En lo que va del año se han emitido dos sentencias firmes en Puebla por trata de personas, lo que coloca a la entidad como la segunda a nivel nacional donde los juzgados han dictado condenas por ese delito, de acuerdo con información de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y Control de Procesos del estado, así como especialistas en la materia.
Además, en el último mes se incrementaron de 12 a 21 el número de averiguaciones previas por dicho delito, mientras 38 detenidos esperan su resolución jurídica, en la que se espera que el juez les dicte auto de formal prisión.
Sin embargo, para la coordinadora de la bancada panista en el Congreso del estado, Leonor Popócatl Gutiérrez, las cifras reportadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado no revelan la realidad que se vive en Puebla, debido a que muchos de los casos de tráfico de personas con fines laborales o sexuales no se reportan a las autoridades.
En el marco del análisis que se realiza en el Poder Legislativo local sobre una iniciativa que se impulsa para crear una ley que prevenga y combata la trata de personas en el estado, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, informó que en lo que va del año los juzgados han validado dos investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), al condenar a los responsables por el delito de trata.
El otro estado del país donde se ha dictado una sentencia similar es Chiapas, según la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, la priista Malinalli García Ruiz.
A inicios de mes, la legisladora informó que el número de averiguaciones previas integradas por el MP ascendía a 12. Ayer, Pérez Dorantes actualizó la cifra y aclaró que se han abierto un total de 21 expedientes.
El funcionario de la PGJ aseguró que la mayoría de los casos que se registran en Puebla surgen debido a que los grupos criminales que trafican con personas utilizan al Estado como una vía de tránsito hacia el Distrito Federal y Estados Unidos. Sin embargo, descartó que en Puebla se encuentren asentadas las bandas delictivas.
Entrevistado en las instalaciones del Palacio Legislativo, el subprocurador precisó que los grupos sociales más vulnerables son las personas de sexo femenino y los menores de edad.
Además, en el último mes se incrementaron de 12 a 21 el número de averiguaciones previas por dicho delito, mientras 38 detenidos esperan su resolución jurídica, en la que se espera que el juez les dicte auto de formal prisión.
Sin embargo, para la coordinadora de la bancada panista en el Congreso del estado, Leonor Popócatl Gutiérrez, las cifras reportadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado no revelan la realidad que se vive en Puebla, debido a que muchos de los casos de tráfico de personas con fines laborales o sexuales no se reportan a las autoridades.
En el marco del análisis que se realiza en el Poder Legislativo local sobre una iniciativa que se impulsa para crear una ley que prevenga y combata la trata de personas en el estado, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, informó que en lo que va del año los juzgados han validado dos investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), al condenar a los responsables por el delito de trata.
El otro estado del país donde se ha dictado una sentencia similar es Chiapas, según la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, la priista Malinalli García Ruiz.
A inicios de mes, la legisladora informó que el número de averiguaciones previas integradas por el MP ascendía a 12. Ayer, Pérez Dorantes actualizó la cifra y aclaró que se han abierto un total de 21 expedientes.
El funcionario de la PGJ aseguró que la mayoría de los casos que se registran en Puebla surgen debido a que los grupos criminales que trafican con personas utilizan al Estado como una vía de tránsito hacia el Distrito Federal y Estados Unidos. Sin embargo, descartó que en Puebla se encuentren asentadas las bandas delictivas.
Entrevistado en las instalaciones del Palacio Legislativo, el subprocurador precisó que los grupos sociales más vulnerables son las personas de sexo femenino y los menores de edad.
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