Exigen esclarecer la desaparición de más de 3 mil mujeres en Puebla

Cristina Juárez González/Foto Agencia Enfoque

En el estado de Puebla, sólo 3 de cada 10 mujeres escapan a cualquiera de las dinámicas de violencia que se generan principalmente en el seno de las familias y bajo el régimen de la fuerza del hombre, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la entidad diversos organismos sociales y gubernamentales realizan actos para generar conciencia y erradicar la problemática a la que se enfrenta el 70 por ciento de la población de mujeres en la entidad.

Las nuevas autoridades en voz de la próxima presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Martha Erika Alonso de Moreno Valle, plantean el empoderamiento de las mujeres como una estrategia para erradicar la violencia en sus hogares o en el trabajo.

“La violencia se presenta o se tolera en la medida de que una mujer no se quiere a si misma”, señaló la esposa del gobernador electo de Puebla, al recordar que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionan oportunidades de desarrollo de las mujeres para fortalecer su identidad y eliminar la tolerancia a cualquier forma de violencia.

EL ANTECEDENTE

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de Diciembre de 1999, y se celebra anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal.

La propuesta para que se celebrara en esta fecha la realizó República Dominicana, con el apoyo de 60 Países. De esta forma la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema y reflejar en este día exigencias a nivel internacional.

En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta condición, tratar sus causas, investigar, enjuiciar y castigar a los agresores, a través de leyes como la existente en México: “Ley para la igualdad entre Hombres y Mujeres”.

LAS ALARMANTES CIFRAS

Las estadísticas del INEGI revelan la gravedad del problema en pleno siglo XXI y que son similares a las actualizadas por diversos organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y organizaciones sociales.

El último estudio realizado en 2006, revela que de las poblanas de 15 años y más, el 70 por ciento han vivido incidentes de violencia por parte de la pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

Además, la violencia más frecuente contra mujeres es la de pareja; el 47.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación, mientras 39 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida. Y el de las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, el 49.8 por ciento sufre violencia laboral.

La representante en Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Natalí Hernández Arias, compartió los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), de 2006, que refleja los cambios en el comportamiento de la situación de las mujeres que aún se enfrentan a la violencia en distintos ámbitos.

La violencia comunitaria se entiende como una expresión de poder para someter o intimidar sexual o físicamente a la mujer por personas conocidas o desconocidas en cualquier espacio público (calle, cines, deportivos, etc.) o privado (casas ajenas e incluso la propia).

EXIGEN ESCLARECER DESAPARICIÓN DE MUJERES

Según registros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, de 2005 al 2009 fueron reportadas como desaparecidas 3 mil 323 mujeres. De acuerdo con estos datos de la PGJ de Puebla, en 2005 se registraron 61 desapariciones de mujeres y en el 2006 fueron abiertos 137 expedientes, reveló la representante de Ddeser, Natalí Hernández.

Las cifras se dispararon en 2007 con 1 mil 402 casos, para el 2008 1 mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres, destacan en este registro, jóvenes de entre 13 y 29 años, por lo que exigió el esclarecimiento de estos casos.

Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres, ya que de 2000 a 2006 ocurrieron 423. Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Las lesiones que dejan las riñas en el hogar van desde una simple gastritis, hasta embolias, derrames cerebrales por la presión arterial por el estado nervioso, lesiones en el corazón, problemas renales, entre otros.

La organización no gubernamental exigió además que se homologue la aplicación de la NOM 046 en todo el país. “Demandamos a los gobiernos estatales la publicación de los procedimientos de aborto por violación”, y anunció un acto simbólico este jueves en el Zócalo de la ciudad de Puebla con la participación de poblanos que encenderán una luz blanca en recuerdo de las mujeres desaparecidas.

LA IGLESIA DEFINE A “CONCIENCIA” SI LA VIOLENCIA ES CAUSA PARA DISOLVER UN MATRIMONIO

La decisión que toma la iglesia católica para considerar la violencia como una causa elemental para la disolución de un matrimonio, es a “conciencia”, reconoció el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien aseguró que la Casa de la Familia da atención a las mujeres que son víctimas de atropellos por parte de sus esposos.

Existe un Tribunal Eclesiástico ante quien se presentan los casos que deben ser analizados para determinar una separación matrimonial, misma que a decir del líder de la grey católica es bajo el régimen de “conciencia” de los sacerdotes que conforman dicho organismo.

Antes de que las personas recurran al tribunal, deben acudir con el sacerdote o párroco de su iglesia para exponer su situación familiar, y recibir orientación si se decide presentar el caso ante las autoridades máximas de la iglesia en cada estado o Arquidiócesis.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la iglesia católico exhortó a las autoridades gubernamentales, instituciones y a la sociedad en general, a tomar conciencia de la dignidad de toda mujer, además de luchar contra el gran mal de la violencia que afecta a miles de ellas en todo el mundo.

“Esa situación es deplorable, porque también lesiona al resto de la sociedad”, expresó el arzobispo de Puebla, quien reconoció el papel fundamental de las mujeres y exigió ejercer el respeto que se merecen, denunciando cualquier forma de violencia contra ellas.

ONGs exigen la ciudadanización del IPM para cumplir con la protección de los derechos de las mujeres

Cristina Juárez González

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres para el estado de Puebla, que contiene una exigencia clara para que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) ya que coincidieron en que hasta ahora no ha cumplido con la labor de vigilar y promover la aplicación de los derechos humanos de este sector de la población.

Al revelar que ninguna mujer indígena en el estado se salva de la violencia generada en sus hogares y en manos de sus parejas, quienes encabezaron la conferencia de medios en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) expresaron las demandas de las mujeres que habitan en la Sierra Norte, Negra y la Mixteca poblana, consideradas en la agenda.

“El gobierno poblano tiene una gran deuda con las mujeres, quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos, queremos acciones concretas”, sentenció María de Lourdes Pérez Oseguera, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) creado por la institución de educación superior.

En el documento que hicieron público contiene diversas demandas de las mujeres poblanas, además de la exigencia para el gobierno saliente de explicar las acciones que ha promovido en favor de la protección de los derechos de este sector; y solicitaron una audiencia al gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar esta agenda.

La Agenda Ciudadana de Mujeres fue diseñado bajo 3 temas primordiales: Representatividad Ciudadana en el Instituto Poblano de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, y Derechos sexuales y reproductivos.

En su oportunidad, Catalina Pérez Osorio, integrante de Mujeres por la Democracia, urgió al gobierno entrante atenderlas para exponer las propuestas; al legislativo para que asuma y promueva las acciones presentadas; a todas las organizaciones civiles que trababan para las mujeres, desde la perspectiva de género a suscribirse a la propuesta; y a los ciudadanos a sumarse a la red de trabajo.

Las principales demandas:

- Solicitamos mecanismos de consulta democrática para la elección de la nueva titular del Instituto Poblano de las Mujeres, en tanto al no existir una convocatoria abierta a la ciudadanía, la titularidad recae en una persona impuesta.

-Retornar la ciudadanía al Instituto Poblano de las Mujeres significa devolver el carácter estratégico del organismo, que cumpla su función de impulsar y planear las políticas públicas, como se estipula en el Artículo 4, fracción XI del decreto del H. Congreso del Estado.

-Que se transparenten las formas de sesionar de los órganos de gobierno que incluye la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.

-Solicitamos al gobierno entrante que la Junta de Gobierno del IPM realice un diagnóstico de las acciones promovidas en las regiones del estado de Puebla, en específico de las instancias donde predomine la población indígena.

-Al Ejecutivo en funciones, que presente un diagnóstico de atención sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Puebla.

Desaparecidas, más de 3 mil poblanas: ONG

La Organización No Gubernamental Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que de 2005 a la fecha se realizaron ante la PGJ de Puebla más de 3 mil 300 reportes de mujeres desaparecidas, la mayoría entre los 13 y los 29 años.

El informe indica que en 2005 se reportaron 61 desapariciones de mujeres y en 2006 fueron abiertos 137 expedientes; sin embargo, el problema incrementó en 2007 con mil 402 casos, para 2008 fueron mil 154 y durante el primer semestre de 2009 en Puebla desaparecieron 569 mujeres. La representante de la red, Vianeth Rojas Arenas, explicó que de acuerdo con el INEGI, Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en número de asesinatos de mujeres con promedio de 400 por año. “Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran en Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California”, expresó con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres que se celebra este jueves.

Agregó que la violencia se manifiesta en circunstancias que generan contextos de vulnerabilidad y que la violencia más frecuente es la de pareja: 47.1% de las mujeres de 15 años y más la han sufrido durante su última relación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 39 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales; mientras que de las que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 49.8 por ciento sufren violencia laboral.

ONGs e UIA exigen autonomía del IPM

Lamentaron que el IPM ha perdido representatividad y credibilidad.

Arturo Cravioto

La coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Iberoamericana (UIA), Lourdes Pérez Oseguera, sentenció que la gran deuda histórica del Ejecutivo local hacia las mujeres es la autonomía del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), por lo que exigió la ciudadanización del organismo.

Al presentar la Agenda Ciudadana de Mujeres, bajo el contexto del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer,  la académica lamentó que el IPM ha perdido representatividad y credibilidad ya que no ha tenido la sensibilidad para evitar que las mujeres de la entidad sigan siendo víctimas de atropellos.

En consecuencia, anunció que junto con varias Organizaciones No Gubernamentales, se le entregará una terna al gobernador electo para designar a la titular de dicha oficina.

Además destacó que la actual política del organismo está muy alejada de las necesidades reales de las mujeres y no se han podido aterrizar medidas que frenen la desigualdad y la violencia contra las mujeres

“Al gobierno electo le queremos presentar esta agenda ciudadana, porque lo que le queremos pedir es que ciudadanice al IPM, en congruencia con sus propuestas de transparencia y compromiso con la pluralidad, en atención a que aseguró que iba a tener oídos para escuchar a todos los ámbitos de la sociedad y uno de ellos somos las mujeres ya que somos el 52 por ciento de la sociedad”.

Exigió que a las mujeres se les atienda con responsabilidad y si exclusión y es importante por ello que este instituto se ciudadanice y con ello vuelva a la legalidad que le marcan los estatutos de la Ley 

Orgánica ya que su consejo consultivo ciudadano dejó de funcionar desde el inicio de la presente gestión.

Además destacó exigirán las reformas a los artículos de la Ley Orgánica del instituto que refieren a la designación de su titular, para lo que proponen que quien lo dirija provenga de ternas que sean propuestas por los sectores de la sociedad vinculados con el tema de la equidad de género.

En ese punto, reveló que varias organizaciones no gubernamentales se han unido y tienen una terna con tres candidatas posibles, pertenecientes a diversos sectores de la sociedad como el académico, y en su momento será presentada al gobierno estatal electo.

Iluminan mujeres la plancha del zócalo, contra la violencia

por: Mario Martell

El zócalo de la ciudad se iluminó. Pero esta vez no fueron los fuegos artificiales de los festejos patrióticos, sino la indignación cívica por la violencia que sufren las mujeres en México y en Puebla.

El acto fue un duro latigazo contra la pasividad de los partidos políticos en la defensa de los derechos de las mujeres: “las ciudadanas de Puebla somos más fuertes que los partidos políticos y su violencia institucional y sistemática contra nosotras, porque ustedes se irán pero nosotras perduramos y vivimos en este estado que es nuestro, no suyo”

No fue una voz tenue, sino la enérgica condena de la inacción de los actores políticos ante el problema de la violencia que sufren las mujeres, en especial al contubernio entre el PRI, PAN y la jerarquía eclesiástica: “no olvidaremos el pacto que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y la Iglesia católica hicieron para aplastar aún más los derechos reproductivos de las mujeres poblanas con su reforma al artículo 26 de la Constitución Política del estado,” señaló el colectivo DDSER al fijar su postura en el zócalo de la ciudad.

Además, la red condenó que la coalición “Compromiso por Puebla” no incluya el tema de género: “pacto que refrendan los demás partidos políticos, tanto Convergencia, el De la Revolución Democrática y el Partido Nueva Alianza al decir que este tema no está en su agenda aliancista electorera. Porque eso nos siguen tratando como a ciudadanas de quinta.”

La plancha del zócalo se iluminó con cientos de veladoras rememorando las situaciones de violencia que sufren miles de mujeres en nuestro país. También se volvió un hervidero de indignación.

“Este sexenio que termina ha sido una época oscura para las mujeres poblanas. El estado y los tres niveles de gobierno han permitido que nos desaparezcan, nos golpeen, nos  humillen, nos vendan, nos exploten, nos infecten, nos maten. En todos y cada uno de los espacios públicos y privados.”

“Fuera el desastre
patriarcal”
Los representantes del colectivo DDESER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México) aseguraron que “la factura se las pasaremos muy pronto porque estamos aquí. Estamos vivas y estamos fuertes a pesar de la necrocracia que impera en México. Nosotras, las mujeres de este país estamos sacando a flote este desastre patriarcal.

”No queremos más discursos ni simulaciones, no aceptamos que el Instituto Nacional de las Mujeres certifique a la Procuraduría General de Justicia del estado en el modelo de equidad de género, cuando esa procuraduría encabezada por Rodolfo Igor Archundia no ha movido un dedo por las más de 3 mil desaparecidas en el estado. No persigue a tratantes de mujeres, niñas y niños, no mueve un dedo por no sobrevictimizar a las mujeres que han sido violadas, persigue a niñas y jóvenes que han abortado y nos criminaliza a todas”.

En el sitio que ocupa el asta bandera y frente al reloj electrónico del bicentenario, se colocó un cartel con la leyenda “3 mil 323 mujeres desaparecidas en Puebla”. Un lazo color morado le daba un tono sobrio al anuncio.

Igual fue el número de veladoras en la plancha del zócalo que el de mujeres declaradas como desaparecidas.

Nataly Hernández y Vianeth Rojas Arenas leyeron un pronunciamiento a nombre de grupos y asociaciones civiles que respaldaron solidariamente la expresión de violencia contra las mujeres; resaltaron un análisis a las políticas fallidas de la actual administración estatal en el tema de la protección de los derechos de las mujeres, en especial del Instituto Poblano de la Mujer y de la Procuraduría General de Justicia, pues en Puebla se violan de manera sistemática los derechos de las mujeres.

Dan la espalda a colectivo
Las integrantes del colectivo DDESER refirieron que el gobernador electo Rafael Moreno Valle no ha querido recibir a estas organizaciones para conocer la problemática de agresión que viven las mujeres en Puebla, por lo que externaron su preocupación.

Piden ONG a Moreno Valle garantizar el derecho a decidir la maternidad

ARTURO ALFARO GALÁN

Integrantes de 26 organizaciones estatales en apoyo y defensa a los derechos de la mujer exigieron a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas derogar la fracción IV del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla que establece: “la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.

La propuesta, apuntaron, impactará directamente en el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad, tener acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo “a garantizar el acceso a la justicia en situaciones de interrupción del embarazo” en casos de violación, malformación del feto, peligro de vida de la mujer y descuido grave del embarazo, “que aunque son excepciones contempladas en la ley, son con frecuencia impedidas en la práctica”.

Ayer, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana (Ibero), junto a 25 organizaciones pro–mujer, presentaron la Agenda Ciudadana de Mujeres, que recoge la visión y propuestas de incidencia a favor de las féminas del estado, ordenadas en tres temas concretos que sintetizan las esferas más urgentes para ser atendidas desde la política pública.

Lourdes Pérez Oseguera, coordinadora del observatorio, explicó que la agenda ciudadana plantea la necesidad de brindar una representatividad popular al Instituto Poblano de las Mujeres, así como instaurar estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

“Estos temas no agotan todos los problemas que sufren las mujeres derivados de la discriminación, pero recogen las preocupaciones más sentidas en todos los espacios, por lo que se fijan en esta agenda y se acuerda después trabajar en una agenda más amplia. Tampoco son limitativos para el logro de otros derechos y de políticas públicas que favorezcan las mujeres en otros temas y en los diferentes órdenes de gobierno”, expresó.

La agenda ciudadana establece que es obligación del estado velar porque se respeten y promuevan los derechos sexuales y reproductivos entre los adolescentes. “Especialmente en las mujeres más jóvenes y pobres”, pues están expuestas a la violencia sexual y a sufrir las consecuencias negativas de un embarazo adolescente si no cuentan con las condiciones adecuadas para el ejercicio libre de su sexualidad.

Ante ello, a través de la agenda, solicitaron al actual gobernador del estado Mario Marín Torres presentar un diagnóstico de atención en salud sexual y reproductiva y otros problemas de salud que presenten en la edad juvenil; además, ejecutar un programa de atención a niños y adolescentes, centrado en el concepto de la salud integral.

Sobre la reforma constitucional al artículo 26, aprobada en marzo de 2009 por el Congreso del estado, las organizaciones pro–mujer pidieron al Ejecutivo iniciar un proyecto dirigido a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente que garantice lo previsto por la norma NOM046–SSA–2005 con la intención de garantizar el uso de la anticoncepción de emergencia, la interrupción legal del embarazo y el tratamiento antirretroviral pos exposición.

“El gobierno del estado tiene una gran deuda con las mujeres. Quien no respeta a sus ciudadanas será juzgado por la historia. Basta de discursos vacíos; queremos acciones concretas”, señaló Natalí Hernández Arias, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Entre las organizaciones que figuran destacan: el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres; Espacio Espiral; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Yolchicahua Agencia; Profesoras y egresadas de la Especialidad en Prevención de Violencia Familiar de la Ibero Puebla, estudiantes del Colegio de Antropología UAP y de la UDLAP, y el Colectivo Ciudadano de Mujeres por la Democracia.

Reprueban violencia contra la mujer

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México encendió 3 mil 323 veladoras

Hubo un pronunciamiento en contra de la agresión física y verbal que sufrió la reportera de CAMBIO Selene Ríos Andraca el pasado martes, por parte de uno de los guaruras del gobernador electo Rafael Moreno Valle

Luz Elena Sánchez

En apoyo a las mujeres poblanas que han sido víctimas de violencia, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y miles de poblanos se reunieron en el Zócalo capitalino con el objetivo de encender 3 mil 323 veladoras para demostrar el valor y respeto por el género más vulnerable de la sociedad.

El número de las luces que se buscó encender corresponde a las mujeres que desde el 2009 han desaparecido en la entidad. En el evento se hicieron pronunciamientos contra actos de violencia concretos que han sufrido algunas féminas del mundo, del país y del estado en diferentes ámbitos, como el familiar, el social y el laboral.

En este contexto, se dedicó un pronunciamiento en contra de la agresión física y verbal que sufrió la reportera de CAMBIO Selene Ríos Andraca el pasado martes, por parte de uno de los guaruras del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Natalí Hernández, miembro de la red organizadora, enunció: “Repudiamos esa acción indignante; no puede decirse que por ser periodista a eso se atiene, de ninguna manera es un acto justificable”.

Del mismo modo, reconoció el valor que Ríos Andraca tuvo de hacer la denuncia pública: “Lo celebramos, fue muy valiente que lo dijo de frente, en voz alta, con nombre y apellido”. Agregó que la agresión fue ridícula e indignante, por tratarse de personal de una autoridad que ahora es electa, y calificó de mal pago al voto ciudadano por no permitir que las personas se le acerquen.

La activista vislumbró un futuro desalentador para Puebla en cuestión de violencia hacia las mujeres, al aseverar que la gran mayoría de las mujeres ha tenido un episodio violento: “Siete de cada diez mujeres han vivido violencia en su casa, por su pareja o por su familia, y cerca del 53 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia en espacios públicos como la escuela, lugares de trabajo, etcétera. Además Puebla tiene el récord por mujeres criminalizadas por interrumpir embarazos”.

PGJ da cifras alegres sobre la desaparición de mujeres

Dicen que sólo tienen registradas 11 averiguaciones previas y que todas las féminas regresaron a su casa

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, le respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran la desaparecieron 3 mil 323 mujeres: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel”

Daniel Hernández Cruz

La Procuraduría General de Justicia respondió a las Organizaciones no Gubernamentales que aseguran que en el actual sexenio desaparecieron 3 mil 323 mujeres, pues dice que dicha cifra fue de un reporte del servicio telefónico Locatel y no de averiguaciones previas iniciadas, además que la dependencia sólo tiene conocimiento de 11. Asimismo, aseguró que todas las mujeres extraviadas regresaron a su núcleo familiar y ninguna fue víctima de algún delito.

En rueda de prensa el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, señaló que el número de féminas extraviadas dada a conocer es falsa: “Esta información, por fortuna, no corresponde a la realidad, ya que este número de reportes fue recibido en el servicio telefónico Locatel de mujeres extraviadas o ausentes, y que posteriormente, por diferentes razones, se reincorporaron a su núcleo social”.

Explicó que en la agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en lo que va del sexenio, únicamente 11 mujeres se encuentran reportadas como desaparecidas.

De la misma forma aseguró todas las mujeres reportadas como desaparecidas en Locatel fueron reingresadas a su núcleo familiar y que ni una sola fue víctima de un delito. Sin embargo, estas declaraciones contradicen las acciones de la Procuraduría, pues en varias ocasiones han informado de capturas de sujetos que tenían a mujeres privadas de su libertad, esclarecido homicidios o rescate de víctimas de trata de personas.

Cuando fue cuestionado al respecto, incluso dijo que no recordaba casos de ese tipo, a pesar de que muchos de ellos fueron dados a conocer por la propia dependencia y otros en medios de comunicación.

Pérez Dorantes señaló que cuando se recibe una denuncia por desaparición se realiza la búsqueda y localización por medio de una investigación de la Policía Ministerial en colaboración con la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la intervención de la Policía de Inteligencia, la Policía Cibernética. Para aquellos casos en los que se requiere, se realiza una búsqueda internacional —aunque hasta el momento no ha sucedido—, así como colaboración con las procuradurías de otros estados.

Dijo también que por la cercanía que guarda esta entidad con el Estado de México y el Distrito Federal, se solicita la información en las oficinas de Odisea y Capea (programas de localización de personas ausentes o desaparecidas).

Explicó que para la atención de este tipo de casos se puso en funcionamiento la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como nueve Centros de Protección a Víctimas del Delito, tanto en la capital como en las principales cabeceras distritales, también en el Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, donde las agraviadas cuentan con albergue, atención médica, psicológica y alimentación.

 Numeralia

La Procuraduría ha dado a conocer casos de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y después localizadas, víctimas de delitos.

Febrero 2010. Una menor de 17 años, originaria de Cuetzalan, fue raptada por dos hombres y una mujer que la pretendían prostituir en Tijuana. Los padres denunciaron la desaparición.

Marzo 2010. Una mujer fue encontrada entambada. Fue reportada por su familia como desaparecida.

Junio 2010. Derek Lorenzo Dharrling Castaño fue detenido por la Procuraduría General de Justicia, engañó a una mujer y la obligaba a vender drogas. También fue denunciada su desaparición.

Julio 2010. Tres sujetos fueron detenidos por el homicidio de una menor de 13 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre, 2009 3047/2009/ATLIXCO/AESEX.

Octubre 2010. Se denuncia la desaparición de una mujer de 24 años en San Martín Texmelucan, días después es encontrada muerta en Ixtapaluca en el Estado de México.

Encender el recuerdo de mujeres desaparecidas

•  Tres mil 323 velas por cada uno de los casos reportados en sexenio marinista, iluminarán Puebla

ERNESTO AROCHE

Tres mil 323 velas por cada una de las mujeres desaparecidas en el sexenio marinista se encenderán esta noche, al menos esa es la apuesta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla. Desapariciones que hasta la fecha no han sido aclaradas ni por Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien dio a conocer la cifra oficial; ni por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), o por el Instituto Poblano de la Mujer (IPM), según denunciaron Natalí Hernández y Vianeth Rojas Arenas, integrantes de la organización.

Las dos activistas también pusieron de manifiesto que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de mujeres, al contabilizarse 423 homicidios.

Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Pero además, de acuerdo también con Inegi, más del 70 por ciento de las poblanas de 15 años o más, han vivido incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia, ya sea en su comunidad, en el trabajo o en la escuela.

“La violencia más frecuente contra mujeres es la de pareja: 47.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 39 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida, las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 49.8 por ciento sufren violencia laboral”.

Con estos argumentos y por la falta de acción de las autoridades responsables, las integrantes de Ddeser sostuvieron que existe una “sistemática violación en este Estado” de los derechos de las mujeres, “ya sea por la falta de seguimiento puntual en a estas violaciones o por omisión de las mismas”, indicaron.

Por ello, las activistas anunciaron que este día será presentada una agenda ciudadana con los temas puntuales que desde su óptica tendrían que tratarse para lograr una convivencia libre de violencia de género y que será entregada al gobierno estatal entrante.

 Tres mil velas, 3 mil desaparecidas

Contrario a lo que podría pensarse, la desaparición de mujeres no es un problema ajeno al estado, ni es una situación menor, ya que cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelan que durante los cinco años que lleva en funciones la administración marinista, se han recibido dos reportes de desaparición de féminas diariamente.

Los datos, proporcionados a regañadientes por la dependencia estatal a una solicitud de información, reconocen que entre el 12 de enero del 2005 y el 21 de junio de 2009, se han registrado 3 mil 323 denuncias por esa situación.

La información oficial también revela que cerca del 50 por ciento de todas las denuncias corresponden a menores de edad, y que se dispara por arriba del 80 por ciento cuando se agregan a las mujeres menores de 30 años.

La desaparición de mujeres en territorio poblano supera en algunos momentos los datos que registra la organización no gubernamental chihuahuense “Nuestras hijas de regreso a casa”, asociación civil vinculada con la lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez, que  dio a conocer que en el primer trimestre de 2008 se tenían reportadas 40 desapariciones, en el mismo periodo la PGJ poblana recibió 256 denuncias.

Para 2009 la tendencia se mantiene, hasta el mes de mayo, en Ciudad Juárez, los datos de la ONG sumaban 18 reportes de menores de edad desaparecidas, en el mismo periodo Puebla contabilizaba 405 reportes de mujeres en general, 228 de los cuales corresponden a adolescentes que no superan los 18 años de edad.

Y es que en los cinco años que lleva trabajando el gobierno que encabeza Mario Marín Torres, es en 2007 donde se registró el mayor número de denuncias presentadas al contabilizarse mil 402 casos; para 2008 el volumen total de expedientes iniciados por desaparición de personas del sexo femenino bajó ligeramente al totalizar mil 154 casos. En tanto que para el periodo enero-junio de 2009 sumaron 568.

Lo que los datos no explican ni tampoco autoridad alguna, es el crecimiento exponencial que se dio entre 2006 y 2007 al incrementarse en más de 10 veces el número de expedientes: de 137 a los mil 402 ya referidos.

La información dura que entregó la dependencia de marras tampoco ubica geográficamente el lugar de origen de las mujeres desaparecidas, ni el sitio de desaparición o si se trata de expedientes concluidos.

Por todas estas mujeres es que Ddeser encenderá el día de hoy  una veladora en el zócalo, convocando a la ciudadanía a que las acompañen y también lleven una veladora.

50 años celebrando la no violencia

La conmemoración del 25 de noviembre inició en 1960, a partir del asesinato de las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, posteriormente fue  reconocido a nivel Latinoamérica en 1981 por  las participantes del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,  y se institucionalizó en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas como día mundial para señalar que cada 25 de noviembre  se debe  visibilizar y llamar la atención sobre el adeudo social que en todo el mundo se tiene con las mujeres, debido a la violencia que se ejerce en todas sus formas.

Acusan a procurador de no esclarecer feminicidios en Puebla

Activistas en pro de los derechos de las mujeres afirmaron que la PGJ no ha investigado las mil 323 desapariciones de mujeres y los 423 feminicidios.

Puebla, Puebla.- La organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, (Ddeser) exigirán a Rodolfo Igor Archundia, procurador de Justicia del Estado de Puebla (PGJE) que rinda un informe sobre las tres mil 323 mujeres desaparecidas en la entidad durante el sexenio marinista.

Esto en el marco de la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, ante el cual, esta organización encenderá una vela por cada mujer desaparecida de forma simbólica, en el zócalo de la capital.

La organización también criticó al procurador por no haber emitido algún informe sobre los 423 feminicidios que se han registrado en la entidad.

“No han respondido a nuestra solicitud para que rinda información sobre la situación de los casos, además de las mujeres que han sido violadas, para que se les hagan justicia“, señalaron Natalie Hernández  y Vianet Rosas Arenas, representantes de la ONG.

Por estas omisiones las activistas acusaron al titular de la PGJ Puebla de violentar los derechos de las mujeres en la entidad, por lo que pidieron cumplir y acatar las políticas públicas en apoyo a este sector.

“Necesitamos saber cuántas aparecieron, si aparecieron muertas o vivas, en dónde y qué fue lo que les sucedió”, exigieron.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja u otras personas en su hogar, escuela o trabajo.

De igual manera el 47.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia por la pareja, en espacios comunitarios y en maquilas.

Diputado poblano revienta sesión en la que discutían violencia contra mujeres

México. D.F. Mientras la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México advertía de más de mil 300 mujeres desaparecidas en Puebla, y que datos del INEGI revelan que en promedio cada año son asesinadas 400 mujeres en esta entidad, en la Cámara baja el diputado poblano, José Alberto González Morales, reventó la sesión en donde se abordaba el tema de la violencia contra las mujeres.

Aunque dicha ONG advirtió que Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en asesinato de mujeres, algunos diputados federales poblanos calificaron de "exagerada" esa cifra, como el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, quien sin embargo añadió que "aunque fuese una sola mujer asesinada, es preocupante".

Luego de conocer las cifras ofrecidas por la mencionada Red, el legislador priísta aceptó que "es una vergüenza que tenemos que cargar", pero aclaró que la violencia contra las mujeres no sólo es un problema de Puebla, sino de varias entidades del país y por lo tanto es una tarea de todos trabajar porque esos hechos no se sigan repitiendo.

Vargas Fosado negó estar minimizando las cifras, pero aclaró: "No estoy tan de acuerdo con la cifra" de 400 asesinatos de mujeres anuales en territorio poblano, "me parece exagerada, sin embargo el homicidio de una sola mujer es grave y preocupante, no sólo en Puebla, sino en cualquier parte del país y del mundo", dijo.

Entrevistado por separado, el también diputado federal poblano, Alberto Jiménez Merino, subrayó que es reprobable cualquier tipo de violencia contra un ser humano, pero especialmente contra las mujeres.

A manera de propuesta para revertir el problema, destacó la necesidad de incrementar los mecanismos y oportunidades de educación, capacitación y desarrollo para las mujeres, "para que no sigan dependiendo económicamente de los hombres que, en un momento dado, convierten esto en un pretexto para ejercer alguna forma de violencia hacia las mujeres".

De manera paralela, dijo, también se debe trabajar en la sensibilización de los hombres sobre lo negativo que resulta golpear a otra persona y más todavía cuando se trata de una mujer, lo que resulta inadmisible.

"Es la primara vez que conozco este tipo de estadísticas –sobre la violencia contra las mujeres en Puebla- y tenemos que actuar en consecuencia", indicó.

Y mientras e-consulta realizaba este sondeo entre los legisladores poblanos, en la tribuna de la Cámara baja se abordaba precisamente el tema de la violencia contra las mujeres, en donde diputadas y diputados manifestaban su total rechazo al maltrato hacia el sexo femenino.

De pronto, de entre las curules se alzó una mano y era la mano del diputado poblano del PRI, José Alberto González Morales, a quien se le concedió el uso de la palabra, pero no lo hizo para referirse al tema, sino para reventar la sesión y así poner fin a la discusión del tema.

Sabedor de que había muy pocos legisladores en el salón, y de que, de pedir la verificación del quórum se suspendería la sesión, el diputado González Morales solicitó al presidente de la Mesa Directiva la verificación del quórum. Y sucedió lo que tenía que suceder, se suspendieron los trabajos legislativos.

De inmediato e-consulta abordó al diputado Alberto González Morales:

-Diputado, al parecer a usted le preocupa más el quórum, que el tema de la violencia contra las mujeres.

-Evidentemente es un tema de muy profunda preocupación y que se debe tratar, pero desafortunadamente ya había pocos compañeros diputados y considero que estos temas trascendentales deben tratarse, precisamente, cuando haya un gran número de diputados.

-¿Sabe usted cuántas mujeres son asesinan cada año en Puebla?

-No. Estadísticas muy formales no las tenemos, algunos manejan que la violencia intrafamiliar se presenta en aproximadamente seis de cada 10 mujeres en el estado.

-La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México señala que en los últimos cinco años han desaparecido más de tres mil 300 mujeres en Puebla, y que en promedio 400 mujeres son asesinadas cada año en la entidad poblana, ¿qué opinión le merecen esas cifras?

-Habría que revisar la valoración que hace, porque no creo que sean esos números.

Sin embargo y aunque el diputado Alberto González ofreció su argumentó de por qué él reventó la sesión en la Cámara baja, lo cierto es que ni siquiera fue idea suya, sino que hasta su curul llegó la diputada y ex delegada del PRI en Puebla, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con un orden: "¡Que pidas la verificación del quórum!".

e-consulta también buscó obtener la opinión de las diputadas poblanas sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sin embargo como ya es costumbre, las legisladoras Julieta Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera y Blanca Estela Jiménez Hernández, no se encontraban en la sesión de trabajo de la Cámara de Diputados.

Exigen esclarecer desaparición de 3 mil mujeres en periodo de Marín

Escrito por Agencias

Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 20:35

Puebla, 24 Nov. (Notimex).- La organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Redeser) exigió a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el esclarecimiento de los casos de tres mil 323 mujeres desaparecidas durante el gobierno de Mario Marín.   Natalí Hernández, integrante de la organización no gubernamental, señaló que hay opacidad por parte de las autoridades estatales, quienes han argumentado que la cifra no es real, toda vez que muchas de las mujeres regresaron a sus hogares luego de escapar con sus novios o parejas.   Sin embargo, la activista subrayó que familiares de las mujeres desaparecidas, con denuncia de hechos en mano, a la fecha no tienen conocimiento del paradero de sus familiares, quienes se ubican entre los 13 y 30 años de edad.   En conferencia de prensa, con motivo del Día de la No Violencia contra las Mujeres, apuntó que en la PGJE también existen 423 casos de feminicidios sin resolver, por lo que exigieron un informe de las autoridades estatales antes de que concluyan su gestión, prevista para el último día de enero de 2011.   “Necesitamos saber cuántas mujeres aparecieron, si es que aparecieron ya sea vivas o muertas, conocer dónde o quienes las tienen, el motivo por el cuál fueron reportadas como desaparecidas y, toda la información que nos ayude a disminuir el número de casos de mujeres desaparecidas, pero en la PGJE no nos dicen nada", acusó.   Agregó que la omisión de la justicia es una forma de violencia contra las mujeres, en este caso, cuando es obligación de las autoridades encargadas de la justicia de esclarecer éstos y otros asuntos en Puebla.   Abundó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja u otras personas en su hogar, escuela o trabajo.   En contra de las mujeres prevalece la violencia psicológica y en segundo lugar la violencia física. Además, 38.6 por ciento de las víctimas de violencia física dijeron haber sufrido violencia porque no estaba listo el quehacer de su casa o por no cumplir con sus obligaciones de pareja.   Hernández destacó que el estado de Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con el mayor número de asesinatos de mujeres, con un promedio de 400 casos por año.

García Olmedo continúa con la defensa de mujeres que son acusadas de abortar

La diputada local del PRI, Rocío García Olmedo informó que los integrantes del Pacto Nacional por el Derechos a Decidir, que el jueves pasado se manifestaron en la representación de Puebla ubicada en la ciudad de México, continúan la defensa jurídica de más de 30 mujeres, incluida una niña de 12 años, que por interrupciones espontáneas de embarazos están enjuiciadas y pudieran pisar la cárcel, aunque ellas no provocaron los abortos.

Lo anterior deriva de la reforma constitucional que se hizo el año pasado en Puebla, mejor conocida como Ley de la Familia, a través de la que se protegió la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de marzo de 2009 a abril de 2010, al menos 51 mujeres han sido indiciadas en Puebla por el delito de aborto. A nivel nacional, 400 mujeres enfrentan la misma situación de las cuales 10 ya están presas, 6 de Guanajuato y 4 de Veracruz.

En la entidad, los casos se han presentado en Tehuacán (8), Puebla (7) y en otros municipios como Acatlán, Huauchinango, Oriental, San Pedro Cholula, Tehuitzingo, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán. Así como en Izúcar de Matamoros, donde se acusa a una menor de 12 años.

La defensa de las mujeres, dijo, debe ser muy cuidadosa porque tiene el reto de demostrar que ellas no interrumpieron su embarazo. Advirtió que no va a permitir que Puebla se convierta en otro Guanajuato, ante la satanización que se ha dado a la interrupción del embarazo en ese estado. Precisó que se contrarrestará la Ley de la Familia con leyes secundarias y exigiendo el cumplimento de leyes federales en materia de salud sexual y reproductiva.

El grupo Pacto Nacional por el Derecho a Decidir ha generado diversas acciones contra los 17 gobiernos estatales que aprobaron a través de sus Congresos la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

En Puebla, la reforma se aprobó en marzo de 2009 y recordó que no pudieron promover la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Familia, porque no juntaron las firmas de 33% de los 41 diputados para presentarla ante la Corte y tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos accedió a hacerlo en uso de sus facultades.

Poblanas abortan más

Domingo, 07 de Noviembre de 2010 06:00

De enero del 2009 a abril de este año 47 mujeres poblanas han sido indiciadas por este delito

Alejandra Corona Flores

Puebla es el segundo estado de la República Mexicana con más registros de mujeres que acuden al Distrito Federal para practicarse un aborto, aseguró Natalie Hernández Arias, representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Detalló que el Gobierno del Distrito Federal, reportó que desde que se despenalizó el aborto en dicho lugar, han acudido 115 mujeres poblanas, tanto a hospitales privados, como públicos.

"Se estima, además que cada año, aumentan en un promedio de 20 a 30 las mujeres que deciden interrumpir por diversas razones sus procesos de gestación", destacó.



Reveló que los municipios de mayor prevalencia en el tema de embarazos interrumpidos es Tehuacán, la ciudad capital, Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y otros; y las edades oscilan entre los 12 años de edad a los 37 años.

También añadió que Puebla ocupa los primeros lugares en tasas de muertes maternas y seguramente estas estadísticas se deben a los abortos clandestinos, por eso sería ideal la despenalización de este delito.

Añadió que la mujer que decida practicarlo puede estar sujeta a cinco años de prisión, pagar esta condena con servicio social o salir en libertad bajo fianza, porque el delito entrar en la categoría de los no graves.

Natalie Hernández, reportó que de enero del 2009 a abril de este año, 47 mujeres poblanas han sido indiciadas por el delito de aborto y han estado sujetas a abusos y críticas por parte de los agentes ministeriales y autoridades médicas por haber decidido interrumpir su embarazo.

Sin embargo, dijo, a la fecha ninguna ha sido encarcelada, aunque nueve expedientes ya fueron consignados a un juez, quien analiza la situación jurídica de igual número de féminas.
Por lo anterior se seguirá insistiendo con los legisladores para que se pueda apresurar el proceso de despenalización del aborto en el resto del país, señaló.

Foto Especial
Nueve expedientes ya fueron consignados a un juez, quien analiza la situación jurídica de igual número de féminas por interrumpir el embarazo.

En un año suman ya 47 mujeres indiciadas por el delito de aborto

Un total de 47 poblanas se encuentran en calidad de indiciadas de enero de 2009 al mes de abril de 2010 por el delito de aborto y de estos casos en nueve ya fueron consignadas las averiguaciones previas a un juez de distrito a fin de dictar sentencia, reveló Natali Hernández, coordinadora de la Red por los derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Quien aseguró que de los casos antes citados 17 acontecieron en los primeros cuatro meses de este año y que las edades de las involucradas oscilarían entre los 12 y 37 años de edad, lo anterior con base en un informe obtenido vía la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado (Caip).

Sin embargo, expuso que a estos casos documentados se añaden otros cuatro más en los que de acuerdo con algunas declaraciones de directivos de Cruz Roja, habrían llegado a este nosocomio en medio de un proceso de aborto avanzado.

De acuerdo con la activista, desde las reformas que se hicieron a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en marzo pasado sobre la llamada “Ley de la Familia” suman ya 47 mujeres a las que se inició una averiguación previa pasando por alto, dijo, su derecho a decidir.

“Hay como un serie de vacíos en la información por parte de la Procuraduría, nosotros tenemos ocho mujeres en Tehuacán, en Puebla son siete, además de estos tenemos que en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Oriental y Huauchinango se registraron dos casos en cada uno de esos municipios mientras que en San Martín, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán se tiene contabilizados un caso en cada localidad”.

Hernández, aseveró que la fémina más joven es oriunda del municipio de Izúcar de Matamoros pues apenas tienen los 12 años de edad, por lo que se pronunció en torno a una reforma en los códigos penales a fin de evitar que estas mujeres que optaron por no procrear, debido a problemáticas diversas, tengan posibilidad de no pisar la cárcel.

Puebla podría convertirse en otro Guanajuato, alertan

PUEBLA

Debido a que la entidad no ha despenalizado el aborto, 30 mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por realizar dicha práctica, dijo la diputada priísta Rocío García Olmedo.

Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra mujeres que han abortado involuntariamente, producto de complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.

Anunció que como legisladora y principal promotora del “derecho a decidir” brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia.

“Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente”, explicó.

Anunció que desde marzo del año 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto.

Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual Legislatura, ya que tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada “Ley de la Familia” o “Ley Bailleres”, con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.

Explicó que para revertir esta norma es necesario que 33% de los diputados del Congreso le otorgue una firma para interponer la inconstitucionalidad.

Sin embargo, advirtió, los diputados electos, quienes legislarán los próximos tres años a partir de febrero próximo, son en su mayoría emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla —integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia—, por lo que consideró que sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay.

Exhortó a los legisladores, incluidos sus correligionarios, a conscientizar sobre la necesidad de privilegiar una agenda legislativa equitativa, ya que de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato, en referencia a los procesos judiciales en contra de media docena de mujeres acusadas de aborto.

“No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva… esperemos que no se presente ninguna persecución”.

Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad.

Del total, cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que están en espera de una sentencia.

Abiertos, 17 procesos contra mujeres que abortaron en Puebla

Desde marzo de 2009, autoridades han acentuado persecución de quienes deciden sobre su cuerpo, afirman

Sólo denotan franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas

América Farías Ocampo

 

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Sábado 6 de noviembre de 2010, p. 27

Puebla, Pue. 5 de noviembre. En 14 meses (de marzo de 2009 a abril de 2010) la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició 17 averiguaciones previas contra mujeres que se practicaron abortos, una de ellas de sólo 12 años de edad. Cuatro fueron consignadas ante juzgados de defensa social de Puebla, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

Natalí Hernández Arias, representante de esta organización no gubernamental, explicó que los datos citados son de la PGJE que se obtuvieron a través de una solicitud de acceso a la información.

Dijo que este viernes las activistas protestaron fuera de la representación del gobierno poblano en el Distrito Federal contra las reformas antiaborto que se han aprobado en 16 estados.
Allí denunciaron que en Puebla se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres.

Manifestaron su repudio y desaprobación hacia el gobierno encabezado por Mario Marín Torres, debido a que ha violentado los derechos y libertades de las mujeres poblanas.

Hernández Arias explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –de diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

Las activistas denunciaron que desde que el Congreso estatal aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –marzo de 2009– las autoridades que dicen impartir justicia en Puebla, lejos de cumplir con su obligación, han acentuado la persecución y criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

Un ejemplo de esto –abundaron– es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, a quien la PGJE le inició un proceso penal por el delito de aborto y la detuvo, mientras el Ministerio Publico la hostigó.

De las 17 averiguaciones previas que se iniciaron en los 14 meses referidos, cinco se ejecutaron en Tehuacán, dos cada una en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan.

El rango de edad de las mujeres denunciadas ante la PGJE por interrumpir su embarazo oscila entre los 12 y los 37 años.

Las activistas señalaron que son preocupantes las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Puebla, pues denotan franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas, en abierta violación del carácter laico del Estado mexicano.

Por ello, expresaron rechazo a las acciones que, fundadas en la moral de unos cuantos y carentes de sentido ético y legal, justifiquen la persecución y encarcelamiento de mujeres en la entidad.

Los integrantes de Ddser exigieron libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas injustamente por abortar; acciones efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación, a fin de evitar embarazos no deseados y por ende la recurrencia al aborto.

Demandaron facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres poblanas y respecto al derecho que tienen a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.

30 mujeres, en riesgo de cárcel por abortar

Treinta mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por abortar debido a que la entidad no ha despenalizado dicha práctica, reveló la diputada priísta Rocío García Olmedo.

Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra féminas que han abortado involuntariamente, es decir, por complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.

Anunció que como legisladora y principal promotora del ‘Derecho a Decidir' brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia.

"Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente", expresó.

Señaló que desde marzo de 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto.

Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual legislatura, pues tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada ‘Ley de la Familia o Ley Bailleres' con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.

Explicó que para revertir esta norma es necesario que el 33% de los diputados del Congreso le otorguen una firma para interponer la inconstitucionalidad.

Peor aún, continuó, los siguientes diputados en su mayoría son emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla -integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia- por lo que seguramente sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay.
Exhortó a los parlamentarios, incluidos sus correligionarios, a concientizar sobre la necesidad de  privilegiar una agenda legislativa equitativa pues de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato.

"No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva ... esperemos que no se presente ninguna persecución", concluyó.

Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la PGJ del estado inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad.

Del universo total cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que esperan una sentencia.
jadl

51 mujeres indiciadas por abortar en Puebla: ONG

 

Foto: Andrea Barro

De enero de 2009 a abril de 2010, al menos 51 mujeres han sido indiciadas en Puebla por el delito de aborto, de las cuales 9  han sido consignadas a un juez para que se les determine si irán a presión; estas féminas oscilan entre los 12 y 37 años de edad. 

A nivel nacional 400 mujeres se encuentran indiciadas, 10 presas por el delito de aborto, de las cuales 6 son de Guanajuato y 4 de Veracruz.

Lo anterior lo reveló Natali Hernández Arias, coordinadora de la Red por los derechos Sexuales y Reproductivos en México, quien precisó que de las 51 féminas 30 se registraron en 2009, 17 en este año y 4 que se han presentado de manera extraoficial.

Precisó que en 2009 en Izúcar de Matamoros se presentaron 2 casos de mujeres indiciadas en Izúcar de Matamoros, de las cuales 1 es el caso de la niña de 12 años, 8 en Tehuacán, 7 Puebla, 2 Acatlán, 1 San Pedro Cholula, 2 Huachinango, 2 en Oriental, 1 en Tehuitzingo, 1 en Tecamachalco, 1 en San Martin Texmelucan 1 en Tepeaca, 1 en Tepexi de Rodríguez y 1 en Teziutlán. 

Dijo que a partir de que se aprobó la reforma en marzo 2009 que protege la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, ha aumentado el número de mujeres “criminalizadas” en el estado por el delito de aborto, provocando que los ministerios públicos crean que el aborto quedo penalizado en todos sus términos, aunque no sea cierto, aseveró.

En este sentido, explicó que el aborto inducido no se castiga si el embarazo se dio por violación, si el bebé trae malformaciones congénitas, descuido total de embarazo o se ponga en peligro la vida de la mujer, por lo cual lamentó que 9 mujeres en Puebla estén consignadas ante un juez.

Agregó que no se debe de penalizar a las mujeres  pues es un delito que no amerita prisión y que puede pagarse con trabajo social, aunque si reciben una pena debe de ser máxima de 5 años.

Protestan por procesos legales contra mujeres que han abortado

Ana Bolaños/Foto Martha Tagle

Unas 80 mujeres activistas, pertenecientes a Ddeser ((Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México), realizaron la mañana de este jueves una protesta en las oficinas de la representación del gobierno del Estado de Puebla en el Distrito Federal, en demanda de la cancelación de los procesos legales contra mujeres que han abortado en la entidad.

De acuerdo con las inconformes con la Ley que penaliza el aborto en Puebla, hay más de 30 mujeres que están indiciadas por este delito. Entre ellas hay un par de menores de edad, una de 12 y otra de 16 años.

Las manifestantes colocaron los nombres de los 32 diputados locales que aprobaron las reformas recientemente.

Además fingieron su propio encarcelamiento y también el del gobernador Mario Marín Torres, quien fue llevado en una imagen de cartón vestido de púrpura como Cardenal, y con los logotipos del PRI y del Gobierno que encabeza en cada uno de los costados de sus ropas.

De acuerdo con cifras de los Servicios de Salud del Distrito Federal, Puebla es la segunda entidad (después del DF) en acudir a solicitar la interrupción del embarazo, debido a que en dicha demarcación se encuentra despenalizado el aborto.