| Por Ana Jennifer de la Fuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puebla, lunes 29 noviembre 2010 - 21:01 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre 2003 y 2008, en Puebla se registraron 42 mil 635 abortos y más de 148 muertes maternas en los hospitales del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISSSTEP, SSEP y Universitarios, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información en Salud. Es necesario tomar en cuentas que los más de 42 mil abortos forman parte de los reportes oficiales, sin tomar en cuenta las clínicas y hospitales particulares o clandestinos que realizan este tipo de intervenciones. De acuerdo con el reporte de Salud reproductiva y de la Mujer, cada año, en promedio, se registraron en Puebla más de 7 mil 100 casos, es decir a razón de 20 por día. En 2003 se contabilizaron 6 mil 220 abortos, sin embargo para 2008 –último año consignado por el sistema de información federal- la cifra se elevó a 7 mil 892, que es la más alta del periodo.
El mayor número de abortos se registra en las unidades adscritas a la Secretaría de Salud del estado y a las del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en un segundo término se ubican el ISSSTEP y el ISSSTE y en un tercer nivel en inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo que toca a las muertes maternas, éstas se redujeron en los seis años de referencia, puesto que pasaron de 43 a 18 entre 2003 y 2008. De nueva cuenta, es en los hospitales estatales y del IMSS donde se concentran los fallecimientos. Sigue la PGJ 30 averiguaciones contra mujeres Pese a ello la LVII legislatura -de mayoría priísta- se negó a legislar sobre el legrado y aprobó, el 12 de marzo de 2009, la llamada Ley de la Familia que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo bajo la premisa de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Como resultado de esta ley, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició 30 averiguaciones previas y consignó a nueve mujeres, entre ellas, tres capitalinas y dos tehuacanenses, informó el procurador Rodolfo Igor Archundia, el pasado 26 de enero durante su comparecencia ante el Congreso local. Entre las mujeres consignadas por aborto destaca el caso de una menor de 12 años, residente del municipio de Izúcar de Matamoros, siendo la mujer más joven de la lista. De acuerdo con información de la dependencia estatal, Tehuacán encabeza la lista con ocho averiguaciones previas, seguido por Puebla con siete menciones. Mientras que los municipios de Acatlán de Osorio, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Oriental presentaron dos averiguaciones previas cada uno. La lista de las 30 averiguaciones previas iniciadas en contra de mujeres por aborto la cierran los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Tehuitzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán, con una participación en cada región. Es importante precisar que en el primer mes posterior a la aprobación de la reforma constitucional -de marzo de 2009 al 20 de abril- la PGJ inició 17 averiguaciones previas y consignó 4 de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Norandi
Periódico La Jornada
Viernes 3 de septiembre de 2010, p. 41
Viernes 3 de septiembre de 2010, p. 41
Especialistas en salud sexual y reproductiva aseguraron que en México el índice de mortalidad materna es cinco veces mayor al de los países industrializados.
Al presentar el informe Barreras para la maternidad segura en México, dentro del foro Maternidad libre y segura: ¿responsabilidad de quién?, que se llevó a caboi en El Colegio de México, el director general de Investigación en Salud y Demografía (Insad), José Luis Palma Cabrera, dijo que en 2008 todavía se registraron 57 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos y que en los estados menos desarrollados, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, se alcanza hasta 97.3 muertes maternas por cada 100 mil niños nacidos.
El coautor del informe, realizado por el Instituto Guttmacher, explicó que la principal causa de muerte materna (25.1 por ciento) es por hipertensión durante el embarazo y 25.3 por ciento por hemorragia obstétrica.
Señaló que las complicaciones por aborto sólo representan 7 por ciento de las muertes maternas; no obstante, éstas podrían ser evitables si hubiera acceso a procedimientos legales y seguros de interrupción de embarazo, por lo que los fallecimientos a consecuencia de aborto
es lo más absurdo desde la lógica social y de salud; son muertes inaceptables.
Si bien los objetivos del gobierno mexicano son reducir la mortalidad materna a más de la mitad –22 muertes por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2025–, los autores consideran que la meta no será alcanzada a menos que se realicen mayores esfuerzos para cerrar las brechas regionales que existen en acceso a servicios obstétricos y para aumentar el acceso a servicios de emergencia de alta calidad.
Fátima Juárez Carcaño, coautora del informe Las necesidades de salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: retos y oportunidades, realizado por la misma institución, explicó que el uso de anticonceptivos ha declinado entre mujeres de 15 a 24 años de edad que tienen una pareja. En 2006, 53 por ciento utilizaba algún método anticonceptivo, es decir, 5 por ciento menos que en 1997.
Añadió que las jóvenes solteras con experiencia sexual son menos proclives que las casadas a utilizar anticonceptivos, por lo que en 2006 solamente 35 por ciento usaba algún método para evitar el embarazo.
Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ssa), dijo que para reducir el número de muertes maternas esta dependencia está focalizada en las emergencias obstétricas. Para ello, subrayó, se está procurando que los hospitales del país que pueden atender estas emergencias cuenten con todo el material necesario, así como con personal capacitado.
Un alto porcentaje de los partos en México lo realiza personal de salud; sin embargo, eso no significa que el personal esté capacitado. Agregó que para reducir las muertes maternas, además de contar con la Ssa, se debe involucrar a otras instituciones, como son las secretarías de Educación Pública o Desarrollo Social.