De marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, una de ellas de tan sólo 12 años de edad. Del total, cuatro fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla, según denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).
Resulta inadmisible que un Estado que ha carecido de la suficiencia mínima para satisfacer las necesidades indispensables de la existencia, como el trabajo, la salud y la educación, lejos de abocarse a la solución de estos graves problemas que aquejan a la sociedad, se dedique a perseguir a mujeres que deciden abortar.
La moral de los grupos de poder más conservadores fue hecha ley al endurecerse las penas contra mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo en Puebla. Sin embargo, a pesar de las sanciones, los abortos siguen sucediendo, y si antes no había condiciones salubres para quienes tomaban esa difícil decisión, ahora también se criminaliza a menores de edad que, en todo caso, son las menos culpables de la carencia de protección a sus garantías, las más inocentes ante la ausencia de políticas públicas que brinden información sobre sexualidad y salud reproductiva certera, amén de opciones legales y seguras ante la eventualidad de resultar embarazadas sin desearlo.
Para desgracia de toda la sociedad, los abortos seguirán ocurriendo, pero ahora con la agravante de una penalización que abonará a las secuelas psicológicas de quienes tienen que recurrir a esto, una estigmatización legal y social que es injusta por donde quiera que se le vea.
Ojalá los diputados de la próxima Legislatura muestren sensibilidad y altura ante las circunstancias, deroguen la penalización del aborto y promulguen leyes que protejan los derechos de las mujeres, en lugar de castigarlas.
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