Activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Ddser) se manifestarán este día en las instalaciones de la representación del gobierno poblano en el DF para protestar contra los legisladores que en esta entidad aprobaron la reforma constitucional que impide la despenalización del aborto.
La representante de esta organización no gubernamental, Natalí Hernández Arias, acusó que desde que se aprobó esta reforma en Puebla se ha vuelto “rutinaria” la persecución policíaca contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
En entrevista con La Jornada de Oriente informó que en lo que va del año se han denunciado ante la Procuraduría General de Justicia a cuatro mujeres que abortaron.
Detalló que de las cuatro, tres fueron atendidas en la Cruz Roja y una en Xicotepec de Juárez.
Además, recordó que durante 2009 la Procuraduría General de Justicia inició 30 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo de manera voluntaria. Del total, nueve fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado.
Explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.
La activista denunció que a raíz de estas modificaciones que impiden la despenalización del aborto, las autoridades no están tomando en consideración el Código de Defensa Social del estado, el cual estipula que es legal un legrado cuando se realiza bajo los siguientes términos: si es resultado de una violación; si la vida de la madre está en riesgo; si la mujer sufre un accidente por falta de cuidados o bien si el producto presenta malformaciones graves.
Por su parte, Vianeth Rojas, otra miembro de Ddser reprochó que en Puebla las autoridades judiciales estén tratando como delincuentes o secuestradoras a las mujeres que abortan, así como que el gobierno no esté respetando la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la cual obliga a las instituciones de salud a ofrecer la anticoncepción de emergencia y el aborto legal a las féminas víctimas de violaciones sexuales.
Denunció que en las agencias del Ministerio Público las mujeres están siendo víctimas de violencia verbal y maltratos por parte de las autoridades; por esa intimidación, agregó, si alguna de las mujeres fue víctima de una violación, mejor opta por quedarse callada y no denunciar la agresión que sufrió.
Arenas Rojas puntualizó que no existe ningún interés por parte del Poder Legislativo para realizar un reglamento en el cual se especifique cuál será la dependencia que dará la autorización para que interrumpa el embarazo la mujer que presente una de las cuatro causales por las que sí se considera legal, y que obligue a los hospitales y médicos a realizar los legrados dejando a un lado los prejuicios y las visiones moralistas.
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