Kara Castillo
2010-09-13
Organizaciones sociales demandaron que se instale una comisión legislativa en Puebla y Tlaxcala y que Mario Marín, gobernador del estado, sea investigado junto con autoridades y funcionarios salientes, por presuntos actos de corrupción, fomento y protección de redes de tratantes y explotadores de mujeres y niñas,
En el marco del II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Trata y Tráfico, a efectuarse del día 21 al 24 de septiembre del año en curso, las organizaciones Red Democracia y Sexualidad, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Observatorio Ciudadano de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Región Puebla, Centro de Investigación para la Intervención Social A. C., Espacio Espiral A.C., el Cuerpo Académico: Discriminación, Violencia y Cultura de la Paz, el Instituto de Investigaciones Alfonso Vélez Pliego BUAP y los Servicios a la Juventud A. C. (SERAJ), el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana, Panel de Observación de los Derechos Humanos para Puebla, Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” y la Red de Defensa de los Derechos Humanos denunciaron que Puebla y Tlaxcala tienen una dinámica regional muy similar y son estados de origen, tránsito y destino de migrantes, y que en ambos estados se presenta el fenómeno de la trata y tráfico de personas, particularmente de mujeres y niñas para la explotación sexual.
Aseguraron que en ambos estados se encuentran redes de tratantes que captan, trasladan y explotan a personas con fines de explotación sexual y laboral, sin que hayan sido desactivadas por una correcta aplicación de la justicia.
Y aunque no ofrecieron datos, señalaron que ambos estados cuentan con autoridades y legisladores electos, con capacidad de decisión para la prevención de la trata de personas, la protección y asistencia a mujeres, niños y migrantes que se ven envueltos en hechos delictivos, y convocaron a los ciudadanos a suscribir una agenda para exigir a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala el cumplimiento de obligaciones en programas gubernamentales.
Instaron a los legisladores y a los gobiernos electos a respetar los derechos humanos y a diseñar mecanismos adecuados para que las violaciones a los derechos humanos que han cometido los gobiernos salientes, por omisión o por comisión, no queden impunes.
Señalaron que la iniciativa de reforma al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, presenta similitudes con el Código Penal de Tlaxcala, sin embargo es necesario que el delito de lenocinio sea reformado.
Refirieron la reciente detención de las personas que fueron identificadas en un bar como tratantes de personas, sin embargo, fueron acusadas sólo de lenocinio: “es necesario que se estatuya la reparación a la víctima, situación que no se prevé en el caso del delito vigente en Puebla ni en la iniciativa de reforma, tal como se prevé en Tlaxcala, por lo que deberá valorarse no sólo el marco punitivo sino también el de protección a la víctima y reparación del daño, en tanto no exista una ley que lo contemple".
En el marco del II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Trata y Tráfico, a efectuarse del día 21 al 24 de septiembre del año en curso, las organizaciones Red Democracia y Sexualidad, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Observatorio Ciudadano de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Región Puebla, Centro de Investigación para la Intervención Social A. C., Espacio Espiral A.C., el Cuerpo Académico: Discriminación, Violencia y Cultura de la Paz, el Instituto de Investigaciones Alfonso Vélez Pliego BUAP y los Servicios a la Juventud A. C. (SERAJ), el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana, Panel de Observación de los Derechos Humanos para Puebla, Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” y la Red de Defensa de los Derechos Humanos denunciaron que Puebla y Tlaxcala tienen una dinámica regional muy similar y son estados de origen, tránsito y destino de migrantes, y que en ambos estados se presenta el fenómeno de la trata y tráfico de personas, particularmente de mujeres y niñas para la explotación sexual.
Aseguraron que en ambos estados se encuentran redes de tratantes que captan, trasladan y explotan a personas con fines de explotación sexual y laboral, sin que hayan sido desactivadas por una correcta aplicación de la justicia.
Y aunque no ofrecieron datos, señalaron que ambos estados cuentan con autoridades y legisladores electos, con capacidad de decisión para la prevención de la trata de personas, la protección y asistencia a mujeres, niños y migrantes que se ven envueltos en hechos delictivos, y convocaron a los ciudadanos a suscribir una agenda para exigir a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala el cumplimiento de obligaciones en programas gubernamentales.
Instaron a los legisladores y a los gobiernos electos a respetar los derechos humanos y a diseñar mecanismos adecuados para que las violaciones a los derechos humanos que han cometido los gobiernos salientes, por omisión o por comisión, no queden impunes.
Señalaron que la iniciativa de reforma al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, presenta similitudes con el Código Penal de Tlaxcala, sin embargo es necesario que el delito de lenocinio sea reformado.
Refirieron la reciente detención de las personas que fueron identificadas en un bar como tratantes de personas, sin embargo, fueron acusadas sólo de lenocinio: “es necesario que se estatuya la reparación a la víctima, situación que no se prevé en el caso del delito vigente en Puebla ni en la iniciativa de reforma, tal como se prevé en Tlaxcala, por lo que deberá valorarse no sólo el marco punitivo sino también el de protección a la víctima y reparación del daño, en tanto no exista una ley que lo contemple".
No hay comentarios:
Publicar un comentario