen la obligación de proteger a sus mujeres y lamentó que “en la mayoría de los casos claramente no están haciendo lo suficiente”.

“Necesitamos más reclutas, tanto hombres como mujeres, para convertir las normas internacionalmente aceptadas en una realidad”.

Pillay enfatizó que es necesario abatir esas grandes cifras provocadas por la aceptación social, cultural y estatal de la violencia y la discriminación, hasta llegar al punto en que “sea tratada como una violación a los derechos humanos con consecuencias de gran alcance tanto para los individuos como para las sociedades”.

Visibilizarán violencia contra las mujeres y derechos humanos

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF. 22 nov.10 (CIMAC).- El promedio nacional de asesinatos dolosos contra mujeres al año es de 2 mil 500 casos. Chihuahua y el Estado de México son las entidades que registran las tasas más altas de estos delitos, afirmó la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados Teresa Incháustegui Romero.

Durante la mesa de medios: “La violencia contra las mujeres ¿dos siglos de impunidad?”, convocada por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y la fundación Friedrich Ebert, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó que a la alta cifra de asesinatos de mujeres, se suma la impunidad, ya que sólo en el 3 por ciento de los casos han sido sentenciados los responsables.

“Pero, no se sabe que tipo de sentencias, es decir si han sido condenatorias, absolutorias, además sabemos que en algunas de ellas las y los familiares las han apelado”.

En el foro realizado con el motivo de la celebración del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la independencia de México, informó que en los últimos tres años, se registraron mil 756 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de la República.

Precisó que mientras la tasa media de asesinatos dolosos de mujeres es de 2.8 por ciento, la de Chihuahua sigue siendo la más alta con un 5.8 por ciento, le siguen el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en estados como Nayarit, dijo, se observan cifras muy variables “en un año es muy alta la tasa y al siguiente baja”.

Sin embargo, esto no significa que los asesinatos disminuyeron, lo que refleja es la ausencia de registros confiables en los que efectivamente se recoja toda la información necesaria, abundó.

“Por lo general los registros que hay en el país son malos, porque  han invisibilizado el feminicidio. En suma no hay registros y los que hay son insuficientes”, enfatizó la también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

A la invisibilización de estos crímenes, se suma la militarización que se ha realizado en el país con la excusa de luchar contra el crimen organizado lo que únicamente ha servido para perpetuar el feminicidio y encubrir el problema.

En materia de feminicidio, Incháustegui Romero afirmó que en México la justicia es ineficiente, no se sabe investigar, hay un gran desprecio para la víctima, a la que se le toma como la primera sospechosa de su propio crimen.

Lo cual, dijo, es indignante y grave, toda vez que la mayoría de las victimas son jóvenes, el 50 por ciento de ellas son mujeres de entre 12 y 25 años de edad, la mayoría provenientes de barrios marginados, sin ningún empoderamiento para exigir justicia, a lo que se suma la incapacidad del gobierno para dar solución al problema.

Mientras las autoridades locales afirman que no pueden solucionar el feminicidio por  falta de recursos, el gobierno federal argumenta que no le compete, así Estado no investiga y no sanciona los crímenes contra las mexicanas, lo cual perpetúa la impunidad.

A escasos días de la conmemoración del “25 de Noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, Julia Escalante Haro, integrante de Ipas México señaló que a la violencia feminicida se agrega la violencia institucional que padecen las mujeres en el sector salud.

Las mexicanas no tienen una oferta suficiente de métodos anticonceptivos,  y a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación, sólo en cinco estados se garantiza el aborto a las víctimas, con lo que se vulneran los derechos de las mujeres y se obstaculizan.

El acceso de las mujeres a la salud es un tema que tiene que ver con la violencia que se ejerce contra ellas, y se institucionaliza desde el momento es que se etiquetan en el presupuesto los recursos y su asignación.

Respecto a las reformas que en 17 estados de la República, protegen la vida desde el momento de la concepción y criminalizan a quienes deciden sobre su cuerpo, la especialista afirmó que estas violentan los derechos de las mexicanas ya que van contra el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, que establece el derecho a la protección de la salud y a decidir sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos.

En suma, enfatizó Escalante Haro, estamos hablando de violencia institucional, “No podemos seguir diciendo no al aborto, cuando no hay una campaña para prevenir el embarazo adolescente, escasez y negación de anticonceptivos, no podemos cerrar los ojos”.

La Campaña: “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género” se realiza a nivel internacional, inicia el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y finaliza el 10 diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

El objetivo es establecer un vínculo simbólico entre la violencia contra las mujeres y los derechos humanos, este año el tema es: “Las Estructuras de Violencia: Defendiendo las entrecruzadas del militarismo y la violencia contra las mujeres”.

10/GTR/LR/LGL

Incluyen derechos sexuales de mujeres con VIH en NOM 010

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 22 nov. 10 (CIMAC).- Con la modificación que este mes se realizó a la Norma 010, para la prevención y el control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el personal del Sector Salud deberá ofrecer a todas las mujeres embarazadas la prueba de detección del VIH.

Dicha medida protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH, dijo a Cimacnoticias, Tamil Kendall, antropóloga canadiense, quien desde hace más de una década investiga la problemática de mujeres y VIH en México, y Latinoamérica.

Kendall, asesora de la organización Balance, señaló que esta asociación, junto con el Centro Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, impulsó el reconocimiento de estos derechos en la Norma 010, de forma clara, para aumentar la implementación de la oferta de la prueba en el periodo prenatal.

La experta recalcó la importancia de que las mujeres embarazadas tengan acceso a este diagnóstico, ya que además de que significa una oportunidad “de oro” para que se evite la transmisión perinatal del virus al bebé, también representa la posibilidad de que las mujeres con VIH reciban atención temprana.

Aún en los casos en que las mujeres tienen un resultado negativo al virus, con una consejería adecuada, “se dan cuenta de que por el hecho de tener sexo no protegido están en riesgo”, y a partir de ello, utilicen las medidas necesarias para mantenerse seronegativas, explicó Kendall.

“Es muy clara la importancia de ofertar la prueba de VIH  a toda mujer embarazada, por ello, todas las instituciones de salud deberían respetar esa normatividad”, señaló, sin embargo, no se realiza.

Muestra de ello, es que, a pesar de que México adquirió en 2001 el compromiso internacional, en la Declaración Especial de VIH-Sida, de ofertar la prueba al 80 por ciento de las mujeres embarazadas del país, en 2007 los servicios de salud sólo la ofertaron al 5 por ciento de ellas.

La asesora de Balance agregó que la prueba de detección de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como la sífilis, también integrada en la Norma 010, permite a las mexicanas “tomar decisiones sabiendo cuál es su realidad, en lugar de vivir en la ceguera hasta que se enfermen”.

Además de este cambio a la Norma 010, de la Secretaría de Salud, se incluyeron otros relacionados con el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres con VIH, como su derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.

“Antes, la norma mencionaba que la inconveniencia del embarazo debía valorarse con las mujeres que viven con el virus, por el riesgo de que el bebé o la bebé nazcan con VIH, cuando con el tratamiento antirretroviral adecuado, existen entre 98 y 99 por ciento de posibilidades de que nazca sin el virus”.

Ahora, la Norma 010 específica que el rol del personal de Salud es brindar información científica a las mujeres con VIH para apoyarla con los cuidados necesarios si desean embarazarse, y si no quieren quedar embarazadas, es responsabilidad de las y los médicos darle información de planificación familiar para que puedan escoger un método efectivo.

Añadió que el condón “es famoso por sus fallas técnicas, se rompe y las personas no siempre lo usan vivan o no con VIH. Tiene una tasa de falla de planificación familiar de 15 por ciento en un año, por lo que las mujeres requieren otro método inyección, hormonal, DIU, dependiendo de cada una”.

La Norma también señala la importancia de brindar insumos para la prevención, condones masculinos y femeninos y acceso a la prueba para mujeres, hombres y jóvenes.

10/GCJ/LR/LGL

Menores que abortan también son sujetas a proceso: PGJ

Rodolfo Igor Archundia, que no importando la edad, el aborto es un delito el Puebla por lo que debe ser investigado y en su caso castigado.

Puebla, Puebla.- Rodolfo Igor Archundia Sierra, procurador de Justicia en el estado de Puebla, rechazó que la dependencia a su cargo realice una persecución de mujeres, luego que una niña de 12 años procedente de Izúcar de Matamoros fue sujeta a un proceso jurídico, junto con otras 16 mujeres de las cuales cuatro fueron consignadas por haber abortado; esto en el periodo comprendido de marzo de 2009 a marzo del 2010.

“Un aborto implica la cancelación de un proceso de gestación, no importa la edad de la mujeres, si tenemos la existencia del aborto y ésta ha sido canalizada al hospital y se da la información correspondiente. Se inician las investigaciones independientemente de la edad de las mujeres”, justificó el funcionario.

No obstante, Archundia Sierra dijo no recordar las cifras sobre detenciones y consignaciones, al negar que la dependencia haya brindado dicha información, pese a que existe un documento cuyo folio es 30/PGJ-02/2010, que da respuesta a una solicitud de información a nombre de la reportera Kara Castillo.

Asimismo señaló que las denuncias recabadas por la PGJ proceden de hospitales, y si existen evidencias como el hallazgo de un feto, también se sigue una investigación de oficio, ya que en Puebla es considerado un delito.

“En la entidad es delito aunque haya voluntad o no de la madre nosotros como órgano de justicia conocemos de las denuncias que se formulan en hospitales y médicos, quienes atienden a las mujeres que llegan en estado crítico por haberse practicado el aborto o está comprometida la salud de la mujeres. En otros casos La PGJ inicia las investigaciones a partir del hallazgo del feto o destinos no sanitarios”, concluyó.

Ante estos hechos, organizaciones no gubernamentales se inconformaron, para mostrar su rechazo a nivel nacional por la legislación persecutoria de mujeres que deciden abortar.