Bogotá, marzo (Especial de SEMlac).- Latinoamérica ha visto en los últimos dos años candentes debates a favor y en contra del aborto en muchos países, pero ninguno cómo en México, donde esta puja ha logrado concretarse en medidas evidentes tanto para su despenalización como para su total desaprobación.
En efecto, México está enfrentando una confrontación legal sobre el establecimiento del punto de partida para la protección a la vida. Mientras que en 2007 la Corte Suprema aprobó la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo en Ciudad de México, en los últimos dos años 18 Estados de esa nación respaldaron reformas constitucionales en las que se define el estatus de persona desde el momento de la concepción.
"Creemos que las reformas constitucionales son una reacción a la derrota en el Distrito Federal, que fueron planeadas y organizadas por la derecha ultra-conservadora liderada por la jerarquía de la Iglesia Católica y los abogados católicos agrupados para este fin -quienes lo admitieron públicamente- y los partidos políticos", aseguró a SEMlac María Consuelo Mejía, de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.
Mejía, quien también actúa como Directora de Católicas por el Derecho a Decidir (México), participó en el Foro Latinoamericano de Estrategias para la despenalización del Aborto, realizado del 24 al 26 de febrero en Bogotá, bajo el auspicio del grupo colombiano "Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres".
"La idea de este foro es compartir experiencias entre activistas de América Latina y de Colombia, no sólo de Bogotá, sino de las regiones", explicó a SEMlac Beatriz Quintero, representante de la Mesa.
Las reformas en los Estados mexicanos se han producido en una coyuntura electoral caracterizada por el anhelo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por recuperar el gobierno, el cual jugó un papel fundamental. "Si el PRI no hubiera apoyado las reformas, estas no se aprueban. Y lo hizo en todos los Estados, tanto en los priístas como en el resto", aseguró Mejía.
De acuerdo con un estudio presentado en 2008 por el Colegio de México y las organizaciones Population Council y el Intituto Guttmacher, anualmente se realizan 880.000 abortos, muchos en condiciones antihigiénicas y mediante procedimientos caseros que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
El Population Council llevó a cabo dos encuestas entre los residentes de Ciudad de México, en 2007 y en 2008, una justo antes de la ley y la otra, un año después de aprobarse la despenalización del aborto en la capital. Estos sondeos encontraron que había un significativo aumento de apoyo a que la normativa fuera extendida a otras partes de México.
"Actualmente se han hecho 40.000 interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales (públicos) de Ciudad de México, sin contar los casos de los servicios privados", aseguró Mejía, máster en Estudios Latinoamericanos.
En todos los Estados mexicanos hay circunstancias excepcionales en que el aborto es autorizado. Las excepciones, que varían según el Estado, son cuando está en peligro la salud de la mujer, en caso de violación e inseminación artificial no consentida, cuando hay malformaciones genéticas del feto, y por razones socioeconómicas cuando la mujer tiene más de tres hijos. Esta última solamente está aprobada en el Estado de Yucatán.
A pesar de las reformas constitucionales provinciales, estas excepciones siguen vigentes, ya que no se han modificado los Códigos Penales. En Guanajuato hubo dos intentos de eliminar el aborto en caso de violación, "pero no lo lograron porque hubo una gran movilización social", explicó la activista colombiana residente en México.
"Lo que sí se ha logrado con estas reformas es obstaculizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud e impedir que haya un avance como el de Ciudad de México", agregó.
No obstante, las mexicanas que interrumpen voluntariamente su embarazo en los casos no autorizados corren el riesgo de ser condenadas a varios años de prisión. "Hay denuncias de que en estados como Puebla, Veracruz y Guanajuato hay mujeres en prisión por haberse practicado un aborto. Hay que sacar a esas mexicanas de las cárceles", declaró la antropóloga Mejía.
Cámara aprueba laicidad en Constitución Mexicana
Varios tipos de acciones legales se han elevado en contra de las reformas a las constituciones provinciales, entre ellas dos acciones de inconstitucionalidad, las tutelas (o amparos) individuales, y las controversias constitucionales presentadas por municipios.
"En la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir hemos sido partidarias de tener una respuesta multi-estratégica", aseguró la directora de Católicas por el Derecho a Decidir que integra dicha Alianza junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Equidad de Género, el Population Council e IPAS.
"Además, vamos a seguir con campañas públicas de educación sobre el papel de la iglesia y el deber de los legisladores, y el tema del Estado laico. La laicidad es un valor republicano, pero desde el gobierno de Vicente Fox, esto se ha ido perdiendo, así que estamos trabajando para incluir, en el artículo 40 de la carta magna, que México es una república laica".
Este artículo fue aprobado hace dos semana en la Cámara de Diputados y ahora pasa a debate para su aprobación por el Senado. Hasta ahora, la laicidad sólo estaba en una ley secundaria, no en la Constitución Nacional.
Existe la probabilidad de que se elabore una ley federal en el mismo sentido de las reformas constitucionales, que extendería a todo México el concepto de que "la vida debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".
"De hecho, ya se han presentado iniciativas legislativas de este tipo. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que es un liberal del PRI, presentó una y luego se arrepintió. Pero aún sigue su curso, pues no se puede retirar así no más", aclaró Mejía.
Las perspectivas presentan varios escenarios. Uno, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional las reformas en los dos Estados en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Otro es que los Estados empiecen a promover cambios en los Códigos Penales, lo cual podría poner en riesgo las causales de excepción en que la interrupción voluntaria del embarazo es legal.
Según Mejía, dado que la definición de estos escenarios pasa por procesos jurídicos, el panorama es bastante incierto, toda vez que en muchos de ellos la interpretación de la norma tiene bastante peso.
