Integrantes de 26 organizaciones estatales en apoyo y defensa a los derechos de la mujer exigieron a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas derogar la fracción IV del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla que establece: “la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.
La propuesta, apuntaron, impactará directamente en el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad, tener acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo “a garantizar el acceso a la justicia en situaciones de interrupción del embarazo” en casos de violación, malformación del feto, peligro de vida de la mujer y descuido grave del embarazo, “que aunque son excepciones contempladas en la ley, son con frecuencia impedidas en la práctica”.
Ayer, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana (Ibero), junto a 25 organizaciones pro–mujer, presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres, que recoge la visión y propuestas de incidencia a favor de las féminas del estado, ordenadas en tres temas concretos que sintetizan las esferas más urgentes para ser atendidas desde la política pública.
Lourdes Pérez Oseguera, coordinadora del observatorio, explicó que la agenda ciudadana plantea la necesidad de brindar una representatividad popular al Instituto Poblano de las Mujeres, así como instaurar estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
“Estos temas no agotan todos los problemas que sufren las mujeres derivados de la discriminación, pero recogen las preocupaciones más sentidas en todos los espacios, por lo que se fijan en esta agenda y se acuerda después trabajar en una agenda más amplia. Tampoco son limitativos para el logro de otros derechos y de políticas públicas que favorezcan las mujeres en otros temas y en los diferentes órdenes de gobierno”, expresó.
La agenda ciudadana establece que es obligación del estado velar porque se respeten y promuevan los derechos sexuales y reproductivos entre los adolescentes. “Especialmente en las mujeres más jóvenes y pobres”, pues están expuestas a la violencia sexual y a sufrir las consecuencias negativas de un embarazo adolescente si no cuentan con las condiciones adecuadas para el ejercicio libre de su sexualidad.
Ante ello, a través de la agenda, solicitaron al actual gobernador del estado Mario Marín Torres presentar un diagnóstico de atención en salud sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil; además, ejecutar un programa de atención a niños y adolescentes, centrado en el concepto de la salud integral.
Sobre la reforma constitucional al artículo 26, aprobada en marzo de 2009 por el Congreso del estado, las organizaciones pro–mujer pidieron al Ejecutivo iniciar un proyecto dirigido a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente que garantice lo previsto por la norma NOM046–SSA–2005 con la intención de garantizar el uso de la anticoncepción de emergencia, la interrupción legal del embarazo y el tratamiento antirretroviral pos exposición.
“El gobierno del estado tiene una gran deuda con las mujeres. Quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos; queremos acciones concretas”, señaló Natalí Hernández Arias, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
Entre las organizaciones que figuran destacan: el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres; Espacio Espiral; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Yolchicahua Agencia; Profesoras y egresadas de la Especialidad en Prevención de Violencia Familiar de la Ibero Puebla, estudiantes del Colegio de Antropología UAP y de la UDLAP, y el Colectivo Ciudadano de Mujeres por la Democracia.
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